Las renovables presionan ‘in extremis’ al Gobierno para evitar una criba masiva este mes de plantas verdes ya construidas
Las patronales del sector alertan de que en dos semanas se perderán decenas de proyectos fotovoltaicos y eólicos y se volatilizarán inversiones de al menos 500 millones ya ejecutadas si el Ejecutivo no aprueba una reforma legal urgente
Planta de energía solar fotovoltaica en Totana (Murcia) / Endesa
David Page
Madrid12 JUN 2025 6:00
Actualizada 12 JUN 2025 6:12
El sector de las energías renovables lanza un SOS para evitar la cancelación en sólo dos semanas de decenas de plantas solares y eólicas ya construidas o en construcción, y en las que empresas energéticas han ejecutado inversiones millonarias. El próximo 25 de junio expira el plazo legal para que un gran volumen de proyectos verdes estén en funcionamiento y produciendo energía y, si no lo consiguen, perderán el cotizadísimo derecho de acceso a la red eléctrica y volverán a la casilla de salida de un proceso burocrático de varios años.
Las patronales del sector renovable reclaman al Gobierno una reforma legal urgente (tan urgente como que debería aprobarse en alguno de los dos próximos Consejos de Ministros) para evitar la cancelación de proyectos verdes totalmente viables y que pueden estar en marcha en breve, pero que no llegarán a cumplir el plazo exigido de estar listas el 25 de junio en muchos casos por retrasos en los procesos administrativos ajenos a su control, como dilaciones en la gestión de las licencias de las propias Administraciones, por la resolución de recursos presentados durante el proceso o por la demora de algunos permisos por parte de Red Eléctrica o de las compañías de redes de distribución.
Inversiones ya ejecutadas, en riesgo
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se declina hacer comentarios sobre una eventual reforma para salvar estos proyectos pese a las reclamaciones del sector. En dos semanas se enfrentan al ultimátum legislativo proyectos renovables afectados por dos situaciones bien diferenciadas, en función de su obtuvieron su derecho de acceso a la red eléctrica antes o después del 31 de diciembre de 2017.
Las plantas renovables que cuentan con un derecho de conexión previo a 2018 están obligadas con carácter general a estar totalmente listas el próximo 25 de junio. Inicialmente en este contingente se encontraban proyectos verdes con una potencia conjunta de 10.000 megavatios (MW). Durante este tiempo, algunos proyectos han conseguido estar ya operativos y muchos otros han ido renunciando a continuar (aprovechando o no las ventanas legales que facilitaba el Gobierno para recuperar los avales presentados en su intento de cribar los proyectos que no eran sólidos).
Desde el sector energético se alerta de que ahora hay proyectos de este grupo en riesgo de ser cancelados con una potencia de al menos 600 MW (repartidos prácticamente a partes iguales entre fotovoltaicas y eólicas) y tras ejecutar inversiones de entre 400 y 500 millones de euros. Proyectos ya construidos o a punto de terminar la obra, pero que están a la espera de obtener las últimas autorizaciones de explotación definitivas tras sufrir retrasos que, según las asociaciones empresariales, no son achacables a los promotores.
Por otro lado, a los cientos de proyectos que recibieron el derecho de acceso a la red a partir de 2018, el Gobierno les dio un balón de oxígeno más (ya había aprobado otras prórrogas anteriormente) y les concedió la posibilidad de pedir hasta tres años más para su puesta en marcha tras obtener la autorización de construcción, pasando de cinco a ocho años la duración máxima de todos los trámites. Una prórroga voluntaria a la que podían acogerse un millar de proyectos verdes con casi 68.000 MW de potencia, pero para lo que se les exigía informar con carácter vinculante de en qué semestre del próximo trienio el parque se iba a poner en marcha.
Los proyectos que no pidieron prórroga, porque pensaron que llegarían a tiempo, tienen la obligación de estar en marcha también este 25 de junio. Y parte de ellos también están en riesgo de no cumplir el plazo y ser cancelados. En este caso, las asociaciones empresariales del sector no manejan estimaciones concretas sobre proyectos afectados porque el Gobierno y las comunidades autónomas no han facilitado datos sobre la elección datos sobre la elección que han hecho los parques renovables sobre en qué semestre estarán operativos.
“Una catástrofe”
parques construidos o en construcción y, como propuesta de máximos, que se apruebe una reforma integral del sistema de hitos que deben cumplir los proyectos. Por ejemplo, las empresas piden que se dé por cumplido el último hito administrativo con el fin de la obra de la planta, que está en manos del promotor, y no cuando se recibe la última autorización definitiva de operación por Red Eléctrica; y también se reclama que se amplíen los plazos cuando un recurso de alzada paraliza temporalmente la tramitación del proyecto durante un tiempo.
“El sistema de hitos no tiene ningún sentido. Y ahora aporta más incertidumbre y sólo hace que se caigan proyectos con la gincana de tener que elegir el semestre en que la empresa cree que podrá tener la planta en marcha”, se queja el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. “Queremos creer que el Gobierno aprobará una flexibilización urgente. No podemos creer que no se haga y que se dejen proyectos renovables ya construidos para decorar el paisaje. Si no, se condena a proyectos firmes a volver al inicio de todo el proceso administrativo que dura años, pero tras haber hecho ya inversiones millonarias”.
elperiodico.com
