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A propòsit de la manifestació del PP:
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La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento de González Amador, novio de Ayuso, por fraude fiscal
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un delito de fraude fiscal y otro de falsificación documental en la causa por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, utilizando para ello un supuesto entramado de facturas falsas.
En sendos autos a los que ha tenido acceso RTVE, la Audiencia de Madrid ha acordado desestimar los recursos de apelación interpuestos por González Amador contra su procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que investigaba el fraude fiscal de la pareja de Ayuso. De este modo, avala la decisión de la instructora de sentar en el banquillo de los acusados a González Amador. Fiscalía y Abogacía del Estado piden 3 años de cárcel para la pareja de la presidenta madrileña
En mayo, la jueza que instruía el caso propuso procesar a González Amador y a otros cuatro empresarios por presuntamente estafar 350.951 euros a Hacienda a través de facturas falsas de una empresa de la que era administrador único. En julio, la misma jueza rechazó los recursos interpuestos por la defensa al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de "facturas falsas" para defraudar.
Ante el rechazo del recurso en julio, el abogado de González Amador presentó nuevos recursos que son los que han sido rechazados ahora por la Audiencia Provincial de Madrid. En sus recursos, la defensa solicitaba la nulidad de la resolución en la que la instructora acordaba continuar la causa por los trámites del procedimiento, paso previo a la apertura de juicio oral, que terminó dictando en septiembre.
El abogado de González Amador consideraba que no habían vulnerado sus derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva porque no permitió unas diligencias. En su auto, la Audiencia Provincial de Madrid apunta que ya se denegó la práctica de esas diligencias porque "no resultan estrictamente necesarias, ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación".
En septiembre, la jueza instructora acordó la apertura de juicio oral para el novio de Ayuso y otros cuatro investigados, por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
En su escrito de acusación, el fiscal y el abogado del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental, mientras que la acusación que ejerce el PSOE y Más Madrid eleva la petición de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.
rtve
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha cerrado uno de los capítulos judiciales más sensibles del 'procés', confirmando lo que los tribunales españoles sostuvieron desde el inicio: no hubo vulneración de los derechos políticos ni de la libertad de los líderes independentistas por las decisiones de prisión preventiva dictadas en 2017 y 2018. Por unanimidad, y en un sentido contrario al que de manera apresurada se apuntaba ayer en estas páginas, los jueces de Estrasburgo han concluido que las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo fueron proporcionadas, razonadas y compatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El fallo no deja espacio a la ambigüedad. Según el tribunal, no existió ni un objetivo oculto ni persecución ideológica. Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez no fueron encarcelados por ser independentistas, sino por haber participado en unos hechos que el propio TEDH califica de «inusuales y graves», que vulneraron la legalidad y amenazaron la estabilidad constitucional del Estado. Sus partidos, ERC y Junts, recuerda el tribunal, siguieron activos, presentaron listas a las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y obtuvieron representación y pudieron proponer candidatos a la presidencia de la Generalitat.
La decisión, la primera que emite el TEDH sobre el 'procés', avala la actuación del Supremo y desautoriza el relato de una justicia española parcial o vengativa. No hubo arbitrariedad, sino un esfuerzo, según el tribunal, por equilibrar los derechos individuales con la protección del orden democrático. Estrasburgo recuerda que en circunstancias excepcionales como las vividas en Catalunya tras la declaración unilateral de independencia los estados pueden adoptar medidas restrictivas para salvaguardar el sistema constitucional. Por ello, esta resolución marca un punto de inflexión: la expectativa de una absolución llegada desde Europa se debilita tras la confirmación del máximo tribunal europeo de que en España se respetaron las garantías jurídicas.
La política, por su parte, ha seguido su curso y, con la ley de amnistía, hay un nuevo marco para afrontar las consecuencias del 'procés'. La amnistía nació, entre otros propósitos menos justificables bajo criterios de interés general, para sustituir la lógica del castigo por la de la convivencia y favorecer la normalización institucional, política y social. Sin embargo, su aplicación se enfrenta a dificultades derivadas de la interpretación de los tribunales, especialmente en los casos de malversación a raíz de la doctrina europea sobre la protección de los fondos públicos, que añade complejidad al proceso y mantiene el asunto bajo la mirada de la justicia europea. El recorrido de la amnistía, por tanto, no se decide únicamente en los tribunales españoles: su desenlace, una vez más, dependerá también de Europa.
Y a la espera de que resuelva, la justicia española debe aplicar la ley con rigor, independencia, sin presiones y evitando la inseguridad jurídica. Un contexto complejo en el que reavivar debates que Estrasburgo ya ha dado por concluidos o insistir en una absolución moral por unos hechos política y jurídicamente reprobables no solo aviva el conflicto entre instituciones sino que alimenta la polarización y retrasa la completa normalización que Catalunya y el conjunto de España necesitan.
Opinión | Editorial
Vota a l´enllaç del final

Después de más de un año de mentiras y abandono tras la DANA, Mazón ha dimitido.
Ahora no puede decidir Madrid quién gobierna la Comunitat Valenciana: exigimos elecciones anticipadas.
Carlos Mazón ha dimitido, pero el PP y Vox quieren decidir desde Madrid quién será el próximo president de la Generalitat. Es una vergüenza y un insulto al pueblo valenciano, que lleva un año movilizado pidiendo su dimisión y justicia para las víctimas de la DANA. Ahora toca el paso definitivo: devolver la voz a los valencianos. Elecciones ya.
El 29 de octubre de 2024, una DANA devastó la Comunitat Valenciana y se llevó 229 vidas. Fue una tragedia natural, pero también una catástrofe política. El Consell del PP y Vox falló en su deber: no activó las alertas a tiempo, había desmantelado la Unidad Valenciana de Emergencias y, después, abandonó a las víctimas entre mentiras y propaganda.
Durante un año, miles de valencianos salimos a la calle cada mes para exigir responsabilidades. El grito de “Mazón dimissió” llenó València una y otra vez. Y por fin, lo conseguimos: Mazón ha dimitido.
Pero ahora quieren robarle la voz al pueblo valenciano. Feijóo y Abascal negocian en Madrid quién será el próximo president, mientras Mazón sigue en funciones. Pretenden decidir en los despachos lo que solo corresponde decidir en las urnas. Eso no es democracia. Eso es un insulto al autogobierno valenciano y a las víctimas.
Por eso exigimos la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas.
Porque el futuro de la Comunitat Valenciana no puede decidirlo nadie desde fuera. Porque las urnas son el único lugar legítimo para resolver esta crisis.
Porque la democracia no se negocia: se ejerce.
Firma esta petición y compártela.
· Por las 229 víctimas.
· Por la dignidad del pueblo valenciano.
#VolemVotar #EleccionesYa
https://www.change.org/p/volem-votar-que-feij%C3%B3o-y-abascal-no-decidan-por-ti
Junts da un paso más para materializar en el Congreso la ruptura con el Gobierno que avalaron las bases del partido hace ahora una semana. La formación ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes de PSOE y Sumar, por lo que no podrán salir adelante con la mayoría de investidura, y también votarán en contra de las 21 normas que están en su fase final de tramitación, además de los proyectos de ley aprobados en el Consejo de Ministros y pendientes de enviar al Congreso. Así lo ha anunciado la portavoz Míriam Nogueras durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, arropada por todos los diputados y senadores del grupo parlamentario en Madrid. “No habrá estabilidad si no cumplen sus acuerdos, Sánchez sabe que nuestros votos no están al servicio de la estabilidad de España”, ha apuntado para concluir que “la legislatura queda bloqueada”
elperiodicoMediterraneo
Foto de archivo del centro específico para personas con enfermedad mental crónica (CEEM) de Albocàsser. / MEDITERRÁNEO
Cinco meses después de que los usuarios del Centro Específico para Enfermos Mentales de Albocàsser (CEEM) fueran trasladados a Burriana, porque el inmueble de Albocàsser presentaba daños estructurales que hacían necesario el desalojo, los residentes "volverán a corto plazo" al edificio. "El Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) nos ha informado de que será antes de Navidad", informaron a este rotativo trabajadores, que han mostrado su preocupación al conocer que el retorno se realizará "sin que se haya ejecutado ninguna intervención en el inmueble en este tiempo".
Afectados explicaron ayer a Mediterráneo que el IVASS argumenta que un segundo informe técnico descarta ahora riesgo estructural, aunque afirmaron que les comunicaron que el centro necesita obras mayores de adecuación y mejora, algunas de las cuales se acometerán «con los residentes ya dentro», apuntaron. Se trata, entre otras, de "reparaciones de la cubierta del edificio, goteras por todo el inmueble, techos que se han derrumbado, actuaciones ante fugas de agua y humedades por todo el edificio que han generado moho en muchas de las habitaciones, instalación de ventilación en todos los cuartos de baño, como marca la normativa; y la reparación del muro de contención de todo el recinto".
Este planteamiento ha generado malestar entre familiares y personal, que recuerdan que el traslado de junio se justificó precisamente por motivos de seguridad. En aquel momento, 25 usuarios del CEEM fueron reubicados en una residencia de mayores de Burriana y otros cuatro fueron derivados al Hospital Provincial de Castellón, como medida temporal tras un informe que alertaba de daños estructurales en el edificio de Albocàsser. La urgencia del desalojo ya provocó entonces críticas entre los afectados, que ahora aseguran sentirse desconcertadas ante el cambio de criterio. «Nos dicen que ya no hay peligro, pero no se ha hecho nada en cinco meses», lamentan. El personal advierte de que realizar obras con usuarios con enfermedades mentales «no es lo más adecuado».
Preguntada por este periódico, la Conselleria de Servicios Sociales remitió la consulta al IVASS, que respondió que el objetivo es que los usuarios del CEEM de Albocàsser "puedan volver a su centro original lo antes posible, con plenas garantías, como estaba previsto desde que fueron trasladados a Burriana".
"Se ha realizado un informe técnico con catas de las instalaciones para analizar de forma integral la estructura y el estado general del centro que indica que no existe riesgo inminente para la estabilidad global del edificio", apuntaron desde el organismo. Y añadieron que están "analizando el informe en profundidad junto con los técnicos para abordar las actuaciones y los plazos para que los usuarios puedan volver a su centro, que se hará en el momento en que esté confirmada y garantizada la seguridad".
Respecto a los plazos, si bien a los trabajadores se les comunicó que sería "antes de Navidad", desde el IVASS aseguraron que "con el informe técnico ya finalizado, evaluarán los plazos adecuados, que no están todavía fijados".
Y concluyeron que se comunicó al personal para poner "en preaviso la posibilidad de que podrían volver en el corto o medio plazo, a tenor de las conclusiones iniciales del informe".
elperiodicoMediterraneo