Los municipios de la provincia de Castelló sufren desde las primeras décadas del siglo XX una emigración masiva de su población con destino, especialmente, a las ciudades ubicadas en la franja litoral y capitales como Barcelona y València. En este sentido, la pérdida de habitantes que ha tenido especial incidencia a partir del año 2008 no es más que la tercera gran emigración de las zonas del interior castellonense, tras las sucedidas en el entorno previo a la Gran Guerra y la de los años 60.
Pero por primera vez se ha situado en la agenda política esta circunstancia ante las graves amenazas que supone la pérdida de población tanto para la custodia del territorio, como para la salud alimentaria y la cultura, aunque algunos colectivos luchan por desterrar esta asociación de ideas que lleva a pensar soluciones equivocadas.
Diagnosticado el problema, las administraciones valencianas han puesto en marcha iniciativas para mitigar la pérdida de población. No obstante, entre esas iniciativas se hace complicado por un lado esquivar la retórica y, por otro, separar qué acciones benefician la permanencia de la población y cuáles no hacen sino cumplir con reivindicaciones históricas de derechos para la ciudadanía de esos municipios.
La Generalitat ha puesto en marcha este otoño la Agència Valenciana Antidespoblament (Avant). Se trata de una comisión interdepartamental «encargada de coordinar las distintas acciones, tiene como objetivo dar respuesta a los problemas básicos que afectan al mundo rural; esto es, la movilidad, la educación, la sanidad, los servicios financieros, el empleo y la fiscalidad».
A este respecto, el presupuesto del Consell contempla diversas iniciativas que cumplen con este objetivo como la creación del Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 40 millones de euros y que palia la situación financiera de los ayuntamientos, así como diversos convenios de Sanidad y Educación que permiten el mantenimiento de las unidades de emergencia y de las unidades escolares a pesar de no cumplir con los ratios de rentabilidad.
Más allá, también se han fijado partidas para la remodelación de consultorios de salud de titularidad municipal, transporte gratuito para escolares o ayudas a la industrialización promovidas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.
En cuanto a medidas concretas, desde la Generalitat se destaca la creación del Centro de Desarrollo Turístico que se instalará en Morella, la perforación de un pozo entre Vilafranca y Benassal para abastecer a la población y a la industria o la inversión en las brigadas forestales para mitigar el riesgo de incendio en las zonas periurbanas.
No obstante, en cuanto a la fiscalidad, la Agència está trabajando en poder implementar esta demanda, que todavía no se refleja en los presupuestos de 2018. El propio presidente del Consell, Ximo Puig, asumió que debe haber una discriminación positiva en las comarcas afectadas por la despoblación.
Acciones de la diputación
El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, aseguraba en la presentación de los presupuestos de 2018 que se había conseguido situar la despoblación en la agenda política y aseguró que las cuentas de la entidad para el próximo año iban encaminadas a paliar este problema.
Entre las diversas medidas que contemplan estos presupuestos, desde la diputación se han agrupado en un programa común llamado Repoblem, aunque están dispersas entre diversas partidas y es complicado cuantificarlas.
Por el momento, entre las medidas concretas destacan las ayudas por nacimiento o adopción en municipios con población inferior a 1.000 habitantes (50.000 euros), subvenciones para la consolidación de la población juvenil (60.000 euros) o los talleres de empleo propios y del programa autonómico T'Avalem que se desarrollan en los centros CEDES y que suman casi 800.000 euros. Hay que añadir las subvenciones para gastos de transporte y residencia de estudiantado universitario de municipios de interior para los que hay reservada una partida de 50.000 euros.
Así mismo, desde la Diputación de Castelló cuantifican como ayudas contra la despoblación las subvenciones para la instalación de Unidades de Respiro Familiar, Escoles Matineres o como las inversiones en carreteras y que sumarán durante 2018 prácticamente 8 millones de euros.
A su vez, al igual que la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castelló colabora con el Fondo de Cooperación Municipal y destina, a través del Plan 135, un total de 12,4 millones de euros (la partida se incrementa ya que fueron 12,1 en 2016) a los municipios para la realización de obras o servicios.
Ayuntamientos
Los propios municipios, dentro de sus posibilidades financieras, también han llevado a cabo diferentes iniciativas para paliar la despoblación.
Es el caso del Ayuntamiento de Culla, que decidió subvencionar con 3.000 euros a aquellas familias cuyos hijos completen el ciclo escolar en el municipio.
