dijous, 8 de novembre del 2018

Si

foto de PSOE.

Interrogatorio del PP a Susana Díaz por los EREs de Andalucía

ENTREVISTA MERCHE GALI 8 NOV 2018

¿Qué papel juega el marido de Cospedal en el Partido Popular?

El Gobierno aprueba que la banca pague el impuesto de las hipotecas

El gobierno de Camps ocultó la ruina económica de la Fórmula 1 ante la opinión pública

MIENTRAS LOS INFORMES HABLABAN DE LA INVIABILIDAD, EL CONSELL VENDÍA LAS BONDADES DEL MISMO

Loreto Ochando
FORMULA 1


7/11/2018 -
VALÈNCIA. El sumario de las presuntas mordidas en la construcción del trazado de la Fórmula 1 en València evidencia lo que era un secreto a voces, que el gobierno liderado por el expresidente Francisco Camps manipuló a su antojo la información real sobre el ‘pufo’ que realmente era este evento deportivo desde 2009 para, a través de información falsa, hacer creer a los valenciano y a la oposición que la adquisición de Valmor era un ‘chollo’ cuando, en realidad, era un agujero sin fondo para el erario.

El método utilizado era simple, manipular la información real omitiendo aquellos datos que reflejaban el estado real de las cuentas y el coste para las arcas públicas. Mientras los informes internos reflejaban que el gran premio dejaba pérdidas millonarias que superaban los 20 millones de euros anuales, el gobierno Camps vendía las bondades.

Según los argumentarios incautados del ordenador de la mano derecha de Camps en el F1, Belén Reyero, a los que ha tenido acceso Valencia Plaza, tras la adquisición de Valmor por un euros por parte de la Generalitat, el PPCV decía que: “el acuerdo al que ha llegado el Consell, Valmor Sports y Formula One Managament convierte a la Generalitat en copatrocinadora del evento deportivo que, junto con el fútbol, más repercusión mediática consigue”. Sin embargo, la realidad no era un copatrocinio, sino que los valencianos debían hacer frente a todos los gastos.

La manipulación era de tal calibre que antes de la celebración del gran premio del año 2010, desde el Consell se decía que la F1 suponía el crecimiento de 27,5 millones en la renta y un aumento y mantenimiento de 1.074 empleos por año, y que “los promotores públicos y privados de todo el mundo siguen apostando por la Fórmula 1 como un gran evento, capaz de promocionar una región y de colocarla en un lugar preferente por su capacidad de organización y gestión”.

Pero la realidad era mucho más negra y ellos lo sabían. De hecho, un informe “confidencial” sobre el pago del canon por parte de Proyectos Temáticos (SPTCV) ya decía un año antes, que la celebración del gran premio era inviable por la imposibilidad de hacer frente a las deudas que iba a generar.

De hecho en el informe se puede leer que “la situación es de enorme gravedad sobre todo porque somos conocedores de que la situación económico-financiera de Valmor arroja serias dudas sobre su viabilidad”. Es decir, el gobierno de Francisco Camps sabía perfectamente el ‘pufo’ que era el evento deportivo pero aun así decidió seguir adelante con él, eso sí, mintiendo a toda la ciudadanía sobre la realidad del asunto.

En este punto hay que recordar que Belén Reyero ya declaró a este respecto en la otra causa abierta por la F1, la conocida como caso Valmor, y que ha terminado con Camps al borde del banquillo en la pieza que investiga la creación del evento. Camps, junto al exconseller de infraestructuras, Mario Flores, también están investigados por las supuestas mordidas en el trazado, pero viendo la documentación obrante en el sumario, no se descarta que se abran piezas separadas para investigar otras ramas.

Estas nuevas pruebas incorporadas al sumario del trazado son otra piedra más en el camino judicial del expresidente, que está centrando su defensa además de en su típico “yo no me enteraba de nada”, en las teorías de la conspiración.
https://valenciaplaza.com/el-gobierno-de-camps-oculto-la-ruina-economica-de-la-formula-1-ante-la-opinion-publica

Un informe confidencial alertó al Consell del 'pufo' de la F1 antes de la compra de Valmor


Loreto Ochando
CASO VALMOR


El gobierno de Fabra inició la adquisición pese a conocer perfectamente las deudas de la empresa

8/11/2018 -
VALÈNCIA. El sumario de la causa de la Fórmula 1, que investiga las presuntas mordidas en la construcción del trazado, y por el que están investigados el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exvicepresidente Vicente Rambla o el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, evidenciaría que todo el ‘pufo’ se hizo con conocimiento de causa.

En un informe al que ha tenido acceso Valencia Plaza redactado por el que fue director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Nicolás Figueras y firmado el 5 de diciembre de 2011, cuatro días antes de que se autorizase la compra de la empresa Valmor Sports por parte del Consell presidido por Alberto Fabra, se detallaban todas las pérdidas de dicha empresa y que sería el erario quien hiciera frente a ellas.

El informe "confidencial" explica que el contrato trasladaba las obligaciones económicas establecidas en su día entre Valmor y Formula One Administration (FOA),  y que éstas "pasan a ser una obligación contractual vinculante para la SPTCV". Y prosigue diciendo que "lo que es más importante, a los efectos que interesan en este informe, también se trasladan determinadas obligaciones contractuales formalizadas entre Valmor y FOA a SPTCV".

Figueras también informó al Consell del hecho de que "en el supuesto de que Valmor incumpliera sus obligaciones comportaría de forma directa para SPTCV un coste de dos anualidades del canon", y añadió que, "dicho de otro modo, SPTCV no podría asumir la organización de la F1 no solo porque no tiene medios para ello, sino también porque no goza de esa posibilidad, pese a lo cual se vería obligada a satisfacer el importe de la cláusula penal pactada".

Y apostillaba que "esta situación es de enorme gravedad sobre todo porque somos conocedores de que la situación económico-financiera de Valmor arroja serias dudas sobre su viabilidad".

Datos fantasma

Pero pese a todo, según Figueras se debía asumir la compra por, entre otras cosas, el impacto económico del evento, el impacto sobre la renta, la visibilidad de la Comunitat o el turismo generado, entre otros asuntos. Pero para sacar esos datos, incluyó como beneficios para la Generalitat datos que suponían unos ingresos ficticios sobre el coste real del evento deportivo.

Como ejemplo, el informe expone la ocupación hotelera que, pese a bajar exponencialmente año a año pues pasó de 212.134 en 2008 a 162.785 en 2010, para Figueras el impacto económico de esos turistas avalaba la compra. Es más, cifraba el impacto económico de los grandes premios en más de 100 millones de euros al año, todo sin restar las pérdidas que suponía cada una de las carreras celebradas en València.

Por un euro

Fue el informe de Figueras el que propuso que la Generalitat pagara un euro por la empresa deportiva pese a saber que Valmor tenía un pasivo de cerca de 32 millones de euros y que iba a aumentar. Y fue en ese informe confidencial en el que se basó la firma de dicha compra ruinosa.

Y para ello proponía "una gestión directa por parte de una sociedad de la Generalitat Valenciana de la organización del Gran Premio" mediante la adquisición de la totalidad de las participaciones representativas del capital social de Valmor, seguida de una inmediata fusión de ambas sociedades a través de la integración del patrimonio de Valmor en la sociedad absorbente.
https://valenciaplaza.com/un-informe-confidencial-informo-al-consell-del-pufo-de-la-f1-antes-de-la-compra-de-valmor

Al chófer de Bárcenas le pagaron con fondos de antiterrorismo y crimen organizado

Al chófer de Bárcenas le pagaron con fondos de antiterrorismo y crimen organizado
Sergio Ríos
Manuel Cerdán y Carlos Cuesta
08/11/201806:561
Durante los dos años que el chófer Sergio Ríos cobró una asignación económica con dinero de los fondos reservados, el Ministerio del Interior estuvo bajo el mando de Jorge Fernández Díaz y disponía de un presupuesto anual de poco más de 6 millones de euros.

Ese dinero, que se aprueba cada año en los Presupuestos Generales del Estado, está destinado principalmente a sufragar las operaciones contra el crimen organizado, incluido narcotráfico y delitos conexos, y la lucha contra el terrorismo. En ningún momento, según las normas internas del Ministerio, ese dinero podía ser destinado a financiar una misión contra un caso de corrupción y, mucho menos, un operativo extrajudicial para sustraerle documentos al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

En 2014, cuando se puso en marcha la operación contra Bárcenas, el Gobierno de Rajoy destinaba una partida de 25 millones de euros a Fondos Reservados. Además de Interior, los otros departamentos que percibían ese dinero, supuestamente opaco, eran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que suele recibir tres cuartas partes del presupuesto, el Ministerio de Defensa -poco más de medio millón de euros- y Asuntos Exteriores y Cooperación -casi doscientos mil euros-.

Un control bajo la Secretaría de Estado

Las pautas para la distribución y gasto de los fondos reservados están regladas por la ley 11/1995 del 11 de mayo, de Regulación de la utilización de los créditos destinados a gastos reservados. La norma fue aprobada tras el escándalo de los sobresueldos con dinero negro con cargo a esa partida durante la época ministerial de José Luis Corcuera y de Rafael Vera como secretario de Estado de Interior.

La ley dispuso que los gastos reservados debían estar “sometidos a un control administrativo interno” que respetara “su peculiaridad”, a la vez que asegurara “su correcto uso”. La norma obligaba al Gobierno, por tanto, a asegurar que todo ese dinero fuera “exclusivamente destinado a las finalidades específicas para las que fue aprobado”.

La ley exigía a los titulares de los departamentos, al Ministerio del Interior en el caso de la investigación irregular sobre Bárcenas, a informar al presidente del Gobierno sobre su utilización. También debía informar a la Comisión de gastos reservados del Congreso, semestralmente.

El departamento que recibía y fiscalizaba en el Ministerio del Interior los fondos reservados, que procedían del Banco de España, era la Secretaría de Estado, a través de la Dirección del Gabinete de Coordinación. En las fechas de la operación policial contra el tesorero del PP, Francisco Martínez Vázquez era el secretario de Estado y el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el director de Coordinación.

Sin embargo, resultaba poco probable que ambos altos cargos del Ministerio estuvieran al corriente del destino que se le daba a todo ese dinero porque el control final dependía, en cada caso, del agente de campo de la Policía.
https://okdiario.com/investigacion/2018/11/08/chofer-barcenas-pagaron-fondos-antiterrorismo-crimen-organizado-3326640

Villarejo guardaba recibís y facturas de los fondos reservados abonados al chófer de Bárcenas

Fondos reservados
Imagen del comisario Villarejo (EP).
Manuel Cerdán y Carlos Cuesta
08/11/201806:561
El comisario José Villarejo quería tener control de los pagos que se realizaban al chófer de Luis Bárcenas. Y el sistema de control se basó en la generación de facturas y recibís. El propio comisario se encargó de guardar este material que ya ha sido localizado en la investigación policial. Los documentos reflejan los pagos de 2.000 euros al mes a Sergio Ríos -el chófer del que fuera tesorero del PP- a lo largo de dos años.

La pista de estos pagos aparecieron en la investigación y registro del domicilio de José Villarejo tras su detención. Los audios y el resto del material probatorio requisados por los agentes de Asuntos Internos recogían el pago y reflejaban el cometido del chófer sobornado: tenía la misión de rescatar documentos comprometedores de Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal aprovechando su posibilidad de entrar en las sedes del PP y lugares de confianza del partido por ser el conductor del ex tesorero.

Los policías de la UAI detectaron a través del operativo en casa de Villarejo documentos y cintas. Pero también encontraron las facturas y los recibí con las cantidades percibidas por conductor de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva.

Villarejo, García Castaño y otros mandos de la cúpula policial están siendo investigados en estos momentos por un equipo especial de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía. El resultado de las primeras investigaciones de la Policía apunta ya a la existencia de una red paralela de la Policía que se encargó de controlar y vigilar sin mediación judicial a Luis Bárcenas y su familia.

Los recursos para financiar este entramado de limpieza de pruebas salió de los fondos reservados del Ministerio del Interior, tal y como apuntan fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

Según fuentes policiales, la magnitud de la nueva información sobre este caso llevará al magistrado Diego de Egea, que instruye las diligencias de la operación Tándem contra Villarejo, a abrir una pieza separada contra los dos comisarios y otros mandos policiales. Las responsabilidades también puede afectar a altos cargos de la estructura política del Ministerio del Interior.

Los agentes de Asuntos Internos cuentan con más datos. Y es que la mecánica de control de los pagos con fondos reservados exige, aunque sea de forma genérica, una aprobación por la cúpula del Ministerio. Un Ministerio que comandaba en aquel momento Jorge Fernández Díaz. Por ello, fuentes de la investigación están convencidos de que la misión policial secreta contra Bárcenas, que nunca fue judicializada, contaba con el visto bueno del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y no descartan que del propio ex presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.
https://okdiario.com/investigacion/2018/11/08/villarejo-guardaba-recibis-facturas-fondos-reservados-abonados-chofer-barcenas-3326635

El conductor del ex tesorero del PP cobró 48.000 € de fondos reservados


           
LOS PINCHAZOS DE VILLAREJO / INVESTIGACIÓN DE ASUNTOS
Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas. (Foto: AFP)
Sergio Ríos junto a Rosalía Iglesias (Foto: AFP)
Manuel Cerdán y Carlos Cuesta08/11/201806:593 Comentarios
La clave de la misión secreta contra Bárcenas fue el papel de topo que desempeñó Sergio Ríos Esgueva, el chófer del ex tesorero del PP, que siguió de conductor de su esposa Rosalía mientras permaneció en prisión.

Ríos, que había sido militar y conductor de otros políticos, espió desde dentro a la familia Bárcenas. La confianza depositada en él sirvió para facilitarle su trabajo. Como infiltrado policial proporcionó a Villarejo y García Castaño, según Asuntos Internos, información de gran valor y el acceso a los inmuebles del ex tesorero del PP.

Por esa tarea de infiltración, el chófer recibió 2.000 euros netos mensuales procedentes de las arcas de los fondos reservados del Ministerio del Interior. El dinero se lo entregaba al topo, en mano, uno de los enlaces del Ministerio del Interior y el propio Villarejo.

El conductor llegó a percibir 48.000 euros en negro durante los dos años que duró su papel de infiltrado. Los pagos fueron autorizados por la cúpula del Ministerio de Interior y de la Dirección de la Policía.

El dinero era camuflado entre otras partidas

El dinero que recibía Sergio Ríos era camuflado en otras partidas policiales para que la operación anti Bárcenas no fuera descubierta por los altos cargos del Ministerio que desconocían el operativo.

Muy pocos conocían la existencia de un topo en el círculo más íntimo de Bárcenas. Según el informe entregado por la UAI a la Fiscalía Anticorrupción, los responsables de la misión policial eran los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo.

El procedimiento que se seguía en el Ministerio para la distribución de los fondos reservado era el siguiente: de la Secretaría de Estado pasaban las partidas aprobadas a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y a las comisarías generales de Información y de Policía Judicial. Eran los departamentos que centralizaban principalmente las misiones contra el crimen organizado -incluido narcotráfico- y el terrorismo. Del DAO también dependía la Unidad de Asuntos Internos (UAI), que solía disponer de fondos reservados.

Ríos, un colaborador fijo

En cada unidad existía una extrema fiscalización del destino de todo ese dinero, que obligaba al cumplimiento de una serie de formularios y protocolos operativos. Como regla general los colaboradores y confidentes policiales nunca firman un recibí tras la entrega del dinero por razones obvias de seguridad y confidencialidad,

Sin embargo, esa norma era vulnerada en las relaciones con el chófer de Bárcenas. Los agentes de la UAI encontraron entre la documentación intervenida a Villarejo recibos con la firma de Sergio Ríos, según fuentes policiales.

Ese procedimiento sorprende a altos cargos de la Policía, consultados por OKDIARIO. En la maquinaria policial existen gastos reservados que pueden ir acompañados de un recibo como el alquiler de una viviendas, la compra de material técnico operativo o gastos de otras infraestructuras, pero el dinero destinado al pago de colaboradores y confidentes sólo puede ser justificado por el agente que controla a los informantes. Él es quien firma el recibo en última instancia, en el que jamás se recoge el nombre del colaborador. Todo queda bajo la responsabilidad del profesional que dirige la investigación.

La Policía suele contar con dos tipos de colaboradores: unos fijos y otros, ocasionales. En el caso del conductor de Bárcenas acordaron que el topo recibiera su dinero de manera regular. Aunque ese tipo de acuerdo es el que menos gusta a los comisarios jefes, la importancia de la operación, ordenada por las máximas instancias del Ministerio, justificaba tal desembolso.
https://okdiario.com/investigacion/2018/11/08/conductor-del-ex-tesorero-del-pp-cobro-48-000-fondos-reservados-3326630

Interior sobornó con fondos reservados al chófer de Bárcenas para rescatar documentos sensibles de Arenas, Soraya y Cospedal



LOS PINCHAZOS DE VILLAREJO / INVESTIGACIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y ANTICORRUPCIÓN

Luis Bárcenas en la comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del PP. (Foto: Francisco Toledo)
Luis Bárcenas en la comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del PP. (Foto: Francisco Toledo)

Manuel Cerdán y Carlos Cuesta
08/11/201807:0137 s
El chófer cobró unos 2.000 euros mensuales durante 2 años
El Ministerio del Interior sobornó en 2014 al chófer de Luis Bárcenas para recuperar documentos y grabaciones que se había llevado el tesorero del PP de la sede de Génova y que perjudicaban a Javier Arenas, vicesecretario general del Partido Popular; a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal .

La Moncloa solicitó al Ministerio del Interior, entonces bajo el mando de Jorge Fernández Díaz, la puesta en marcha de un operativo policial para rescatar los documentos confidenciales del partido porque podían ser utilizados por Bárcenas para presionar y chantajear al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. En aquellas fechas, el ex tesorero se encontraba en la cárcel de Soto del Real por la causa Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos (UAI) abrieron una pieza secreta hace meses para investigar un operativo policial que fue financiado con fondos reservados del Ministerio del Interior. La Fiscalía va a entregar a la Audiencia Nacional los informes con los documentos que demuestran la participación del conductor de Bárcenas en el papel de topo policial.

La operación policial para recuperar los documentos de Bárcenas fue dirigida en todo momento, según fuentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), por los comisarios José Villarejo, entonces adscrito a la Dirección General de la Policía, y Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información. Ambos montaron un importante dispositivo para recuperar la documentación en poder del ex tesorero.

Según Asuntos Internos era el propio Villarejo quien pagaba en mano al chófer de Bárcenas con el dinero de los fondos reservados que le facilitaban sus superiores.

Unas pistas facilitadas por el propio Villarejo

Las pistas para iniciar las pesquisas fueron facilitadas, involuntariamente, a los agentes de Asuntos Internos por el propio Villarejo. Los policías de la UAI encontraron hace un año en el domicilio del ex comisario, además de documentos y cintas, las facturas y los recibí firmados por el conductor de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con las cantidades percibidas.

Ríos, que había sido conductor de Francisco Granados mientras era consejero de la Comunidad de Madrid, pactó con los enviados del Ministerio del Interior un salario mensual de 2.000 euros al mes.

Villarejo, García Castaño y otros mandos de la cúpula policial están siendo investigados en estos momentos por un equipo especial de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía. Según las pesquisas de esta unidad, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, la documentación intervenida a Villarejo demostraría la existencia de una red paralela de la policía que siguió e investigó, extrajudicialmente, a Bárcenas y a su familia.

El dinero para financiar el espionaje político procedía de los fondos reservados del Ministerio del Interior, unos fondos que son aprobados en los presupuestos generales del Estado para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

Según fuentes policiales, el magistrado Diego de Egea, que instruye las diligencias de la operación Tándem contra Villarejo, abrirá una pieza separada contra los dos comisarios y otros mandos policiales. Las responsabilidades también puede afectar a altos cargos de la estructura política del Ministerio del Interior.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos están convencidos de que la misión policial secreta contra Bárcenas, que nunca fue judicializada, contaba con el visto bueno del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Unos documentos extrajudiciales

Las pesquisas de la UAI, la unidad policial que se dedica a investigar las irregularidades de sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, encontraron también en el domicilio de Villarejo, tras su detención en noviembre de 2017, varias cintas con grabaciones de los encuentros del ex comisario con sus superiores policiales y con su compañero del Cuerpo Nacional de Policía, García Castaño. El contenido de esas cintas sirven para constatar los sobornos al chófer de Bárcenas.

Según las fuentes de la UAI, el objetivo del plan policial era robarle a Bárcenas los documentos y notas personales que se había llevado de sus despacho de Génova. El tesorero del PP había sido despedido de su cargo por la secretaria general María Dolores de Cospedal, tras ser investigado por Baltasar Garzón en la causa Gürtel por sus relaciones con Francisco Correa. Los policías utilizaron al chófer de Bárcenas para localizar el lugar donde el ex tesorero había escondido el material y rescatarlo. El conductor les desveló el domicilio de un taller donde trabajaba Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas.

La operación contra Bárcena, según fuentes judiciales, supone uno de los escándalo más graves del espionaje político en España: el uso de medios del Ministerio del Interior para satisfacer los intereses de un partido político que entonces estaba siendo investigado por la misma Policía por corrupción. El Ministerio del Interior se sirvió de la infraestructura policial y del dinero de los fondos reservados para ocultar pruebas que afectaban al entonces presidente del Gobierno.

El objetivo final no era la localización de las pruebas para judicializarlas sino retirarlas de la circulación para privárselas a los jueces.

El operativo contra Bárcenas, según una fuente judicial, sería equiparable al de las Escuchas del CESID –el anterior organismo del espionaje al CNI-, que estalló en la época de Felipe González, o el caso Faisán, mientras era ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapateo. Entonces, desde Interior se perpetró un chivatazo a ETA, en el bar Faisán de Irún, para facilitar las negociaciones que había emprendido el Gobierno de ZP unos meses antes.
https://okdiario.com/investigacion/2018/11/08/interior-soborno-fondos-reservados-chofer-barcenas-rescatar-documentos-sensibles-arenas-soraya-cospedal-3326623

El 'lobo solitario' que quería asesinar a Pedro Sánchez tenía un arsenal de armas antiguas pero letales que había modificado

Las armas del francotirador de Terrassa: 850 balas por minuto


El Skorpion vz. 61, una de las armas incautadas al 'lobo solitario' que quería actuar como francotirador contra Pedro Sánchez / CG
   
IGNASI JORRO - 08.11.2018 09:53 h.
Hasta 850 balas por minuto. Esta era la potencia de fuego que tenía el francotirador de Terrassa (Barcelona) que pretendía atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que fue detenido tres semanas atrás por los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional en una operación conjunta, como ha avanzado Público.


Una de las armas en posesión de Manuel Murillo Sánchez, de 63 años, era el Skorpion vz.61, un subfusil de fabricación checa que fue ideado en la década de los 60 y que puede disparar hasta 850 proyectiles por minuto. Este arma fue utilizado por el antiguo ejército checoslovaco durante la Guerra Fría y por guerrillas en Asia y África. Más preocupantes son las características del Skorpion que obra en poder de Murillo Sánchez: puede ser disparado desde el interior de un vehículo en marcha por su retroceso controlado.

El Cetme o 'chopo', otra de sus armas
Asimismo, Manuel Murillo Sánchez tenía en su posesión una de las armas icónicas del Ejército, el Cetme o chopo, como se conocía en su nombre coloquial. Este fusil de asalto fue desarrollado en 1949 por el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales (Cetme), que le dió el nombre por las iniciales. Este arma larga estaba pensada para disparar a hasta 400 metros de distancia. Fue diseñado para competir con el fusil M16 de fabricación estadounidense.



https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/francotirador-pedro-sanchez_198017_102_amp.html?fbclid=IwAR3hyQVFOWUCNyb7Zvm8jwYLwhwUb8plBfuVNW7ysj48-hUOMsq1OSKvE5g

Casado defiende a Cospedal tras su dimisión

Sorpresa: los bancos van a pagar el impuesto de las hipotecas antes de que les obligue el Gobierno

Resultado de imagen de hipoteca

Las entidades han pactado comenzar a asumir la tasa que ahora abonan los clientes para lavar la mala imagen que ha quedado del sector tras la sentencia del Supremo
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Sucursal bancaria.
FECHA
08/11/18access_time 1:02

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Pedro Sánchez anunció que reformará la ley hipotecaria mediante un decreto para que los españoles no paguen nunca más el impuesto de las hipotecas, sino que sea la banca quien lo deba asumir. Pero el sector financiero diseña un movimiento insólito para apuntarse también el tanto y que el Gobierno no sea el único que se cuelgue la medalla.

Sánchez ha aclarado que la reforma no tendrá carácter retroactivo y que entrará en vigor después de que el real decreto ley sea convalidado en el Congreso de los Diputados, donde prevé contar con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.

La Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han celebrado la sentencia del Supremo que señala a los clientes como sujetos pasivos del impuesto de Acto Jurídicos Documentados (AJD) como una decisión que “preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado”.

A lo largo de las últimas semanas, los consejeros delegados de todas las entidades cotizadas y el Banco de España habían pedido a los magistrados del Supremo que, ante todo, preservaran la seguridad jurídica del mercado hipotecario.

Pagarán a Hacienda unos 650 millones al año
Pero en la banca también preocupa estos días la imagen que ha quedado del sector. Tras el fallo del Supremo, según las fuentes consultadas por Confidencial Digital, los bancos han valorado que su única batalla era limitar la retroactividad a los últimos cuatro años (con graves costes para las entidades pequeñas) y, sobre todo, evitar la de los 15 años.

En ese escenario adverso, habían calculado que tendrían que asumir una factura de unos 18.000 millones de euros, algo que podría “haberse llevado por delante la mitad del sector bancario en España”.

Las principales entidades financieras también daban por descontado que el Gobierno establecería por ley que fueran ellos quienes asumieran el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a partir de ahora.

Por lo tanto, contaban ya con que tendrían que comenzar a abonar a las Haciendas autonómicas unos 650 millones de euros cada año.

Se anticipan a asumir el impuesto para salvar la cara
Ante este escenario, las fuentes financieras a las que ha tenido acceso ECD explican que la banca va a mover ficha, en los próximos días, para limpiar la mala imagen que ha quedado del sector tras la sentencia del Supremo que ha vuelto a establecer que el impuesto de las hipotecas debe pagarlo el cliente.

Revelan que las entidades están a punto de alcanzar un acuerdo para comenzar a asumir la tasa antes de que se lo imponga el Gobierno a través de la nueva ley hipotecaria, que está previsto que entre en vigor antes de final de año. Es decir, en el sector bancario se entiende como una cuestión asumible porque el anticipo será solamente de unas semanas.

Pero ese gesto por sorpresa servirá a los bancos para venderlo como un gesto hacia los usuarios, que se realiza voluntariamente, para contribuir a apagar el fuego social alentado estos días por algunas asociaciones de consumidores y partidos, como la OCU o Podemos, de que “la banca siempre gana”.

Una política comercial que Bankinter ya comenzó a aplicar el pasado 19 de octubre, un día después de la sentencia del Supremo que dictó que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) debía pagarlo el banco. Desde entonces, lleva asumiendo el abono del impuesto en todas las hipotecas que formaliza.
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/sorpresa-bancos-van-pagar-impuesto-hipotecas-antes-obligue-gobierno/20181107195527117873.html

Pablo Casado debe abandonar Génova

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Pablo Casado y María Dolores de Cospedal.
FECHA
08/11/18access_time 1:00

La "dimisión en diferido" de María Dolores de Cospedal, que comenzó con su renuncia a los cargos orgánicos dentro del partido, se ha precipitado, y finalmente ha decidido abandonar también el escaño.

La actitud distante de Pablo Casado, la entrevista mantenida en Génova con el secretario, Teodoro García-Egea, han sido argumentos añadidos para que adelantara su salida de la política.

En el comunicado de despedida puede adivinarse un tono de queja, o de crítica, hacia el PP y su actual dirección, cuando escribe: "Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él. Cuando tus adversarios políticos detectan que tu fortaleza es vulnerable, los ataques se multiplican".

La salida de Cospedal cierra un poco más la puerta de la etapa anterior del Partido Popular, la del marianismo. Cierto es que quedan todavía algunos viejos elefantes, como el eterno Javier Arenas, pero la renovación empieza a ser ya total.

El cambio es, cada día más, una realidad en el PP.  Cierto que el nuevo equipo que ahora dirige el partido no garantiza nada, políticamente hablando. No asegura una victoria electoral, más o menos próxima o lejana. Pero parece evidente que el anterior, el que encabezaba Mariano Rajoy, y con él María Dolores de Cospedal y el resto, caminaba sin remedio hacia el desastre.

Por cierto que, en esa deriva hacia una nueva época, Pablo Casado no debería acogerse demasiado a José María Aznar. Ya lo he escrito anteriormente. Pienso que el ex presidente no le aporta nada y, en cambio, le puede quitar mucho.

Y, de cara a ese nuevo PP, opino que Pablo Casado debería aceptar el consejo, o petición, de algunos dirigentes, en el sentido de cerrar y abandonar la sede de la calle Génova. Que venda el edificio y se traslade a otro emplazamiento distinto.

Porque, se quiera o no, ese inmueble visualiza la imagen del Partido Popular del pasado, el de la corrupción. Y borrar esa herencia tendría que ser una prioridad. Génova 13 simboliza al PP enfangado.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena
https://www.elconfidencialdigital.com/blog/jose-apezarena-blog/pablo-casado-debe-abandonar-genova/20181107195613117875.html

“Operación Feijóo”, la gran amenaza para Pablo Casado


Dirigentes del PP piensan en el presidente de la Xunta como alternativa si el partido sufre un duro varapalo en las elecciones generales
FECHA
07/11/18access_time 1:05
Resultado de imagen de “Operación Feijóo”, la gran amenaza para Pablo Casado
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Poco más de cien días después de llegar a la presidencia del PP, Pablo Casado vive su momento más delicado al frente del partido. La filtración de las conversaciones de Cospedal con Villarejo le obliga a tomar decisiones contra la que fue su apoyo fundamental en el congreso extraordinario y, además, las perspectivas electorales no mejoran ni en Andalucía ni a nivel nacional.

Todo ello no está pasando inadvertido a nivel interno, donde empiezan a escucharse las primeras críticas al nuevo presidente. Se le acusa, entre otras cosas, de no haber roto con la etapa anterior, conservando a vicesecretarios “sin fuerza” y, además, manteniendo en cargos relevantes a dirigentes que, como Cospedal y sus afines, “pertenecen al pasado y no al futuro”.

Patinazo con la “crisis Cospedal”
Las grabaciones a la ex secretaria general han provocado la primera crisis de comunicación grave del nuevo PP. Y tanto dirigentes nacionales como regionales reconocen en privado al Confidencial Digital que ni Pablo Casado, ni los integrantes del Comité de Dirección, han estado a la altura.

El presidente del partido, afirman estas fuentes, “se ha puesto de perfil” después de unas “semanas de exposición mediática”. Le echan en cara que, precisamente en un asunto tan relevante, no haya dado la cara ante los medios como en días anteriores. Una postura que también han protagonizado los vicesecretarios.

En el partido no entienden cómo, ante las grabaciones comprometedoras a Cospedal, “no hayan salido ni Marta González, vicesecretaria de Comunicación, ni Javier Maroto y Andrea Levy, que siguen sin justificar su continuidad en la dirección nacional”.

Sí dio la cara Teodoro García-Egea, secretario de Organización del PP y mano derecha de Casado. No obstante, su intervención ante los medios, desligando a la actual ejecutiva del caso Cospedal, tampoco ha convencido a altos cargos del partido: “No puedes marcar distancias con el pasado cuando mantienes a gran parte de los que estaban entonces”.

Resurge la “Operación Feijóo”
La gestión de esta última crisis de las grabaciones a Cospedal ha sido para algunos dirigentes consultados “la guinda” a una serie de decisiones que han generado “más dudas que certezas” sobre Pablo Casado a nivel interno.

Una de las fuentes contactadas por ECD explica, en este sentido, que la incertidumbre sobre el futuro del partido no se ha relajado en estos cuatro meses de presidencia de Casado: “No remontamos en las encuestas y las perspectivas electorales no son halagüeñas. En Andalucía nos la vamos a pegar y en España tenemos casi imposible recuperar el Gobierno”.

De hecho, añade este mismo alto cargo, “yo ha he oído afirmar, en Génova, que Casado ha sido un gran candidato para ganar el congreso del partido, pero igual no lo es tanto para volver a ganar unas elecciones generales”.

Unas dudas, sobre el sucesor de Rajoy, que han hecho resurgir la “vía Feijóo” para liderar el partido a corto plazo. Los defensores de esta operación recuerdan que el presidente de la Xunta dejó claro que su compromiso con Galicia acaba en dos años, justo cuando concluye la actual legislatura.

Además, subrayan que Feijóo va a cumplir 12 años como presidente autonómico, cuando él mismo dijo que lo recomendable es estar un máximo de 8: “Galicia se le ha quedado pequeña y él no se ha descartado para la política nacional en ningún momento. Su siguiente paso lógico, tras gobernar tres legislaturas seguidas, es venirse a Madrid”.

El calendario, de hecho, juega a favor del gallego. El congreso extraordinario le pilló “a contrapié”, pero las próximas elecciones gallegas, “a las que ya no se presentaría”, serán en 2020, igual que las generales. Por tanto, “puede presentarse como alternativa a Casado en un nuevo congreso del partido si nos la pegamos en las generales”.

El equipo de Casado, preocupado
Dirigentes nacionales del PP, próximos a Pablo Casado, reconocen que en Génova “ya se conocen” los movimientos para impulsar la llamada “Operación Feijóo”: “Es un hecho que barones regionales y altos cargos que apoyaron a Pablo verían con buenos ojos a Alberto en Madrid si este proyecto no funciona, pero el objetivo es que funcione”.

Otros cargos afines al actual presidente nacional son menos optimistas y comparan la actual situación del PP con la que vivió el PSOE en 2014.

Ese año, Sánchez llegó a la secretaría general de los socialistas apoyado por Susana Díaz, a la que todos veían sucesora de Rubalcaba. Dos años después, la presidenta de la Junta fue la principal causante del Comité Federal que provocó la dimisión del actual presidente. Ahora, en Génova 13, hay quien compara esa crisis del PSOE con lo que puede pasar en el PP con Casado y Feijóo.
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/operacion-feijoo-gran-amenaza-pablo-casado/20181106191854117831.html

Bon dia

Gentilesa de Jaime S.E.







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