dijous, 3 de maig del 2018
La demotanàsia preocupa als alcaldes i concejals del PSPV-PSOE de l´Alt Millars
Reunión en Montanejos convocada por los alcaldes y concejales del PSPV-PSOE en el Alto Mijares
POLÍTICA - PCASTELLON 03/05/2018 | ELPERIODIC.COM
La diputada autonómica del PSPV-PSOE, Sabina Escrig, el diputado provincial e integrante de la Ejecutiva Provincial del partido, José Manuel Navarrro, y el responsable provincial de Impulso Comarcal, Juan Miguel Salvador, se han desplazado hasta Montanejos para abordar la problemática del abandono que sufren los pueblos de interior.
Ha sido un encuentro con alcaldes y concejales del PSPV-PSOE del Alto Mijares, con el que los ediles han querido llamar la atención de las instituciones de rango superior para que a la comarca lleguen las inversiones que se necesitan desde hace mucho tiempo.
En este sentido, la diputada autonómica, Sabina Escrig, ha mostrado la disposición de los representantes institucionales del PSPV-PSOE de “hacer cuantas gestiones estén en nuestra mano para llevar a buen puerto tan justas reivindicaciones.”
A ello se han comprometido ante el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas; el de Cortes, Javier Vilau; el alcalde de Zucaina, José María Ibáñez; el alcalde de Fuente la Reina, Francisco García; el concejal de Torralba, Fernando Barrachina, y los concejales de Cirat, Juan Antonio Granell y Vicenta Viruela.
El diputado provincial, José Manuel Navarro, cree que “en tiempos como los actuales, en los que tanto se habla de la despoblación en el interior, cuando se imprimen titulares con mayúsculas en los que se usa y abusa del términos como ‘Repoblem’, es una evidencia que los ciudadanos y ciudadanas que residen en el Alto Mijares no gozan de la igualdad de oportunidades que sería deseable”.
Y ésta, añade Navarro, “es una tarea en la que deben implicarse todos los actores, incluidos los muchos alcaldes que tiene el Partido Popular en la zona, que deberían hacer mucha más presión ante la Diputación que gobierna el propio PP.”
Porque en su opinión, “aunque el equipo de gobierno de la Diputación llama a cualquier cosa que hace ‘lucha contra la despoblación’, hemos de decir que ahora están haciendo lo mismo que vienen realizando desde hace muchos años, y aunque ahora lo llaman ‘Repoblem’, seguimos sin generar ningún efecto a la lacra de la despoblación.
Los socialistas “vamos a trabajar intensamente para que la voz del Alto Mijares llegue a todas las administraciones y para que Diputación, Generalitat y Gobierno central actúen conjuntamente para dar una respuesta satisfactoria al déficit de inversiones que sufre la comarca.”
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/562935_reuni%C3%B3n-montanejos-convocada-alcaldes-concejales-pspv-psoe-alto-mijares.html
Segons Cristóbal Montoro, Miguel Arias Cañete és embustero i garramós
LA CAUSA DESVELA QUE CAÑETE MINTIÓ AL CONGRESO
La penúltima de Montoro: 'cazó' a Cañete en una inspección de renta cuando era ministro
Un tribunal ratifica que el hoy comisario fingió trabajar en Ceuta para ahorrar 15.000 euros en la renta. Revela que mintió al Congreso porque trató con la Administración siendo diputado
Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro, en el Congreso. (EFE)
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RAFAEL MÉNDEZ
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mendezrafael
TIEMPO DE LECTURA 10 min
03.05.2018 – 05:00 H.
Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete no son precisamente amigos. Pese a haber compartido banco azul del Gobierno con Aznar y Rajoy, sus diferencias son evidentes. Hay motivos ocultos para ello. En 2013, cuando ambos compartían cartera en el Gobierno de Rajoy, la Agencia Tributaria abrió inspección a Cañete sobre su declaración de la renta de 2011, justo el año en que entró en el Ejecutivo. Hacienda concluyó que Cañete había simulado gastos en Ceuta, donde tiene su petrolera y que goza de un régimen fiscal favorable, cuando en realidad trabajaba desde Jerez. Hacienda le obligó a pagar los 15.451 euros que se había ahorrado. El hoy comisario europeo recurrió a la Justicia, que el pasado 7 de febrero dio la razón a Hacienda. La causa desvela que siendo diputado Cañete negociaba con cargos de Ceuta en nombre de su empresa, en contra de lo que declaró al Congreso. La Agencia Tributaria abrió investigación también a la mujer de Cañete y sus empresas.
El 20 de febrero de 2013, en la semana en que el caso Bárcenas amenazaba a Rajoy, la Agencia Tributaria abrió una inspección a Arias Cañete por el IRPF de 2011. El entonces ministro de Agricultura, un 'pata negra' del PP próximo a Rajoy, fue requerido para, entre otras cosas, justificar "la deducción por rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla, aportando certificado de residencia". Antes de que en diciembre de 2011 Rajoy eligiera a Cañete como ministro, este presidía y era accionista de Petrolífera Ducar, con sede en Ceuta, una empresa que almacena combustible para los buques que cruzan el Estrecho. Se trata de una firma de su familia política controlada desde una empresa pantalla en Holanda —Havorad BV— y que a su vez tiene accionistas desconocidos en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Cañete mantuvo sus acciones siendo ministro, pero tuvo que venderlas —sin decir a quién— en 2014 a petición de la Eurocámara al ser nombrado comisario.
https://www.ecestaticos.com/file/5cc1b4043bb5ace2b556b8838803f568/1525304415.pdf
Pinche para leer la sentencia.
Hacienda consideraba que Cañete se había deducido ingresos por actividades en Ceuta cuando su despacho lo tenía en Jerez de la Frontera (Cádiz), de donde es la familia Domecq, una de las grandes fortunas de Andalucía y a la que pertenece su esposa, Micaela Domecq. "No queda probado que el asesoramiento general, diario y personal se haya realizado en Ceuta. No queda probado que las operaciones ni los servicios profesionales se hayan prestado en la antedicha ciudad", concluyó la inspección, según explica una sentencia posterior que desestima el recurso de Arias Cañete. La ley del IRPF establece que las rentas obtenidas en Ceuta tendrán una deducción del 50%.
El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, el órgano de la propia Hacienda para dirimir diferencias antes de acudir a la Justicia, ratificó en 2016 -ya con Arias Cañete de comisario- la decisión de la inspección: "La documentación aportada prueba la prestación de servicios de asesoramiento jurídico sobre las modificaciones del planeamiento urbanístico de Ceuta que incluía negociaciones con la presidencia de la ciudad autónoma, prueba también la realización de negociaciones con la Autoridad Portuaria con la finalidad de ampliar las instalaciones de la compañía en la zona portuaria. Sin embargo, el interesado tiene su despacho profesional en Jerez de la Frontera y, por consiguiente, no es razonable pensar que el 100% de los trabajos realizados para la prestación de los referidos servicios se llevaran a cabo desde Ceuta sin intervención alguna de los medios materiales y personales que tienen su sede en Jerez de la Frontera".
Cañete aportó testimonios de cargos del PP de Ceuta para sostener que negoció para su empresa en la ciudad autónoma cuando era diputado
Arias Cañete podía haber pagado entonces los 14.661 euros de cuota y 790 euros de intereses de demora y el caso difícilmente se habría conocido. Pero el hoy comisario de Energía y Clima decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alegó que la empresa solo opera en Ceuta y que por lo tanto él trabajaba allí y que tenía derecho a las ventajas fiscales de la ciudad autónoma aunque no residiera allí. Añadió que "el interés nacional que persigue el legislador es el de la utilización del servicio profesional en Ceuta, atendiendo a las dificultades derivadas de una peculiar situación geográfica y a la necesidad de compensar circunstancias adversas, para así propiciar el desarrollo económico y social de esta ciudad autónoma, pues el beneficio fiscal está orientado a incentivar tanto la residencia en Ceuta como el establecimiento de empresas en esa ciudad o el desplazamiento de profesionales y trabajadores desde el resto del territorio nacional a esa plaza extrapeninsular".
En su defensa, Arias Cañete tiró de contactos en la ciudad autónoma, una plaza que conoce bien desde que al principio de su carrera fue destinado como abogado del Estado a Cádiz, desde donde se llevaba el trabajo en Ceuta. El entonces ministro presentó un certificado del presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado López, dependiente de Fomento, según el cual "en 2011 el recurrente realizó ante la Autoridad Portuaria de Ceuta tareas de asesoramiento jurídico, dirigidas a desarrollar las posibilidades de ampliación de Petrolífera Ducar en los nuevos desarrollos portuarios". Este fue el que firmó en 2016 la ampliación de la concesión hasta 2032.
Hacienda y la Justicia consideran que trabajó desde Jerez, por lo que no tenía derecho a la deducción del 50% del régimen fiscal de la ciudad autónoma
La documentación que cita la sentencia, del pasado 7 de febrero, revela que mientras era diputado de la oposición en el Congreso, Cañete hacía gestiones a favor de su empresa en Ceuta negociando con cargos populares en la ciudad autónoma. También presentó en su defensa un informe de Susana Román Bernet, consejera de Fomento de Ceuta, según el cual Arias Cañete mantuvo "reuniones de trabajo en la sede de la presidencia de la ciudad con la intención de estudiar las posibilidades y determinaciones del traslado de las instalaciones de almacenamiento de combustible propiedad de Petrolífera Ducar". Román Bernet era en 2011 consejera de Juventud, por lo que difícilmente pudo reunirse con Cañete en ese año sobre la petrolera.
Además, siendo ministro consiguió otro apoyo relevante, el del consejero de Relaciones con otras Administraciones de Ceuta, el popular Francisco Márquez, que entonces era diputado en el Congreso y afirmó por escrito en ayuda de Cañete que este "realizó diversos desplazamientos a la ciudad de Ceuta, manteniendo relaciones de trabajo para estudiar las posibilidades y determinaciones del traslado de las instalaciones de almacenamiento de combustible". Según la defensa de Cañete, sus trabajos en Jerez habrían sido "de carácter secundario, accesorio, de escasa relevancia o prescindibles". Además, desvela que en las declaraciones de la renta de 2009 y 2010, la delegación de Hacienda en Jerez ya cazó a Cañete, pero que este logró anularlas en el tribunal administrativo de Andalucía.
Esos informes reafirman que Arias Cañete mintió al Congreso. En su registro de intereses, declaró que al ser nombrado ministro dimitió como presidente de Petrolífera Ducar. Señalaba que era una "compañía dedicada al almacenamiento y suministro de combustibles a buques en la ciudad autónoma de Ceuta, sin ninguna relación con el sector público". En la legislatura anterior, el Congreso le autorizó la compatibilidad para presidir Ducar pero "aclarando que dicha compañía no tiene relación con el sector público ni directa ni indirectamente". Eso choca frontalmente con lo aportado para el pleito contra Hacienda. Ducar funcionaba gracias a una concesión administrativa que fue prorrogada y además, como demuestran los testimonios aportados por Cañete, siendo diputado él negociaba con cargos públicos como presidente de la empresa.
El caso tiene todo el morbo. A Cañete le contestó la Abogacía del Estado —el cuerpo al que él mismo pertenece, pero del que lleva en excedencia 30 años— insistiendo en que si el despacho estaba en Jerez, "no es razonable pensar que el 100% de los trabajos realizados para la prestación de los referidos servicios se llevaran a cabo desde Ceuta sin intervención alguna de los medios materiales y personales situados en Jerez de la Frontera". Señaló además que en el expediente no hay "ni un contrato de servicios profesionales, ni una factura que permita determinar con certeza qué parte de los servicios se consideran efectivamente prestados en Ceuta y qué parte de los mismos se consideran prestados desde Jerez".
Arias Cañete con su esposa, Micaela Domecq. (EFE)
La sentencia, de la que ha sido ponente José Ignacio Zarzalejos Burguillo, le da la vuelta al argumento de Cañete de que la tecnología le permitía trabajar desde Ceuta aunque tuviese el despacho en Jerez: "Esa libertad de elección del lugar de trabajo conlleva que no tenía que desplazarse a Ceuta para realizar sus servicios de asesoramiento a la entidad Petrolífera Ducar". El tribunal señala que no comparte el criterio del tribunal económico de Andalucía para anular el acta de la inspección de 2010.
Ducar es a la vez el imperio y la china en el zapato para Cañete. Es una sociedad controlada por la familia Domecq en la que Cañete tiene un papel fundamental. En 2011, Cañete declaró que había percibido 95.590 euros como abogado más 22.500 euros por su retribución en los consejos de administración. También tenía acciones de Ducar valoradas en 165.120 euros, y en 160.979 euros de la sociedad espejo en Canarias, Petrologis Canarias. Hacienda abrió inspecciones a estas sociedades por sus vínculos 'offshore', aunque una de ellas informó en sus cuentas de que había salvado el acta sin problema. Hacienda rastrea todo el entramado porque el principal accionista de Petrologis y de Ducar es Havorad BV, una sociedad holandesa que Hacienda califica como pantalla, que a su vez lleva a las Antillas holandesas, por lo que es imposible conocer realmente quién es el dueño de la empresa y quién puso a Cañete como presidente.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-20/fiscalia-querella-mujer-jesus-posada-blanca-de-la-mata-varma_1551262/
Fiscalía se querella contra la mujer de Posada por delito fiscal al repatriar 5,8 millones
RAFAEL MÉNDEZ
La Fiscalía va contra Blanca de la Mata y cuatro familiares por operaciones "simuladas" para repatriar dinero "de origen desconocido". La empresa Varma figuraba en Panamá y Malta
Además, Hacienda requirió en noviembre pasado a La Sexta y El Confidencial documentación por la aparición de la esposa de Cañete en los papeles de Panamá. Entre la documentación del despacho panameño de Mossack Fonseca, obtenida por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), figuraba la firma Rinconada Investments, con sede en Panamá. Es una firma en la que aparecían los hermanos Domecq Solís. Rinconada —el nombre de una de las ganaderías de Domecq— fue creada el 18 de noviembre de 2005 y gestionaba cuatro cuentas corrientes de numeración casi correlativa en una filial suiza de Deutsche Bank. Ese año, entró en vigor una directiva europea que impedía a los bancos suizos ocultar los titulares de sus cuentas a la UE. Lo que hicieron entonces muchos depositantes fue transferir la titularidad a sociedades 'offshore'.
Fuentes conocedoras del Gobierno destacan la mala relación entre Montoro y Cañete, especialmente a partir de 2012. Esto coincide con el rosario de inspecciones que Hacienda ha abierto a Cañete y su entorno empresarial y familiar. La doctrina que expresó Montoro al dimitir José Manuel Soria como ministro no casa bien con los lazos de Cañete: "Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno". Por entonces, Cañete ya estaba en Bruselas de comisario y salvó comisiones de guante blanco sobre sus negocios. Al fin y al cabo, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo, había sobrevivido al escándalo de LuxLeaks.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-05-03/montoro-arias-canete-hacienda-irpf-ducar-ceuta_1554955/
La penúltima de Montoro: 'cazó' a Cañete en una inspección de renta cuando era ministro
Un tribunal ratifica que el hoy comisario fingió trabajar en Ceuta para ahorrar 15.000 euros en la renta. Revela que mintió al Congreso porque trató con la Administración siendo diputado
Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro, en el Congreso. (EFE)
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03.05.2018 – 05:00 H.
Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete no son precisamente amigos. Pese a haber compartido banco azul del Gobierno con Aznar y Rajoy, sus diferencias son evidentes. Hay motivos ocultos para ello. En 2013, cuando ambos compartían cartera en el Gobierno de Rajoy, la Agencia Tributaria abrió inspección a Cañete sobre su declaración de la renta de 2011, justo el año en que entró en el Ejecutivo. Hacienda concluyó que Cañete había simulado gastos en Ceuta, donde tiene su petrolera y que goza de un régimen fiscal favorable, cuando en realidad trabajaba desde Jerez. Hacienda le obligó a pagar los 15.451 euros que se había ahorrado. El hoy comisario europeo recurrió a la Justicia, que el pasado 7 de febrero dio la razón a Hacienda. La causa desvela que siendo diputado Cañete negociaba con cargos de Ceuta en nombre de su empresa, en contra de lo que declaró al Congreso. La Agencia Tributaria abrió investigación también a la mujer de Cañete y sus empresas.
El 20 de febrero de 2013, en la semana en que el caso Bárcenas amenazaba a Rajoy, la Agencia Tributaria abrió una inspección a Arias Cañete por el IRPF de 2011. El entonces ministro de Agricultura, un 'pata negra' del PP próximo a Rajoy, fue requerido para, entre otras cosas, justificar "la deducción por rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla, aportando certificado de residencia". Antes de que en diciembre de 2011 Rajoy eligiera a Cañete como ministro, este presidía y era accionista de Petrolífera Ducar, con sede en Ceuta, una empresa que almacena combustible para los buques que cruzan el Estrecho. Se trata de una firma de su familia política controlada desde una empresa pantalla en Holanda —Havorad BV— y que a su vez tiene accionistas desconocidos en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Cañete mantuvo sus acciones siendo ministro, pero tuvo que venderlas —sin decir a quién— en 2014 a petición de la Eurocámara al ser nombrado comisario.
https://www.ecestaticos.com/file/5cc1b4043bb5ace2b556b8838803f568/1525304415.pdf
Pinche para leer la sentencia.
Hacienda consideraba que Cañete se había deducido ingresos por actividades en Ceuta cuando su despacho lo tenía en Jerez de la Frontera (Cádiz), de donde es la familia Domecq, una de las grandes fortunas de Andalucía y a la que pertenece su esposa, Micaela Domecq. "No queda probado que el asesoramiento general, diario y personal se haya realizado en Ceuta. No queda probado que las operaciones ni los servicios profesionales se hayan prestado en la antedicha ciudad", concluyó la inspección, según explica una sentencia posterior que desestima el recurso de Arias Cañete. La ley del IRPF establece que las rentas obtenidas en Ceuta tendrán una deducción del 50%.
El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, el órgano de la propia Hacienda para dirimir diferencias antes de acudir a la Justicia, ratificó en 2016 -ya con Arias Cañete de comisario- la decisión de la inspección: "La documentación aportada prueba la prestación de servicios de asesoramiento jurídico sobre las modificaciones del planeamiento urbanístico de Ceuta que incluía negociaciones con la presidencia de la ciudad autónoma, prueba también la realización de negociaciones con la Autoridad Portuaria con la finalidad de ampliar las instalaciones de la compañía en la zona portuaria. Sin embargo, el interesado tiene su despacho profesional en Jerez de la Frontera y, por consiguiente, no es razonable pensar que el 100% de los trabajos realizados para la prestación de los referidos servicios se llevaran a cabo desde Ceuta sin intervención alguna de los medios materiales y personales que tienen su sede en Jerez de la Frontera".
Cañete aportó testimonios de cargos del PP de Ceuta para sostener que negoció para su empresa en la ciudad autónoma cuando era diputado
Arias Cañete podía haber pagado entonces los 14.661 euros de cuota y 790 euros de intereses de demora y el caso difícilmente se habría conocido. Pero el hoy comisario de Energía y Clima decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alegó que la empresa solo opera en Ceuta y que por lo tanto él trabajaba allí y que tenía derecho a las ventajas fiscales de la ciudad autónoma aunque no residiera allí. Añadió que "el interés nacional que persigue el legislador es el de la utilización del servicio profesional en Ceuta, atendiendo a las dificultades derivadas de una peculiar situación geográfica y a la necesidad de compensar circunstancias adversas, para así propiciar el desarrollo económico y social de esta ciudad autónoma, pues el beneficio fiscal está orientado a incentivar tanto la residencia en Ceuta como el establecimiento de empresas en esa ciudad o el desplazamiento de profesionales y trabajadores desde el resto del territorio nacional a esa plaza extrapeninsular".
En su defensa, Arias Cañete tiró de contactos en la ciudad autónoma, una plaza que conoce bien desde que al principio de su carrera fue destinado como abogado del Estado a Cádiz, desde donde se llevaba el trabajo en Ceuta. El entonces ministro presentó un certificado del presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado López, dependiente de Fomento, según el cual "en 2011 el recurrente realizó ante la Autoridad Portuaria de Ceuta tareas de asesoramiento jurídico, dirigidas a desarrollar las posibilidades de ampliación de Petrolífera Ducar en los nuevos desarrollos portuarios". Este fue el que firmó en 2016 la ampliación de la concesión hasta 2032.
Hacienda y la Justicia consideran que trabajó desde Jerez, por lo que no tenía derecho a la deducción del 50% del régimen fiscal de la ciudad autónoma
La documentación que cita la sentencia, del pasado 7 de febrero, revela que mientras era diputado de la oposición en el Congreso, Cañete hacía gestiones a favor de su empresa en Ceuta negociando con cargos populares en la ciudad autónoma. También presentó en su defensa un informe de Susana Román Bernet, consejera de Fomento de Ceuta, según el cual Arias Cañete mantuvo "reuniones de trabajo en la sede de la presidencia de la ciudad con la intención de estudiar las posibilidades y determinaciones del traslado de las instalaciones de almacenamiento de combustible propiedad de Petrolífera Ducar". Román Bernet era en 2011 consejera de Juventud, por lo que difícilmente pudo reunirse con Cañete en ese año sobre la petrolera.
Además, siendo ministro consiguió otro apoyo relevante, el del consejero de Relaciones con otras Administraciones de Ceuta, el popular Francisco Márquez, que entonces era diputado en el Congreso y afirmó por escrito en ayuda de Cañete que este "realizó diversos desplazamientos a la ciudad de Ceuta, manteniendo relaciones de trabajo para estudiar las posibilidades y determinaciones del traslado de las instalaciones de almacenamiento de combustible". Según la defensa de Cañete, sus trabajos en Jerez habrían sido "de carácter secundario, accesorio, de escasa relevancia o prescindibles". Además, desvela que en las declaraciones de la renta de 2009 y 2010, la delegación de Hacienda en Jerez ya cazó a Cañete, pero que este logró anularlas en el tribunal administrativo de Andalucía.
Esos informes reafirman que Arias Cañete mintió al Congreso. En su registro de intereses, declaró que al ser nombrado ministro dimitió como presidente de Petrolífera Ducar. Señalaba que era una "compañía dedicada al almacenamiento y suministro de combustibles a buques en la ciudad autónoma de Ceuta, sin ninguna relación con el sector público". En la legislatura anterior, el Congreso le autorizó la compatibilidad para presidir Ducar pero "aclarando que dicha compañía no tiene relación con el sector público ni directa ni indirectamente". Eso choca frontalmente con lo aportado para el pleito contra Hacienda. Ducar funcionaba gracias a una concesión administrativa que fue prorrogada y además, como demuestran los testimonios aportados por Cañete, siendo diputado él negociaba con cargos públicos como presidente de la empresa.
El caso tiene todo el morbo. A Cañete le contestó la Abogacía del Estado —el cuerpo al que él mismo pertenece, pero del que lleva en excedencia 30 años— insistiendo en que si el despacho estaba en Jerez, "no es razonable pensar que el 100% de los trabajos realizados para la prestación de los referidos servicios se llevaran a cabo desde Ceuta sin intervención alguna de los medios materiales y personales situados en Jerez de la Frontera". Señaló además que en el expediente no hay "ni un contrato de servicios profesionales, ni una factura que permita determinar con certeza qué parte de los servicios se consideran efectivamente prestados en Ceuta y qué parte de los mismos se consideran prestados desde Jerez".
Arias Cañete con su esposa, Micaela Domecq. (EFE)
La sentencia, de la que ha sido ponente José Ignacio Zarzalejos Burguillo, le da la vuelta al argumento de Cañete de que la tecnología le permitía trabajar desde Ceuta aunque tuviese el despacho en Jerez: "Esa libertad de elección del lugar de trabajo conlleva que no tenía que desplazarse a Ceuta para realizar sus servicios de asesoramiento a la entidad Petrolífera Ducar". El tribunal señala que no comparte el criterio del tribunal económico de Andalucía para anular el acta de la inspección de 2010.
Ducar es a la vez el imperio y la china en el zapato para Cañete. Es una sociedad controlada por la familia Domecq en la que Cañete tiene un papel fundamental. En 2011, Cañete declaró que había percibido 95.590 euros como abogado más 22.500 euros por su retribución en los consejos de administración. También tenía acciones de Ducar valoradas en 165.120 euros, y en 160.979 euros de la sociedad espejo en Canarias, Petrologis Canarias. Hacienda abrió inspecciones a estas sociedades por sus vínculos 'offshore', aunque una de ellas informó en sus cuentas de que había salvado el acta sin problema. Hacienda rastrea todo el entramado porque el principal accionista de Petrologis y de Ducar es Havorad BV, una sociedad holandesa que Hacienda califica como pantalla, que a su vez lleva a las Antillas holandesas, por lo que es imposible conocer realmente quién es el dueño de la empresa y quién puso a Cañete como presidente.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-20/fiscalia-querella-mujer-jesus-posada-blanca-de-la-mata-varma_1551262/
Fiscalía se querella contra la mujer de Posada por delito fiscal al repatriar 5,8 millones
RAFAEL MÉNDEZ
La Fiscalía va contra Blanca de la Mata y cuatro familiares por operaciones "simuladas" para repatriar dinero "de origen desconocido". La empresa Varma figuraba en Panamá y Malta
Además, Hacienda requirió en noviembre pasado a La Sexta y El Confidencial documentación por la aparición de la esposa de Cañete en los papeles de Panamá. Entre la documentación del despacho panameño de Mossack Fonseca, obtenida por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), figuraba la firma Rinconada Investments, con sede en Panamá. Es una firma en la que aparecían los hermanos Domecq Solís. Rinconada —el nombre de una de las ganaderías de Domecq— fue creada el 18 de noviembre de 2005 y gestionaba cuatro cuentas corrientes de numeración casi correlativa en una filial suiza de Deutsche Bank. Ese año, entró en vigor una directiva europea que impedía a los bancos suizos ocultar los titulares de sus cuentas a la UE. Lo que hicieron entonces muchos depositantes fue transferir la titularidad a sociedades 'offshore'.
Fuentes conocedoras del Gobierno destacan la mala relación entre Montoro y Cañete, especialmente a partir de 2012. Esto coincide con el rosario de inspecciones que Hacienda ha abierto a Cañete y su entorno empresarial y familiar. La doctrina que expresó Montoro al dimitir José Manuel Soria como ministro no casa bien con los lazos de Cañete: "Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno". Por entonces, Cañete ya estaba en Bruselas de comisario y salvó comisiones de guante blanco sobre sus negocios. Al fin y al cabo, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo, había sobrevivido al escándalo de LuxLeaks.
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Cas Màster: La jutgessa imputa una de les professores que van signar l'acta manipulada de Cifuentes
EL CASO MÁSTER EN LOS TRIBUNALES
El Juzgado 51 amplia su investigación por falsedad documental al acta que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid exhibió en la Asamblea como prueba de que había hecho el máster
Cristina Cifuentes el día de su dimisión. (Gtres)
AUTOR
ROBERTO R. BALLESTEROS
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RRBallesteros
TIEMPO DE LECTURA 34 seg
03.05.2018 – 11:34 H.
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Cecilia Rosado así como a la funcionaria Amalia Calonge. La primera es la docente que podría haber falsificado las firmas del acta que exhibió la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Asamblea regional con el fin de demostrar que había terminado el máster en Derecho Público del Estado Autónomico expedido por el centro madrileño. La segunda, por su parte, es la funcionaria que habría entrado en el sistema informático para cambiar dos de las notas.
Rosado declarará por primera vez después de que la Unidad Adscrita a la Fiscalía de la Policía Nacional tratara de tomarle testimonio y ella lo eludiera presentando un certificado médico de baja por depresión a raíz de los hechos que han llevado a la dimisión de Cifuentes. También evitó declarar con el mismo argumento otra de las tres profesoras que firmó la mencionada acta, Clara Souto, que junto a la tercera docente, Alicia López de los Mozos -única que optó por hablar-, también declararán ahora ante el Juzgado 51, aunque ambas en calidad de testigo. Las dos prestarán testimonio el próximo 10 de mayo a las 9 horas en la sede judicial junto a Sergio Pulido. Tres horas después han sido citados también como testigos la jefa de inspección de la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad Núñez, y el responsable de postgrados y títulos propios del centro, José Antonio Lobato Moreno.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-27/la-fiscalia-de-mostoles-deja-el-caso-cifuentes-en-manos-del-juzgado-51_1556137/
El juez del 'caso máster' cita a Pedro Calvo, al 'padrino de Cifuentes' y a otros populares
RAFAEL MÉNDEZ
La fiscalía traslada el caso a un juzgado que llevaba el tema tras la denuncia de una profesora de Valladolid. Enrique Álvarez Conde, citado como imputado
El Juzgado 51 se ha hecho cargo de toda la investigación después de que la Fiscalía de Móstoles decidiera apartarse de la misma al conocer que el primero ya estaba indagando el asunto. El ministerio público, de hecho, remitió todas las diligencias al juzgado al entender que ambas investigaciones estaban relacionadas y este último las unió a su causa y amplió el objeto de la instrucción, que se extendió a la citada acta exhibida en el parlamento regional por Cifuentes. La investigación de la Fiscalía se inició después de que la Universidad Rey Juan Carlos observara indicios de delito en su comisión interna mientras las diligencias del Juzgado 51 comenzaron a raíz de la denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca por falsedad en documento público.
López de los Mozos ya declaró ante la comisión de investigación del centro universitario madrileño y ante los agentes de la Unidad Adscrita a la Fiscalía que la rúbrica que había plasmada en el acta no era suya. La docente confirmó que el documento del Trabajo de Fin de Máster en el que se insertó su rúbrica fue fabricada el pasado 21 de marzo, es decir, el mismo día en que saltó el escándalo y casi seis años después de la fecha del supuesto examen que pretendía reconstruir el papel, el 2 de julio de 2012. Después, se intentó ocultar el engaño para no resquebrajar las explicaciones de la presidenta regional. Sin embargo, la coartada saltó por los aires cuando esta misma profesora decidió desvelar la manipulación el pasado 5 de abril ante la información reservada abierta por la Universidad Rey Juan Carlos para tratar de aclarar este episodio.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-05-03/el-juez-imputa-a-una-de-las-profesoras-que-firmaron-el-acta-manipulada-de-cifuentes_1558396/
El Juzgado 51 amplia su investigación por falsedad documental al acta que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid exhibió en la Asamblea como prueba de que había hecho el máster
Cristina Cifuentes el día de su dimisión. (Gtres)
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03.05.2018 – 11:34 H.
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Cecilia Rosado así como a la funcionaria Amalia Calonge. La primera es la docente que podría haber falsificado las firmas del acta que exhibió la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Asamblea regional con el fin de demostrar que había terminado el máster en Derecho Público del Estado Autónomico expedido por el centro madrileño. La segunda, por su parte, es la funcionaria que habría entrado en el sistema informático para cambiar dos de las notas.
Rosado declarará por primera vez después de que la Unidad Adscrita a la Fiscalía de la Policía Nacional tratara de tomarle testimonio y ella lo eludiera presentando un certificado médico de baja por depresión a raíz de los hechos que han llevado a la dimisión de Cifuentes. También evitó declarar con el mismo argumento otra de las tres profesoras que firmó la mencionada acta, Clara Souto, que junto a la tercera docente, Alicia López de los Mozos -única que optó por hablar-, también declararán ahora ante el Juzgado 51, aunque ambas en calidad de testigo. Las dos prestarán testimonio el próximo 10 de mayo a las 9 horas en la sede judicial junto a Sergio Pulido. Tres horas después han sido citados también como testigos la jefa de inspección de la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad Núñez, y el responsable de postgrados y títulos propios del centro, José Antonio Lobato Moreno.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-27/la-fiscalia-de-mostoles-deja-el-caso-cifuentes-en-manos-del-juzgado-51_1556137/
El juez del 'caso máster' cita a Pedro Calvo, al 'padrino de Cifuentes' y a otros populares
RAFAEL MÉNDEZ
La fiscalía traslada el caso a un juzgado que llevaba el tema tras la denuncia de una profesora de Valladolid. Enrique Álvarez Conde, citado como imputado
El Juzgado 51 se ha hecho cargo de toda la investigación después de que la Fiscalía de Móstoles decidiera apartarse de la misma al conocer que el primero ya estaba indagando el asunto. El ministerio público, de hecho, remitió todas las diligencias al juzgado al entender que ambas investigaciones estaban relacionadas y este último las unió a su causa y amplió el objeto de la instrucción, que se extendió a la citada acta exhibida en el parlamento regional por Cifuentes. La investigación de la Fiscalía se inició después de que la Universidad Rey Juan Carlos observara indicios de delito en su comisión interna mientras las diligencias del Juzgado 51 comenzaron a raíz de la denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca por falsedad en documento público.
López de los Mozos ya declaró ante la comisión de investigación del centro universitario madrileño y ante los agentes de la Unidad Adscrita a la Fiscalía que la rúbrica que había plasmada en el acta no era suya. La docente confirmó que el documento del Trabajo de Fin de Máster en el que se insertó su rúbrica fue fabricada el pasado 21 de marzo, es decir, el mismo día en que saltó el escándalo y casi seis años después de la fecha del supuesto examen que pretendía reconstruir el papel, el 2 de julio de 2012. Después, se intentó ocultar el engaño para no resquebrajar las explicaciones de la presidenta regional. Sin embargo, la coartada saltó por los aires cuando esta misma profesora decidió desvelar la manipulación el pasado 5 de abril ante la información reservada abierta por la Universidad Rey Juan Carlos para tratar de aclarar este episodio.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-05-03/el-juez-imputa-a-una-de-las-profesoras-que-firmaron-el-acta-manipulada-de-cifuentes_1558396/
Presupostos participatius (a l´Ajuntament de Cabanes)
Ajuntament de Cabanes
·
Es recorda a tots els veïns i veïnes que tenen de termini per votar els II Pressupostos Participatius municipals fins el pròxim dilluns 6 de maig. Es pot votar de forma presencial dipositant la papereta en les urnes ubicades en els diversos locals habilitats en Cabanes i La Ribera, o de forma telemàtica a través de la web de l’ajuntament www.cabanes.es.
Els punts per dipositar els vots es troben:
- A Cabanes: Ajuntament, Casal Jove, Llar del pensionista, Ambulatori i supermercat Consum (Cooperativa)
- A la Ribera: Llar del pensionista, Panaderia Miguel, Bar-Restaurant Tere i tinença d’Alcaldia
Enguany la inversió ha augmentat fins els 100.000 euros, 60.000 euros més que en l’edició anterior, que es destinaran a la proposta guanyadora d’entre totes les presentades per les associacions i col·lectius de Cabanes i La Ribera.
Digues la teua!
http://www.cabanes.es/form/ii-presupuestos-participativos-c
Un altre empastre aïllat: La Generalitat ha de pagar 5,5 milions d'euros per una condemna a Infraestructures en època d'Isabel Bonig com a consellera
El TSJCV ha fallado en favor de la empresa de autobuses La Alcoyana, que reclamaba una compensación por desequilibrio económico de las líneas interurbanas integradas en el Transporte Metropolitano de Alicante
El director general Carlos Domingo recuerda los "pufos" heredados del PP en Obras Públicas: los sobrecostes en la avenida Dénia (14’7 millones); los 9’5 millones por la autovía no ejecutada CV-95 en la Vega Baja; o el procedimiento judicial en curso sobre los “gemelos” de Benidorm
Miguel Giménez - Valencia
02/05/2018 - 22:35h
Un autobús de La Alcoyana en la ciudad de Alicante VECTALIA.ES
La Generalitat Valenciana deberá pagar 5.458.000 euros a la empresa de autobuses La Alcoyana. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) tras estimar el recurso de la empresa, que reclamaba una compensación por desequilibrio económico de las líneas interurbanas integradas en el Transporte Metropolitano de Alicante (TAM) con la actual presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, como consellera de Infraestructuras y Transportes.
El recurso de la mercantil se produjo a raíz de la decisión del departamento que dirigía Bonig en 2013 de dejar en 2,6 millones el presupuesto para la prestación del servicio, una cantidad que La Alcoyana consideró insuficiente para hacer frente al coste del servicio por el coste de la integración tarifaria y de servicios suplementarios a los exigibles según el contrato. Ahora, el alto tribunal valenciano le da la razón a la empresa, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso.
"Un ejemplo más de la nefasta gestión del PP"
Tras conocerse el fallo, el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, ha declarado que se trata de "un ejemplo más de la nefasta gestión de los gobiernos del PP y de la exconsellera Bonig", por lo que, a su juicio, "cada vez más queda en evidencia su mala gestión como exconsellera, que nos cuesta ingentes sumas de dinero a los valencianos".
“La herencia en diferido que poco a poco vamos conociendo agrava todavía más la situación de infrafinanciación que sufrimos los valencianos”, ha señalado el director general tras recordar que esta sentencia judicial de 5’5 millones de euros se suma a las que la conselleria tiene que abonar por los sobrecostes en la avenida Dénia (14’7 millones); los 9’5 millones por la autovía no ejecutada CV-95 en la Vega Baja; o el procedimiento judicial en curso sobre los “gemelos” de Benidorm, "sólo por citar los casos mas notorios de Alicante".
“Los pufos heredados de épocas anteriores en materia de Obras Públicas lastran totalmente nuestra capacidad inversora”, ha reiterado Carlos Domingo tras calificar de inaudito que “a la mala gestión de la anterior responsable de infraestructuras se sume también su negativa a que el transporte público de la Comunitat reciba las subvenciones correspondientes del Gobierno central para que los ciudadanos puedan disponer de un transporte público de calidad en las mismas condiciones que los de otras autonomías”.
El TAM viene funcionando desde 1999 a través de sucesivos acuerdos con el operador de transporte La Alcoyana y su coste actual para la Generalitat Valenciana es de unos 3,1 millones de euros, "sin haberse incrementado las tarifas e incluso mejorando la oferta del servicio". "La conselleria seguirà trabajando en el mantenimiemto y mejora del TAM, tal y como se desprende de los proyectos de servicio de transporte para el Alacantí, que han sido sometidos a informacion pública recientemente", ha apuntado Domingo.
https://www.eldiario.es/cv/politica/Generalitat-Infraestructuras-Isabel-Bonig-consellera_0_767124168.html
El director general Carlos Domingo recuerda los "pufos" heredados del PP en Obras Públicas: los sobrecostes en la avenida Dénia (14’7 millones); los 9’5 millones por la autovía no ejecutada CV-95 en la Vega Baja; o el procedimiento judicial en curso sobre los “gemelos” de Benidorm
Miguel Giménez - Valencia
02/05/2018 - 22:35h
Un autobús de La Alcoyana en la ciudad de Alicante VECTALIA.ES
La Generalitat Valenciana deberá pagar 5.458.000 euros a la empresa de autobuses La Alcoyana. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) tras estimar el recurso de la empresa, que reclamaba una compensación por desequilibrio económico de las líneas interurbanas integradas en el Transporte Metropolitano de Alicante (TAM) con la actual presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, como consellera de Infraestructuras y Transportes.
El recurso de la mercantil se produjo a raíz de la decisión del departamento que dirigía Bonig en 2013 de dejar en 2,6 millones el presupuesto para la prestación del servicio, una cantidad que La Alcoyana consideró insuficiente para hacer frente al coste del servicio por el coste de la integración tarifaria y de servicios suplementarios a los exigibles según el contrato. Ahora, el alto tribunal valenciano le da la razón a la empresa, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso.
"Un ejemplo más de la nefasta gestión del PP"
Tras conocerse el fallo, el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, ha declarado que se trata de "un ejemplo más de la nefasta gestión de los gobiernos del PP y de la exconsellera Bonig", por lo que, a su juicio, "cada vez más queda en evidencia su mala gestión como exconsellera, que nos cuesta ingentes sumas de dinero a los valencianos".
“La herencia en diferido que poco a poco vamos conociendo agrava todavía más la situación de infrafinanciación que sufrimos los valencianos”, ha señalado el director general tras recordar que esta sentencia judicial de 5’5 millones de euros se suma a las que la conselleria tiene que abonar por los sobrecostes en la avenida Dénia (14’7 millones); los 9’5 millones por la autovía no ejecutada CV-95 en la Vega Baja; o el procedimiento judicial en curso sobre los “gemelos” de Benidorm, "sólo por citar los casos mas notorios de Alicante".
“Los pufos heredados de épocas anteriores en materia de Obras Públicas lastran totalmente nuestra capacidad inversora”, ha reiterado Carlos Domingo tras calificar de inaudito que “a la mala gestión de la anterior responsable de infraestructuras se sume también su negativa a que el transporte público de la Comunitat reciba las subvenciones correspondientes del Gobierno central para que los ciudadanos puedan disponer de un transporte público de calidad en las mismas condiciones que los de otras autonomías”.
El TAM viene funcionando desde 1999 a través de sucesivos acuerdos con el operador de transporte La Alcoyana y su coste actual para la Generalitat Valenciana es de unos 3,1 millones de euros, "sin haberse incrementado las tarifas e incluso mejorando la oferta del servicio". "La conselleria seguirà trabajando en el mantenimiemto y mejora del TAM, tal y como se desprende de los proyectos de servicio de transporte para el Alacantí, que han sido sometidos a informacion pública recientemente", ha apuntado Domingo.
https://www.eldiario.es/cv/politica/Generalitat-Infraestructuras-Isabel-Bonig-consellera_0_767124168.html
SATAN, un sistema de la Generalitat valenciana desenvolupat per Falciani destaparà funcionaris i polítics corruptes
El Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN) detectará preventivamente casos de fraccionamiento de contratos, conflictos de intereses de políticos y funcionarios y empresas pantalla en los concursos públicos
La Inspección General de Servicio será la encargada de gestionar este sistema informático que cruzará datos de contratación con el Registro Mercantil y el Registro de la propiedad
Sergi Pitarch
02/05/2018 - 21:44h
Hervé Falciani, con la directora general Aitana Mas y el conseller Manuel Alcaraz.
MÁS INFO
Falciani al Consejo de Ministros: "Aprobar mi extradición supone poner en riesgo el Estado de Bienestar"
La Conselleria de Transparencia de la Generalitat valenciana está preparando una ley de transparencia y prevención de la corrupción. La norma pretende ser un cambio de paradigma entre la relación de los gobernantes y los gobernados, según ha anunciado el conseller del ramo Manuel Alcaraz. Entre los puntos más destacados de esta pionera legislación se encuentra el Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN), una aplicación informática que debe avisar prácticamente en tiempo real cuando se esté produciendo una mala práctica en los procesos de contratación de la administración valenciana.
El analista informático Hervé Falciani, quien destapó una trama de evasores fiscales de todo el mundo en la división del HSBC en Suiza, ha asesorado a la Conselleria de Transparencia en la configuración de este sistema informático que, como ha dicho el subsecretario de Transparencia Alfons Puncel, "no pretende mirar hacia el pasado sino alertar de las malas prácticas en el presente". Falciani lleva varios años ayudando al departamento valenciano a configurar sus diferentes sistemas de transparencia para blindar a la administración de casos de corrupción en el futuro.
SATAN está en este momento en pruebas y se pondrá en marcha a finales de año cuando se apruebe en las Corts la futura ley de Transparencia de la Comunitat Valenciana. La Inspección General de Servicios será el departamento encargado de controlar la aplicación informática. SATAN cruzará los datos de los expedientes de contratación con el Registro Mercantil y los Registros de la propiedad para evitar corruptelas y revisará los expedientes de contratación de una administración con 17.000 millones de presupuesto.
Por ejemplo, el sistema alertará si algún alto cargo o funcionario está adjudicando contratos a empresas de las que sea administrador o propietario. También permite avisar a los inspectores de los posibles fraccionamientos de contratos en las diferentes consellerias, una práctica utilizada frecuentemente para evitar los contratos públicos. Eso sí, esta herramienta servirá para alertar, pero posteriormente se deberá confirmar que la mala práctica sea real antes de empezar cualquier expediente sancionador o realizar recomendaciones.
Auditoría ciudadana y pacto de integridad
La directora general de Transparencia, Aitana Mas, ha aprovechado también la reunión con periodistas de este miércoles para presentar la auditoría ciudadana y el primer pacto de integridad que suscribe un Gobierno autonómico y que en España solo se ha puesto en práctica en la ciudad de Madrid. Se trata de contratar unos "monitores" externos para que sigan y fiscalicen todo el proceso de contratación de una obra pública. En este caso se supervisará la construcción de un colegio en Aldaia (Valencia).
Para ello la dirección general de Transparencia y Participación ha licitado un contrato de 16.456 euros con Transparencia Internacional para la prestación del servicio de de supervisión y seguimiento de la ciudadanía. La ONG ha elegido a un arquitecto y una jurista que seguirán todo el proceso, desde la justificación de la necesidad de la obra a la adjudicación.
Mas ha justificado que se haya arrancado en la construcción de un colegio porque en la Comunitat Valenciana se produjo "el escándalo Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios que acabó con una deuda de 1.700 millones". Esta sociedad pública está siendo investigada dentro de la instrucción del caso Taula.
https://www.eldiario.es/cv/Generalitat-valenciana-asesorado-Falciani-funcionarios_0_767123855.html
La Inspección General de Servicio será la encargada de gestionar este sistema informático que cruzará datos de contratación con el Registro Mercantil y el Registro de la propiedad
Sergi Pitarch
02/05/2018 - 21:44h
Hervé Falciani, con la directora general Aitana Mas y el conseller Manuel Alcaraz.
MÁS INFO
Falciani al Consejo de Ministros: "Aprobar mi extradición supone poner en riesgo el Estado de Bienestar"
La Conselleria de Transparencia de la Generalitat valenciana está preparando una ley de transparencia y prevención de la corrupción. La norma pretende ser un cambio de paradigma entre la relación de los gobernantes y los gobernados, según ha anunciado el conseller del ramo Manuel Alcaraz. Entre los puntos más destacados de esta pionera legislación se encuentra el Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN), una aplicación informática que debe avisar prácticamente en tiempo real cuando se esté produciendo una mala práctica en los procesos de contratación de la administración valenciana.
El analista informático Hervé Falciani, quien destapó una trama de evasores fiscales de todo el mundo en la división del HSBC en Suiza, ha asesorado a la Conselleria de Transparencia en la configuración de este sistema informático que, como ha dicho el subsecretario de Transparencia Alfons Puncel, "no pretende mirar hacia el pasado sino alertar de las malas prácticas en el presente". Falciani lleva varios años ayudando al departamento valenciano a configurar sus diferentes sistemas de transparencia para blindar a la administración de casos de corrupción en el futuro.
SATAN está en este momento en pruebas y se pondrá en marcha a finales de año cuando se apruebe en las Corts la futura ley de Transparencia de la Comunitat Valenciana. La Inspección General de Servicios será el departamento encargado de controlar la aplicación informática. SATAN cruzará los datos de los expedientes de contratación con el Registro Mercantil y los Registros de la propiedad para evitar corruptelas y revisará los expedientes de contratación de una administración con 17.000 millones de presupuesto.
Por ejemplo, el sistema alertará si algún alto cargo o funcionario está adjudicando contratos a empresas de las que sea administrador o propietario. También permite avisar a los inspectores de los posibles fraccionamientos de contratos en las diferentes consellerias, una práctica utilizada frecuentemente para evitar los contratos públicos. Eso sí, esta herramienta servirá para alertar, pero posteriormente se deberá confirmar que la mala práctica sea real antes de empezar cualquier expediente sancionador o realizar recomendaciones.
Auditoría ciudadana y pacto de integridad
La directora general de Transparencia, Aitana Mas, ha aprovechado también la reunión con periodistas de este miércoles para presentar la auditoría ciudadana y el primer pacto de integridad que suscribe un Gobierno autonómico y que en España solo se ha puesto en práctica en la ciudad de Madrid. Se trata de contratar unos "monitores" externos para que sigan y fiscalicen todo el proceso de contratación de una obra pública. En este caso se supervisará la construcción de un colegio en Aldaia (Valencia).
Para ello la dirección general de Transparencia y Participación ha licitado un contrato de 16.456 euros con Transparencia Internacional para la prestación del servicio de de supervisión y seguimiento de la ciudadanía. La ONG ha elegido a un arquitecto y una jurista que seguirán todo el proceso, desde la justificación de la necesidad de la obra a la adjudicación.
Mas ha justificado que se haya arrancado en la construcción de un colegio porque en la Comunitat Valenciana se produjo "el escándalo Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios que acabó con una deuda de 1.700 millones". Esta sociedad pública está siendo investigada dentro de la instrucción del caso Taula.
https://www.eldiario.es/cv/Generalitat-valenciana-asesorado-Falciani-funcionarios_0_767123855.html
El Síndic arxiva la denúncia del Partit Popular d'Altura
El órgano estatutario concluye que no hay falta de información a la oposición en el Ayuntamiento de Altura
Ana Monleón Altura 02.05.2018 | 23:11
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha decidido cerrar el expediente que abrió a finales del pasado año tras la interposición del PP de Altura de una queja en la que acusaba al equipo de gobierno socialista y en concreto al alcalde, Miguel López, de falta de transparencia y de no facilitar la información en forma y tiempo pertinente para impedir realizar sus labores de control y fiscalización del equipo de gobierno.
En su escrito, el máximo representante de la sindicatura valenciana da por concluida la investigación «ya que de la misma no se desprende que la actuación de la administración haya vulnerado alguno de los derechos, libertades o principios reconocidos en la constitución española y el Estatuto de autonomía». Así mismo, añade que desde el PP no se habría aportado ningún nuevo documento que aconseje continuar la investigación por lo que «procedemos al cierre del expediente con el archivo de todas las actuaciones». Para el PSPV, con el cierre de este expediente el Síndic habría demostrado la costumbre del PP «de faltar a la verdad» y explicaron que «era cuestión de paciencia, pues demostrado queda que la mentira tiene las patas muy cortas».
http://www.levante-emv.com/castello/2018/05/03/sindic-archiva-denuncia-partido-popular/1712552.html
Oposició frontal del PSPV-PSOE a la realització de prospeccions petroleres a l'entorn de les Columbretes
El Partido Socialista insta a Barrachina y al PP a posicionarse en contra del proyecto que está tramitando el Gobierno de Rajoy.
Miércoles, 2 mayo 2018
MEDIO AMBIENTE
El PSPV-PSOE se adhiere al rechazo mostrado por la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, a la posibilidad de que se realicen sondeos acústicos y prospecciones petrolíferas en el entorno de las islas Columbretes. Así lo ha expresado la vicesecretaria de Acción Política y Territorial de la Ejecutiva Provincial del partido en la provincia de Castellón, Ana Edo, quien considera "inaudito" que el Gobierno de Rajoy esté tramitando un proyecto de este tipo en la zona de Baleares, que también contempla sondeos con disparos de aire comprimido al sureste de Mallorca, que, por lo tanto, "afectarían de lleno al entorno de nuestras islas Columbretes."
Ante la gravedad de esta noticia, desde el PSPV-PSOE se insta al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, y al subdelegado en Castellón, David Barelles, a que "informen de inmediato al respecto porque a estos señores del Partido Popular los conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos que se suelen mover entre la opacidad y la política de hechos consumados."
Edo también hace un llamamiento al presidente provincial del Partido Popular, Miguel Barrachina, para que "muestre su rechazo radical a una locura de este tipo" que pondría en peligro nuestro patrimonio medioambiental".
Añade que "los socialistas no vamos a permitir ataques que pongan en peligro nuestra riqueza natural, el modo de vida de nuestros pescadores, o los intereses turísticos de la provincia".
http://castellondiario.com/not/69093/oposicion-frontal-del-pspv-psoe-a-la-realizacion-de-prospecciones-en-el-entorno-de-columbretes/
Detalls d'un dels casos aïllats: El jutge amplia la investigació sobre el delicte electoral del PP després de rebre un anònim
Caso Taula
El magistrado Víctor Gómez Saval comunica al centenar de investigados que abre una subpieza separada secreta
Laura Ballester | València 03.05.2018 | 10:32
El juez del Caso Taula, Víctor Gómez Saval, investigará en una nueva subpieza separada los presuntos hechos delictivos que se desvelan en un anónimo recibido en el Juzgado de Instrucción 18 de València, según ha comunicado el magistrado en una providencia comunicada hoy a las partes. El escrito se ha recibido recientemente y, por ahora, no se conocen los detalles que expone, pero que al parecer estarían relacionados con el presunto delito electoral continuado cometido por el PP de la ciudad de València en las elecciones de 2007y 2011, además del supuesto pitufeo (o blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) cometido en las elecciones de 2015.
Esta macropieza dentro de la macrocausa del Caso Taula no deja de crecer desde enero de 2016. Inicialmente se investigaba al medio centenar de ediles, exconcejales, asesores y antiguos colaboradores del Partido Popular en la ciudad de València, por presuntamente blanquear billetes de 500 euros de dudoso origen para financiar la campaña electoral de 2015. La investigación se amplió al presunto delito electoral cometido durante la campaña electoral de 2011, por lo que estarían investigados el exvicealcalde Alfonso Grau y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Guster. A esta investigación se añadió otra subpieza sobre la campaña electoral de Rita Barberá en 2007 que, presuntamente, habrían pagado empresas contratistas del Ayuntamiento de València a través de la consultora de comunicación Laterne Product Council.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/05/02/juez-amplia-investigacion-delito-electoral/1712277.html
La cinquena part de municipis valencians, en risc per sobrepoblació de fauna salvatge
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana ha realizado un estudio cuyos resultados son demoledores: 166 municipios valencianos se encuentran en riesgo debido a la sobrepoblación de la fauna salvaje.
02/05/2018 11:52:47 | CdC | Archivado en: Valencia.
La quinta parte de municipios valencianos, en riesgo por sobrepoblación de fauna salvaje
«La caza es lo único que puede salvar la agricultura»
Este hecho ha sido denunciado por los colectivos de agricultores y ganaderos, que han alertado en numerosas ocasiones del daño que están ocasionando en el campo las plagas de animales, en forma de destrozos de cultivos o no permitir ni siquiera la plantación de los mismos.
Datos del informe
El estudio, desarrollado en el marco del servicio de vigilancia y prevención de daños a cultivos e infraestructuras por fauna cinegética, cifra en el 21,7% del total de localidades autonómicas valencianas las que se encuentran en riesgo elevado de sufrir daños por la sobrepoblación de la fauna salvaje, que suman de 842.565 hectáreas. Las agrupaciones agrarias como Fepac-Asaja, AVA-Asaja o La Unió de Llauradors i Ramaders señalan a cultivos como los cítricos, frutales, olivos, hortalizas y los viñedos como los más expuestos a la acción depredadora de especies silvestres como los conejos, los jabalíes, los ciervos y la cabra montesa.
Además, la fauna salvaje también afecta al sector ganadero, ya que es foco de transmisión de enfermedades como la tuberculosis. Estos hechos están suponiendo graves pérdidas para los agricultores, que piden cambios normativos que faciliten el control cinegético de las especies que están acabando con sus cultivos y ayudas económicas para instalar mecanismos de control y compensar las pérdidas que sufren.
La solución es la caza
La provincia de Castellón ha sufrido daños muy graves, como los causados por la plaga de conejos en términos municipales como Vilanova d'Alcolea —que acoge las instalaciones del aeropuerto—. Los cazadores ya han propuesto soluciones a esta grave situación, como ha manifestado el delegado provincial de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Máximo Belenguer, «la temporada de caza de conejos con armas comenzó el 12 de octubre y acabó a principios de enero», puntualizando que «desde el tercer fin de semana de julio hasta el propio 12 de octubre se permite la captura de conejos con perros». Ante esto, Belenguer recuerda que «los cazadores llevamos alrededor de tres y cuatro años pidiendo a la Conselleria que se amplíe la temporada de caza con armas, debido a la afección que sufren los cultivos de municipios como Vinaròs, Vilanova o Benicarló», entre muchos otros.
Hasta ahora, la reacción de la Consejería ha sido hacer frente a los daños en lugar de tratar de ponerle freno utilizando la caza como herramienta de gestión.
Jabalí y cabra montesa
Desde la Federación de Caza de Castellón se recuerda que tanto el jabalí como la cabra montesa están en lo alto de la lista de especies causantes de daños a la agricultura. La temporada del jabalí concluyó la segunda semana de febrero, cuando la sobrepoblación va en aumento claro, algo que no sucede con la temporada de caza. En el caso de la cabra montesa, no existe temporada de caza oficial, sino que la Consejería fija cupos por cada municipio, y la sobrepoblación de este animal en municipios como Albocàsser, Llucena, les Useres o Serra d'en Galceran —entre otros—, causa notables daños en producciones como la de almendra. Ante estos daños, la Consejería no reacciona.
El día 26, todos a la calle
El próximo 26 de mayo, las agrupaciones agrarias y ganaderas —un total de 15— realizarán una concentración en Valencia en defensa de la caza, del mundo rural y sus tradiciones, además de mostrar a la Administración las demandas y necesidades de este sector, siendo una ocasión idónea para protestar contra estos hechos, reclamando un mayor control cinegético que permita a los productores dejar de sufrir pérdidas por los daños en los cultivos ocasionados por la fauna silvestre.
http://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=7453
Relació d´explotacions ramaderes covarxines amb concessió d´ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes per a l’exercici 2018
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural C
RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2018, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es dóna publicitat al tràmit administratiu de concessió de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes per a l’exercici 2018. [2018/4301]
A partir de la pàgina 77 del DOCV
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/03/pdf/docv_8286.pdf
Detingut per la venda de cocaïna a menors i persones en risc d'exclusió a Alcalà de Xivert
CASTELLÓN, 2 May. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años por presuntamente vender cocaína en un domicilio de la localidad castellonense de Alcalà de Xivert a menores de edad y personas en riesgo de exclusión social, según ha informado la Benemérita en un comunicado.
Al tener conocimiento de este punto de venta de droga, el instituto armado inició varias líneas de investigación, una de la cuales dio como resultado la localización exacta del inmueble.
En el registro, los efectivos hallaron un total de siete bolsas de cocaína, una báscula de precisión y utensilios para manipular la droga, así como 1.800 euros en metálico, en billetes de 50 euros.
Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de un hombre de 35 años como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Sus diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Vinaròs (Castellón).
http://officialpress.es/detenido-por-la-venta-de-cocaina-a-menores-y-personas-en-riesgo-de-exclusion-en-alcala-de-xivert/
Exposició sobre els Experiments Stuka
ALBOCÀSSER
02/05/2018
Durante el mes de mayo, Benassal, Ares del Maestrat, Albocàsser y Vilar de Canes recordarán los bombardeos que sufrieron por parte de las tropas nazis durante la guerra civil. Las actividades empezarán el día 19, en el Museo de la Vileta de Albocàsser, con la inauguración de la exposición Experiments de la Legió Còndor a l’Alt Maestrat 1938. En un pleno extraordinario se leerá un manifiesto en recuerdo de las víctimas locales. rd
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/exposicion-experimentos-stuka_1144409.html
02/05/2018
Durante el mes de mayo, Benassal, Ares del Maestrat, Albocàsser y Vilar de Canes recordarán los bombardeos que sufrieron por parte de las tropas nazis durante la guerra civil. Las actividades empezarán el día 19, en el Museo de la Vileta de Albocàsser, con la inauguración de la exposición Experiments de la Legió Còndor a l’Alt Maestrat 1938. En un pleno extraordinario se leerá un manifiesto en recuerdo de las víctimas locales. rd
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/exposicion-experimentos-stuka_1144409.html
El Parc Natural de la Serra d'Irta organitza l'exposició
“Valoremos nuestro patrimonio cultural: El clim o crin vegetal, se hacía en tu pueblo”
Miércoles, 2 mayo 2018
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE IRTA
El Parc Natural de la Serra d´Irta, en colaboración con los ayuntamientos de Sta. Magdalena y Alcalà de Xivert-Alcossebre, Viveros Alcossebre y Mon Moble, organiza la exposición, “Valoremos nuestro patrimonio cultural: El clim o crin vegetal, se hacía en tu pueblo”, que se inaugurará el próximo viernes, 4 de mayo, a las 12.30 horas en La Capella, junto a la iglesia parroquial.
La muestra recoge, a través de 15 fotografías, la historia sobre los usos del palmito, del cual se extraía el clim o crin vegetal, que en Alcalà de Xivert y Santa Magdalena, logró crear una industrial alrededor de el. Gracias a los Ayuntamientos de Alcalà de Xivert y Santa Magdalena y la colección local de fotografías y materiales de Juan Francisco Castillo, Mon Moble y Viveros Alcossebre, se ha podido elaborar una exposición con fotografías y materiales, que dan buena cuenta de todo lo relacionado con la extracción de palmito.
La exposición la inaugurará la directora del Parc Natural de la Serra d´Irta, Aurora Quero y contará con la presencia del alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou y las técnicos del Medio Ambiente del parque.
La muestra estará abierta el sábado 5 y domingo 6 de mayo, de 10 a 13.30 horas y posteriormente volverá a abrir sus puertas el día 20 de mayo, aprovechando la celebración de la Marcha Senderista. Por otro lado y dentro de la celebración del Día Europeo de los Parques, que este año lleva por lema, El Patrimonio Cultural: también en la Naturaleza”, se ha buscado la participación del CEIP Albert Selma, que el 11 de mayo, participará en una actividad de dibujo en el Parc Natural de la Serra d´Irta, concretamente en el entorno del Castillo de Sta. Magdalena, dibujos que posteriormente se incorporarán a la exposición.
http://castellondiario.com/not/69102/el-parc-natural-de-la-serra-d-irta-organiza-la-exposicion-ldquo-valoremos-nuestro-patrimonio-cultural-el-clim-o-crin-vegetal-se-hacia-en-tu-pueblo-rdquo-/
Enquestes
Encuesta del BLOC
Compromís sería el más votado con Ciudadanos a poca distancia y el PP se hunde
Un tercio de electores quiere a Oltra de presidenta y el 21% prefiere de nuevo a Puig
Carlos Alós 02.05.2018 | 21:35
La Coalició Compromís podría ganar las elecciones autonómicas de mayo de 2019 según una encuesta difundida hoy por el Bloc Nacionalista Valencià que incluye intención de voto en la Comunitat Valenciana. La coalición está prácticamente empatada con Ciudadanos, que experimenta una subida espectacular hasta situarse en el 25% del voto. Compromís podría llegar al 27%.
Mientras, el PSPV-PSOE se situaría en los mismos resultados que en 2015 con en torno al 20% del voto. El principal descenso es para el PP, que no obtendría más del 18%, una auténtica debacle ya que actualmente tiene el 25%. Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) entraría en las Corts con entre el 5 y el 7 por ciento del voto, cifra similar a la que obtendría Podemos, que actualmente tiene el 13%.
El estudio del Bloc se ha realizado en la segunda quincena de marzo, a partir de entrevistas a 1.303 personas de forma telefónica la empresa GFK.
Si Compromís ganara las elecciones, Mónica Oltra podría convertirse en presidenta de la Generalitat. De hecho, a la hora de escoger la presidencia, el 34,2% de los encuestados prefiere a Mónica Oltra (Compromís), seguido del 21% que revalidaría a Ximo Puig (PSPV) como presidente. Un 13,1% apuesta por Toni Cantó (Ciudadanos) y un 7% por Isabel Bonig (PPCV).
Los liderazgos políticos más valorados por los participantes en el análisis son los del portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, con una nota de 6,18 sobre 10; la vicepresidenta y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, con un 5,89, y el jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig, con un 5,75.
De Podem, el secretario general, Antonio Estañ, roza el aprobado con un 4,97 sobre 10. En la oposición, suspenden tanto Toni Cantó (Cs) como Isabel Bonig (PPCV), con un 4,39 y un 3,99, respectivamente.
Por provincias, destaca el incremento de intención de voto a Compromís en Alicante, como segunda fuerza por detrás de Ciudadanos. En Castellón, la encuesta prevé un triple empate entre el PSPV, Cs y Compromís, mientras que en la coalición lidera holgadamente en Valencia.
A modo de balance, la encuesta del Bloc recoge que los valencianos aprueban las políticas del gobierno del Botànic: el 35,2% de los participantes en el estudio opina que la labor del Consell es buena o muy buena, un 38,9% cree que es regular y un 25,1% le otorga un suspenso al considerar que es mala o muy mala.
Por electores, el 75% de las personas que recuerdan haber votado a Compromís en las últimas elecciones de 2015 creen que la política del Botànic es buena o muy buena, cifra que supone un 48% en el caso de los votantes socialistas y un 43% a los de Podem.
Preguntados por cuál es la fuerza política que mejor defiende los intereses de los valencianos, el 37% de los encuestados ha escogido a Compromís como primera opción, seguido del 16% del PSPV-PSOE, el 15% de
Ciudadanos y el 11% del PP.
La investigación también recoge que un 64% de los participantes piensa que el Gobierno de España "discrimina" a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, mientras que el 32% cree que no lo hace y un 3% no sabe o prefiere no contestar.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/05/02/compromis-ganaria-elecciones-ciudadanos-distancia/1712353.html#
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