29 OCT. 2017 03:03
El pasado 27 de octubre, el independentismo catalán consumó, con la votación de una Declaración Unilateral de Independencia, la fractura social de Cataluña. Lo hizo, formalmente, dando continuidad a una huida hacia ninguna parte, que se inició con la suspensión de la legalidad estatutaria y constitucional. Y materialmente, abriendo una brecha emocional en una tierra, Cataluña, que no se entiende sin España, del mismo modo en que no cabe imaginar una España sin Cataluña.
A lo largo de estos meses, el señor Puigdemont y el bloque secesionista han violentado las normas esenciales de la convivencia democrática en España. Instaurando, de facto, una legalidad paralela construida sobre la ficción de una soberanía mutilada que olvida la pluralidad de la sociedad catalana y en la que se ha llegado a identificar quien tenía o no la condición de Pueblo de Cataluña; quién era más o menos catalán en función de su afinidad con el independentismo.
Los socialistas hemos sido plenamente conscientes del lugar que debíamos ocupar en este momento al que se llega por la irresponsabilidad de quienes han negado cualquier espacio para el entendimiento y las legítimas aspiraciones de un mejor encaje de Cataluña en el marco constitucional vigente.
Aspiraciones superadas por la decisión del independentismo de circunscribir cualquier vía de diálogo al reconocimiento, como único propósito del mismo, del cómo y el cuándo articular una secesión. Algo inaceptable no sólo desde el punto de vista de la legalidad constitucional, sino también desde el sentido común, en tanto en cuanto implica fracturar y dividir a una sociedad rica y plural como la catalana al tiempo que lo único que garantiza es un escenario de grave inestabilidad social y económica.
Sabíamos que, con independencia de lo mucho que nos separa del actual Gobierno, teníamos que estar a la altura de lo que nuestro historial al servicio de la democracia y de la convivencia siempre exigió de nosotros. A la altura del legado histórico del que somos depositarios, no sólo como socialistas, sino como españoles que nunca renegaron de una idea, la de una España democrática y plural, en forma de Estado social y democrático de Derecho.
Son las mismas convicciones progresistas las que han estado presentes en mi decisión de estar a la altura de lo que se espera de una organización que cree firmemente en una España mejor, unida en la diversidad lingüística y cultural y que ha encontrado en su vocación profundamente europeísta la senda de una modernidad que tantas veces nos fue arrebatada en la Historia.
Una España que se democratizó al mismo tiempo que se descentralizaba para promover el autogobierno en el modelo autonómico, en el que siempre hemos creído los socialistas. Una España en la que nunca más, como tantas veces con anterioridad en nuestra Historia, mayorías coyunturales tuvieran la tentación de iniciar, por la vía de los hechos consumados, procesos de ruptura y división de la sociedad.
Los socialistas, en esta hora grave para nuestro país, reiteramos nuestra lealtad al Estado de derecho desde la convicción de que representamos a una izquierda de gobierno que niega la existencia de causas progresistas en el secesionismo.
Y lo hacemos conscientes de lo mucho que conquistamos desde que la senda constitucional de 1978 abrió una etapa de progreso social y modernización económica para nuestro país que culminó con el ingreso en la Unión Europea.
Es la autoridad moral que nos da el ser la única fuerza política que ha gobernado en todas las comunidades autónomas de España, o el ser el único actor político que subsiste como tal de cuantos participaron en el consenso de 1978, la que nos ha guiado a través de la idea de que una reforma de nuestra Constitución es una vía que merece ser tenida en cuenta en este momento.
Conscientes de que, además de por la necesidad de revaluar nuestro modelo territorial, son muchas las razones que concurren para renovar un gran acuerdo de convivencia que identifique a la España de nuestro tiempo. A la España en la que una nueva generación de ciudadanos tiene el derecho a insertar su propia impronta.
Hoy compartimos el desasosiego, la inquietud y la tristeza de millones de ciudadanos ante los hechos acaecidos no sólo desde el viernes, sino desde el origen de este viaje a ninguna parte que sólo genera incertidumbre y que enfrenta, por encima de todo, a catalanes contra catalanes.
En este contexto, queremos hacer un llamamiento a la serenidad.
Desde la convicción de que la puesta en funcionamiento de los mecanismos previstos al amparo del artículo 155 de la Constitución deben tener como objetivo esencial la restauración del marco constitucional y estatutario en Cataluña, sustituidos por una política de hechos consumados que sólo garantiza el sufrimiento desde el unilateralismo de quien se arroga el derecho de interpretar a su voluntad la voz de todos los catalanes.
Dicho escenario, como siempre hemos defendido los socialistas, tenía como fin último la convocatoria de unas elecciones autonómicas que, finalmente, tendrán lugar el próximo 21 de diciembre.
Estuvo en la mano del señor Puigdemont la posibilidad de convocar, en el marco de sus potestades, dichos comicios. Era una puerta a la esperanza que el PSOE ayudó a mantener entreabierta con una enmienda, en el trámite parlamentario del Senado, destinado a reconsiderar la puesta en funcionamiento del mecanismo contemplado en el artículo 155. Un mecanismo que, dicho sea de paso, se incardina en el contexto del derecho comparado como una respuesta homologable a la que incluyen en sus ordenamientos jurídicos democracias consolidadas de nuestro entorno.
Corresponde al independentismo, y muy particularmente a quien ejerció hasta el viernes las funciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, evaluar ante su pueblo y ante la historia si estuvo a la altura de la esperanza que, entre otras iniciativas, la oferta del PSOE mantuvo abierta durante la mañana del pasado jueves 26 de octubre y que permitió vislumbrar una salida que alivió durante unas horas a una mayoría de ciudadanos.
En democracia, el ejercicio del poder corresponde a la lógica de los votos. Pero nunca, bajo ningún concepto, un gobernante debe abdicar de la idea de que ejerce dicho poder no pensando exclusivamente en quienes le apoyan electoralmente, sino en el conjunto de la sociedad. Y el señor Puigdemont hace mucho tiempo que olvidó esta máxima para convertirse en un político al servicio de sólo una parte de la sociedad catalana.
Las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre representan una nueva oportunidad. Una nueva esperanza para que se imponga la cordura y evitemos, entre todos, un sufrimiento absolutamente innecesario, cuyas consecuencias padecen, con mayor virulencia quienes ven en riesgo sus puestos de trabajo o sus pequeños negocios, a causa de la irresponsabilidad de quienes han arrastrado al pueblo catalán a un abismo.
Es el momento de la democracia. De dar la voz al pueblo cuyo nombre invocan quienes prefieren el unilateralismo al acuerdo; la fractura a la cohesión; el enfrentamiento a la reconciliación.
Precisamente en la tarea de la reconciliación, que empieza hoy mismo, estará el PSOE. De la mano, como siempre, del PSC, en cuya relación política, la izquierda española tiene la garantía de la pervivencia de los lazos tejidos a lo largo de una historia común que jamás podrán borrar aquéllos que apelan a la democracia desde la escenografía de un Parlament medio vacío o el silencio de la Cataluña que nos une, y sin la que España no se puede ni entender ni reconocerse a sí misma.
Pedro Sánchez es secretario general del PSOE.
