dimecres, 12 de desembre del 2018
El director de la Policía admite ante el juez que el Gobierno de Rajoy pagó con dinero público el espionaje a Bárcenas
LAS CLOACAS DE INTERIOR
El actual director general de la Policía, Francisco Pardo, ha enviado un informe al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que la Unidad de Asuntos Internos confirma que la 'Operación Kitchen' fue sufragada con fondos reservados
El extesorero del PP Luis Bárcenas se dirige a la Audiencia Nacional. EUROPA PRESS
MÁS INFORMACIÓN
La cúpula de la 'brigada patriótica' de la Policía firmó el uso de fondos reservados para destruir pruebas del PP
El PP destinó más de 65.000 euros de la caja B para pagar los trajes de Rajoy, Rato, Trillo y Cascos
El juez cita como imputado al chófer de Bárcenas por la operación Kitchen
El juez de la caja B cita a declarar a Bárcenas y su mujer por la operación Kitchen y rechaza convocar a Cospedal
La Policía encuentra pruebas del desvío de fondos reservados para espiar a Bárcenas
El Gobierno desclasificará los documentos secretos sobre la Operación Kitchen de espionaje a Bárcenas
MADRID 11/12/2018 19:42 Actualizado: 11/12/2018 19:47 PÚBLICO
La Policía Nacional admite ya sin tapujos que la operación Kitchen, supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para espiar y sustraer documentos a Luis Bárcenas con ayuda de su chófer, existió y fue financiada con fondos reservados de Interior. Según avanza este martes el diario El País, el actual director general de la Policía, Francisco Pardo, ha enviado un informe al al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que la Unidad de Asuntos Internos confirma la existencia de dicha operación de espionaje a Bárcenas pagada con dinero público.
El objetivo declarado de Kitchen era, según El País, "sustraer la documentación comprometedora para los populares que pudiera esconder Bárcenas". En el informe remitido al juez también se afirma que en el operativo participaron agentes adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) —cuna de la llamad "brigada patriótica"— , así como policías destinados en la Comisaría General de Información. "Uno de sus mandos, el comisario Enrique García Castaño está imputado por sus vínculos con el también comisario José Manuel Villarejo, señalado como cabecilla de una trama policial", señala El País.
En el informe, de apenas un folio de extensión, el director de la Policía recuerda al juez de la Mata que el caso está ya siendo investigado por el también magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea dentro del caso Villarejo, y que de hecho la Policía aún no ha concluido sus pesquisas.
https://www.publico.es/politica/cloacas-interior-director-policia-admite-juez-gobierno-rajoy-pago-dinero-publico-espionaje-barcenas.html
Las cuentas de VOX y el amigo iraní
Descenso a las cuentas de Vox
La fuerza de extrema derecha triplica sus donaciones tras un centenar de reuniones con pequeños empresarios. Una asociación de iraníes en el exilio donó al partido 500.000 euros en 2014
JOAQUÍN GIL
Twitter
JOSÉ MARÍA IRUJO
Twitter
Madrid 10 DIC 2018 - 17:07 CET
Santiago Abascal, líder de Vox, durante la noche electoral de las elecciones andaluzas. JON NAZCA REUTERS
Una legión anónima de pequeños empresarios ha contribuido desde su fundación a la eclosión de Vox. Dueños de pymes, ejecutivos de firmas ganaderas y aceiteras y profesionales liberales han nutrido en silencio desde su nacimiento, en enero de 2014, las arcas de esta fuerza ultra que ha aterrizado por sorpresa con 12 diputados en el Parlamento de Andalucía.
Vox ha triplicado las donaciones que recibe de particulares desde 2016. La formación ha captado este año 13.000 aportaciones privadas. El caudal suma 548.000 euros, un 65% más que en 2017, según sus cuentas internas.
Descenso a las cuentas de Vox
El donativo más suculento llegó en 2016. Un septuagenario empresario catalán con negocios en Madrid entregó entonces 50.000 euros, el límite que fija la Ley de Financiación de Partidos de 2012. La aportación más cuantiosa este año se redujo a la mitad, según fuentes de esta fuerza política que protege con celo la identidad de quienes contribuyen a la causa.
“Si me viene un empresario que quiere dar 100.000 euros y la ley fija un tope de 50.000 anuales, la aportación se camufla a través de su hijo, su mujer,…”, apunta un ex alto cargo de Vox enfrentado a la actual dirección que reconoce que en 2014 gestionó donaciones de simpatizantes.
El presidente de la formación, el exdirigente del PP vasco Santiago Abascal, ha participado desde 2014 en más de un centenar de desayunos con pequeños empresarios. Uno de cada diez asistentes a estos encuentros, adonde no acudió ningún ejecutivo del Ibex 35, acabó sacando la cartera, según el gerente de Vox, Enrique Cabanas. “En este tiempo hemos salido a pedir dinero”, confiesa el guardián de las cuentas.
El amigo iraní
Cabanas admite que su partido recibió medio millón de euros en 2014 de una asociación de iraníes en el exilio. Y que esta inyección costeó la mitad de la campaña a las elecciones europeas de Vox que ese año encabezó el exdiputado del PP Alejo Vidal-Quadras, que formó parte de un grupo de eurodiputados de apoyo a la oposición iraní durante su etapa como vicepresidente del Parlamento Europeo. Tras no conseguir representación, Vidal-Quadras abandonó la formación ultra en 2015.
El partido recibió 500.000 euros de un grupo iraní que tuvo un brazo armado para la candidatura de Vidal-Quadras en las elecciones europeas de 2014
EL PAÍS ha confirmado con dos fuentes de la primera dirección de Vox que el partido se nutrió antes de los comicios europeos de 2014 de “miles de aportaciones de entre 200 y 5.000 euros” de simpatizantes del Consejo Nacional de Resistencia Iraní (CNRI), un grupo opositor al régimen de los ayatolás. De inspiración anticapitalista, el CNRI tuvo un brazo armado, el Muyahidin-e Jalq (MJ), que Estados Unidos sacó en 2012 de su lista de organizaciones terroristas tras el respaldo de dos exdirectores de la CIA y uno del FBI. La decisión llegó después de una campaña de apoyos políticos para persuadir a Washington y Bruselas de que el grupo renunciaba a la violencia. Y que debía ser reconocido como oposición legítima al régimen iraní.
Las aportaciones de los partidarios del CNRI a Vox en 2014 se comunicaron al Tribunal de Cuentas, según fuentes próximas a la primera dirección de este partido. Hoy, la formación reclama la deportación de inmigrantes “ilegales” a sus países de origen.
La fuerza de extrema derecha insiste en que ya no recibe financiación extranjera. Y que el juego de alianzas que pretende trenzar en Europa Steve Bannon, jefe de campaña del presidente de EE UU, Donald Trump, y gurú de una cruzada ideológica de tintes xenófobos a la que se ha sumado Vox, no se ha traducido en generosidad externa.
Descenso a las cuentas de Vox
La pujante hucha del partido se alimenta en España. Y ha permitido sufragar los más de 100.000 euros que el grupo desembolsó el pasado octubre en un acto en el madrileño Palacio Vistalegre al que acudieron más de 9.000 simpatizantes. Y también costear los 150.000 que el partido dice haberse gastado en la campaña de las elecciones andaluzas. El dinero se fue en escenarios, sonido y miles de rojigualdas. Y 83.000 euros llegaron a través de crowdfunding, según los ultras.
El milagro del 'crowdfunding'
Y es que, tras las cuotas, las campañas de financiación colectiva son la principal fuente de ingresos. Vox ha recurrido al micromecenazgo en las redes sociales para comprar una furgoneta de 40.000 euros. Pero también para abonar las fianzas de las causas judiciales donde ejerce la acusación popular. Así, recaudó 40.000 euros para impulsar sus querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Gobierno catalán y la mesa del Parlament.
El partido de Abascal también tiró de crowdfunding para reunir los 12.000 euros que le exigió el Supremo para empujar la querella por las supuestas irregularidades en la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Tardó 71 minutos en reunir la suma.
UN EXVICEPRESIDENTE: "HAY OPACIDAD EN LA CONTABILIDAD"
“Vox incumple la ley de partidos. Sus cuentas anuales son aprobadas por el presidente, Santiago Abascal, y su amigo y gerente, Enrique Cabanas, en un despacho o en cualquier hotel de lujo de Madrid”. El que fuera vicepresidente primero de la formación hasta 2016, Juan Jara, denuncia así las presuntas irregularidades en la contabilidad de la fuerza ultra. “Hay opacidad y un oscurantismo deliberado”, añade este médico que ocupó la gerencia del Servicio Madrileño de Salud bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).
Según Jara, la dirección del partido muestra “un desprecio absoluto por el dinero ajeno” y maneja “tarjetas green" para supuestos dispendios. Vox sostiene que solo su gerente tiene tarjeta de crédito y zanja así las acusaciones de su antiguo dirigente: “[Jara] Empezó a preguntar nombres, teléfonos, direcciones y correos de los donantes. Eso queda en la tesorería, gerencia, Hacienda y el Tribunal de Cuentas".
“Se escudan en el crowdfunding para generar presuntos ingresos de microdonaciones, yo lo califico de pitufeo [modalidad de blanqueo]. Ningún fiscal ha tomado cartas en el asunto, pero debería”, critica el que fuera hasta 2016 vicepresidente primero de Vox, Juan Jara.
Las cuotas son la principal inyección de fondos. Los 18.700 militantes —más de la mitad han desembarcado en los últimos seis meses— abonan nueve euros. Los jubilados pagan cinco y los estudiantes, tres.
Por las aportaciones de los afiliados, el partido ha ingresado este año casi 800.000 euros, cuatro veces más que en 2015. Vox presume de haber incrementado su militancia en 1.000 personas en los dos días siguientes a su aterrizaje en el Parlamento andaluz. Y pregona que sus afiliados se han multiplicado por veinte en Cataluña desde septiembre de 2017, cuando los independentistas aprobaron en el Parlament la ley para convocar el referéndum.
El partido se prepara para redibujar su estructura. Un engranaje que, hasta el mes pasado, tenía en nómina a seis empleados: el gerente, un periodista, un administrativo y dos auxiliares. También a Abascal, que cobra 3.500 euros netos al mes.
Pero esta estampa es ya el pasado. La formación encara una nueva era marcada por el vigor financiero tras su eclosión andaluza. Solo el organigrama que perfila en el Parlamento autonómico sumará 30 empleados. Cada uno de sus 12 diputados tendrá derecho a un asesor.
Descenso a las cuentas de Vox
Dos operarios trabajaban esta semana contra reloj para remozar el futuro cuartel general de Vox. Un bajo de 400 metros en el céntrico barrio madrileño de Chamberí. La formación ha firmado un acuerdo de arrendamiento por cinco años. Pagará 3.500 euros de alquiler mensual, que se convertirán en 6.000 en 2023. Y correrá con la factura de la reforma.
El partido de Abascal presume de no tener propiedades. Asegura que su docena de sedes provinciales son alquiladas. Y que no ha recibido donaciones de inmuebles. Una circunstancia que permite la ley de partidos si se comunica al Tribunal de Cuentas. El gerente conecta el milagro del éxito con la gente corriente.
investigacion@elpais.es
https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544039867_516671.html
La fuerza de extrema derecha triplica sus donaciones tras un centenar de reuniones con pequeños empresarios. Una asociación de iraníes en el exilio donó al partido 500.000 euros en 2014
JOAQUÍN GIL
JOSÉ MARÍA IRUJO
Madrid 10 DIC 2018 - 17:07 CET
Santiago Abascal, líder de Vox, durante la noche electoral de las elecciones andaluzas. JON NAZCA REUTERS
Una legión anónima de pequeños empresarios ha contribuido desde su fundación a la eclosión de Vox. Dueños de pymes, ejecutivos de firmas ganaderas y aceiteras y profesionales liberales han nutrido en silencio desde su nacimiento, en enero de 2014, las arcas de esta fuerza ultra que ha aterrizado por sorpresa con 12 diputados en el Parlamento de Andalucía.
Vox ha triplicado las donaciones que recibe de particulares desde 2016. La formación ha captado este año 13.000 aportaciones privadas. El caudal suma 548.000 euros, un 65% más que en 2017, según sus cuentas internas.
Descenso a las cuentas de Vox
El donativo más suculento llegó en 2016. Un septuagenario empresario catalán con negocios en Madrid entregó entonces 50.000 euros, el límite que fija la Ley de Financiación de Partidos de 2012. La aportación más cuantiosa este año se redujo a la mitad, según fuentes de esta fuerza política que protege con celo la identidad de quienes contribuyen a la causa.
“Si me viene un empresario que quiere dar 100.000 euros y la ley fija un tope de 50.000 anuales, la aportación se camufla a través de su hijo, su mujer,…”, apunta un ex alto cargo de Vox enfrentado a la actual dirección que reconoce que en 2014 gestionó donaciones de simpatizantes.
El presidente de la formación, el exdirigente del PP vasco Santiago Abascal, ha participado desde 2014 en más de un centenar de desayunos con pequeños empresarios. Uno de cada diez asistentes a estos encuentros, adonde no acudió ningún ejecutivo del Ibex 35, acabó sacando la cartera, según el gerente de Vox, Enrique Cabanas. “En este tiempo hemos salido a pedir dinero”, confiesa el guardián de las cuentas.
El amigo iraní
Cabanas admite que su partido recibió medio millón de euros en 2014 de una asociación de iraníes en el exilio. Y que esta inyección costeó la mitad de la campaña a las elecciones europeas de Vox que ese año encabezó el exdiputado del PP Alejo Vidal-Quadras, que formó parte de un grupo de eurodiputados de apoyo a la oposición iraní durante su etapa como vicepresidente del Parlamento Europeo. Tras no conseguir representación, Vidal-Quadras abandonó la formación ultra en 2015.
El partido recibió 500.000 euros de un grupo iraní que tuvo un brazo armado para la candidatura de Vidal-Quadras en las elecciones europeas de 2014
EL PAÍS ha confirmado con dos fuentes de la primera dirección de Vox que el partido se nutrió antes de los comicios europeos de 2014 de “miles de aportaciones de entre 200 y 5.000 euros” de simpatizantes del Consejo Nacional de Resistencia Iraní (CNRI), un grupo opositor al régimen de los ayatolás. De inspiración anticapitalista, el CNRI tuvo un brazo armado, el Muyahidin-e Jalq (MJ), que Estados Unidos sacó en 2012 de su lista de organizaciones terroristas tras el respaldo de dos exdirectores de la CIA y uno del FBI. La decisión llegó después de una campaña de apoyos políticos para persuadir a Washington y Bruselas de que el grupo renunciaba a la violencia. Y que debía ser reconocido como oposición legítima al régimen iraní.
Las aportaciones de los partidarios del CNRI a Vox en 2014 se comunicaron al Tribunal de Cuentas, según fuentes próximas a la primera dirección de este partido. Hoy, la formación reclama la deportación de inmigrantes “ilegales” a sus países de origen.
La fuerza de extrema derecha insiste en que ya no recibe financiación extranjera. Y que el juego de alianzas que pretende trenzar en Europa Steve Bannon, jefe de campaña del presidente de EE UU, Donald Trump, y gurú de una cruzada ideológica de tintes xenófobos a la que se ha sumado Vox, no se ha traducido en generosidad externa.
Descenso a las cuentas de Vox
La pujante hucha del partido se alimenta en España. Y ha permitido sufragar los más de 100.000 euros que el grupo desembolsó el pasado octubre en un acto en el madrileño Palacio Vistalegre al que acudieron más de 9.000 simpatizantes. Y también costear los 150.000 que el partido dice haberse gastado en la campaña de las elecciones andaluzas. El dinero se fue en escenarios, sonido y miles de rojigualdas. Y 83.000 euros llegaron a través de crowdfunding, según los ultras.
El milagro del 'crowdfunding'
Y es que, tras las cuotas, las campañas de financiación colectiva son la principal fuente de ingresos. Vox ha recurrido al micromecenazgo en las redes sociales para comprar una furgoneta de 40.000 euros. Pero también para abonar las fianzas de las causas judiciales donde ejerce la acusación popular. Así, recaudó 40.000 euros para impulsar sus querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Gobierno catalán y la mesa del Parlament.
El partido de Abascal también tiró de crowdfunding para reunir los 12.000 euros que le exigió el Supremo para empujar la querella por las supuestas irregularidades en la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Tardó 71 minutos en reunir la suma.
UN EXVICEPRESIDENTE: "HAY OPACIDAD EN LA CONTABILIDAD"
“Vox incumple la ley de partidos. Sus cuentas anuales son aprobadas por el presidente, Santiago Abascal, y su amigo y gerente, Enrique Cabanas, en un despacho o en cualquier hotel de lujo de Madrid”. El que fuera vicepresidente primero de la formación hasta 2016, Juan Jara, denuncia así las presuntas irregularidades en la contabilidad de la fuerza ultra. “Hay opacidad y un oscurantismo deliberado”, añade este médico que ocupó la gerencia del Servicio Madrileño de Salud bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).
Según Jara, la dirección del partido muestra “un desprecio absoluto por el dinero ajeno” y maneja “tarjetas green" para supuestos dispendios. Vox sostiene que solo su gerente tiene tarjeta de crédito y zanja así las acusaciones de su antiguo dirigente: “[Jara] Empezó a preguntar nombres, teléfonos, direcciones y correos de los donantes. Eso queda en la tesorería, gerencia, Hacienda y el Tribunal de Cuentas".
“Se escudan en el crowdfunding para generar presuntos ingresos de microdonaciones, yo lo califico de pitufeo [modalidad de blanqueo]. Ningún fiscal ha tomado cartas en el asunto, pero debería”, critica el que fuera hasta 2016 vicepresidente primero de Vox, Juan Jara.
Las cuotas son la principal inyección de fondos. Los 18.700 militantes —más de la mitad han desembarcado en los últimos seis meses— abonan nueve euros. Los jubilados pagan cinco y los estudiantes, tres.
Por las aportaciones de los afiliados, el partido ha ingresado este año casi 800.000 euros, cuatro veces más que en 2015. Vox presume de haber incrementado su militancia en 1.000 personas en los dos días siguientes a su aterrizaje en el Parlamento andaluz. Y pregona que sus afiliados se han multiplicado por veinte en Cataluña desde septiembre de 2017, cuando los independentistas aprobaron en el Parlament la ley para convocar el referéndum.
El partido se prepara para redibujar su estructura. Un engranaje que, hasta el mes pasado, tenía en nómina a seis empleados: el gerente, un periodista, un administrativo y dos auxiliares. También a Abascal, que cobra 3.500 euros netos al mes.
Pero esta estampa es ya el pasado. La formación encara una nueva era marcada por el vigor financiero tras su eclosión andaluza. Solo el organigrama que perfila en el Parlamento autonómico sumará 30 empleados. Cada uno de sus 12 diputados tendrá derecho a un asesor.
Descenso a las cuentas de Vox
Dos operarios trabajaban esta semana contra reloj para remozar el futuro cuartel general de Vox. Un bajo de 400 metros en el céntrico barrio madrileño de Chamberí. La formación ha firmado un acuerdo de arrendamiento por cinco años. Pagará 3.500 euros de alquiler mensual, que se convertirán en 6.000 en 2023. Y correrá con la factura de la reforma.
El partido de Abascal presume de no tener propiedades. Asegura que su docena de sedes provinciales son alquiladas. Y que no ha recibido donaciones de inmuebles. Una circunstancia que permite la ley de partidos si se comunica al Tribunal de Cuentas. El gerente conecta el milagro del éxito con la gente corriente.
investigacion@elpais.es
https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544039867_516671.html
Más de dos tercios de la colosal deuda pública española procede de gestores del PP
Alrededor de medio billón de euros de los 753.000 millones que ha crecido el endeudamiento institucional en la última década se debe a la gestión de equipos de gobierno municipales, autonómicos y estatales de los conservadores
María Dolores de Cospedal, Juan Vicente Herrera, Luisa Fernanda Rudi, Cristina Cifuentes y José Antonio Monago.
Dolores de Cospedal y Cristina Cifuentes destacan por el elevado nivel de endeudamiento de sus gestiones al frente de las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid. EFE
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España tardará aún diecisiete años en bajar la deuda pública hasta el 60%
La deuda de las familias crece casi un 1 por ciento en noviembre, a 711.708 millones
ZARAGOZA 07/01/2018 00:05 Actualizado: 07/01/2018 00:05 EDUARDO BAYONA
@e_bayona
Los mitos de la eficiencia gestora y la austeridad redentora que el PP logró convertir en mantra en vísperas de desplazar del poder al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y a los herederos de barones como Marcelino Iglesias, José Bono o Juan Carlos Rodríguez Ibarra han resultado no ser más que eso: un mito (“persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene”) que ponen en evidencia las estadísticas oficiales del propio Gobierno y de organismos como el Banco de España cuando revelan que tres cuartas partes del colosal volumen de endeudamiento que soportan las administraciones españolas procede de sus gestores.
La deuda pública de las instituciones españolas supera el billón de euros (1.137.859 millones en junio) después de haberse triplicado prácticamente en una década iniciada con un lastre de 384.662, y sigue particularmente desbocado en algunas de ellas, como el Gobierno central o la comunidad de Madrid, ambas controladas por los conservadores.
En este sentido, llama la atención que el equipo económico de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro en Economía y en Hacienda como principales responsables, acumule marcas como situar por primera vez la deuda de la Administración central por encima del millón de euros o incrementar en un tercio la de la Seguridad Social, que computa aparte y que cerró septiembre con 23.187 millones tras una década por debajo de 17.200.
Por encima del billón desde junio
De contabilizarlas juntas, el billón habría quedado superado en junio, con un total de 1.013.322, ya que, según los datos del Banco de España, la Administración central del Estado, que es, con diferencia, el sector más endeudado del Estado, acumulaba débitos por 996.149.
Ese elevado nivel de endeudamiento, de fácil acceso mientras el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido las políticas expansivas que ha comenzado a recortar, tiene como principales beneficiarios a los bancos que contratan la deuda, y que llegan a ganar 70 millones diarios en intereses, un negocio que en la última década les ha supuesto mayores ingresos que el rescate iniciado en 2012.
De hecho, uno de los principales misterios por desentrañar en el próximo curso es el contenido de las recetas del equipo económico de Rajoy para hacer frente al cierre del grifo por parte del BCE, principal acreedor y financiador del Estado español tras haber comprado 201.103 millones en deuda entre marzo de 2015 y agosto de 2017.
El misterio del próximo año
Casi la mitad de los 753 millones de euros que ha aumentado la deuda de las administraciones españolas desde 2007 es consecuencia de decisiones tomadas por los gestores estatales del PP: los 306.000 millones de aumento de la última legislatura de Rodríguez Zapatero, que cerró el 2011 con 624.238, casi el doble de los 318.869 de 2007, se vieron rebasados por los 316.212 de la primera de Rajoy, que sumaría otros 55.669 entre enero de2016 y junio de 2017 para alcanzar los 996.149.
A esos 372 millones se le suma buena parte del avance de 224.000 que, según los datos del Banco de España y del Ministerio de Hacienda, registraron las comunidades autónomas tras cuadruplicar con creces su endeudamiento en una década al pasar de 61.690 a 285.911.
En este capítulo del endeudamiento autonómico destacan varios gestores de los conservadores, tal y como ha recordado esta misma semana el Tribunal de Cuentas al analizar las cuentas del ejecutivo de María Dolores de Cospedal, cuya gestión aportó en cuatro años 6.540 millones de deuda, más de la mitad de los 12.431 que ha aumentado la deuda manchega en una década.
Ocurrió algo similar en Aragón, donde los equipos económicos de Luisa Fernanda Rudi, que generaron en un cuatrienio 3.527 de los 6.642 de avance de todo el decenio 2007-2017; en Baleares, donde José Ramón Bauzá emitió en cuatro años 4.056 de los 6.805 millones del decenio; en Cantabria, donde el aumento con Ignacio de Diego alcanzó los 1.384 frente a los 2.611 de toda la década, y también, aunque en menor medida, en la Extremadura de José Antonio Monago, con 1.555 de 3.548.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo. EFE
Dolores de Cospedal y Cristina Cifuentes destacan por el elevado nivel de endeudamiento de sus gestiones al frente de las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid. EFE
Las joyas de la corona
A esas cifras hay que añadirles las que aportan las joyas de la corona autonómica de los conservadores. Galicia ha pasado con Alberto Núñez Feijóo de 4.859 millones de deuda que dejó contratado el bipartito PSdG-BNG a 11.363 en siete años y medio, mientras la madrileña Cristina Cifuentes lleva, con 3.869 millones en año y medio, camino de mejorar la imagen como gestora de de Esperanza Aguirre, que sumó casi 18.000 en ocho años. Y, en Valencia, el aumento de 30.097 en ocho años no se vio frenado hasta la llegada de la coalición PSOE-Compromís, que ha bajado el ritmo de emisión a 2.972 en año y medio.
Las tres comunidades que mantienen gobiernos presididos por el PP desde 2007, Castilla y León, La Rioja y Murcia suman otros 18.838 millones en ese decenio, mientras la alianza de partidos de izquierda que lidera Uxué Barkos ha intensificado en Navarra el ritmo de endeudamiento de los conservadores Miguel Sanz y Yolanda Barcina, con 445 millones en año y medio frente a 2.677 en ocho.
Territorios ajenos al PP
Entre 20007 y 2017 la deuda aumentó también en las cinco comunidades por cuyos consejos de Gobierno no pasó el PP. Lo hizo con cierta contención en Asturias, con un avance de 3.626 bajo los gobiernos de Vicente Álvarez Areces, Francisco Álvarez Cascos y Javier Fernández, mientras en Canarias, siempre con ejecutivos de CC, subió de 1.592 a 7.291, y en Euskadi, con ejecutivos del PNV y del PSE, se incrementó en 10.149.
El incremento fue notable en Catalunya, donde el segundo tripartito y los ejecutivos de CiU y de PDCat con ERC prácticamente quintuplicaron los 15.000 millones de deuda que dejó el equipo de Pasqual Maragall (pasó de 15.776 a 76.727) para copar una cuarta parte de la deuda autonómica, y en Andalucía, donde el relevo de Manuel Chaves por José Griñán y Susana Díaz corrió paralelo a la multiplicación por más de cuatro del endeudamiento, que pasó de 7.177 a 33.961.
Las cifras de estas dos últimas comunidades elevan a 125.000 millones la deuda autonómica derivada de equipos gestores ajenos al PP y sitúan la de estos en 99.000, los cuales, sumados a los 372.000 estatales (sin los 9.983 del tercer trimestre), suponen el 62% del total de la última década.
Doble vara con los ayuntamientos
A esos números, en cuya evolución destaca la reducción del ritmo de endeudamiento de las comunidades recuperadas por la izquierda en mayo de 2015, como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura, hay que añadirles, por último, lo de las corporaciones locales, en los que también se dan como constantes los elevados niveles de deuda de los equipos de gobierno conservadores de las principales ciudades y su reducción tras ser relevados por los alcaldes del cambio.
En este sentido, destacan las cifras de Madrid, que alcanzó un récord de 6.683 millones en 2008 con Alberto Ruiz Gallardón que al cierre de junio de 2017 había bajado a 3.567, y de Valencia, donde la marca de 886 de Rita Barberá en 2011 se ha visto reducida un 30% para caer a 614 (97 de ellos en año y medio).
Los ayuntamientos han sido las administraciones que más han sufrido las exigencias de rigor presupuestario del Gobierno central, con Madrid como caso emblemático de presión mientras, al mismo tiempo, Jaén ejerce de prueba del nueve de la permisividad al incumplir la regla de gasto y mantener un volumen de endeudamiento de 550 millones, superior al de ciudades como Córdoba (209), Sevilla (342) e incluso Málaga (522).
https://www.publico.es/economia/tercios-colosal-deuda-publica-espanola-procede-gestores-pp.html
Bon dia
Gentilesa de Jaime S.E.
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