Los municipios beneficiarios de este servicio de vigilancia sonTraiguera, San Rafael del Río, Sant Jordi, Canet lo Roig, La Jana, Rossell, Càlig, Vall d'Alba, Xilxes, La Llosa, Benlloc, Sant Mateu, Les Useres, La SalzadellayLes Coves de Vinromà
La Diputación concede ayudas a 15 municipios para la contratación de guardas rurales
Plaza
Publicado: 29/10/2025 ·
17:14
El objetivo es la contratación de un servicio de vigilancia y control frente a hurtos en los cultivos
CASTELLÓ. La Diputación Provincial de Castellón apuesta por la seguridad en el campo con la concesión de ayudas destinadas a 15 municipios para la contratación de guardas rurales. La Junta de Gobierno celebrada esta semana ha aprobado la concesión de subvenciones a 15 municipios de menos de 5.000 habitantes para la contratación del servicio de vigilancia y control frente a hurtos de cultivos.
"La agricultura es tradición y pilar económico para nuestra provincia, y esta línea de ayudas es un ejemplo de que en la Diputación de Castellón trabajamos por preservar nuestro sector primario y proteger nuestro campo", ha señalado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.
Estas ayudas permitirán a los municipios beneficiarios contar con el servicio de guardas rurales, "una herramienta de gran ayuda para evitar robos y actos vandálicos en las explotaciones agrícolas de nuestra tierra", ha expresado la presidenta provincial, quien ha puesto de manifiesto el compromiso del equipo de Gobierno Provincial con el sector agrícola, "un pilar esencial de nuestra economía y del medio rural".
Este servicio de guardas rurales, implantado por la Diputación de Castellón en 2024, con el objetivo de garantizar la seguridad en el campo, ha demostrado, hasta el momento, que es una herramienta fundamental para proteger el campo de Castellón, una provincia con una superficie agrícola muy importante.
Ahí la apuesta de la institución provincial por incrementar el presupuesto un 50% y aumentar el número de poblaciones, ya que en 2024 solo se pudieron beneficiar de estas ayudas los municipios de menos de 3.000 habitantes. "Debemos proteger a los agricultores que viven y se desviven por garantizar el mejor producto de nuestra tierra. Y para ello, es fundamental reforzar la seguridad en el campo, especialmente, en aquellos municipios más pequeños, que son los que menos recursos tienen", ha destacado Marta Barrachina.
Para la dirigente provincial, "estas ayudas son un reflejo del compromiso por ir de la mano de los ayuntamientos de nuestra provincia y reforzar nuestras ayudas con el fin de proteger las explotaciones agrícolas de nuestra tierra y garantizar la tranquilidad de quienes trabajan en el medio rural". "Cada euro invertido en el medio rural es una inversión en futuro, en empleo y en mantenimiento de la vida de nuestros pueblos", ha subrayado la presidenta de la Diputación de Castellón, del mismo modo que ha insistido diciendo que "con estas ayudas queremos garantizar que ningún municipio quede sin la protección que merece".
Así, los municipios beneficiarios de este servicio de vigilancia son Traiguera, San Rafael del Río, Sant Jordi, Canet lo Roig, La Jana, Rossell, Càlig, Vall d'Alba, Xilxes, La Llosa, Benlloc, Sant Mateu, Les Useres, La Salzadella y Les Coves de Vinromà. Todos estos municipios podrán reforzar la vigilancia rural y garantizar seguridad a todas las personas que sostienen el territorio con su trabajo diario en el campo. Resaltar que, además de la protección del campo, esta línea de ayudas fomenta el empleo y contribuye, del mismo modo, al desarrollo rural y a fijar población en los municipios más pequeños.
Con este sostén, la magistrada ha rechazado una y otra vez la investigación de dirigentes del Gobierno central, decisiones avaladas también por la Audiencia Provincial. Y recientemente, un informe de la propia Generalitat avala esta tesis al explicar cómo se actuó en el reciente episodio de lluvias, en septiembre de 2025, cuando se envió la alerta masiva 14 horas antes del inicio de la emergencia. La administración autonómica, como publicó Valencia Plaza, expone claramente que según el Plan de Inundaciones es el conseller de Emergencias o el secretario autonómico -en función del nivel de emergencia- el que ha de "determinar [...] las medidas de protección a la población que deban adoptarse", entre ellas "la utilización del sistema ES Alert".
La vía que abre Maribel Vilaplana
Hasta ahora, las pesquisas llevadas a cabo por la jueza se han concentrado en el centro de emergencias de l'Eliana, donde se encuentra no sólo la sala del 112 sino también las dependencias donde se produjo la reunión del Cecopi a partir de las 17h de aquella tarde. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está aforado así que solo puede investigarlo el TSJ, por lo que la jueza, hasta el momento, ha rechazado cualquier diligencia encaminada a indagar la actuación del titular del Consell, contra el que no hay indicios delictivos: por ahora, nadie ha señalado que Mazón retrasara el envío del ES Alert. La jueza le ofreció declarar voluntariamente pero el president se ha negado.
Así pues, la magistrada había desestimado citar como testigo a Maribel Vilaplana hasta que la pasada semana la Audiencia Provincial de Valencia le enmendó en un sorprendente giro de guion. Consideró la sección segunda de la Audiencia que ella podría conocer detalles de las conversaciones de Mazón, que según los registros telefónicos, habló con Pradas. Y por eso, podría "aportar alguna luz sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo". Es decir, a exclusivos efectos de examinar a Pradas.
La interpretación no es baladí porque abre la puerta a investigar, de manera indirecta a través de Mazón, lo que ocurría en el Cecopi, sin perjuicio de que, por el camino, puedieran descolgarse indicios contra el president, en cuyo caso debería elevarse la causa al TSJ. "No deberán dejar de practicarse [diligencias] por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado", apunta la Audiencia.
Salomé Pradas y Carlos Mazón, a la salida de un Cecopi. Foto: EFE/Kai Försterling
Tres horas de Cecopi para el envío de la alerta
La investigación intenta descubrir por qué se tardó tanto en enviar la alerta masiva a la población, que llegó a las 20.11h, cuando la riada ya había anegado numerosos municipios y buena parte de las víctimas ya habían fallecido. En un principio, a raíz de la declaración no solo de la exconsellera sino también de otros testigos del Cecopi como el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se creía que no fue hasta las 19h cuando el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, planteó el envío del ES Alert, pero no fue así.
Conforme avanzaron las indagaciones, se constató que se venía estudiando desde antes. Así, un técnico de Emergencias encargado de validar el mensaje, que se encontraba en una sala técnica anexa al Cecopi, expuso que ya a las 18.36h se estaba planteando esta medida porque en ese momento, Suárez le puso en sobreaviso porque "era probable que se enviara un mensaje ES Alert". La cosa no quedó aquí porque una nueva testifical, la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, reveló que él había planteado ese aviso en el Cecopi antes de las 18h.
Esto ya habría supuesto la constatación de que aquella tarde se tardó más de dos horas en emitir la alerta masiva. Pero la demora fue todavía mayor. Así se ha podido saber a raíz de uno de los últimos vídeos aportados a la causa por una productora contratada por la Generalitat para grabar en el centro de emergencias, donde muestra, al poco tiempo de empezar el Cecopi (17.10h) a Suárez planteando que se puede enviar un mensaje "a todos los móviles de esa zona". "Es una de las decisiones que podemos tomar", dijo Suárez, ante la difícil situación que se vivía en la zona de Utiel-Requena, ya inaccesible para los equipos de rescate.
Así pues, desde el primer momento en el que se habló de esta herramienta en el Cecopi hasta que efectivamente se activó pasaron cerca de tres horas. Cabe recordar que la Conselleria decidió paralizar la reunión telemática del Cecopi a las 18h para reflexionar sobre las medidas a llevar a cabo y se reactivó a las 19h. Entonces, tal como demuestran los vídeos, según Polo, al comprobar que todavía no se había enviado la alerta, gritó "Pero, por favor, ¡¿no habéis mandado ningún mensaje?!". A esa hora, según los vídeos, Suárez leyó un primer borrador, pero a partir de ahí se inició un debate técnico entre Suárez y el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, sobre las características del mensaje y la zona de destino, entre otras cuestiones. Pradas ha alegado que no había protocolos del ES Alert, algo que ha corroborado esta semana la jefa de servicio de Emergencias.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé García, acompañada por el president de la Generalitat Carlos Mazón, en rueda de prensa tras la reunión del CECOPI Foto: EFE/Kai Försterling
La posible rotura de Forata opacó el Poyo
Tanto los dos investigados como los testigos del Cecopi han declarado ante la jueza de la Dana que aquella tarde, el peligro del desbordamiento o incluso la rotura de la presa de Forata, en el río Magro, capitalizó la atención durante la reunión de máximos dirigentes. Así, aunque al principio se expusieron los problemas que vivía la zona de Utiel-Requena, la primera intervención de Miguel Polo (CHJ) puso en alerta a los presentes porque estaba entrando en el embalse de Forata el doble de agua del que podía evacuar.
Mompó dijo que "se habló solo de Forata" en el Cecopi. Y Bernabé relató el terror que hubo en la sala después de que Polo dijera que "estaban preocupados" al entrar en el embalse "unos 2.000 litros cuando podían salir unos 1.000". "La rotura definitiva supondría inundaciones de hasta 4 metros de altura en todos los municipios aguas abajo de la presa", aseveró la delegada del Gobierno a la jueza. En su declaración, Polo aseguró que nunca habló de la "rotura" o el "colapso" de la presa, sino del riesgo de coronación -desbordamiento del agua por encima-. En cualquier caso, todo ello ocurría mientras en el barranco del Poyo se fraguaba la catástrofe desde antes de las 17h sin que nadie lo viera. De hecho, no se habló de dicho barranco hasta que la alcaldesa de Paiporta le llamó a la delegada a las 19h avisando del desbordamiento.
El correo tardío de la CHJ que nunca llegó
Las defensas han alegado falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que cuenta con un control de aforo en el barranco del Poyo a la altura de Ribarroja, pero que no remitió un correo electrónico informando de la súbita crecida del caudal hasta las 18.43h, cuando el flujo alcanzaba casi los 1.700 metros cúbicos por segundo, diez veces más del umbral máximo que obliga a la CHJ a avisar por email. Sin embargo, aunque la comunicación se hiciera tarde, sorprendentemente nunca llegó al Cecopi.
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, ante los medios. Foto: EP/Rober Solsona
Uno de los técnicos de la Generalitat Valenciana confirmó que dicho correo sí llegó al centro de emergencias pero no al Cecopi sino a la sala técnica anexa al Cecopi, donde él estaba trabajando. Otra técnico, confirmó haber visto el correo de la CHJ pero negó haberlo abierto. "Dije que había un correo pero no recuerdo que lo abriera", aseveró, y dijo desconocer si otro trabajador en la sala entró a ver el mensaje de advertencia. De hecho, relató que en la sala no oyó mencionar el barranco del Poyo hasta que saltó la alarma en el Cecopi (sobre las 19h) y se enteró de que se había desbordado el barranco. "Pero ya era tarde", dijo en el juzgado.
Miguel Polo estaba conectado telemáticamente al Cecopi desde la sede de la CHJ y, según dijo ante la jueza, fue advertido por uno de sus trabajadores, a las 18.45h, de que se había enviado el correo a Emergencias por la súbita crecida del caudal, pero al retomarse la reunión del Cecopi a las 19h, no verbalizó nada en el encuentro. "Es un caudal evidentemente importante, pero congruente con todo lo que estaba pasando", explicó en su declaración el presidente de la CHJ, quien recordó que en la presa de Forata estaba entrando un caudal de 2.000 metros cúbicos por segundo: "Tú estas viendo esos caudales, tampoco te llega a sorprender lo que está pasando en el Poyo". Si bien más tarde admitió que 1.600 m3/s son "un caudal de desbordamiento claro".
El lío con los agentes medioambientales
Pese a los intentos iniciales del Consell de descargarse de la tarea de vigilar los barrancos y achacarla exclusivamente a la CHJ, la jueza instructora dejó claro no sólo que la Generalitat tenía adjudicada esta tarea según la ley sino que los propios técnicos de la conselleria de Emergencias eran conscientes e incluso actuaron en ese sentido, por lo que la magistrada no entiende que los directores de la emergencia no ordenaran movilizar "recurso humano alguno". "Para ello, la Conselleria de Emergencias cuenta con diferentes medios, sin que entre los mismos exista prelación alguna", señala en referencia no sólo a la Confederación sino también otros cuerpos como la policía autonómica, la Guardia Civil, los bomberos forestales, agentes medioambientales o incluso las comunidades de regantes y los ayuntamientos.
De hecho, los técnicos de Emergencias consultaron ya el 28 de octubre a la Conselleria de Medio Ambiente la posibilidad de disponer de sus agentes medioambientales para la vigilancia de barrancos y, según la jefa de servicio de Emergencias, intentó ponerse en contacto con Medio Ambiente pero le dijeron que formalizara la petición a través de la Dirección General. "Les contesté que por qué se estaba variando el modo de petición de activación" pero la conservación "se quedó ahí".
Dos hombres observan el barranco del Poyo en Paiporta. Foto: ROBER SOLSONA/EP
El día 29, Medio Ambiente hizo un ofrecimiento formal de los agentes a través de un registro interdepartamental dirigido a Argüeso, que como secretario autonómico era director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre). El alto cargo ya había dicho que él nunca recibió esa oferta y que los registros interdepartamentales llegan a personal administrativo. Pues bien, en su declaración, la jefa de servicio de Emergencias confirmó que esa oferta no se abrió hasta el día 30, un día después de la Dana, y como Argüeso, afeó que no hubiera un contacto telefónico para efectuar el ofrecimiento. La jueza respondió al ex 'número dos' de Emergencias que exigiera una diligencia que no predicó aquel día.
La movilización 'fallida' de bomberos
Ante la incapacidad de disponer de los agentes medioambientales, los técnicos de Emergencias pidieron movilizar a las 12.43h al Consorcio Provincial de Bomberos para vigilar in situ tanto el río Magro como el barranco a la altura de Torrent, Picanya y Paiporta, pues eran los puntos "más delicados", en palabras de uno de los trabajadores de Emergencias. El Consorcio movilizó a las 13.05h a una unidad, que a la altura de Ribarroja vio una lámina de agua de unos 70 u 80 cm de altura, pero a las 14.40h se reportó que el nivel había bajado a la mitad, por lo que la unidad solicitó instrucciones y su sargento coordinador ordenó la retirada. Así pues, cuando llegó la riada, sobre las 17h de la tarde, no había nadie para verla.
Los funcionarios de Emergencias y el cuerpo de bomberos han mantenido relatos opuestos porque mientras los primeros insisten en que no se les avisó de la desmovilización -uno de los técnicos autonómicos reconoció que tampoco insistieron-, los segundos defienden que sí avisaron a través de un canal de radio llamado UVE-Valencia y achacan a la Generalitat que no ordenara una vigilancia permanente del barranco.
El falso desembalse de Forata
Uno de los principales motivos de desinformación en la dana tuvo que ver con una supuesta apertura de compuertas que habría provocado la riada y las consecuentes muertes. Pero la investigación ha constatado que no fue así puesto que, tal como han declarado varios expertos, la presa de Forata nunca desembalsó porque sus compuertas están abiertas siempre, siguiendo las normas aprobadas tras la 'pantanà' de Tous. Además, algunas acusaciones señalaban que la presa de Forata está conectada con el barranco del Poyo, por lo que el agua que salió del embalse habría acabado en l'Horta Sud, donde se produjeron la mayoría de fallecimientos. No fue así.
Presa de Forata. Foto: EP/EDUARDO MANZANA
"Ha de calificarse como un auténtico bulola repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo. Se trata simplemente de otra cuenca", señaló en uno de sus autos lacónica la instructora, para explicar que igualmente "ha de descartarse que tuviera cualquier tipo de efecto negativo en los sucesos del día 29 de octubre de 2024". "Al contrario", recalcó, "produjo un efecto netamente beneficioso", asegura citando a un perito de la UPV que acudió al juzgado a declarar como experto. Así, dijo, ha de "descartarse de plano que los fallecimientos y las lesiones tuvieran cualquier tipo de relación con la presa de Forata". Una presa que "no sufrió de desbordamiento, coronación o rotura que derivara en un aumento de caudal de manera súbita e inesperada y que provocara en definitiva los fallecimientos".
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La fotovoltaica suma más proyectos: autorizan otras dos plantas solares en Castelló y Vall d’Alba
El Servicio Territorial de Industria y Energía da luz verde a dos iniciativas que superan los 1,6 millones de inversión
Vall d´Alba, va sumant plantes fotovoltaiques:"Hace apenas un mes, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo dio luz verde a otra planta en Vall d’Alba, FV Vall d’Alba‑Juncosa (fase 1), promovida por Heliomenos 20, de 3,553 MW de potencia, con presupuesto de 1.884.860,74 euros, 7.176 paneles de 570 W y superficie de ocupación de 57.220 m²"
CASTELLÓ. El goteo de resoluciones del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón en relación a los proyectos de centrales de energía fotovoltaica que se encuentran en tramitación en la provincia no cesa. Aunque algunos proyectos se quedan por el camino por no cumplir los requisitos exigidos por la administración —como las plantas de Epower Solar Renewable en Les Coves de Vinromà y Benicarló— o por desistimiento de la propia promotora —como ha ocurrido recientemente en Onda con el proyecto de Abo Energy—, son muchas las propuestas que siguen en tramitación y que avanzan para ver la luz en el corto y medio plazo.
En estos últimos días, al listado se han sumado otros dos proyectos autorizados en Castelló de la Plana y Vall d'Alba con una inversión global de más de 1,6 millones de euros. Por un lado, la empresa LYG Alphabet S.L. ha recibido autorización administrativa previa y de construcción para la instalación fotovoltaica denominada FV Montlyg, ubicada en la capital, con una potencia instalada de 900 kW. Esta planta se emplazará en el Polígono 161, parcela 72, junto al Camí Pi Gros.
Entre los datos técnicos se detallan 2.060 módulos solares monocristalinos de 580 W de potencia unitaria, tres inversores de 300 kW cada uno para alcanzar los 900 kW instalados y una capacidad de acceso de 1.000 kW. El presupuesto global del proyecto es de 880.508 euros.
La resolución incorpora condicionantes relacionados con la integración paisajística y la gestión del drenaje del terreno (por ejemplo, plantación de vegetación, adaptación de pendientes y mantenimiento de infiltración), así como numerosas prescripciones técnicas, entorno al canon municipal del 2% sobre el coste de ejecución y la obligación de constituir una garantía económica para el desmantelamiento.
Por otro lado, la empresa VF Renovables 32, S.L. ha obtenido también la autorización para la instalación fotovoltaica PFV L’Arc, en Vall d’Alba, de potencia instalada 2.000 kW (2 MW). El proyecto prevé 3.952 módulos bifaciales de 620 W (775 W con ganancia bifacial), ocho inversores de 250 kW, y una capacidad de acceso de 2.000 kW. El presupuesto estimado es de 767.903 euros. El trazado de evacuación contempla línea subterránea de 20 kV hasta el punto de conexión con la red de i‑DE Redes Eléctricas Inteligentes.
Este proyecto, además de la obligada autorización de construcción, incluye el plan de desmantelamiento y restauración de los terrenos y entorno afectado, con un coste estimado de 61.256 euros. Entre los condicionantes figuran plazos de ejecución limitados (en este caso, máximo de 11 meses desde la notificación de la resolución) y la obligación de cumplir los requisitos técnicos de conexión y explotación establecidos por el Real Decreto 413/2014 y normativa vinculada.
Más propuestas autorizadas
En las últimas semanas se han sucedido las resoluciones relativas a proyectos de energía solar. Hace apenas un mes, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo dio luz verde a otra planta en Vall d’Alba, FV Vall d’Alba‑Juncosa (fase 1), promovida por Heliomenos 20, de 3,553 MW de potencia, con presupuesto de 1.884.860,74 euros, 7.176 paneles de 570 W y superficie de ocupación de 57.220 m².
Asimismo, la pasada semana se autorizó otro proyecto de calado: la macroplanta Duquesa Solar, promovida por Sonnedix (vinculado al fondo JP Morgan) en Onda y l’Alcora, de 25,97 MW, inversión de 17 millones de euros, con 47.112 paneles sobre 294.000 m² tras una reducción de la superficie inicial de 600.000 m².
También continúa en tramitación el proyecto Arada Solar, promovido por Statkraft en La Vall d’Uixó y Xilxes, cuyo nuevo emplazamiento se enmarca en un acuerdo con la empresa STN para liberar los suelos destinados a centro logístico. Se prevé una inversión de 175 millones de euros, 300,5 ha y 210.780 paneles.
Estas autorizaciones incrementan la densidad de proyectos fotovoltaicos en la provincia de Castellón y muestran que, pese a las exigencias administrativas y los condicionantes paisajísticos o medioambientales, la apuesta por las renovables continúa con ritmo acelerado.
