diumenge, 5 d’agost del 2018
El dia de la Mare de Deu, Albocàsser ens solidaritzarem en els xiques les dones i els homes que patissen les injustícies de les guerres al mon
Tere Boix Ferrando
El dia de la Mare de Deu, Albocàsser ens solidaritzarem en els xiques les dones i els homes que patissen les injustícies de les guerres al mon.
MARENOSTRUM un acte on junts cantarem a la llibertat dels pobles i els donarem la ma de tot cor
El projecte solidari MARENOSTRUM naix de les inquietuds socio culturals que cada any transmitim en el dia de la festa major d'Albocàsser .
Som un equip de xiquets homes i dones que moguts pel drama de les guerres i de les persones que les patissen, volem
aportar el nostre granet de sorra fent que en una nit simbòlica un poble ens unim a la causa en record, sentiments i ajuda.
La mala pata de otro caso aislado:Los pinchazos de la Operación Enredadera, "Hasta que nos metan en la cárcel nos vamos a reír un montón"
Los imputados estaban organizados para amañar concursos públicos comprando voluntades de políticos y funcionarios
El empresario José Luis Ulibarri, cabecilla de la trama según la investigación, intenta ser discreto y lo hace bajo una máxima: "por teléfono, ni una paja"
Laura Cornejo
04/08/2018 - 20:16h
José Luis Ulibarri (EFE)
MÁS INFO
Manuel Campo Vidal llamó a la mano derecha de Ulibarri para saber por qué había cobrado 100.000 euros
Los dos cargos de Ciudadanos en León imputados pedían 20.000 euros por sus gestiones para la trama 'Enredadera'
Los hombres de Ulibarri en los medios: cómo sacar más dinero público a los políticos
Los pinchazos telefónicos autorizados por el juez de la Operación Enredadera son una pieza básica en la causa. Fundamentalmente demuestran que los imputados estaban organizados para amañar concursos públicos comprando voluntades de políticos y funcionarios, pero es que además denotan la impunidad que creían tener, el poder que ostentaban, y la presión que hacían a través de los medios de comunicación del cabecilla, José Luis Ulibarri, y su socio, Ángel Luis García 'El patatero'.
El poder de Ulibarri
Prácticamente desde el inicio de la investigación, la Udef situó a José Luis Ulibarri en el nivel superior de la organización. Las escuchas dejaban claro que era él quién tenía la influencia y el poder, y según colaboradores "más peligro que una caja bomba", "ese levanta las gafas y...", comentaban. Los agentes centraban su poder en sus amistades políticas y en los medios de comunicación de su propiedad, y sus colaboradores tenían en cuenta además su participación en la trama Gürtel. En una conversación, Ángel Luis García indica a un posible socio que busque en internet quien es José Luis Ulibarri "dueño de El País en Castilla y León" (en realidad era socio de la cabecera de El Mundo).
Los políticos que entran a formar parte de la trama, facilitando pliegos o convenciendo a otros para que lo hagan, intentan siempre paralizar cualquier información negativa sobre ellos en los medios de Ulibarri. Es el caso del alcalde socialista de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, que teme que el director de Diario El Mundo de Valladolid, Pablo Lago, saque "algún artículo" por haber prescindido de un histórico del PSOE en León, Tino González. Como le explica El Patatero, Llamas teme que González "muera matando". Ulibarri pide que le transmita el mensaje de que "esté tranquilo".
Miedo a 'Dios'
También en esas grabaciones queda clarísimo el miedo reverencial a José Luis Ulibarri: en una conversación entre del delegado de Gespol en Catalunya, José Alberto Bueno, y el delegado de la zona centro, Roberto Legazpi, tratan el posible amaño del concurso del tráfico en Palencia. Legazpi, dice haber recibido la llamada de 'Dios' para saber si tienen a alguien en ese Ayuntamiento. "Entonces me pregunta, Dios claro, Dios habla con sus homólogos, si esa concejala, esa concejala de mierda de Palencia, que no sabe como se llama, si tendríamos, si tendríamos todo su apoyo, vale, entonces le he dicho, hombre entiendo que sí, digo con Paloma sé que está muy bien con Jose Alberto y tal, dice no tendríamos su apoyo, sí vale perfecto, tenemos su apoyo". Pero Bueno duda, y Legazpi teme haber metido la pata: "No jodas tú, es que tira un trueno y me mata, no me jodas que no lo sabes, le he dicho a Dios que sí".
A lo largo de más de un año de pinchazos, con excepción de Ulibarri y su mano derecha, Miguel Manovel, los investigados hacen todo tipo de bromas jocosas sobre la jerarquía establecida y también sobre su conducta delictiva. En una de las conversaciones, Roberto Legazpi se ríe con su compañero Bueno después de haber comentado como inflar costes en los contratos. "Esto es alucinante, hasta que nos metan en la cárcel, nos vamos a reír un montón", dice entre risas.
A su vez, José Alberto Bueno, que llega a visitar el Ayuntamiento de León entrando por una puerta trasera, subiendo hasta la sexta planta en un ascensor con llave y sin que quede constancia del acceso, comenta al acabar la reunión con dos concejales que uno de ellos le ha despedido "entre lágrimas" y que le va a "chupar la polla".
También se refieren a socios y rivales como "mafiosos". Así describen a un empresario de la competencia, el presidente de Aceinsa. "Es mafioso, mírate internet, quién es...un mafioso, es un prenda, otro prenda". "De los que últimamente tenemos varios, pues otra prensa de esa línea". A pesar de su opinión, Legazpi se reunió con él para ofrecerle concurrir juntos a concursos. Cuando comenta la reunión con Bueno dice: "Este es el típico que eso (risas) ya está ¿sabes?. Bueno le responde que "como el de gafas (Ulibarri), pero Legazpi precisa: "A menos escala porque el de gafas es mucho más. Pasa que el de gafas vende de todo y hace de todo y está en todos los sitios".
Ilegalidades camufladas
Miguel Manovel, que hace llamadas muy prácticas, siempre encaminadas a resolver problemas, comenta en una de ellas que para el contrato de Arroyomolinos, la sociedad que usan tiene que certificar estar al día con Hacienda. En el caso de Utebo es imposible porque no tiene ni una sola persona dada de alta. La solución que da es traspasar el alta de un trabajador que tiene en otra sociedad.
Cohechos y sobornos
A lo largo de todo el sumario aparecen referencias a pagos y regalos que se hace a funcionarios y políticos. Es especialmente reveladora la reacción de Ángel Luis García cuando sabe que ha quedado fuera de una adjudicación en Oviedo. Monta en cólera porque ha estado dos años en contacto con el jefe de la Policía Local y cree que le ha traicionado: "Dos años pagándole todo, pagándole el palco (del estadio) y me trata así", estalla. En pleno enfado incluso amenaza con acudir a un juzgado a denunciar los hechos.
Indiscreciones telefónicas
Mientras que los hombres de Gespol intentan hablar en clave y se refieren a Ulibarri como 'Dios', ' el de las gafas', ' el de eurovisión' o 'el jefe', su socio El Patatero saca de quicio a estos por su manía de "decir apellidos", "qué puta manía", comentan. Ulibarri también intenta ser discreto y lo hace bajo una máxima: "por teléfono, ni una paja", "no me cuentes nada, no me cuentes nada", advierte en varias ocasiones. Su discreción es tal, que los investigadores van descubriendo que tiene más teléfonos que el que pinchan al inicio y un Ipad en el que consume 11 gigas en 10 días, lo que les lleva a pensar que usa este dispositivo para recibir correos sobre sus negocios ilegales.
También es discreto Sadat Maraña, el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, que usa su teléfono móvil sin ser muy explícito, pero sobre todo el de su novia. Para hablar con Legazpi, dice este en una de sus escuchas, siempre le llama desde un locutorio, nunca desde su teléfono.
El empresario José Luis Ulibarri, cabecilla de la trama según la investigación, intenta ser discreto y lo hace bajo una máxima: "por teléfono, ni una paja"
Laura Cornejo
04/08/2018 - 20:16h
José Luis Ulibarri (EFE)
MÁS INFO
Manuel Campo Vidal llamó a la mano derecha de Ulibarri para saber por qué había cobrado 100.000 euros
Los dos cargos de Ciudadanos en León imputados pedían 20.000 euros por sus gestiones para la trama 'Enredadera'
Los hombres de Ulibarri en los medios: cómo sacar más dinero público a los políticos
Los pinchazos telefónicos autorizados por el juez de la Operación Enredadera son una pieza básica en la causa. Fundamentalmente demuestran que los imputados estaban organizados para amañar concursos públicos comprando voluntades de políticos y funcionarios, pero es que además denotan la impunidad que creían tener, el poder que ostentaban, y la presión que hacían a través de los medios de comunicación del cabecilla, José Luis Ulibarri, y su socio, Ángel Luis García 'El patatero'.
El poder de Ulibarri
Prácticamente desde el inicio de la investigación, la Udef situó a José Luis Ulibarri en el nivel superior de la organización. Las escuchas dejaban claro que era él quién tenía la influencia y el poder, y según colaboradores "más peligro que una caja bomba", "ese levanta las gafas y...", comentaban. Los agentes centraban su poder en sus amistades políticas y en los medios de comunicación de su propiedad, y sus colaboradores tenían en cuenta además su participación en la trama Gürtel. En una conversación, Ángel Luis García indica a un posible socio que busque en internet quien es José Luis Ulibarri "dueño de El País en Castilla y León" (en realidad era socio de la cabecera de El Mundo).
Los políticos que entran a formar parte de la trama, facilitando pliegos o convenciendo a otros para que lo hagan, intentan siempre paralizar cualquier información negativa sobre ellos en los medios de Ulibarri. Es el caso del alcalde socialista de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, que teme que el director de Diario El Mundo de Valladolid, Pablo Lago, saque "algún artículo" por haber prescindido de un histórico del PSOE en León, Tino González. Como le explica El Patatero, Llamas teme que González "muera matando". Ulibarri pide que le transmita el mensaje de que "esté tranquilo".
Miedo a 'Dios'
También en esas grabaciones queda clarísimo el miedo reverencial a José Luis Ulibarri: en una conversación entre del delegado de Gespol en Catalunya, José Alberto Bueno, y el delegado de la zona centro, Roberto Legazpi, tratan el posible amaño del concurso del tráfico en Palencia. Legazpi, dice haber recibido la llamada de 'Dios' para saber si tienen a alguien en ese Ayuntamiento. "Entonces me pregunta, Dios claro, Dios habla con sus homólogos, si esa concejala, esa concejala de mierda de Palencia, que no sabe como se llama, si tendríamos, si tendríamos todo su apoyo, vale, entonces le he dicho, hombre entiendo que sí, digo con Paloma sé que está muy bien con Jose Alberto y tal, dice no tendríamos su apoyo, sí vale perfecto, tenemos su apoyo". Pero Bueno duda, y Legazpi teme haber metido la pata: "No jodas tú, es que tira un trueno y me mata, no me jodas que no lo sabes, le he dicho a Dios que sí".
A lo largo de más de un año de pinchazos, con excepción de Ulibarri y su mano derecha, Miguel Manovel, los investigados hacen todo tipo de bromas jocosas sobre la jerarquía establecida y también sobre su conducta delictiva. En una de las conversaciones, Roberto Legazpi se ríe con su compañero Bueno después de haber comentado como inflar costes en los contratos. "Esto es alucinante, hasta que nos metan en la cárcel, nos vamos a reír un montón", dice entre risas.
A su vez, José Alberto Bueno, que llega a visitar el Ayuntamiento de León entrando por una puerta trasera, subiendo hasta la sexta planta en un ascensor con llave y sin que quede constancia del acceso, comenta al acabar la reunión con dos concejales que uno de ellos le ha despedido "entre lágrimas" y que le va a "chupar la polla".
También se refieren a socios y rivales como "mafiosos". Así describen a un empresario de la competencia, el presidente de Aceinsa. "Es mafioso, mírate internet, quién es...un mafioso, es un prenda, otro prenda". "De los que últimamente tenemos varios, pues otra prensa de esa línea". A pesar de su opinión, Legazpi se reunió con él para ofrecerle concurrir juntos a concursos. Cuando comenta la reunión con Bueno dice: "Este es el típico que eso (risas) ya está ¿sabes?. Bueno le responde que "como el de gafas (Ulibarri), pero Legazpi precisa: "A menos escala porque el de gafas es mucho más. Pasa que el de gafas vende de todo y hace de todo y está en todos los sitios".
Ilegalidades camufladas
Miguel Manovel, que hace llamadas muy prácticas, siempre encaminadas a resolver problemas, comenta en una de ellas que para el contrato de Arroyomolinos, la sociedad que usan tiene que certificar estar al día con Hacienda. En el caso de Utebo es imposible porque no tiene ni una sola persona dada de alta. La solución que da es traspasar el alta de un trabajador que tiene en otra sociedad.
Cohechos y sobornos
A lo largo de todo el sumario aparecen referencias a pagos y regalos que se hace a funcionarios y políticos. Es especialmente reveladora la reacción de Ángel Luis García cuando sabe que ha quedado fuera de una adjudicación en Oviedo. Monta en cólera porque ha estado dos años en contacto con el jefe de la Policía Local y cree que le ha traicionado: "Dos años pagándole todo, pagándole el palco (del estadio) y me trata así", estalla. En pleno enfado incluso amenaza con acudir a un juzgado a denunciar los hechos.
Indiscreciones telefónicas
Mientras que los hombres de Gespol intentan hablar en clave y se refieren a Ulibarri como 'Dios', ' el de las gafas', ' el de eurovisión' o 'el jefe', su socio El Patatero saca de quicio a estos por su manía de "decir apellidos", "qué puta manía", comentan. Ulibarri también intenta ser discreto y lo hace bajo una máxima: "por teléfono, ni una paja", "no me cuentes nada, no me cuentes nada", advierte en varias ocasiones. Su discreción es tal, que los investigadores van descubriendo que tiene más teléfonos que el que pinchan al inicio y un Ipad en el que consume 11 gigas en 10 días, lo que les lleva a pensar que usa este dispositivo para recibir correos sobre sus negocios ilegales.
También es discreto Sadat Maraña, el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, que usa su teléfono móvil sin ser muy explícito, pero sobre todo el de su novia. Para hablar con Legazpi, dice este en una de sus escuchas, siempre le llama desde un locutorio, nunca desde su teléfono.
El PP considera que sus estatutos no obligarían a Pablo Casado a dimitir si es imputado por su máster
Las normas internas contemplan la apertura de un expediente informativo para los dirigentes que hayan sido citados a declarar como investigados
Los estatutos solo establecen la suspensión de afiliación cuando se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción
Iñigo Aduriz
04/08/2018 - 20:15h
El presidente del PP, Pablo Casado. EFE
Los avances de la investigación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre las supuestas irregularidades del Máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que Pablo Casado cursó entre 2008 y 2009, están complicando el horizonte político del líder del PP. Esta misma semana, una de las alumnas que tiene un expediente calcado al del presidente de los conservadores confesaba ante la magistrada que se sacó el título sin hacer nada, ya que ni fue a clase ni entregó trabajos.
Tanto ella como las otras dos compañeras de Casado con idéntico expediente que también declaraban ante la jueza salían de los juzgados imputadas por prevaricación, incrementando las opciones de que la jueza solicite al Tribunal Supremo –único órgano judicial competente para investigar a Casado, dada su condición de aforado– que también impute al presidente del PP en las próximas semanas.
Si finalmente llega a producirse esa imputación, los conservadores no creen que su presidente tenga que dejar su cargo. Fuentes de la dirección nacional del partido explican a eldiario.es que los estatutos de la formación conservadora "no obligan" a ninguno de sus cargos a dimitir si un tribunal les cita a declarar como investigados.
Las normas internas se limitan a establecer que cuando "se tenga conocimiento" de que alguno de sus dirigentes "ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial", el Comité de Derechos y Garantías del partido "procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente".
"La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial", añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.
El Comité de Derechos y Garantías
No obstante, antes de tomar posesión de su cargo Casado tuvo que dejar claro por escrito su compromiso de comunicar a la dirección del PP "la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".
Los estatutos tan solo establecen la suspensión provisional de afiliación, que "será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías", cuando "un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".
Asimismo, en los casos "de delitos flagrantes de corrupción", el Comité de Derechos y Garantías Nacional, "a la vista de la gravedad de los hechos", podrá determinar "la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto". Se decretará el archivo del expediente disciplinario "en el momento en el que recaiga sentencia absolutoria, aunque no sea firme, auto de sobreseimiento o el expedientado quede excluido de la investigación judicial".
Pérdida de condición de afiliado
Los estatutos también contemplan la extinción de la condición de afiliado para quien sea condenado "por un delito mediante sentencia judicial firme previo informe del Comité de Derechos y Garantías y atendiendo a la gravedad del delito". Y consideran como una "infracción muy grave" la condena por un delito "que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" del partido.
La sanción de esa infracción muy grave va desde la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo de entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo o directamente la expulsión del PP.
https://www.eldiario.es/politica/PP-considera-estatutos-obligarian-Casado_0_799670695.html
Los estatutos solo establecen la suspensión de afiliación cuando se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción
Iñigo Aduriz
04/08/2018 - 20:15h
El presidente del PP, Pablo Casado. EFE
Los avances de la investigación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre las supuestas irregularidades del Máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que Pablo Casado cursó entre 2008 y 2009, están complicando el horizonte político del líder del PP. Esta misma semana, una de las alumnas que tiene un expediente calcado al del presidente de los conservadores confesaba ante la magistrada que se sacó el título sin hacer nada, ya que ni fue a clase ni entregó trabajos.
Tanto ella como las otras dos compañeras de Casado con idéntico expediente que también declaraban ante la jueza salían de los juzgados imputadas por prevaricación, incrementando las opciones de que la jueza solicite al Tribunal Supremo –único órgano judicial competente para investigar a Casado, dada su condición de aforado– que también impute al presidente del PP en las próximas semanas.
Si finalmente llega a producirse esa imputación, los conservadores no creen que su presidente tenga que dejar su cargo. Fuentes de la dirección nacional del partido explican a eldiario.es que los estatutos de la formación conservadora "no obligan" a ninguno de sus cargos a dimitir si un tribunal les cita a declarar como investigados.
Las normas internas se limitan a establecer que cuando "se tenga conocimiento" de que alguno de sus dirigentes "ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial", el Comité de Derechos y Garantías del partido "procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente".
"La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial", añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.
El Comité de Derechos y Garantías
No obstante, antes de tomar posesión de su cargo Casado tuvo que dejar claro por escrito su compromiso de comunicar a la dirección del PP "la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".
Los estatutos tan solo establecen la suspensión provisional de afiliación, que "será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías", cuando "un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".
Asimismo, en los casos "de delitos flagrantes de corrupción", el Comité de Derechos y Garantías Nacional, "a la vista de la gravedad de los hechos", podrá determinar "la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto". Se decretará el archivo del expediente disciplinario "en el momento en el que recaiga sentencia absolutoria, aunque no sea firme, auto de sobreseimiento o el expedientado quede excluido de la investigación judicial".
Pérdida de condición de afiliado
Los estatutos también contemplan la extinción de la condición de afiliado para quien sea condenado "por un delito mediante sentencia judicial firme previo informe del Comité de Derechos y Garantías y atendiendo a la gravedad del delito". Y consideran como una "infracción muy grave" la condena por un delito "que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" del partido.
La sanción de esa infracción muy grave va desde la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo de entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo o directamente la expulsión del PP.
https://www.eldiario.es/politica/PP-considera-estatutos-obligarian-Casado_0_799670695.html
Otro presunto caso aislado:La jueza investiga un quebranto al Consell de 3 millones de una empresa creada por Blasco
La Generalitat denunció en Anticorrupción tras descubrir múltiples irregularidades y perdió un solar en Alaquàs para vivienda protegida
Ramón Ferrando | València 05.08.2018 | 01:01
La jueza investiga un quebranto al Consell de 3 millones de una empresa creada por Blasco
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de València ha abierto una investigación para aclarar un presunto quebranto económico de cerca de tres millones de euros de una empresa creada por Rafael Blasco durante su paso por la Conselleria de Ordenación del Territorio y Vivienda. El Consell de Ximo Puig descubrió múltiples irregularidades en la gestión de la empresa mixta dependiente del Ivvsa «Desarrollos Urbanos para la vivienda Protegida S.L.» (DUPV) y llevó en 2016 el caso a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal remitió el asunto al juzgado y la juez ha abierto diligencias previas al apreciar indicios de delito. La Generalitat se va a personar como acusación.
Según el relato de la denuncia que ahora investiga el juzgado, Desarrollos Urbanos para la Vivienda Protegida compró un solar en Alaquàs del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) sin desembolsar un euro, repartió dinero a manos llenas en contratos con empresas afines y familiares de los promotores privados, y nunca puso un ladrillo en el solar.
Las irregularidades que ahora va a investigar la magistrada parten desde el mismo momento en el que en 2004 el Ivvsa convocó a «empresas interesadas» en aportar suelo para construir viviendas en Orpesa, Vinaròs, El Puig, Massalfassar, Museros, Paterna, Pobla de Farnals, Catarroja y Vila-real y dio un plazo de 7 días para presentarse.
Ninguna de las compañías presentadas acreditó ser propietaria del suelo (debían aportar al menos el 25 %), pero el Ivvsa resolvió a favor de Urbana Ducat que controlaba el 51 % de la empresa mixta junto a otras dos firmas y la Generalitat se quedó con el 49 % restante. La firma mixta DUPV tenía a Rafael Blasco como presidente del consejo de administración y a Andrés Selma como secretario y miembro del consejo. Según denuncia el Consell, la celeridad y falta de transparencia en el procedimiento de selección de las empresas llegó a tal punto que tan solo transcurrieron 16 días entre el anuncio del DOCV y la firma de la escritura de constitución de la sociedad.
En 2006, el Ivvsa vendió a DUPV por tres millones de euros (pagados con un crédito puente) un solar de 6.000 metros cuadrados de su propiedad en Alaquàs sin el preceptivo trámite de publicidad y concurrencia por lo que no quedó garantizado que el precio se ajustaba «al valor de mercado».
Además, y con el objetivo de poder obtener el aval público de distintas operaciones crediticias a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el 23 de diciembre de 2010 la empresa Urbana Ducat vendió al Ivvsa un 2 %. Con la adquisición de participaciones de la empresa mixta, la Generalitat pasó a ser el accionista mayoritario (con el 51 %) con todas las obligaciones que ello comportaba.
Informe de la Intervención
Un informe emitido en 2015 por la Intervención de la Generalitat reveló que la empresa mixta no tuvo en ningún momento ni medios materiales ni personal propio y que toda la actividad la realizó el socio privado externo. Según la Intervención, no consta que ni el Ivvsa ni la Generalitat hubiesen realizado algún tipo de control. Además, se descubrió «lazos de parentesco» entre los administradores y propietarios de todas las mercantiles que habían participado desde el primer momento como socios. Es decir, que las empresas privadas de la sociedad presuntamente adjudicaban los trabajos a firmas con las que tenían vinculaciones.
La denuncia que presentó el Consell ante la Fiscalía incluyó a todos los equipos de Vivienda del PP. Aunque en ese momento la conselleria puntualizó que la identidad de los posibles responsables públicos tenía que ser determinada por el juzgado, estimó «prudente apuntar la identidad de quienes han sido en cada momento los representantes de la Generalitat a través del Ivvsa. El largo listado incluía nombres como el de Rafael Blasco, Esteban González Pons, María Ángeles Ureña y el fallecido José Ramón García Antón.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/08/05/jueza-investiga-quebranto-consell-3/1753114.html
Ramón Ferrando | València 05.08.2018 | 01:01
La jueza investiga un quebranto al Consell de 3 millones de una empresa creada por Blasco
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de València ha abierto una investigación para aclarar un presunto quebranto económico de cerca de tres millones de euros de una empresa creada por Rafael Blasco durante su paso por la Conselleria de Ordenación del Territorio y Vivienda. El Consell de Ximo Puig descubrió múltiples irregularidades en la gestión de la empresa mixta dependiente del Ivvsa «Desarrollos Urbanos para la vivienda Protegida S.L.» (DUPV) y llevó en 2016 el caso a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal remitió el asunto al juzgado y la juez ha abierto diligencias previas al apreciar indicios de delito. La Generalitat se va a personar como acusación.
Según el relato de la denuncia que ahora investiga el juzgado, Desarrollos Urbanos para la Vivienda Protegida compró un solar en Alaquàs del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) sin desembolsar un euro, repartió dinero a manos llenas en contratos con empresas afines y familiares de los promotores privados, y nunca puso un ladrillo en el solar.
Las irregularidades que ahora va a investigar la magistrada parten desde el mismo momento en el que en 2004 el Ivvsa convocó a «empresas interesadas» en aportar suelo para construir viviendas en Orpesa, Vinaròs, El Puig, Massalfassar, Museros, Paterna, Pobla de Farnals, Catarroja y Vila-real y dio un plazo de 7 días para presentarse.
Ninguna de las compañías presentadas acreditó ser propietaria del suelo (debían aportar al menos el 25 %), pero el Ivvsa resolvió a favor de Urbana Ducat que controlaba el 51 % de la empresa mixta junto a otras dos firmas y la Generalitat se quedó con el 49 % restante. La firma mixta DUPV tenía a Rafael Blasco como presidente del consejo de administración y a Andrés Selma como secretario y miembro del consejo. Según denuncia el Consell, la celeridad y falta de transparencia en el procedimiento de selección de las empresas llegó a tal punto que tan solo transcurrieron 16 días entre el anuncio del DOCV y la firma de la escritura de constitución de la sociedad.
En 2006, el Ivvsa vendió a DUPV por tres millones de euros (pagados con un crédito puente) un solar de 6.000 metros cuadrados de su propiedad en Alaquàs sin el preceptivo trámite de publicidad y concurrencia por lo que no quedó garantizado que el precio se ajustaba «al valor de mercado».
Además, y con el objetivo de poder obtener el aval público de distintas operaciones crediticias a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el 23 de diciembre de 2010 la empresa Urbana Ducat vendió al Ivvsa un 2 %. Con la adquisición de participaciones de la empresa mixta, la Generalitat pasó a ser el accionista mayoritario (con el 51 %) con todas las obligaciones que ello comportaba.
Informe de la Intervención
Un informe emitido en 2015 por la Intervención de la Generalitat reveló que la empresa mixta no tuvo en ningún momento ni medios materiales ni personal propio y que toda la actividad la realizó el socio privado externo. Según la Intervención, no consta que ni el Ivvsa ni la Generalitat hubiesen realizado algún tipo de control. Además, se descubrió «lazos de parentesco» entre los administradores y propietarios de todas las mercantiles que habían participado desde el primer momento como socios. Es decir, que las empresas privadas de la sociedad presuntamente adjudicaban los trabajos a firmas con las que tenían vinculaciones.
La denuncia que presentó el Consell ante la Fiscalía incluyó a todos los equipos de Vivienda del PP. Aunque en ese momento la conselleria puntualizó que la identidad de los posibles responsables públicos tenía que ser determinada por el juzgado, estimó «prudente apuntar la identidad de quienes han sido en cada momento los representantes de la Generalitat a través del Ivvsa. El largo listado incluía nombres como el de Rafael Blasco, Esteban González Pons, María Ángeles Ureña y el fallecido José Ramón García Antón.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/08/05/jueza-investiga-quebranto-consell-3/1753114.html
Otro caso aislado:La Audiencia Nacional juzgará a 79 personas por las macrocausas de Bankia y Bancaja
La cifra rozará los 90 si al final también se procesa a los investigados por las cuentas de Banco de Valencia
Gemma Martínez | València 04.08.2018 | 21:53
José Luis Olivas, a su llegada al juzgado de València para declarar como testigo por la Fórmula 1. efe/m. briuque
Una década después de la crisis de 2008, que supuso la práctica desaparición de las cajas de ahorro y obligó a España a rescatar al sector financiero con más de 56.000 millones de euros, los gestores y administradores de algunas de las entidades más problemáticas se dirigen al banquillo, en algún caso por primera vez.
En esta dirección, la Audiencia Nacional juzgará a 79 personas (presidentes, directivos, miembros del consejo de administración y otros profesionales vinculados al sector financiero) por las dos macrocausas relacionadas con la antigua Bancaja y con su sucesora, Bankia. La cifra crecerá y rozará las 90 si los investigados por las cuentas del Banco de Valencia (la instrucción aún está en trámite) son finalmente procesados.
Cinco de los 79 están en las dos causas: José Luis Olivas (expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia), Antonio Tirado (expresidente de Bancaja), Rafael Ferrando (expresidente de Cierval, la antigua patronal valenciana), Remigio Pellicer (empresario del mueble) y Ángel Villanueva (exsecretario de Bancaja). Ellos estaban en el consejo de Bancaja, de Bankia o de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
Los primeros que se sentarán en el banquillo en la Audiencia Nacional serán las 31 personas físicas encausadas por la salida a Bolsa de Bankia, que se produjo en 2011. Será el próximo 26 de noviembre por orden de la sección cuarta de la Sala de lo Penal. El juicio se celebrará en San Fernando de Henares (Madrid) y las sesiones están fijadas hasta el mes de junio de 2019. La magistrada será Ángela Murillo y 31 personas físicas (y 3 jurídicas) deberán responder de presuntos delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de la salida a bolsa y de posible fraude a los inversores.
En el proceso participaran 12 acusaciones particulares, entre ellas la Abogacía del Estado, y dos populares, ejercidas por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), las mismas que participaron en el caso de las tarjetas black (cobro de gastos ilegales con cargo a tarjetas de Bankia).
México
La segunda gran macrocausa es de Bancaja por sus inversiones inmobiliarias en México, el caso conocido como Grand Coral. Esta semana, la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado auto de procesamiento contra 48 personas (43 si se excluyen de la cuenta a los cinco que ya están también en Bankia) por un presunto desfalco de 750 millones de euros. Están acusados de administración desleal y blanqueo de capitales.
Se está a la espera del escrito del fiscal para la posible apertura del juicio oral, algo que se espera que así sea.
La cifra de afectados crecerá, con toda probabilidad, cuando concluya la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz del caso Banco de Valencia, que investiga a exdirectivos y consejeros de la antigua filial de Bancaja a instancias de pequeños accionistas por falsedad en las cuentas.
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/economia/2018/08/05/audiencia-nacional-juzgara-79-personas/1752992.html
Les Coves rebrà de la Generalitat per invertir al Polígon Tres Cantons 86.780€ enguany i 80.104 l'any que ve
La provincia recibe diez millones de euros de la Conselleria de Economia para mejorar 29 polígonos industriales
- 4 agosto, 2018 -
La provincia recibe diez millones de euros de la Conselleria de Economia para mejorar 29 polígonos industriales
Las ayudas de mejora y modernización del Ivace 2018-2019 dan continuidad a las de 2017, se ha llegado a todas las comarcas de Castellón y beneficiarán a 19 municipios que son Villahermosa, Segorbe, Cabanes, Castellón, Les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Alquerías, Betxí, Burriana, Xilxes, Eslida, La Llosa, Nules, La Vall d’Uixó, Vila-real, L’Alcora, Figueroles y Lucena. Climent, ha asegurado que “si mejoramos los polígonos estamos mejorando también la calidad de vida de los trabajadores”.
Las actuaciones susceptibles de ayuda son la obra civil que permita la implantación de fibra óptica, vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local, carril bici, pasarelas de peatones, depuradoras, mejora de la imagen, del alumbrado público, energía renovable y servicios contra incendios, sistemas de gestión de residuos, zonas verdes, herramientas web, mejora viaria, de accesos, señalización y de saneamiento
Castellón Información
El Ivace, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha concedido 10 millones de euros para subvencionar las actuaciones de mejora y modernización de un total de 29 polígonos industriales de la provincia de Castellón.
Estas ayudas se distribuirán en los ejercicios 2018 y 2019. De este modo, en 2018 se invertirán un total de 5,17 millones de euros y 4,82 millones en 2019. Las subvenciones forman parte de la convocatoria de ayudas del Ivace para proyectos de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con carácter bianual para los ejercicios 2018 y 2019 que cuenta con un presupuesto total de 24,59 millones.
El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha asegurado que “si mejoramos los polígonos estamos mejorando también la calidad de vida de los trabajadores y ciudadanos que se benefician de actuaciones como una mayor vigilancia, mejora de las zonas verdes y del alumbrado e implantación de recorridos biosaludables”.
Las comarcas que se beneficiarán de las ayudas son: el Alto Mijares que recibirá 37.609,67 euros en 2018 para subvencionar las actuaciones de mejora en un 71,33%; el Alto Palancia a la que se han concedido 874.585,30 euros para subvencionar las acciones al 71,33% en 2018. Asimismo, en la Plana Alta el Ivace ha concedido 1,96 millones de euros y en la Plana Baixa 6,39 millones de euros con un porcentaje de subvención del 79,73% en 2018.
En los polígonos industriales de l’Alcalatén se destinarán 726.513 millones de euros que permitirán subvencionar la mejora de los proyectos al 71,33% en 2018.
Hay que recordar que las subvenciones del IVACE tienen carácter bianual para los ejercicios 2018 y 2019. Es decir, pueden ser para proyectos y/o actuaciones anuales (ejecutables en 2018) o plurianuales (ejecutables en 2018 y 2019). Los municipios a los que se les concedan ayudas plurianuales tendrán una subvención del 100% en el ejercicio 2019.
Los municipios beneficiarios de las ayudas son Villahermosa del Río, Segorbe, Cabanes, Castellón de la Plana, Les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Alquerías del Niño Perdido, Betxí, Burriana, Chilches, Eslida, La Llosa, Nules, La Vall d’Uixó, Vila-real, L’Alcora, Figueroles y Lucena del Cid.
Ayudas provincia Castellón 2017
Climent ha recordado que esta iniciativa se puso en marcha en 2017 y benefició a 8 polígonos industriales del Baix y Alt Maestrat y Els Ports con una inversión de 1,94 millones de euros.
Los polígonos industriales fueron los siguientes: área industrial “portal del Mediterráneo” de Vinaròs, polígono ‘Capsades’ de Vinaròs, el polígono “Crta. Ulldecona” de Vinaròs, polígono industrial de San Rafael del Río, el área industrial de Benicarló, el polígono industrial ‘Santa Bárbara’ de Sant Mateu, el polígono ‘Les Casetes’ de Morella y el área industrial ‘Peiró Escala’ de Vilafranca.
Características ayudas
La ayuda consiste en una subvención de hasta el 100% de los costes considerados como subvencionables con limitaciones: en los polígonos industriales con una superficie menor de 25.000 metros cuadrados, la limitación se establece en 3 euros por metro cuadrado; en los polígonos industriales con una superficie mayor de 25.000 m, la limitación se establece en 2 /m. En todo caso, el límite máximo de ayuda será de un millón de euros por polígono, área industrial o enclave tecnológico.
Las ayudas se concederán bajo el régimen de concurrencia competitiva comparando las solicitudes presentadas en los ámbitos de cada una de las líneas presupuestarias.
Actuaciones subvencionables
Las actuaciones susceptibles de ayuda son la obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios, vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local, carril bici, pasarelas de peatones, ampliación o creación de depuradoras, mejora de la imagen del polígono, mejora del alumbrado público, generación de energía renovable y servicios contra incendios.
También se subvenciona la implantación de ecoparque o de sistemas de gestión de residuos, mejora e implantación de zonas verdes, ubicación sobre el viario de zonas/recorridos biosaludables, creación de herramientas web con información del polígono industrial accesible al Ivace, mejora viaria (más aparcamientos y/o viales, viales más amplios, nuevos accesos, señalización y/o identificación de calles, señalización horizontal y/o vertical de tránsito), mejora del saneamiento separativo de las aguas residuales, mejora en el suministro de agua, sucia y potable y/o aumento de caudal y presión y dotación de suministro de gas a alta y baja presión.
http://www.castelloninformacion.com/provincia-recibe-diez-millones-consell-mejorar-poligonos/
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