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Consejo de Ministros - 16.9.2025
El Ejecutivo, además, ha reforzado la respuesta ante catástrofes naturales, ha presentado las líneas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y ha facilitado el acceso a la jubilación de los bomberos forestales.
La Moncloa, Madrid
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presentado en el Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico. La previsión de crecimiento para 2025 se eleva una décima respecto a la anterior, con lo que alcanza el 2,7%.
"Pese al complejo contexto internacional, la economía española sigue presentando signos claros de fortaleza tanto en el corto como en el medio plazo y seguimos acumulando, día tras día, buenas noticias", ha afirmado Cuerpo, quien ha calificado de "prudente" el pronóstico para este año.
El titular de Economía ha destacado que, en el tercer trimestre del año, siguiendo el ritmo de los anteriores, el crecimiento rondará el 0,7%, como anticipan la producción industrial y las afiliaciones a la Seguridad Social, entre otros indicadores. En términos interanuales, la tasa de crecimiento estará en torno al 2,8% en el tercer trimestre. Igual que en los años previos, la estimación ha ido mejorando a lo largo de 2025, según ha remarcado Carlos Cuerpo.
"La economía española se ha recuperado del COVID sin cicatrices", ha dicho el ministro, quien ha detallado que la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) ha regresado a la tendencia que habría seguido de no haber sufrido tanto ese impacto como los posteriores de la guerra de Ucrania y el conflicto arancelario.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa: Cesar Porras
Cuerpo ha resaltado, igualmente, que se trata de un crecimiento equilibrado y sostenible, gracias al proceso de modernización de la economía española. La previsión de aumento del PIB para los próximos años supera el 2%, muy por encima de los países del entorno. "España fue en el año 2024 la economía avanzada que más creció en el mundo y, según las previsiones para este año 2025, se espera que este siga siendo el caso", ha asegurado.
Como reflejo de ese cambio estructural en el patrón de crecimiento, el titular de Economía, Comercio y Empresa ha señalado la evolución del mercado laboral: tras superarse los 22,4 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2025, el Ejecutivo prevé que en los próximos años el número aumente en unas 480.000 personas anualmente. Se trata, además, de una creación de empleo de mayor calidad, con una reducción drástica de la temporalidad, compatible con un crecimiento de la población activa y una bajada progresiva de la tasa de desempleo. "Estamos dándole dentelladas progresivas a nuestra tasa de paro estructural", ha indicado.
El ministro también ha resaltado que la tasa de desempleo es similar a la registrada en 2004, pero el porcentaje de abandono escolar es ahora del 13%, cuando entonces superaba el 30%. Otras dos muestras del cambio de patrón son la mejora continuada de la productividad por hora y la redistribución del crecimiento en forma de ganancias de poder adquisitivo.
Otro indicador adicional de la salud de este patrón es que el crecimiento este año y los tres siguientes estará basado en la evolución del consumo privado y de inversión privada. Para Carlos Cuerpo se trata de una "garantía de sostenibilidad", más aún en un contexto donde el principal riesgo es el escenario internacional. La evolución positiva de la inversión privada se debe, en parte, al uso eficiente de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según ha apuntado.
El ministro Carlos Cuerpo junto a las ministras Pilar Alegría, Isabel Rodríguez y Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El titular de Economía ha expuesto que el "círculo virtuoso" de la economía española se completa con las cifras positivas del sector exterior y con la responsabilidad fiscal: España continuará la senda de reducción de la deuda y del déficit públicos con respecto al PIB. Las perspectivas, por tanto, son positivas hasta el año 2028, con un crecimiento "robusto, equilibrado y sustentado en unas bases sólidas, pese al complejo contexto internacional", ha concluido.
También en el ámbito del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Consejo de Ministros ha aprobado una adenda al PRTR para responder al impacto de la DANA de octubre de 2024. La medida supone movilizar 1.241 millones de euros de esos fondos para atender actuaciones de "alto impacto" y "rápida ejecución". La adenda, según ha agregado Cuerpo, no solo sirve para reparar esos daños, sino también para reforzar la capacidad de hacer frente a "shocks externos, en este caso a los fenómenos climáticos adversos que, como ya hemos visto en los últimos tiempos, son cada vez más frecuentes y con un impacto mayor".
La adenda se articula en torno a seis grandes bloques de actuación: infraestructuras de movilidad verde, empleo local, infraestructuras de restauración hídrica y medioambiental, prevención frente a elementos climáticos adversos mediante el despliegue de una red satelital, apoyo a la internacionalización de la empresa y una línea ICO especial con una componente no reembolsable que refuerce la resiliencia productiva.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha expuesto los avances logrados en la materia desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno y ha avanzado las líneas del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Ejecutivo apuesta por una política integral y parte de la convicción de que solo desde lo público se garantiza y se consolida el derecho a la vivienda digna a precios asequibles, según ha subrayado la ministra.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
Rodríguez ha anunciado que el Ejecutivo trabaja sobre tres líneas estratégicas "con absoluto consenso social, académico y también cada vez más político": mayor oferta pública de vivienda con carácter permanente, mejor regulación y mayores ayudas.
El futuro Plan Estatal de Vivienda aborda la cuestión de la vivienda sin perder la perspectiva de la que se partía: ejecutivos anteriores habían reducido la construcción de vivienda protegida al mínimo y ahora se ha activado la construcción de un parque público que hay que consolidar. Así, en el último año se ha construido "un 60% más de vivienda protegida frente a un 13% más de vivienda libre", ha remarcado la ministra. Además, se está acortando el déficit de 600.000 viviendas a entre 400.000 y 450.000.
No obstante, Isabel Rodríguez ha mantenido que es necesario ir más rápido, por lo que ha instado a todas las administraciones públicas, en especial a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a que contribuyan a acelerar la construcción del parque público agilizando, entre otras medidas, la tramitación administrativa de las licencias de obra.
La ministra ha anunciado que el próximo Plan Estatal de Vivienda tendrá una financiación de 7.000 millones de euros, lo que triplica la inversión del plan actual. "Necesitamos muchos recursos para hacer las casas que necesita nuestro país. Por tanto, planteamos un esfuerzo coherente con el reparto competencial que indica la Constitución Española: un 60% del Estado, absolutamente implicado, y un 40% las comunidades autónomas que tienen esa competencia", ha concretado. La aspiración del Gobierno, ha añadido Isabel Rodríguez, es llegar cuanto antes al estándar europeo del 8% de vivienda protegida con carácter permanente.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, junto a las ministras de Educación, Formación Profesional y Deportes, de Vivienda y Agenda Urbana, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
Por otra parte, la ministra ha defendido hacer un esfuerzo en el ámbito de la rehabilitación: "Nuestro parque público y nuestro parque de vivienda en general es un parque antiguo que necesita rehabilitación, además, en base a parámetros de eficiencia energética y de accesibilidad".
Otras actuaciones se dirigen a atender las necesidades de vivienda de la población joven para reducir la edad de emancipación, a que las familias no dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar una vivienda y a revertir las zonas de mercado tensionadas.
Para alcanzar estos objetivos, Isabel Rodríguez ha concretado que el plan destinará una dotación económica del 40% del total para incrementar la oferta pública protegida y asequible. Una cuantía del 30% se dirigirá a programas de rehabilitación de vivienda y rehabilitación de los barrios. El otro 30% irá a ayudas para la emancipación de los jóvenes, para reducir la tasa de esfuerzo financiero familiar y revertir las zonas tensionadas.
La ministra también ha avanzado que se incorpora la ayuda al alquiler con opción a compra dentro del parque público de vivienda: "No se podrá especular nunca con estas viviendas y estaremos dando tranquilidad y seguridad a quienes adquieren definitivamente una vivienda en propiedad dentro del parque público".
Rodríguez también ha señalado que se reforzarán las líneas de ayuda para rehabilitar y comprar vivienda en el medio rural porque se está detectando que en esas zonas muchas viviendas vacías no están adaptadas para entrar a vivir de manera inmediata.
La titular de Vivienda ha concluido reiterando a las administraciones públicas, a los promotores de vivienda y a los agentes sociales la necesidad de que participen en la mejora del documento con el objetivo de que pueda estar listo a finales de diciembre y entre en vigor en 2026.
El Consejo de Ministros ha aprobado un coeficiente reductor de la edad de jubilación de los bomberos forestales, una medida con la que se cumple el mandato establecido en la Ley de Bomberos Forestales en julio del año 2024. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado que esa norma estableció un marco de regulación básico para ese colectivo con el fin de homogeneizar sus funciones y condiciones a nivel nacional y que la norma se aprobó por una amplia mayoría.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El coeficiente reductor, según ha explicado, responde a la naturaleza "penosa, tóxica, peligrosa e insalubre" del trabajo realizado. La tramitación de esta medida comenzó en abril, antes de la ola de incendios de este verano, y supone "saldar una deuda" con ese colectivo equiparando sus condiciones de jubilación a las del resto de bomberos, que disfrutaban de esos coeficientes desde el año 2008.
A partir de ahora, el coeficiente específico de los bomberos forestales será del 0,20, siempre que la persona acredite un período mínimo de cotización de 15 años bajo la condición de bombero forestal. El profesional que acredite ese número de años, por ejemplo, verá reducida su edad de acceso a la jubilación en 3 años. El acceso a la jubilación se podrá anticipar como máximo 5 años. A modo de excepción, se podrá anticipar hasta 6 años en el caso de que se acredite un período de cotización de más de 35 años de actividad como bombero forestal.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado instrucciones dirigidas a empresas y administraciones para facilitar la aplicación de estos coeficientes. Elma Saiz ha apelado a la responsabilidad de las comunidades autónomas, las administraciones y las empresas empleadoras de los bomberos forestales para usar el código de ocupación creado específicamente en las bases de cotización de la Seguridad Social. Los bomberos no tendrán que realizar una solicitud expresa del coeficiente cuando alcancen la edad de jubilación, sino que será el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que lo aplique de oficio, una vez que compruebe que el trabajador cumple los requisitos. Además, la Seguridad Social va a facilitar el reconocimiento de estos trabajadores mediante un certificado que acredite el período en que haya desempeñado esa actividad.
Saiz ha incidido en que los incendios "han evidenciado, una vez más, que un sistema público fuerte es lo que salva, lo que protege y lo que une". Es necesario, ha añadido, contar con un cuerpo de bomberos fuerte, estable y protegido, "porque cuidar lo público es cuidar la vida, la tierra que compartimos y la dignidad de las personas que la sirven".
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa: Cesar Porras
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de 46 millones de euros de los fondos aportados por la industria farmacéutica para el desarrollo de políticas en materia sanitaria.
Estos fondos, ha explicado, provienen de las aportaciones obligatorias que realizan las empresas farmacéuticas al Estado por sus ventas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Las comunidades podrán destinar estos recursos a cuestiones como la formación de profesionales sanitarios del sistema público de salud y el fomento del uso racional de medicamentos.
Además, se asignan 3,33 millones de euros para financiar el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical y otras iniciativas lideradas por la Organización Nacional de Trasplantes, en cooperación con las comunidades autónomas.
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PorClara Arias

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y, recientemente, por pertenencia a organización criminal. La decisión ha sido adoptada por la magistrada sustituta Carmen Rodríguez Medel, quien dirige temporalmente el juzgado hasta la incorporación del nuevo titular, el magistrado Antonio Viejo.
El auto marca el último paso procesal en la fase de instrucción antes de que un juez de lo penal decida sobre la posible condena. Amador todavía podría evitar el juicio si la Audiencia Provincial de Madrid estima un recurso de apelación que presentó el 1 de septiembre, alegando vulneración de derechos al no haberse admitido pruebas solicitadas durante la instrucción.
La apertura de juicio incluye, además de a Amador, a otros cuatro empresarios, todos ellos imputados por los mismos delitos. Se trata del mexicano Maximiliano Niederer y de los sevillanos David Herrera Lobato y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido, presuntamente implicados en la elaboración de facturas falsas utilizadas por Amador para defraudar a Hacienda. Según la investigación, entre 2020 y 2021 habrían defraudado 350.951 euros mediante un entramado de facturas ficticias.
El auto recoge las peticiones de todas las acusaciones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado centran su acusación en los delitos de fraude fiscal, por 350.910 euros, en concurso con falsedad en documento mercantil. Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Más Madrid suman dos delitos más: delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal, argumentando que Amador y sus colaboradores actuaron de manera concertada y organizada para defraudar al erario público.

Según la jurisprudencia citada por los
partidos, a diferencia de la organización criminal, que requiere continuidad temporal, el grupo criminal requiere únicamente la unión de más de dos personas con la finalidad de cometer delitos de forma concertada. Respecto al
delito contable, los partidos reconocen que la jurisprudencia lo subsume en el fraude fiscal, pero señalan que, debido a limitaciones impuestas por la Audiencia, formulan la acusación bajo esta calificación alternativa.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado para Amador una pena de tres años y nueve meses de cárcel. Por su parte, PSOE y Más Madrid piden cinco años de prisión. Además, Amador se enfrenta a otra investigación en el Juzgado 19 por un presunto soborno a un directivo de Quirón Prevención, dentro de una pieza separada que continúa abierta.
El caso se remonta a mayo de 2022, cuando Hacienda inició la investigación que concluyó que Amador había defraudado al erario público 350.910 euros con la ayuda de 15 facturas consideradas falsas. La jueza María Inmaculada Iglesias, quien investigó el caso durante año y medio, lo procesó inicialmente el 28 de agosto por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsedad documental.
Tras su jubilación voluntaria en agosto, la causa pasó a manos de Carmen Rodríguez Medel.
Antes de la apertura de juicio, Amador solicitó a la magistrada Rodríguez Medel que suspendiera el procedimiento hasta que la Audiencia Provincial resolviera los recursos interpuestos contra su procesamiento. El empresario alegaba que la tramitación del caso vulneraba sus derechos, al no haberse admitido pruebas solicitadas durante la instrucción. Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud, señalando que “no ha lugar” a la suspensión al no apreciarse causa para ello.
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La única imagen que ha trascendido del Cecopi del 29 de octubre con Pradas, Argüeso, Suárez, Basset y miembros de la UME y el Consorcio de Bomberos. / Europa Press
El Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, del 29 de octubre fue un cúmulo de indecisiones, dudas y debates sobre detalles que ya debían estar interiorizados y que ralentizaron la respuesta ante la dana que dejó 229 fallecidos. Es el resumen que ofreció en su declaración judicial del viernes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo.
Es el sexto participante del Cecopi que ofrece su versión sobre la reunión que debía haber dirigido la respuesta a la emergencia, pero que siempre fue por detrás de los acontecimientos. Se convocó a las 17 horas del 29 de octubre (29-O) cuando, como mínimo, había ya siete desaparecidos: el camionero de l’Alcúdia y seis personas residentes en Utiel.
Hasta ahora han ofrecido su versión sobre lo sucedido en el Cecopi la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, y Vicent Mompó (presidente de la Diputación de València), los tres presentes físicamente en la reunión celebrada en l’Eliana. Y el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez Mora y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que asistió por videoconferencia al igual que Polo y su equipo.
Pradas, Argüeso y Mompó desligaron al presidente de la Generalitat Carlos Mazón de cualquier decisión sobre la emergencia y apuntaron a los técnicos como responsables de las decisiones adoptadas, o la falta de ellas, el 29 de octubre. Bernabé señaló que el mensaje Es Alert (de las 20.11 horas) iba a enviarse solo al Magro hasta que ella avisó de los problemas en el Poyo.
Comparecencias pendientes
Aún queda por conocer la versión de los dos altos funcionarios del Cecopi: el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez y José Miguel Basset, exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos. Y de otros asistentes presenciales como los militares de la UME (Unidad militar de emergencias) o el diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, entre otros.
La versión de Miguel Polo sobre lo sucedido en el Cecopi del 29-O se resume en «indecisión, parsimonia» y debates que se eternizaban. Provocados por la inexperiencia de la que era el mando único de la emergencia, la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, de quien incluso desliza que tal vez no estaba presente en los primeros minutos del Cecopi, que arrancó planteando la grave situación en Utiel. Tras una primera minidesconexión, Polo relata que se comienza a debatir sobre la presa de Forata en el río Magro donde llegaron a entrar 2.200 metros cúbicos por segundo (m3/seg.), que la infraestructura hidráulica consiguió laminar y que salieran 1.110 m3/seg.
«Empieza a haber debate sobre la situación [en Forata], por parte de la consellera preguntaba porqué era un escenario u otro» (hay cuatro posibles situaciones previstas en el plan especial de inundaciones de la Generalitat)». Polo no ocultó su desconcierto en la declaración ante la jueza y el fiscal de la dana. «Desde la CHJ no dábamos crédito que preguntaran eso cuando eso lo tenían y debían saberlo».
De hecho fue la tónica de la tarde. «Constantes debates entre ellos. Mientras ellos discutían nosotros teníamos nuestras conversaciones y veíamos que no se tomaban decisiones». Entre esos debates de las medidas a adoptar, Polo recordaba que la consellera planteó el confinamiento. «Ella tenía dudas de si podía tomar tal o cual medida y [Jorge] Suárez le dijo que la ley le amparaba a tomar cualquier medida».
El presidente de la CHJ también mostró su sorpresa por «la parsimonia» con la que se trataban los temas. «Nosotros no estábamos tan tranquilos, no entendía porqué no se tomaban decisiones», señaló sobre el retraso, por ejemplo, en enviar avisos a la población, que él asegura que comenzó a reclamar a partir de las 17.30 horas. Polo llegó a asegurar que en ocasiones decidía no preguntar. «Aquello no estaba para cuestionar nada de lo que dijeran, cuanto menos hablaras mejor porque se liaban con todo».
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