dijous, 13 de març del 2025

Abren juicio contra el expresidente de la Diputación y del PPCS Carlos Fabra por presunta ocultación de bienes


Plaza 

Publicado: 13/03/2025 ·
10:29
Actualizado: 13/03/2025 · 12:23

CASTELLÓ (EP). La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra (PP) y otros nueve acusados en una causa en la que se investiga la posible ocultación de patrimonio del expresidente.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha indicado que junto a Fabra figuran como acusados cuatro de sus familiares y cinco empresarios: Fernando R.A., Fernando R.N., Alejandro L.H., Miguel P.F. y Enrique G.E., además de siete empresas como personas jurídicas.

Contra esta resolución de la jueza solo cabe recurso de reforma ante el propio juzgado o de queja ante la Audiencia Provincial exclusivamente en relación con la situación personal de los encausados.

La magistrada ha requerido a todos los acusados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria.

El auto, que ha sido adelantado por Radio Castellón, señala la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de alzamiento de bienes/insolvenvencia punible, y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Castellón solicita 12 años de prisión para Carlos Fabra en esta causa, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho. Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de 3 millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por 3 años.

Además, el fiscal demanda que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 1.031.457,14 euros, cantidad que resultó pendiente de pago por parte de Carlos Fabra tras ser condenado hace más de diez años por cuatro delitos fiscales.

El fiscal indica en su escrito de acusación que, con el fin de ocultar su patrimonio ante la Administración Tributaria y la Administración de Justicia, Carlos Fabra urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable, contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, de sus hijos y su yerno, entre otros. Asimismo, el ministerio público asegura que la aparente situación de penuria económica en la que aparece Carlos Fabra es "notablemente discorde" con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994,73 euros y con la intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26.000.000 euros que, a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, han impedido satisfacer la deuda pendiente de ejecución.

Otro juicio, en mayo

A este procedimiento se añade otro por el que Fabra va a sentarse en el banquillo de los acusados en breve. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará al expresidente del PP de Castellón por un presunto delito de cohecho por el supuesto cobro de comisiones en patrocinios vinculados al aeropuerto de Castellón en un juicio previsto para los días 16 al 22 de mayo de 2025. El juicio versará sobre un posible cobro de comisiones indebidas en patrocinios deportivos por parte de la sociedad gestora del aeropuerto de Castellón, Aerocas. Un proceso judicial que se remonta unos diez años atrás, cuando se denunciaron las posibles irregularidades en el patrocinio del entonces piloto de motociclismo (Moto GP) Álex Debón, que también comparecerá como acusado en sede judicial.

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EL CENTRE DE SALUT DE LES COVES DE VINROMÀ NO COBREIX LES PLACES BÀSIQUES DE PERSONAL FACULTATIU

 


UGT
UGT Serveis Públics considera un fracaso el plan diseñado por la Conselleria de Sanidad para cubrir plazas de difícil cobertura en lo distintos departamentos de salud de la Comunitat Valenciana con déficit de personal y dificultades para cubrir estas plazas. Una vez van finalizando los primeros procesos selectivos de la Ley 20/21 sobre estabilización estos departamentos siguen sin haber podido cubrir las plazas de personal facultativo.

Según la información recabada por el sector de Salud de UGT Serveis Públics son varios los casos en los que estos procesos, pese a lo anunciado por la conselleria, se han cerrado sin solucionar el problema. Así, al Departamento de Elda le siguen faltando cinco oftalmólogos y cuatro digestivos, mientras que Orihuela sigue sin cubrir plazas de oftalmología. En Torrevieja, otra área de difícil cobertura, faltan digestivos, mientras que en la zona de Castelló se han quedado por cubrir cuatro plazas de trabajadores o trabajadoras sociales. Además, en Vinaròs se quedan por cubrir tres plazas de ginecología.

UGT reclama una solución urgente para estos departamentos para que, tal como se comprometió el conseller Marciano Gómez, toda la ciudadanía tenga acceso a la sanidad en las mismas condiciones independientemente de la zona donde residan.

El sindicato considera, además, que está situación se podía haber evitado si la Administración, tras los procesos selectivos, hubiera ofrecido el mismo número de plazas como aspirantes aprobados. El problema es que la Conselleria de Sanitat ha ofertado, además de las plazas básicas, plazas de características específicas, por lo que lógicamente las personas aspirantes no han elegido zonas más alejadas como Vinaròs o el centro de salud de Les Coves de Viromà.

Cabe recordar además que UGT Serveis Públics ya advirtió de que la ampliación sin justificación de las plazas de características específicas, supondría un conflicto entre las personas aspirantes, como está ocurriendo. Estas plazas se adjudican con un criterio poco transparente ya que se ha descartado a profesionales que cumplen los requisitos sin informarles de los motivos por los que no pueden optar a esa plaza.

La conclusión es que los trabajadores y trabajadores de los centros afectados de difícil cobertura están indignados y decepcionados con la administración por no cumplir sus compromisos. Cabe recordar, además, que el conseller Marciano Gómez derogó al año de estar vigente el plan de incentivación de plazas de difícil cobertura del anterior con el argumento de que no era efectivo e implementó las ASI (Agrupación sanitaria interdepartamental) que se ha demostrado también ineficaz.

UGT muestra su preocupación porque estos procesos solo acaban de empezar y desde la administración no se está facilitando ningún tipo de información al respecto. Tal y como pronosticó UGT todas las medidas reformistas implementadas por la Conselleria no están resolviendo los problemas, pero sí provocando perjuicios a los trabajadores y trabajadoras.