Con el soniquete de la Lotería, las compras navideñas, los mensajes de felicitación y las cenas y comidas familiares propias de esta época, ha pasado de forma desapercibida la confirmación de la sanción por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cerca de diecinueve millones de euros a la Comunidad Valenciana, por la manipulación de las cuentas de la Generalitat durante el Gobierno del Partido Popular. Un fraude en toda regla, que supuso la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda de la Generalitat. No es un tema baladí, con esa cantidad de dinero que ahora tenemos que pagar los valencianos, se pueden construir cinco Colegios Públicos o cinco Centros de Salud, lo que ustedes quieran. Ni una sola voz del Partido Popular se ha levantado ante un tema tan trascendente, cuando la autocrítica y la investigación de este tipo de hechos, compete a todos.
Se nos dirá que ese dinero ya lo adelantó el Gobierno de España, sí, es cierto, en noviembre de 2016, pero ha sido descontado de las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda a la Comunidad Valenciana dentro del modelo de financiación autonómica, más conocido como entregas a cuenta. Y no podremos repercutírselas a ese Gobierno de España, ya que en su día ya dictó sentencia del Tribunal Supremo que desestimo el recurso del actual Gobierno de la Generalitat, que responsabilizando única y exclusivamente de su pago a la Comunidad Valenciana por las negligencias de Intervención General de la Generalitat, durante el Gobierno del Partido Popular.
Y todo esto en el contexto de la infrafinanciación que sufrimos los valencianos, que junto a la discriminación en las inversiones territorializadas de la Administración central del Estado, son causa y origen de los déficits de nuestra economía, por lo que abonar diecinueve millones de euros es un lastre más que tiene que asumir el actual Gobierno de la Generalitat.
Principalmente los hechos ocurrieron durante el Gobierno de Francisco Camps, involucrado en otras corruptelas, pero inmune a todas ellas, como si la cosa no fuera con él. Seguramente, si le preguntásemos dirá no conocer nada, que eso es un problema del personal de la Intervención General de la Generalitat, craso error. Las distintas instituciones de la Generalitat no hacen sino cumplir las órdenes e instrucciones de quienes mandan sobre ellos y, en última instancia existe una responsabilidad política que es innegable, para quien como Molt Honorable, es Consejero nato del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, percibe un salario por ello, cuenta con despacho propio, chófer y secretaria personal.
Exijamos responsabilidades y entone a quien le corresponde un “mea culpa” al menos, por una sanción de tal calado para la Comunidad Valenciana.
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