La Asamblea de Madrid, con mayoría absoluta del PP vuelve a las andadas y ha prohibido nuevamente un acto que tiene que ver con las residencias de mayores, en este caso no concretamente en la pandemia del Covid, cuando se firmaron los bautizados como protocolos de la vergüenza que impidieron el traslado de mayores de geriátricos a hospitales, sino que el documento que iba a dar forma al evento responde a un problema estructural, aunque especialmente grave en Madrid.

Se trata del Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, que se centra, como su título indica, en el personal que trabaja en estos espacios, a todas luces insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los usuarios. El texto alude a una situación “crítica” y toca varias aristas: habla de un sector todavía especialmente feminizado, con una alta siniestralidad o con una sobrecarga más que notoria.

El informe, redactado por la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare), personas usuarias, familiares y expertos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) se empezó a redactar en octubre de 2023 pero no se publica hasta julio de 2024, y refleja la realidad de un sistema que no se sostiene, sustentada en las “pésimas” condiciones de sus, sobre todo, trabajadoras (700 analizan la situación en este caso), e “ignorada” por la Comunidad madrileña. Los firmantes no saben por qué de esto último.

Prioridad absoluta a las residencias privadas

Los datos son reveladores a la hora de mostrar la manera en la que se prioriza el negocio privado, también en este ámbito, sobre el público. En concreto, según el documento, más del 88% de los geriátricos están gestionados de esta manera, una realidad que contrasta con el 11,62% de los centros de mayores que dependen de las administraciones públicas.

La comunidad dispone, según el exhaustivo documento, de 55.308 plazas para personas en situación de dependencia, de las que solo 6.430 son absolutamente públicas, 13.693 concertadas y el resto totalmente privadas. En definitiva, hablamos de un territorio, el madrileño, en el que más del 90% de estos lugares están gestionadas de manera privada, por menos de un 10% que disfruta de gestión pública.

La situación en la región capital no deja lugar a dudas. Actualmente, las ratios que aportan la administración de la Puerta del Sol enseñan que hay 8.820 trabajadoras únicamente para atender más de 20.123 plazas con financiación pública. El estudio revela que haría falta exactamente casi el doble de personal que opera ahora mismo en la Autonomía para prestar atención a las personas mayores como se merecen: 15.773. 

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