Púnica, Lezo, Gürtel, Valencia... El PP vivirá un calvario judicial hasta las municipales
Un año y medio repleto de citas judiciales que golpearán de nuevo a los populares, en plena crisis con Ciudadanos y antes de la cita electoral
Foto: Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.
AUTOR
BEATRIZ PARERA
Contacta al autor
@beaparera
VÍCTOR ROMERO
Contacta al autor
VictorRomeroEC
TIEMPO DE LECTURA 11 min
18.02.2018 – 05:00 H.
Un año y medio para las elecciones municipales de 2019. Un año y medio repleto de 'minas' judiciales para el PP que irán estallando a lo largo de los próximos meses. La declaración de Francisco Granados ha abierto una compuerta que no se cerrará en mucho tiempo y que fluirá al ritmo de macrocausas y sumarios de corrupción que rodean al partido de Mariano Rajoy por todos los flancos y en varias comunidades autónomas.
A la ya vieja conocida Gürtel, que llegó a la vida de los 'populares' hace nueve años y les ha acompañado desde entonces, se fueron sumando las más recientes Púnica y Lezo. Más allá de los cargos o excargos afectados y de las nuevas imputaciones que irán cayendo, los tribunales tienen bajo la lupa la financiación de la formación en tres causas distintas que afectan al PP nacional, al PP de Madrid y al de Valencia.
A corto plazo los agujeros en la credibilidad de los 'populares', que pueden afectar a su precario equilibrio en el pacto con Ciudadanos, están en Madrid. Dos de los puntales de la formación autonómica durante años, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, se encuentran al borde de la investigación judicial. Aguirre, una de las cuestionadas por Granados, aparece salpicada en el caso de la caja B madrileña ahora acumulada en Púnica y en la trama de comisiones ilícitas del campo de golf del Canal. El expresidente madrileño, exalcalde y exministro de Justicia se encuentra cercado por el primer 'pelotazo' de la empresa pública de aguas, cerrado en 2001 bajo su mandato.
A corto plazo los agujeros en la credibilidad de los 'populares', que pueden afectar a su equilibrio en el pacto con Ciudadanos, están en Madrid
También la actual presidenta está en entredicho, no sólo por las acusaciones de Granados sino por el contrato de las cafeterías de la Asamblea de Madrid, investigado en Púnica y en el que la Guardia Civil vio irregularidades delictivas que la alcanzan. Los dos principales cabecillas de las dos macrocausas más populares parecen haber optado por una colaboración al menos cosmética tras pasar por prisión. Tras la estela del 'púnico' vendrá previsiblemente Ignacio González que se plantea abrirse a la cooperación con Anticorrupción. El resultado: la corrupción estará en el menú del día todas las semanas, de todos los meses hasta la fecha prevista de los comicios.
La Gürtel dará otros disgustos a los de Rajoy. El calendario 'gürtealiano' viene cargado de citas y con otro cabecilla dispuesto a cantar. Francisco Correa se ha ofrecido en los últimos tiempos, cada vez que ha tenido la oportunidad, a detallar la implicación política en su red. En los próximos meses se conocerá la sentencia del juicio por la primera época de actividades de esta trama en la que figuran como acusados, además de Luis Bárcenas, antiguos cargos madrileños. Se acusa también a la exministra de Sanidad Ana Mato y al propio PP de ser partícipes a título lucrativo.
En el horizonte más inmediato aparecen marcados en rojo dos acontecimientos. El Supremo tendrá que pronunciarse sobre la primera de las condenas al empresario, su presunto número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez 'el Bigotes', dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Todos ellos han recurrido los hasta 13 años impuestos por amañar contratos del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo (Fitur). También fue condenada la exconsejera Milagrosa Martínez, integrante de los gobiernos de Francisco Camps, que ha evitado la cárcel previo pago de 150.000 euros de fianza a la espera de su recurso ante el Supremo. Si este tribunal confirma la pena de nueve años, muy probablemente tendrá que entrar en prisión. Se espera una resolución en breve sobre esta causa.
'El Bigotes', Pablo Crespo y Francisco Correa, en el juicio de la Gürtel. (EFE)
Además, avanzará el juicio que celebra la Audiencia Nacional en su sede de San Fernando de Henares sobre la financiación irregular del PP valenciano. En el banquillo, además de Correa y los suyos, están sentados el ex secretario regional de la formación Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla, o el que fue vicesecretario, David Serra, acusados de un delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y las generales de 2008, falsedad en documento mercantil o de delitos fiscales. Costa dio la sorpresa y se convirtió, hace unos días, en el primer ex cargo del PP en reconocer la existencia de un sistema organizado para nutrir las campañas electorales de dinero B y pagos con facturas falsas a la Gürtel a través contratistas de obra pública.
Los acusados ya han declarado, pero todavía no lo han hecho, como testigos, ni Camps (al que Costa apuntó directamente como líder de esa trama de diner negro) ni Juan Cotino, también señalado. Anticorrupción ha informado de que cuando termine el juicio decidirá si abre algún tipo de diligencias contra estos dos, aunque el delito electoral estaría prescrito y el pacto de confesión suscrito con los empresarios donantes complica poner en marcha un procedimiento por malversación de caudales públicos y amaño de contratos por parte de la Generalitat. En cualquier caso, el juicio de la financiación ilegal en Valencia seguirá dando dolores de cabeza al PP porque es más que probable una sentencia condenatoria, bien ‘in voce’, cuando finalicen las vistas en abril, o dentro de un año aproximadamente, en plena precampaña de autonómicas, municipales y europeas.
En manos del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se encuentra otra de las bombas de relojería desgajadas de la investigación principal sobre los manejos del grupo de empresas de Correa y distintos ex cargos populares. La causa conocida como de los papeles de Bárcenas, en la que se investiga la presunta caja B de la formación, fue reabierta por las revelaciones de Correa sobre presuntos sobornos de grandes empresas de la obra pública para la concesión de contratos. Aún queda por confirmar si remonta el vuelo o queda como estaba.
La corrupción estará en el menú del día todas las semanas, de todos los meses hasta la fecha prevista de los comicios
Y eso solo en la Audiencia Nacional, los juzgados de Madrid están a punto de juzgar a personal del PP -su tesorera entre otros- por la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP. La causa en la que el PP se encuentra imputado como persona jurídica trata de determinar si el partido ordenó eliminar información sensible que guardaba el exresponsable de las finanzas en sus discos duros.
Gürtel para rato
Más allá de estas citas inminentes, la Gürtel arrastra mucha más tarea. Tras la ya famosa 'primera época' vino la segunda, que se ha dividido en piezas más manejables para impulsar su resolución. Tres de ellas están ya listas y esperan turno para juicio: Jerez, Aena y Boadilla. La primera investiga la concesión irregular de contratos para el 'stand' de la localidad gaditana en Fitur en 2004; la segunda, los contratos que el gestor público de aeropuertos concedió a empresas de Francisco Correa, y en la tercera se juzgará una década de 'desmadres' en la localidad madrileña con un protagonista que ya resulta familiar, el exalcalde Arturo González Panero 'el Albondiguilla'.
De la Mata aún mantiene viva una parte esencial de esta 'época dos': la que afecta a la actividad de la red en la localidad de Arganda del Rey. Como epicentro, el pelotazo de Martinsa en la UE-124, una gran parcela de 158.000 metros cuadrados que el ayuntamiento madrileño, entonces gobernado por el PP, iba a vender al mejor postor y que se sospecha reportó a Correa un beneficio de 25 millones de euros. También continúa abierta la pieza troncal.
El caso Taula lleva una 'bomba lapa'
La acumulación de causas y procesos retrasará el que es sin duda uno de los juicios más romcabolescos, el del amaño de contratos a través de la antigua Televisión Valenciana y la constructora Teconsa relativos a los actos de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Ya no es solo que tengan que sentarse en el banquillo de nuevo Correa y compañía. Es que, además de Juan Cotino y la excúpula de Canal 9 en la etapa de Camps, desfilarán por el tribunal sacerdotes y responsables del Arzbispado de Valencia. La 'suerte', entre comillas, para los populares es que este juicio no llegará probablemente hasta después de las elecciones, quizás a finales de 2019.
Lo que será otra bomba segura antes de terminar el año es el procesamiento del grueso del grupo municipal del PP de Valencia por una de las piezas del caso Taula, la de blanqueo de capitales y delito electoral durante las campañas de la fallecida Rita Barberá. La instrucción, que alcanza al que fue número dos de la exalcaldesa, Alfonso Grau, sigue su curso pero el juez Víctor Gómez no parece dispuesto a prolongarla más allá de junio. La decisión de enviar a todos los investigados a juicio complicará mucho la campaña popular en la tercera capital de España, pero podría ser todavía peor para Génova si el juez decide hacer responsable del blanqueo de capitales al PP como partido político por no haber tenido la vigilancia suficiente. Sería la primera vez que una formación política, como persona jurídica, es procesada por este delito. Una verdadera 'bomba lapa' lleva adosada el sumario de Taula.
La acumulación de causas retrasará uno de los juicios más romcabolescos: el de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia
Este procedimiento se ha dividido en otras piezas que no están muertas y siguen su curso: desde en los contratos de colegios públicos por parte de la Generalitat, hasta los contratos de la Diputación de Valencia durante los años que en estuvo comandada por el expresidente provincial del PP, Alfonso Rus, y sus negocios personales. Taula tiene un protagonista con máster en arrepentimiento, el autodenominado 'yonqui del dinero' Marcos Benavent.
Valmor, Brugal, Cooperación...
Parafraseando a Ricardo Costa, da la sensación de que para los populares en la Comunidad Valenciana la fiesta judicial no se acaba nunca. Los tribunales tiene otras causas penales abierta o en fase de juicio. Tras una primera condena de seis años por el saqueo de los fondos destinado a cooperación al desarrollo, el exconsejero Rafael Blasco tiene pendiente de juicio otras las piezas del llamado caso Cooperación, la que le acusa de desviar fondos destinado a la construcción de un Hospital en Haití. En Alicante, todo camina hacia el procesamiento de los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por amañar el PGOU en connivencia con el empresario Enrique Ortiz. Anticorrupción reclama diez años de cárcel para los dos primeros y trece para el constructor por cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias.
Bernie Ecclestone y Francisco Camps, en una imagen de 2009.
Otra causa abierta cuyos titulares seguirán atragantando los desayunos a los populares es la conocida como caso Valmor, la que investiga el saqueo, irregularidades en la contratación y dolo sobre las cuentas públicas en la fase de negociación, construcción y liquidación del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. La última noticia relativa al circuito valenciano es que, además de las tres piezas de Valmor, otro juzgado investiga las adjudicaciones por parte de la Conselleria de Obras Públicas de los contratos para el diseño del trazado automovilístico.
De Murcia a Baleares pasando por las 'black'
No todo es Madrid y Valencia. El PP tiene problemas también en Murcia donde el defenestrado Pedro Antonio Sánchez, hasta hace nada presidente de la Comunidad, tiene abiertos tres frentes judiciales: los casos Púnica, Auditorio y Pasarela. La senadora del PP Pilar Barreiro también está siendo investigada, en este caso por el Tribunal Supremo, por sus manejos para la mejora de su reputación 'on line' con el empresario Alejandro de Pedro.
El expresidente del Govern balear Jaume Matas. (EFE)
Otro de los focos de corrupción se centra en Baleares. El expresidente Jaume Matas admitió hace unas semanas por primera vez haber cometido un delito de corrupción y selló su primer acuerdo de conformidad con la fiscalía anticorrupción por una pieza separada del caso Palma Arena. Ya acumula varias condenados por otras piezas separadas del mismo sumario.
Y como colofón, un cepo más de corrupción para el PP. El TS tiene en sus manos la casación de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el uso indebido de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El que fuera vicepresidente primero del Gobierno Rodrigo Rato, que tiene otros muchos frentes judiciales abiertos, fue condenado a cuatro años y medio por un delito continuado de apropiación indebida. Como expresidente de Bankia "antepuso los fines personales a los intereses sociales", aseguró la resolución.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-02-18/punica-lezo-gurtel-el-negro-horizonte-judicial-del-pp-hasta-las-municipales-de-2019_1521872/
