La Generalitat también ha autorizado un cambio en las condiciones de la DIA de 2017 que permitirá a la empresa Berseporc ampliar de 748 a 918 el número máximo de cerdas reproductoras de lechones de hasta 20 kilos de peso y reducir el número máximo de verracos de 6 a 3. La explotación porcina para producir lechones, que también verá ampliada la capacidad de almacenamiento de la balsa de purines, está situada en la partida El Medissé de Les Coves de Vinromà.
Curiosamente, las plantas públicas de tratamiento de purines que construyó la Diputación viven el efecto inverso: venderlas a empresas privadas por un montante global de 4 millones de euros, cifra muy inferior a los 21 millones que costaron. La corporación provincial aprobó el pasado marzo desafectar como bien patrimonial las plantas de Albocàsser, Sant Mateu, Vall d’Alba y Todolella.
Esta última, situada junto a la CV-20 y al barranco de Pastor, la gestiona la UTE Purines Todolella, formada por las empresas Facsa y Fobesa, del Grupo Gimeno. La Generalitat tramita una solicitud de Autorización Ambiental Integrada para reactivar el tratamiento de purines y estiércol. La planta ya fabrica abonos orgánicos.
La consecuencia lógica de la apertura de nuevas granjas ganaderas es la construcción de plantas de tratamiento de purines y otros residuos agropecuarios. La más grande la promueve la empresa Biometanizadora de Salzadella en un terreno de 82.498 metros cuadrados situado muy cerca de la CV-10. La elección de La Salzadella no es casual ya que en esta zona de la provincia se emplazan numerosas explotaciones ganaderas, sobre todo porcinas o avícolas, así como empresas olivareras.
La Declaración de Interés Comunitario (DIC) que tramita la Generalitat prevé que la futura planta gestione tres tipos de residuos agropecuarios: purín, estiércol y orujo. En concreto, tratará un tope de 212.652 toneladas anuales de purín porcino y 250 de purín avícola. También gestionará los residuos de un máximo de 21.060 toneladas anuales de estiércol de pollo, 14.201 de estiércol de pavo, 3.160 de estiércol ovino y 15 toneladas anuales de estiércol porcino. Por último, tratará 14.750 toneladas anuales de orujo y 3.350 de hojas de olivo. El objetivo final de todo el proceso será obtener abono orgánico y biometano.
El Consell autoriza construir cinco nuevas granjas ganaderas mientras tramita una macroplanta de purines
La de l'Alcora será la más grande de todas las que se van a erigir
La Salzadella- Terrenos donde ira? la planta de gestio?n de residuos
CASTELLÓ. La Generalitat ha autorizado la construcción de cinco nuevas explotaciones ganaderas y la ampliación de dos más en la provincia de Castellón. La explotación intensiva de ganado porcino de cebo prevista en Albocàsser es una de las más avanzadas, ya que cuenta desde mayo con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y actualmente se tramita la licencia ambiental municipal. La granja, que promueve un empresario de Els Rosildos (Sierra Engarcerán), tendrá capacidad para 2.400 cabezas y estará situada junto a la CV-15, cerca del barranco de la Mola. Constará de dos naves de 1.198 metros cuadrados en un terreno de 29.159 metros.
También está aprobada ya la DIA de la explotación avícola de pollos prevista en Xert. En este caso, la nave tendrá capacidad para 32.500 animales y una producción anual de 185.250 pollos bróiler. La granja ocupará una parcela de 17.586 metros cuadrados en la partida Mas de Roca.
De las cinco nuevas granjas ganaderas en ciernes, la de l'Alcora será la más grande. La empresa Avícola Sichar dispone ya de la DIA favorable y aguarda la licencia ambiental municipal para construir un recinto avícola para gallinas reproductoras. Las instalaciones estarán ubicadas en una parcela de 52.925 metros cuadrados de la Partida Mas Vell. Las cuatro naves proyectadas tendrán capacidad para albergar 34.200 gallinas reproductoras y 3.800 gallos. También se construirán dos locales técnicos y un almacén.
La cuarta DIA aprobada hace referencia a la planta de cría y engorde de reses vacunas que pretende construir en Jérica la empresa Ganados Mayo Gaibiel. Estará situada junto al embalse del Regajo y tendrá capacidad para cebar hasta 1.000 cabezas de ganado vacuno y 50 madres de cría. La empresa ya explanó en 2017 el terreno, de 62.266 metros cuadrados.
También está muy próxima la construcción de otra explotación porcina de cebo para 2.400 animales en la partida Perxets. El empresario que la promueve ya ha solicitado la preceptiva licencia ambiental al Ayuntamiento de Sierra Engarcerán.
La ampliación de recintos ganaderos, también cuenta con la DIA
Respecto a la ampliación de recintos ganaderos, también cuenta ya con la DIA favorable el proyecto relativo a la granja porcina de engorde situada junto al barranco de la Solana, cerca de la CV-167. El empresario promotor desea construir dos silos de pienso y una cuarta nave de 1.133 metros cuadrados con capacidad para 1.150 cerdos de cebo. De esa forma, el recinto que funciona en Benassal desde el año 1981 podrá albergar hasta 2.495 cabezas.
La Generalitat también ha autorizado un cambio en las condiciones de la DIA de 2017 que permitirá a la empresa Berseporc ampliar de 748 a 918 el número máximo de cerdas reproductoras de lechones de hasta 20 kilos de peso y reducir el número máximo de verracos de 6 a 3. La explotación porcina para producir lechones, que también verá ampliada la capacidad de almacenamiento de la balsa de purines, está situada en la partida El Medissé de Les Coves de Vinromà.
Aunque en menor medida, la etapa expansiva que atraviesa el sector ganadero también ha incitado a algunos emprendedores a reorientar sus propiedades agrícolas en esa dirección. Es el caso de una empresaria de Benassal que recientemente transformó su terreno privado de 47,3 hectáreas situado junto a la CV-128, en el término municipal de Ares del Maestrat, con la plantación de cereales para dar de pastar a ganado de vacuno extensivo. La Generalitat tramita ahora el correspondiente estudio de impacto ambiental.
La consecuencia lógica de la apertura de nuevas granjas ganaderas es la construcción de plantas de tratamiento de purines y otros residuos agropecuarios. La más grande la promueve la empresa Biometanizadora de Salzadella en un terreno de 82.498 metros cuadrados situado muy cerca de la CV-10. La elección de La Salzadella no es casual ya que en esta zona de la provincia se emplazan numerosas explotaciones ganaderas, sobre todo porcinas o avícolas, así como empresas olivareras.
La Declaración de Interés Comunitario (DIC) que tramita la Generalitat prevé que la futura planta gestione tres tipos de residuos agropecuarios: purín, estiércol y orujo. En concreto, tratará un tope de 212.652 toneladas anuales de purín porcino y 250 de purín avícola. También gestionará los residuos de un máximo de 21.060 toneladas anuales de estiércol de pollo, 14.201 de estiércol de pavo, 3.160 de estiércol ovino y 15 toneladas anuales de estiércol porcino. Por último, tratará 14.750 toneladas anuales de orujo y 3.350 de hojas de olivo. El objetivo final de todo el proceso será obtener abono orgánico y biometano.
Curiosamente, las plantas públicas de tratamiento de purines que construyó la Diputación viven el efecto inverso: venderlas a empresas privadas por un montante global de 4 millones de euros, cifra muy inferior a los 21 millones que costaron. La corporación provincial aprobó el pasado marzo desafectar como bien patrimonial las plantas de Albocàsser, Sant Mateu, Vall d’Alba y Todolella.
Esta última, situada junto a la CV-20 y al barranco de Pastor, la gestiona la UTE Purines Todolella, formada por las empresas Facsa y Fobesa, del Grupo Gimeno. La Generalitat tramita una solicitud de Autorización Ambiental Integrada para reactivar el tratamiento de purines y estiércol. La planta ya fabrica abonos orgánicos.
La noticia volvió a reabrir un debate del que, desde el pasado año, no se deja de hablar en Extremadura. El que tiene que ver, precisamente, con el riesgo de incendios en plantas fotovoltaicas.
COPE ha tenido acceso a los datos que demuestran que, efectivamente, se trata de una problemática al alza, sobre todo desde 2024. Basta con poner los datos en perspectiva. Entre 2020 y 2023, "apenas" se registraron 18 incendios en plantas fotovoltaicas. De ellos, uno se convirtió en incendio forestal, obligando a actuar al Plan INFOEX.
Esos datos se multiplican en el último año y medio. En 2024, se registraron 12 incendios de este tipo y, en lo que llevamos de 2025, ya van 23. En total, 35, de los cuales 16 se convirtieron en incendio forestal. Los más peligrosos, en Talaván (2024) y, precisamente, Casas de Don Pedro (2025)
En 2024, se registraron 12 incendios de este tipo y, en lo que llevamos de 2025, ya van 23
Es una situación que choca con el Plan de Prevención de Incendios Forestales en Extremadura, que obliga a las centrales a cumplir con una serie de medidas, con una especie de memoria de prevención. Sobre todo, está relacionado con evitar la presencia de herbáceas en la proyección de las placas y un cortafuegos perimetral, además de desbroces.
Cabe señalar que en años de lluvia, como este 2025, es más complejo controlar el combustible que se genera, también, en las plantas fotovoltaicas, pero, aún así, los datos dicen mucho. Los agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura han realizado 150 inspecciones. En 48 ocasiones, casi un tercio, se han registrado incidencias. Hay abiertos seis expedientes sancionadores, algunos investigados por el SEPRONA por si hubiese responsabilidad penal.
La extinción dentro de las plantas corresponde a bomberos urbanos (SEPEI, CEPEI). Fuera de ellas, es competencia del INFOEX. Desde la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural se viene insistiendo en la necesidad de contar con una Memoria de Prevención vigente.
Montoro nombró jefa en la ONIF nada más volver a Hacienda a la esposa de un socio de su bufete
Paula Vázquez, esposa del socio de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor, imputado en el caso, fue nombrada en 2012 inspectora jefa de la ONIF; tuvo el 50% de una sociedad instrumental que recibió 3 millones del despacho hasta que trascendió una investigación de Anticorrupción
Cristóbal Montoro nombró jefa en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) nada más regresar al Ministerio de Hacienda en 2012 a la esposa de uno de los principales socios de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro del PP y que está en el centro de una trama de supuestos delitos de corrupción o tráfico de influencias.
El 1 de marzo de 2012, Hacienda comunicaba el nombramiento de Paula Vázquez Vicente como nueva inspectora Jefa del Equipo Central de Información de la ONIF. Esta unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga los casos más importantes de fraude en España.
Esposa de uno de los principales socios del bufete que creó Montoro, Manuel de Vicente-Tutor, imputado en el 'caso Montoro', Paula Vázquez es inspectora de Hacienda como su marido. El equipo cuya jefatura tiene encomendada desde 2012 se encarga, entre otras funciones, de “la captación de datos relevantes para la lucha contra el fraude fiscal”, el intercambio de información con otras Administraciones públicas, nacionales o extranjeras, el “estudio de fuentes alternativas o indiciarias de información para la investigación y comprobación del fraude” o “la comprobación del cumplimiento por cualquier persona o entidad de la obligación de proporcionar datos o antecedentes derivados de sus relaciones con otras personas”, tal y como recoge la resolución de la AEAT que regula el funcionamiento de la ONIF.
Este periódico intentó contactar con Paula Vázquez, sin éxito. A preguntas sobre este asunto, fuentes de Hacienda indican que la esposa de Manuel de Vicente-Tutor, que todavía hoy ocupa ese puesto de inspectora jefa en la ONIF, “es funcionaria de la AEAT, no es alto cargo y no lleva temas de operaciones concretas contra el fraude”. elDiario.es contactó con Equipo Económico, sin obtener respuesta.
Según el sumario del ‘caso Montoro’, Paula Vázquez fue hasta diciembre de 2015 socia al 50% junto a su marido de Tutman Fiscalía SL. Con esta sociedad Manuel de Vicente-Tutor canalizó 3.026.409 euros de ingresos procedentes de Equipo Económico en el periodo 2008-2015, de acuerdo con un informe de la AEAT.
Tutman Fiscalía tuvo como administrador único a De Vicente-Tutor desde su creación el 12 de diciembre de 2008. Ese mismo día se constituyeron ante el mismo notario de Madrid sendas sociedades instrumentales vinculadas a otros dos 'Montoro Boys', como se ha conocido popularmente en el sector durante años a los principales socios del despacho que fundó el exministro en 2006.
Se trata de Econodos SL, de Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico y alto cargo de Hacienda en la etapa de José María Aznar (fue secretario de Estado de Presupuestos), y Consultoría y Diagnóstico SL, de Francisco Piedras Camacho, que fue director de gabinete de Montoro en esos años.
Un informe de la AEAT incluido en el sumario refleja que entre 2009 y 2014 Paula Vázquez recibió 69.000 euros en dividendos de Tutman Fiscalía. La mayor parte, al menos 61.000 euros, los cobró cuando ya era jefa del Equipo Central de Información de la ONIF. El informe de la AEAT no hace ninguna mención al puesto de la esposa de Vicente-Tutor en ese órgano de élite de la Agencia Tributaria. Sí recoge que el organismo del que es funcionaria fue su pagador en esos años.
La AEAT señala en ese documento que en Tutman Fiscalía SL “hasta el ejercicio 2014 los dividendos se pagaron a los dos socios al 50%, según su porcentaje formal de participación”, pero en 2015 solo “consta un pago a D. Manuel Vicente-Tutor como interés de un préstamo que este hubiera otorgado a su sociedad” por importe de 113.755,52 euros. “Sin embargo, en 2015 Paula Vázquez Vicente no cobra dividendo alguno”.
Para entonces, acaba de saltar a los medios de comunicación (fue en marzo de 2015) que la Fiscalía Anticorrupción investigaba a Equipo Económico por un contrato a dedo de la Cámara de Comercio. Se trata de un asunto diferente al supuesto trato de favor de Montoro a empresas gasísticas con la intermediación del bufete que investiga un juez de Tarragona desde 2018, por el que ha acabado imputado el exministro junto a otras 27 personas, entre ellas, buena parte de la cúpula de Hacienda en la etapa de Mariano Rajoy y los socios de Equipo Económico.
Separación de bienes
En diciembre de 2015, tanto Manuel de Vicente-Tutor como el presidente de Equipo Económico, Martínez Rico, pactaron con sus respectivas esposas liquidar los regímenes matrimoniales que ambos tenían hasta entonces (en gananciales).
En concreto, el 21 de diciembre de 2015 De Vicente-Tutor y Paula Vázquez “firman capitulaciones matrimoniales pactando el régimen de separación de bienes y liquidan la comunidad conyugal”, recoge el informe de la AEAT. Martínez Rico y su esposa lo harán dos días después.
En el caso de la jefa de la ONIF y su marido, “entre los bienes a repartir aparecen diferenciados cuatro inmuebles, valorados en un total de 1.190.816 €” y “otros bienes sin identificar” valorados en 1.099.886 euros que son adjudicados a Vicente-Tutor, “entre los que se podrían encontrar las participaciones de Equipo Económico SL y otras sociedades propiedad del matrimonio”.
En paralelo a la liquidación del régimen de gananciales, Vicente-Tutor pasó a convertirse en accionista de Global Afteli, la sucesora de Equipo Económico a la que los socios del bufete traspasaron su actividad tras saber que Anticorrupción les investigaba, como adelantó elDiario.es en 2018. En concreto, Vicente-Tutor fue uno de los primeros accionistas de Global Afteli mediante una tercera sociedad (Tutpim Inversiones) participada por él y por los cinco hijos del fiscalista y la jefa del Equipo Central de Información de la ONIF.
Al igual que Tutman Fiscalía SL, Tutpim Inversiones SL es mencionada por los investigadores como una de las instrumentales que los principales socios de Equipo Económico habrían utilizado para canalizar y poner a su disposición fondos provenientes de la firma que fundó Montoro.
La liquidación del régimen de gananciales a finales de 2015 no implicó el fin del matrimonio entre Paula Vázquez y Manuel de Vicente-Tutor, a tenor de la esquela publicada en ABC en 2017 tras la muerte del padre del fiscalista, que fue director y letrado del extinto Banco Zaragozano y hermano de la también fallecida Ana Tutor, ex concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid o ex delegada del Gobierno en Madrid en la década de los 90.
Manuel de Vicente-Tutor y Paula Vázquez adquirieron hace menos de dos años, el 13 de octubre de 2023, un chalet adosado de tres plantas y una superficie construida de 290 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Sanxenxo (Pontevedra). La finca, sobre la que pesa una hipoteca a favor de Caixabank para responder por 250.000 euros de principal, está a tiro de piedra de la playa, “situada en parte en zona de servidumbre de protección de costas”, según la información disponible en el Registro de la Propiedad. En la web inmobilaria Idealista, los chalets más baratos en esa zona turística de las Rias Baixas rondan el medio millón de euros.
Como consecuencia de la liquidación de esa sociedad de gananciales, la actual inspectora Jefa del Equipo Central de Información de la ONIF también figura como propietaria de un espacioso piso en Madrid. Consta “de vestíbulo, salón-comedor, cuarto de estar, terraza, cuatro dormitorios, tres cuartos de baño, dormitorio y aseo de servicio, cocina, office y terraza”. Tiene dos plazas de garaje y un trastero y está libre de hipotecas.
El nombramiento de Vázquez se comunicó en el marco de una amplia reestructuración de la ONIF. Como director de esta oficina se nombró entonces a Santiago Menéndez, ascendido poco después a director de la AEAT y también imputado en el 'caso Montoro'. Como número dos de la ONIF se designó a Pilar Valiente, expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta que en 2001 tuvo que dimitir por el escándalo de Gescartera. Y a cargo de una de las cinco jefaturas de inspección, Hacienda nombró a la esposa de Manuel de Vicente-Tutor.
Tras anunciarse esos ceses en la oficina antifraude de Hacienda, el entonces diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, pidió la comparecencia de Montoro para explicar las “repentinas y sospechosas” destituciones en la ONIF, habló de “depuración” y de caza de brujas sin precedentes y destacó que los funcionarios destituidos habían trabajado en temas como el caso Gürtel o el instituto Nóos, “que han encontrado en Valencia su centro de operaciones con la complicidad y ayuda de Francisco Camps”.
De Vicente-Tutor pertenece a una familia históricamente conectada con la política, las finanzas y la judicatura. Inspector de Hacienda en excedencia, ocupó antes de dar el salto a lo privado varios altos cargos en la Agencia Tributaria. Allí fue director del gabinete del director general entre 2001 y 2004, Salvador Ruiz Gallud, otro socio de Equipo Económico imputado en este caso.
Entre 2009 y 2014, tras incorporarse al despacho que fundó Montoro, Vicente-Tutor fue secretario del consejo de la empresa fotovoltaica Solaria, uno de los principales clientes de la firma. Esto propició ya entonces (a partir de 2012) muchas suspicacias al atribuirse al bufete supuestas labores de lobby ante Hacienda para lograr una regulación menos perjudicial para las energías renovables en beneficio de esta empresa y de Abengoa, de la que entonces era consejero Ricardo Martínez Rico.
De Vicente-Tutor fue el remitente de un correo electrónico en el que recomendó en enero de 2012 a una alto cargo de Hacienda, Pilar Platero (también imputada), el nombramiento de un “amigo” como nuevo delegado de Economía y Hacienda en Málaga, propuesta a la que Platero accedió de inmediato: “Voy a cesar al anterior”.
La esposa de Vicente-Tutor no es la única funcionaria de la ONIF que ocupa puestos de responsabilidad en este cuerpo de élite y que tiene relación con socios de Equipo Económico. La hermana de Ricardo Martínez Rico, Julia Martínez Rico, es jefa adjunta del área de Investigación General de Impuestos Indirectos de la ONIF, que investiga específicamente las tramas de fraude del IVA, el principal tributo indirecto en España. Hermana también de otro de los imputados en el caso, Felipe Martínez Rico, ex jefe de gabinete de Montoro, Julia Martínez Rico es casera de una empresa acusada de fraude en el IVA de hidrocarburos.
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