diumenge, 13 de gener del 2019
Anar mirant de recuperar el que es pugue de lo robat als "casos aislados"
El Tribunal de Cuentas embarga 59.000 euros a Blasco y los responsables del caso Cooperación
El dinero corresponde a las pensiones del exconseller y otros dos procesados más
Levante-Emv 12.01.2019 | 11:19
El Tribunal de Cuentas embarga 59.000 euros a Blasco y los responsables del caso Cooperación
El Tribunal de Cuentas ha embargado 59.000 euros de los responsables del PP condenados en el "caso Blasco", entre ellos, el exconseller y exportavoz popular en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, y, según ha podido saber este periódico, ha transferido esta cantidad a la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas, según una notificación del máximo órgano auditor del Estado.
De este modo, el Tribunal de Cuentas persigue que los excargos del PP y funcionarios condenados en este caso devuelvan los 1,7 millones de fondos públicos de la Generalitat que debieron destinarse a diversos proyectos de cooperación en Nicaragua pero que se desviaron para que los responsables de la trama de corrupción compraran varios inmuebles en Valencia. De los 1,7 millones de la ayuda humanitaria al Tercer Mundo solo llegaron a su destino 43.953 euros y el Tribunal de Cuentas ya cifró en 1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas.
Los 59.000 euros recuperados ahora corresponden a las pensiones del ex conseller de Solidaridad bajo el mandato de Francisco Camps, Rafael Blasco, y de su exsecretaria general administrativa Tina Sanjuán, y a la nómina del exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Catalá. El desglose de lo que corresponde a cada uno no ha trascendido.
Con este embargo, la Generalitat ha podido recuperar hasta la fecha en torno a 650.000 euros de los 1,7 millones desviados.
En junio de 2015, el Tribunal Supremo ratificó la condena de Rafael Blasco y otros responsables de la trama de corrupción por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo dictada un año antes por el TSJ de la Comunitat Valenciana, dejando la pena al exconseller del PP por malversación, prevaricación y falsedad documental a 6 años y medio de prisión. En el procedimiento penal del TSJCV ya se procedió a requerir la devolución de las cantidades a los empresarios pero es en el Tribunal de Cuentas donde corresponde la reclamación a las autoridades políticas y funcionarios condenados.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/01/12/tribunal-cuentas-embarga-59000-euros/1820175.html
Otro presunto y desgraciado caso aislado
La Audiencia Nacional imputa al comisario que dirigió la Policía con el PP por el espionaje a Bárcenas
Eugenio Pino, jefe de la brigada política, declarará en los próximos días ante el juez del caso Villarejo por el pago de fondos reservados al chófer del extesorero
El magistrado también llamará como investigados al policía de cabecera de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, a Villarejo y al comisario García Castaño
Todos respondían ante el comisario Pino y éste solo tenía por encima a Cosidó, Francisco Martínez y Fernández Díaz, los tres aforados ante el Supremo
Pedro Águeda
13/01/2019 - 06:58h
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (c), junto al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó (i), y al director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino
MÁS INFO
Anticorrupción investiga los fondos reservados de la policía política del PP
Anticorrupción pide imputar al policía de confianza de Cospedal por el espionaje a Bárcenas de la brigada política
Comisario Villarejo: manual para artificieros
La investigación de la operación montada en 2013 por el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora del PP a su extesorero Luis Bárcenas da un salto cualitativo. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al máximo responsable operativo de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, el comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política y, como tal, de la Operación Catalunya y del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos, entre otros.
Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.
La imputación del comisario Pino se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo magistrado del caso Villarejo le llamará a declarar en los próximos días en el marco de la pieza separada 7, la que investiga la Operación Kitchen, el pago de fondos reservados al entonces chófer de la familia Bárcenas. El conductor, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, fue llamado a declarar como imputado en diciembre, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. El magistrado García-Castellón también va a tomar declaración en breve al propio Villarejo, en prisión provisional, y al comisario Enrique García Castaño, ambos responsables de la captación y el control de Ríos Esgueva cuando trabajaba en casa de los Bárcenas, han precisado las mismas fuentes.
Completa la lista de mandos policiales que pasan a estar investigados y que declararán en la Audiencia Nacional el reciente comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía cobra una relevancia especial por dos motivos: se trata del agente que conocía al chófer y presuntamente contactó con él para encargarle el trabajo, pero sobre todo, porque supone, junto a Villarejo, la conexión del caso con la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Gómez Gordo se marchó de la Policía con una excedencia para trabajar como la sombra de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Fue en esa época cuando se produjo la captación del chófer. El entonces inspector jefe regresó al Cuerpo poco antes de que la secretaria general del PP perdiera el gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado por Fernández Díaz con una medalla pensionada.
Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de la policía política que organizó el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz. Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso.
Entre los trabajos de esa brigada política también figura el infome PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo despreciaron. La presente investigación judicial desvela ahora que esa policía política, además de perjudicar a los adversarios políticos del PP, trabajó presuntamente en favor del partido en el Gobierno en el caso más grave de corrupción de su historia. Y que lo hizo con fondos reservados, el dinero destinado a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.
Eugenio Pino fue el comisario que el Partido Popular eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy ganó las elecciones de enero de 2012. Ejerció como director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo hasta el verano de 2016, cuando le llegó la edad de la jubilación y Fernández Díaz le despidió con la más alta distinción que puede recibir un policía en vida, acompañada de un incremento del 15% en su salario de por vida. Todo el diseño de una estructura encubierta en la Dirección Adjunta Operativa que simulara a un servicio de Inteligencia, labor que excede las competencias que la Ley atribuye a la Policía, corresponde al comisario Pino, el policía que solo recibía órdenes de la cúpula política del Ministerio del Interior.
Fondos reservados, materia secreta
El magistrado García-Castellón ha respetado la decisión de su antecesor, Diego de Egea, de decidir sobre la solicitud de imputación de los mandos policiales por Anticorrupción una vez analizada la información de la Operación Kitchen que debía enviarle el actual Ministerio del Interior. Para ello, De Egea debió pedir al Gobierno, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que desclasificara el secreto que pesaba sobre ella, por incluir el pago de fondos reservados. Así lo decidió el Consejo de Ministros y los documentos llegaron a la Audiencia Nacional antes de las Navidades.
Junto a las imputaciones, el juez ha adoptado otra decisión, la personación de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, en calidad de perjudicados. Ambos serán llamados a declarar en esta pieza secreta como víctimas del presunto robo de documentación por parte de los policías. El Ministerio del Interior de Fernández Díaz comenzó a buscar información que escondiera el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular cuando Bárcenas entró en prisión y decidió tirar de la manta.
Fuentes de aquel departamento aseguran que la Operación Kitchen respondía a la necesidad de averiguar si Bárcenas escondía dinero o prueba de sus graves delitos en alguna parte, pero que los documentos obtenidos finalmente no resultaron relevantes para incorporarlos a la investigación de la caja B que seguía el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. La Operación Kitchen, sin embargo, se hizo a espaldas del magistrado y lo que investigan ahora el juez y Anticorrupción es el destino de fondos reservados con unos fines distintos del esclarecimiento de un delito, esto es, beneficiar al partido entonces en el Gobierno.
El origen de la Pieza 7 del caso Villarejo es la aparición de conversaciones grabadas por el comisario entre el ingente archivo que se le incautó en noviembre de 2017, así como justificantes de pagos y recibís con la firma del chófer. Sergio Ríos estuvo cobrando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años, una asignación desmesurada para un confidente, según coinciden agentes con experiencia en la materia.
Como una gran operación antiterrorista
En la Operación Kitchen participaron presuntamente los mandos imputados, presuntos miembros de la brigada política en otras misiones del grupo secreto, y además cerca de 80 agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista de la Policía. Se trata de policías destinados en el Área Especial de Seguimientos (AES) que vigilaban a Rosalía Iglesias día y noche mientras Bárcenas cumplía su primer ingreso en prisión. Fuentes policiales sitúan esos seguimientos en el verano y otoño de 2013 e igualmente valoran como desproporcionado un despliegue de esas dimensiones para los supuestos fines que tenía la operación.
La documentación incautada, o al menos parte de ella, ha sido ya incorporada al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP dentro del caso Gürtel. El juez José de la Mata reclamó a El Mundo los documentos que publicó y llamó a declarar el pasado diciembre a Luis Bárcenas y su mujer. Ambos están imputados en Gürtel y con tal condición comparecieron ante el juez, si bien éste les explicó que su testimonio era como perjudicados por el robo. Fuentes jurídicas aseguran que, más que la relevancia para la causa de los citados documentos, el magistrado quería que el matrimonio le explicara si faltan otros papeles que pudieran apuntalar el caso de la caja B, pendiente de que se celebre el juicio oral.
Bárcenas hizo al final de su declaración un comentario a los abogados de la acusación que aludía a la importancia que tenían los discos duros que destruyó a conciencia el PP y por lo que la formación de Pablo Casado será la primera de la historia que se sienta como acusada en un banquillo. El extesorero marcó ante De la Mata los tres traslados de documentación en los que Sergio Ríos podía haberse hecho con los papeles que acabaron en manos de la brigada política de Interior. Cuando acabó su misión, la Policía que dirigía Ignacio Cosidó acogió a Ríos Esgueva, que juró con 42 años rodeado de veinteañeros. En poco tiempo fue destinado a Madrid, donde viven su exmujer y su hijo, y recibió un destino privilegiado.
Eugenio Pino, jefe de la brigada política, declarará en los próximos días ante el juez del caso Villarejo por el pago de fondos reservados al chófer del extesorero
El magistrado también llamará como investigados al policía de cabecera de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, a Villarejo y al comisario García Castaño
Todos respondían ante el comisario Pino y éste solo tenía por encima a Cosidó, Francisco Martínez y Fernández Díaz, los tres aforados ante el Supremo
Pedro Águeda
13/01/2019 - 06:58h
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (c), junto al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó (i), y al director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino
MÁS INFO
Anticorrupción investiga los fondos reservados de la policía política del PP
Anticorrupción pide imputar al policía de confianza de Cospedal por el espionaje a Bárcenas de la brigada política
Comisario Villarejo: manual para artificieros
La investigación de la operación montada en 2013 por el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora del PP a su extesorero Luis Bárcenas da un salto cualitativo. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al máximo responsable operativo de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, el comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política y, como tal, de la Operación Catalunya y del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos, entre otros.
Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.
La imputación del comisario Pino se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo magistrado del caso Villarejo le llamará a declarar en los próximos días en el marco de la pieza separada 7, la que investiga la Operación Kitchen, el pago de fondos reservados al entonces chófer de la familia Bárcenas. El conductor, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, fue llamado a declarar como imputado en diciembre, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. El magistrado García-Castellón también va a tomar declaración en breve al propio Villarejo, en prisión provisional, y al comisario Enrique García Castaño, ambos responsables de la captación y el control de Ríos Esgueva cuando trabajaba en casa de los Bárcenas, han precisado las mismas fuentes.
Completa la lista de mandos policiales que pasan a estar investigados y que declararán en la Audiencia Nacional el reciente comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía cobra una relevancia especial por dos motivos: se trata del agente que conocía al chófer y presuntamente contactó con él para encargarle el trabajo, pero sobre todo, porque supone, junto a Villarejo, la conexión del caso con la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Gómez Gordo se marchó de la Policía con una excedencia para trabajar como la sombra de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Fue en esa época cuando se produjo la captación del chófer. El entonces inspector jefe regresó al Cuerpo poco antes de que la secretaria general del PP perdiera el gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado por Fernández Díaz con una medalla pensionada.
Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de la policía política que organizó el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz. Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso.
Entre los trabajos de esa brigada política también figura el infome PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo despreciaron. La presente investigación judicial desvela ahora que esa policía política, además de perjudicar a los adversarios políticos del PP, trabajó presuntamente en favor del partido en el Gobierno en el caso más grave de corrupción de su historia. Y que lo hizo con fondos reservados, el dinero destinado a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.
Eugenio Pino fue el comisario que el Partido Popular eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy ganó las elecciones de enero de 2012. Ejerció como director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo hasta el verano de 2016, cuando le llegó la edad de la jubilación y Fernández Díaz le despidió con la más alta distinción que puede recibir un policía en vida, acompañada de un incremento del 15% en su salario de por vida. Todo el diseño de una estructura encubierta en la Dirección Adjunta Operativa que simulara a un servicio de Inteligencia, labor que excede las competencias que la Ley atribuye a la Policía, corresponde al comisario Pino, el policía que solo recibía órdenes de la cúpula política del Ministerio del Interior.
Fondos reservados, materia secreta
El magistrado García-Castellón ha respetado la decisión de su antecesor, Diego de Egea, de decidir sobre la solicitud de imputación de los mandos policiales por Anticorrupción una vez analizada la información de la Operación Kitchen que debía enviarle el actual Ministerio del Interior. Para ello, De Egea debió pedir al Gobierno, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que desclasificara el secreto que pesaba sobre ella, por incluir el pago de fondos reservados. Así lo decidió el Consejo de Ministros y los documentos llegaron a la Audiencia Nacional antes de las Navidades.
Junto a las imputaciones, el juez ha adoptado otra decisión, la personación de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, en calidad de perjudicados. Ambos serán llamados a declarar en esta pieza secreta como víctimas del presunto robo de documentación por parte de los policías. El Ministerio del Interior de Fernández Díaz comenzó a buscar información que escondiera el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular cuando Bárcenas entró en prisión y decidió tirar de la manta.
Fuentes de aquel departamento aseguran que la Operación Kitchen respondía a la necesidad de averiguar si Bárcenas escondía dinero o prueba de sus graves delitos en alguna parte, pero que los documentos obtenidos finalmente no resultaron relevantes para incorporarlos a la investigación de la caja B que seguía el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. La Operación Kitchen, sin embargo, se hizo a espaldas del magistrado y lo que investigan ahora el juez y Anticorrupción es el destino de fondos reservados con unos fines distintos del esclarecimiento de un delito, esto es, beneficiar al partido entonces en el Gobierno.
El origen de la Pieza 7 del caso Villarejo es la aparición de conversaciones grabadas por el comisario entre el ingente archivo que se le incautó en noviembre de 2017, así como justificantes de pagos y recibís con la firma del chófer. Sergio Ríos estuvo cobrando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años, una asignación desmesurada para un confidente, según coinciden agentes con experiencia en la materia.
Como una gran operación antiterrorista
En la Operación Kitchen participaron presuntamente los mandos imputados, presuntos miembros de la brigada política en otras misiones del grupo secreto, y además cerca de 80 agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista de la Policía. Se trata de policías destinados en el Área Especial de Seguimientos (AES) que vigilaban a Rosalía Iglesias día y noche mientras Bárcenas cumplía su primer ingreso en prisión. Fuentes policiales sitúan esos seguimientos en el verano y otoño de 2013 e igualmente valoran como desproporcionado un despliegue de esas dimensiones para los supuestos fines que tenía la operación.
La documentación incautada, o al menos parte de ella, ha sido ya incorporada al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP dentro del caso Gürtel. El juez José de la Mata reclamó a El Mundo los documentos que publicó y llamó a declarar el pasado diciembre a Luis Bárcenas y su mujer. Ambos están imputados en Gürtel y con tal condición comparecieron ante el juez, si bien éste les explicó que su testimonio era como perjudicados por el robo. Fuentes jurídicas aseguran que, más que la relevancia para la causa de los citados documentos, el magistrado quería que el matrimonio le explicara si faltan otros papeles que pudieran apuntalar el caso de la caja B, pendiente de que se celebre el juicio oral.
Bárcenas hizo al final de su declaración un comentario a los abogados de la acusación que aludía a la importancia que tenían los discos duros que destruyó a conciencia el PP y por lo que la formación de Pablo Casado será la primera de la historia que se sienta como acusada en un banquillo. El extesorero marcó ante De la Mata los tres traslados de documentación en los que Sergio Ríos podía haberse hecho con los papeles que acabaron en manos de la brigada política de Interior. Cuando acabó su misión, la Policía que dirigía Ignacio Cosidó acogió a Ríos Esgueva, que juró con 42 años rodeado de veinteañeros. En poco tiempo fue destinado a Madrid, donde viven su exmujer y su hijo, y recibió un destino privilegiado.
Sánchez empuja al independentismo hacia el 'abismo' de la derecha
Sánchez se agarra a un relato para ocupar el centro, frente al acuerdo de las derechas en Andalucía y el desafío independentista, para llegar a 2020
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto del PSC en Barcelona
MANEL MANCHÓN @mmcias
13.01.2019 00:00 h.
9 min
Una operación en toda regla. Arriesgada y que generará una oposición interna, o, como mínimo, un debate entre los barones socialistas. Pero el presidente del Gobierno está determinado a cumplir sus planes. Y pasan por agotar la legislatura. Después de diversos análisis, y de que pasaran ya las oportunidades para convocar elecciones, Pedro Sánchez se quiere situar en el centro y empuja al independentismo hacia el abismo que supone para los intereses del PDeCAT y de ERC la llegada de la derecha al poder.
Lo expresó este sábado en Barcelona. Sánchez, que logró subir la temperatura de una militancia socialista que se ha visto arrinconada en los últimos años en Cataluña, --se inició la carrera de Jaume Collboni a la alcaldía de la capital catalana-- lanzó diversos mensajes a todos sus adversarios políticos. Fue el inicio de una campaña electoral larga, de cara al 26 de mayo, donde el PSOE se jugará buena parte de su poder: en municipios y comunidades autónomas, donde, aunque pueda conseguir buenos resultados, puede quedar desalojado de alcaldías y de presidencias autonómicas en beneficio de los acuerdos entre PP y Ciudadanos, y, según en qué territorios, con la ayuda suplementaria de Vox.
Sólo Sánchez convoca las elecciones
Ese es el problema principal ahora del socialismo: concretarse en las elecciones de mayo, y ver, en ese lapso, cómo se lidia con el independentismo, con los presupuestos de 2019 en el aire. Sánchez quiere que el PDeCAT y ERC los apruebe. No es un farol. Si tuviera ese voto tendría la pista libre hasta 2020. Pero si el independentismo se desmarca, el relato ya está creado, siempre y cuando, eso sí, se produzca una relación de pacto llevadero para aprobar lo que sea conveniente en el Congreso.
CRÓNICA GLOBAL ILUSTRACIÓN (1)
Pese a todo, hay una cuestión que sólo depende de Sánchez. “Tiene el poder de firmar, él sólo, el decreto de convocatoria de las elecciones”, según un dirigente socialista. ¿Que llueve, que las pullas y los gritos de PP y Ciudadanos suben de tono? No pasa nada, se quiere seguir adelante. La frase que ilustra la posición de Sánchez la pronunció en Barcelona: “Que Casado y Rivera esperen sentados hasta 2020”.
Inversión, pese al TC
El mensaje para el independentismo es más claro. En los presupuestos para 2019 se recupera la disposición tercera del Estatut, y el Estado invertirá el 18% de la inversión pública territorializada en Cataluña. Lo hace con otras autonomías, como Andalucía o Valencia, que recogían en sus estatutos las mismas peticiones. Para el PDeCAT y ERC la decisión no tiene mucho valor, porque “se trata de un cumplimiento”, en palabras del diputado postconvergente, Ferran Bel.
Pero no es así exactamente. La disposición tercera se la cargó el Tribunal Constitucional con su sentencia de 2010. Consideró que no era de “obligado cumplimiento” para el gobierno español. Es decir, quien recupera el pacto político, lo que se acordó en el Estatut, es Pedro Sánchez. Y eso el Gobierno y el PSC en particular, lo destacará a partir de ahora con claridad. ¿No es eso un cambio importante respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años? ¿No llegará eso al ciudadano catalán? Esa es la tesis del Gobierno y del PSC.
La derecha "voxonera"
Al margen de esa circunstancia, los presupuestos recuperan un fuerte contenido social, que, con los números en la mano, los dos partidos independentistas saben que no pueden rechazar. ¿Pero, y si lo hacen?
Sánchez considera que ha logrado tejer un relato sólido: frente a los partidos de la derecha, que calificó como los partidos del “voxonaro”, jugando con las palabras de Vox y del nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, y frente al independentismo. Pero también es consciente el jefe del Ejecutivo que en España se está definiendo un mapa que lo puede condicionar todo: el PSOE, con la necesidad de llegar a acuerdos con Podemos, y en colaboración con los partidos nacionalistas catalanes y vascos, en una especie de pacto con la periferia. Delante, PP, Ciudadanos y Vox, como si fuera una especie de reedición de la CEDA, los partidos de derecha de los años treinta.
Gobernar ya en Cataluña
Por ello, el tono conciliador con el independentismo fue claro, sin evitar un reproche seco y duro: “Ya va siendo hora de que se gobierne en Cataluña y se atienda los problemas de la sociedad catalana”. Con ello, Sánchez constató que lo mejor para las dos partes, y para intentar solucionar el problema político de fondo –pendiente de forma determinante del juicio a los políticos presos—es ganar tiempo, e intentar agotar la legislatura. Gobiernos en Madrid y en Barcelona, tiempo para acercar posiciones, bajar la temperatura, y esperar la sentencia del juicio, y ver qué se podrá hacer a partir de ese momento. ¿Quiere el independentismo jugar a esa carta?
Sí quiere buena parte de la dirección del PDeCAT. Sí lo desea la mayoría de Esquerra Republicana, con su consejero de Economía, Pere Aragonès, intentando convencer a todos sus diputados en el Congreso cada semana. Los presupuestos del Estado son necesarios para la Generalitat, y, a su vez, podrían facilitar la aprobación de las cuentas de la Generalitat en el Parlament, con un PSC dispuesto a ello. Pero hay dificultades serias. El independentismo no se atreve a aterrizar del todo, teme a su núcleo duro, y, principalmente, a Carles Puigdemont, que necesita una salida política y personal, y no la tiene desde que huyó a Bruselas. Ese es el principal escollo.
Los 'neocon' acechan
La baza de Sánchez, sin embargo, es contundente y gráfica. Hay un abismo, hay una España que no quiere acercarse a ningún postulado del independentismo, que cree que, en realidad, se ha ido demasiado lejos con el estado de las autonomías. Y puede llegar al poder con cierta facilidad: el PP de Pablo Casado ha recuperado el ideario ‘neocon’ de José María Aznar; Ciudadanos busca el poder, y Vox aprieta, como el ala de extrema derecha que el PP tenía en su seno. Todo eso no es una quimera. Puede organizarse y gobernar, como lo hará ahora en Andalucía.
El vicepresidente del Parlament, Roger Torrent, una de las promesas de Esquerra Republicana, considera que nadie en el independentismo es partido del “cuanto peor mejor”, pero el miedo a aterrizar rápido, y dejar de decir que se está construyendo la República es demasiado grande.
¿Tramitar y ya está?
Está en manos de PDeCAT y de ERC, que pueden, por ahora, llegar a una primera conclusión: permitir la tramitación de los presupuestos, que se abordará el 12 y 13 de febrero en el Congreso. Eso se llamaría comprar tiempo, para todos, aunque luego el voto será contrario.
Para Sánchez y para el independentismo puede ser el mejor guion. Porque lo que viene es malo para los dos. Y lo saben.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/sanchez-empuja-independentismo-abismo-derecha_213687_102.html
Les Coves de Vinromà celebra la tradición de Sant Antoni con los animales y el fuego como protagonistas
La Plana al Dia | Les Coves de Vinromà | General | 12-01-2019
Les Coves de Vinromà celebra la tradición de Sant Antoni con los animales y el fuego como protagonistas
La entrada del ròssec por los jinetes y caballos de la Asociación Colla de Cavallistes
ha sido uno de los momentos más espectaculares de la fiesta
Les Coves de Vinromà ha celebrado la festividad de Sant Antoni en una jornada multitudinaria
marcada por las tradiciones ligadas al fuego y a los animales, y por la elevada participación de las
asociaciones locales.
La entrada del ròssec por el Raval de València ha sido uno de los momentos más espectaculares de
la fiesta, ya que los jinetes y caballos de la Colla de Cavallistes han exhibido su habilidad para
conducir los animales y la carga hasta la Plaza España, donde por la tarde se ha prendido fuego a la
hoguera.
Además de agradecer el calor del fuego, los asistentes han podido bendecir a sus animales y
degustar los dulces típicos de esta celebración. Asimismo, se han repartido más de 1.200 coquetes
elaboradas por la Amas de Casa, que han sido acompañadas por un vaso de chocolate caliente y
melindros.
La fiesta ha continuado por la noche en la Pista Ravaleta, donde la Asociación Juventud Covarxina
ha organizado un sopar de pa i porta y una discomóvil.
La colaboración del Ayuntamiento, la Caixa Rural, las Amas de Casa, la Asociación Juventud
Covarxina y la Asociación de Jubilados se ha sumado a la organización de la fiesta, a cargo de la
Colla de Cavallistes.
https://www.laplanaaldia.com/les-coves-de-vinroma/noticias/180872/les-coves-de-vinroma-celebra-la-tradicion-de-sant-antoni-con-los-animales-y-el-fuego-como-protagonistas
Les Coves de Vinromà celebra la tradición de Sant Antoni con los animales y el fuego como protagonistas
La entrada del ròssec por los jinetes y caballos de la Asociación Colla de Cavallistes
ha sido uno de los momentos más espectaculares de la fiesta
Les Coves de Vinromà ha celebrado la festividad de Sant Antoni en una jornada multitudinaria
marcada por las tradiciones ligadas al fuego y a los animales, y por la elevada participación de las
asociaciones locales.
La entrada del ròssec por el Raval de València ha sido uno de los momentos más espectaculares de
la fiesta, ya que los jinetes y caballos de la Colla de Cavallistes han exhibido su habilidad para
conducir los animales y la carga hasta la Plaza España, donde por la tarde se ha prendido fuego a la
hoguera.
Además de agradecer el calor del fuego, los asistentes han podido bendecir a sus animales y
degustar los dulces típicos de esta celebración. Asimismo, se han repartido más de 1.200 coquetes
elaboradas por la Amas de Casa, que han sido acompañadas por un vaso de chocolate caliente y
melindros.
La fiesta ha continuado por la noche en la Pista Ravaleta, donde la Asociación Juventud Covarxina
ha organizado un sopar de pa i porta y una discomóvil.
La colaboración del Ayuntamiento, la Caixa Rural, las Amas de Casa, la Asociación Juventud
Covarxina y la Asociación de Jubilados se ha sumado a la organización de la fiesta, a cargo de la
Colla de Cavallistes.
https://www.laplanaaldia.com/les-coves-de-vinroma/noticias/180872/les-coves-de-vinroma-celebra-la-tradicion-de-sant-antoni-con-los-animales-y-el-fuego-como-protagonistas
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