El PP de Les Coves pide ampliar inversiones en caminos rurales tras dana

 

El Partido Popular de Les Coves ha trasladado a Consell y Diputación la necesidad de ampliar las inversiones en la localidad para reparar los caminos rurales que resultaron afectados por las lluvias del pasado 28 de octubre.

La portavoz del PP en Les Coves, Cristina Orient, agradece que entre ambas administraciones la localidad ya haya aprobado cerca de 300.000 euros para recuperarse tras las riadas. 'Pero necesitamos más porque muchos caminos están destrozados'.

Trasladan al secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, a la directora territorial de Agricultura, María Luisa Albiol, y al diputado provincial de Infraestructuras, Héctor Folgado, la urgencia de ampliar las actuaciones en la localidad. 'El Gobierno de Pedro Sánchez nos niega ayudas. Es un castigo inmerecido porque hacen falta más fondos'.

Orient anuncia que el PP solicitará a la alcaldía 'una reacción ante el desprecio del Gobierno del PSOE al municipio'. 'Somos una de las poblaciones que más hemos sufrido y el PSOE nos ha dado la espalda. Este es un castigo ante el que no nos callamos'.

 

La Plana al Dia | Les Coves de Vinromà | General | 06-02-2025

El vídeo de Mazón horas antes de la tragedia que indigna a los valencianos

El juzgado urge al Gobierno de Mazón a que le diga “antes de cinco días” quién decidió enviar la alerta masiva por la DANA

 

Archivo - Imagen de una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del mes de noviembre. Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

La magistrada solicita también a los medios de comunicación imágenes de la crecida de esa rambla e información sobre las declaraciones y comunicaciones realizadas por las autoridades y los responsables de Emergencias

elDiariocv

València —

6 de febrero de 2025 16:03 h

Actualizado el 06/02/2025 16:12 h

La titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción 3 de Catarroja ha vuelto a requerir a la Generalitat para que comunique qué persona tomó la decisión de enviar a la población el SMS de alerta por la Dana el pasado 29 de octubre, al tiempo que ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron.

En un auto que ha sido notificado este jueves a las partes, la magistrada también ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias, tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como “sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas” durante esa fecha.

Por último, ha acordado citar a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia en relación a un estudio cartográfico en el que se detalla de forma minuciosa las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en municipios de la comarca de l’Horta Sud.

La resolución judicial recoge que de la práctica de los ofrecimientos de acciones y declaraciones de testigos y familiares de los fallecidos del partido judicial de Catarroja “se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la Rambla del Poyo, así como del Barranco de l’Horteta”.

La magistrada recuerda que muchas víctimas de la tercera edad se encontraban en las plantas bajas de sus domicilios y murieron en ellos, mientras que otras estaban o circulaban por las calles o bajaban a sacar vehículos de sus garajes cuando el mensaje de alerta donde se instaba a evitar desplazamientos se envió a los teléfonos móviles a las 20.11 horas.

La juzgadora considera que es necesario analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal del barranco del Poyo y su conocimiento por parte de los responsables de Emergencias, sino también si la “simple percepción directa de cualquier persona cercana” a esa rambla de la “intensidad del desbordamiento” pudo permitir a esos responsables conocer la situación.

Además de analizar la remisión del SMS por el sistema Es-Alert, la titular del órgano judicial entiende que ha de dilucidarse también si se comunicó el riesgo existente a la población y la evolución de las circunstancias meteorológicas por “otros medios” de forma previa, como “conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios”.

Respecto al envío del SMS de alerta a la población, la juez indica que en la documentación remitida por la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat no se responde a la petición de información sobre qué persona tomó la decisión, por lo que vuelve a requerir a la Administración autonómica para que lo comunique “en el improrrogable plazo de cinco días”. También solicita a la Conselleria que identifique al funcionario o al técnico que ejecutó esa orden.

Por otro lado, el auto señala que existe un intervalo de tiempo sin mensajes sobre el caudal de la Rambla del Poyo en las comunicaciones de la CHJ de esa tarde del 29 de octubre, en concreto entre un correo fechado a las 16.13 horas y otro a las 18.42.

No obstante -precisa la juez- la propia Confederación informó en una nota de prensa fechada el pasado 4 de febrero que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) funcionaba y transmitía datos actualizados cada cinco minutos.

Es por esta razón por la que la magistrada requiere al ente hídrico que facilite “la integridad” de los datos existentes en ese intervalo de tiempo sobre el caudal del barranco y concrete “el medio utilizado de transmisión”, si éste consistía en su publicación en la página web de la CHJ o se usó algún otro.

El auto, que ha sido notificado ya a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares personadas hasta hoy en el procedimiento, puede ser recurrido en reforma o apelación.

elDiario.es

La jueza de la DANA subraya el “altísimo riesgo” para las víctimas del que Mazón no avisó

 La instructora recuerda que muchas víctimas de avanzada edad perecieron en las plantas bajas de sus propios domicilios y que el texto de la alerta remitida a las 20.11 solo instaba a evitar desplazamientos

Carlos Mazón en el Centro de Coordinación de Emergencias. EFE/Kai Försterling

Lucas Marco

València —

6 de febrero de 2025 22:29 h

Actualizado el 07/02/2025 05:30 h

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La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias de la DANA, ha mostrado algunas de sus cartas en un auto notificado este jueves a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares personadas, de momento, en la causa. En el apartado en el que detalla los hechos, en apenas nueve líneas, la magistrada expresa sus primeras conclusiones tras las primeras declaraciones de testigos y de familiares de los fallecidos: constata el “desconocimiento” de la situación de “altísimo riesgo” por parte de las víctimas el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica barrancada. Además, la resolución también reseña la tipología de víctimas: personas de la tercera edad que permanecían en las plantas bajas de sus domicilios y gente que circulaba por la calle o que bajó a los garajes a intentar sacar sus automóviles.

La jueza parece tener un cierto enfoque de la causa; un encauzamiento a modo de prolegómeno de una instrucción que se antoja larga y compleja. Y es que no es ajena a los efectos de la barrancada: sin ir más lejos la sede de los juzgados de Catarroja fue arrasada por la riada. Se basa, de momento, en lo que le han contado las víctimas y supervivientes, a los que la magistrada viene haciendo el trámite de oficio de ofrecimiento de acciones. Así, la resolución afirma que “resulta conveniente analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal de la Rambla del Poyo (...) o no, por los responsables de emergencias a través de medios técnicos, sino igualmente si la simple percepción directa de cualquier persona cercana a la rambla de la intensidad del desbordamiento pudo permitir su conocimiento ulterior por los responsables de emergencias a medida que iba aumentando el caudal”.

A los numerosos videos en redes sociales de la tarde del 29 de octubre sobre los brutales efectos de la riada, se suma la detallada cobertura en directo de À Punt, la televisión autonómica valenciana. Cuando sonó la alerta automática en el plató de À Punt, la cadena retransmitía en directo cómo un viandante rescataba a una mujer atrapada por la fuerza del agua, una imagen que sirve de metáfora audiovisual de la inutilidad de un aviso que llegó manifiestamente tarde, cuando ya había desaparecidos.

Además, la jueza no solo se centra en el sistema Es Alert y su remisión tardía a las 20.11. El auto explica que el “análisis de la evitabilidad” de los 76 fallecimientos acaecidos en el partido judicial de Catarroja, que también incluye las localidades de Albal, Alfafar, Benetússer, Llocnou de la Corona, Massanassa y Sedaví, exige analizar, más allá del mensaje masivo a los móviles, “si se comunicó a la población por otros medios previamente” durante “todo el día” 29 de octubre el peligro, “ya fuera a través de conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios, así como la evolución de las circunstancias meteorológicas de dicho día”.

A nadie se le escapa que, sobre las 13.00, el president Carlos Mazón aseguró en una polémica comparecencia, cuyo video fue borrado posteriormente de su cuenta oficial de X, que la emergencia prácticamente se había acabado. Poco después se fue a comer al restaurante El Ventorro, de donde salió pasadas las 18.00 de la tarde.

El auto pide a RTVE, À Punt, Atresmedia, Mediaset y al Grupo Prisa que aporten las declaraciones de las autoridades responsables de la emergencia sobre el conocimiento del sistema Es Alert, la “viabilidad de su utilización y su regulación”, en referencia a las contradicciones de la entonces consellera Salomé Pradas sobre las alertas automáticas. Pradas fue pillada mintiendo al respecto de manera manifiesta.

“Nuevo plazo improrrogable” al Consell

La instructora también apremia a la Conselleria de Emergencias e Interior para que informe específicamente sobre quién —en concreto, con nombre y apellidos— “tomó la decisión” de emitir la alerta a las 20.11. Una pregunta muy clara y aparentemente sencilla a la que el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama “no responde” en su informe remitido previamente. Y ello a pesar de que lo pidió la jueza en un auto del pasado 5 de diciembre.

El largo informe de la Conselleria de Emergencias se limita a indicar dos apartados que, en definitiva, no explican nada de nada. “No se contesta por ello a lo interesado por este juzgado”, afirma la jueza. Aunque sin demasiada vehemencia —otros jueces habrían montado en cólera, y con razón—, la magistrada da un “nuevo plazo improrrogable” de cinco días a la conselleria para que “proceda a la oportuna respuesta” a lo que acordó en su auto (cuyo cumplimiento, evidentemente, no es opcional ni voluntario para nadie). La instructora queda, pues, a la espera de comprobar si, al segundo intento, el Consell por fin se digna a responder sin rodeos.

El auto alude a las comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre las mediciones del barranco del Poyo y al “intervalo” entre dos mensajes remitidos entre las 16.13 y las 18.42 (lo que Mazón y el PP llaman el “apagón informativo” del Gobierno central).

Sin embargo, la jueza también se refiere a la nota de prensa de la CHJ del pasado 4 de febrero (remitida para desmentir un audio incompleto grabado al presidente de la entidad, Miguel Polo) en la que se explica que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos. Por lo que la jueza pide a la CHJ “la integridad de dichos datos” en ese periodo entre las 16.13 y las 18.42, así como la “concreción del medio utilizado de transmisión”.

Por otro lado, cabe recordar que la propia Generalitat Valenciana reconoció horas antes de la DANA, en una nota interna de un alto cargo autonómico revelada por elDiario.es el pasado 25 de noviembre, que el seguimiento de ríos y barrancos también era su responsabilidad. Además, la Generalitat también retiró a los bomberos forestales que medían el caudal del barranco del Poyo.

elDiario.es

ACCELERANT RENOVABLES: Un alto cargo de Mazón es socio de una fotovoltaica con licencia aprobada por su propio departamento

 Manuel Argüelles fue elegido por el president para ser una pieza clave en su apuesta por este tipo de energía limpia, después de que, según denunció el jefe del Consell, el Botànic había propiciado “un parón (de los proyectos) por prejuicios ideológicos”

El director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, en una imagen de archivo.

Francesc Arabí

València —

6 de febrero de 2025 23:04 h

Actualizado el 07/02/2025 09:07 h

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Juez y parte. Es el máximo responsable del departamento de la Generalitat Valenciana encargado de conceder las autorizaciones para instalar plantas fotovoltaicas y eólicas y, al mismo tiempo, está vinculado a varias empresas del sector de las renovables dedicadas a lograr permisos para este tipo de negocios. Se trata del director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, quien antes de entrar en política era ya impulsor y promotor de la energía fotovoltaica. Como empresario e ingeniero.

Argüelles fue elegido por Carlos Mazón para ser una pieza clave en su apuesta por este tipo de energía limpia, después de que, según denunció el presidente de la Generalitat, el Consell del Botànic, había propiciado “un parón (de los proyectos) por prejuicios ideológicos”. Colocó a Argüelles en la Conselleria de Innovación, Industria y Turismo, entonces dirigida por Nuria Montes, el 19 de octubre de 2023. El nombramiento obligó al nuevo alto cargo a renunciar a su presencia en los órganos de gobierno de una docena de empresas, en algunas de las cuales era socio fundador. Entre ellas figura, Pvingen Solar Beta, de la que fue administrador solidario desde el 2 de julio de 2021 al 28 de noviembre de 2023, cuando renunció al puesto para evitar incurrir en incompatibilidad con su cargo público.

Dejó cargos pero no traspasó las acciones

El 29 de mayo de 2024 la Generalitat autorizó a esa empresa a implantar en suelo no urbanizable del municipio de Monforte del Cid, cercano a la ciudad de Alicante, una central fotovoltaica de 4.000 kw de potencia. La autorización fue publicada en el DOCV el 5 de julio de 2024. Argüelles es beneficiario de esa concesión en tanto que participa como socio en la mercantil que ha obtenido la licencia. Porque si bien cesó como directivo, nunca liquidó sus intereses económicos en la sociedad.

¿En qué medida? PV Ingenergy Solar Beta es propiedad de la ingeniería PV Ingen Solutions, cuyo socio fundador y ex administrador solidario es el propio Argüelles. Es la matriz del grupo de trece firmas ligadas al director general durante su trayectoria en el sector privado. El responsable del departamento que autoriza las plantas de renovables de la Comunitat Valenciana cesó el 27 de octubre de 2023 como administrador de esa empresa madre, pero sigue siendo socio a través de Efyah Solutions, una firma 100% propiedad del alto cargo. Argüelles posee los 3.000 euros de capital social de esta SL, según consta en la declaración de bienes presentada con motivo de su nombramiento.

Cuatro megawatios y casi 7.300 paneles

Desde el 24 de mayo de 2017 era administrador único y socio único de Efyah. Como en otros casos, cesó como directivo, el 24 de noviembre de 2023, pero no transfirió las acciones. Por eso, en su condición de copropietario de PV Ingen Solutions es socio de la beneficiaria de los permisos para instalar la fotovoltaica de 4 megawatios en el citado municipio del Vinalopó. Esta planta solar abarca una superficie de 93.591 metros cuadrados y prevé la instalación de 7.290 paneles fotovoltaicos.

El ingeniero responsable del proyecto es Gonzalo Navarro, socio también de Argüelles en PV Ingen Solutions, a través de su sociedad Inversiones Mendinavarro. La concesión del permiso para construir esta planta de renovables fue firmada por Rosa María Aragonés, jefa de servicio de Industria, Energía y Minas en Alicante. Al tratarse de unas instalaciones con una potencia menor de 10 megawatios, la competencia de la resolución del expediente es de los servicios territoriales, que dependen de Argüelles. En la propia autorización administrativa se hace constar que cualquier recurso será resuelto por la Dirección General de Energía y Minas directamente en València.

Licencia municipal de obras

El pasado 8 de enero, PV Ingenergy Solar Beta solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid la licencia urbanística para construir la planta. El consistorio, cuyo alcalde, Juan José Hernández, es de Esquerra Unida, está obligado a otorgar el permiso, dado que se trata de un acto administrativo de trámite al que el Ayuntamiento no puede negarse. Este municipio alicantino alberga varias plantas solares debido a diversos factores. Entre otros, la orografía del terreno, el abandono de cultivos de secano o la práctica ausencia de zonas inundables, según el Patricova.

El negocio de la reventa de autorizaciones

Todas las empresas de ingeniería vinculadas a Argüelles son SL de apenas 3.000 euros de capital social, pese a que gestionan autorizaciones para proyectos que mueven millones de euros. Fuentes del sector indican que es bastante habitual la práctica de gestionar los permisos sin ningún ánimo de desarrollar los proyectos sino con la mera intención de revender las licencias. Entre otras razones porque carecen de capacidad tecnológica y de captar los recursos suficientes para poner en marcha las plantas. Les sale más a cuenta dar el pase a fondos de inversión especializados u otras empresas de mayor potencial. En el mercado de esta práctica especulativa que contribuye a la burbuja de las renovables el precio del megawatio autorizado cotiza entre 150.000 y 200.000 euros, según un experto. Así, un proyecto como el de Monforte del Cid podría venderse perfectamente por entre 600.000 y 800.000 euros antes de acometer la construcción de las instalaciones.

Argüelles: “En la territorial de Alicante no sabían que yo era socio”

El director general de Energía admite que es socio de la planta cuya autorización fue concedida por el departamento que él dirige: “Sí, tengo una pequeña parte, más o menos una doceava parte”. A través de su firma Efyah Solutions, copropietaria de PV Ingen Solutions, la matriz de la sociedad promotora. Desde esta mercantil se impulsan, explicó, “proyectos de pequeño tamaño en los que participa con un 10% con diferentes inversores”.

Pero alega que quienes tramitaron y firmaron la resolución ignoraban que su jefe estaba detrás del negocio. “Se autorizó desde Alicante y nadie sabía allí que yo participaba”, ha explicado a Eldiariocv.es. El plácet definitivo llegó cuando el alto cargo llevaba ya siete meses de director general, pero Argüelles destaca que la tramitación arrancó “mucho antes de llegar yo” a la Generalitat.

El alto cargo considera que los problemas de compatibilidad estarían despejados porque, por indicación de Transparencia, dice, dejó sus cargos en las empresas. En alguna tuvo que dar el relevo a su ex mujer, según cuenta. “Me dijeron que no podía ser administrador de ninguna empresa”. Mantuvo, eso sí, “únicamente mi parte accionarial”. Tampoco detecta en ello ningún posible conflicto de intereses. Porque, aduce, “no participo, ni he cobrado dividendos, ni sueldos ni ninguna cantidad de la empresa”. Simplemente es su propietario, el empresario.

Una empresa de Argüelles hizo el proyecto de una planta autorizada en Picassent

El de Monforte del Cid no es el único proyecto de renovables en el que tiene intereses Manuel Argüelles. El director general participa en otra planta de fotovoltaica, esta vez en la localidad de Picassent (Horta Sud), como responsable de la redacción del proyecto, de nuevo junto a su socio Gonzalo Jorge Navarro. En este caso, a través de la ingeniería PV Ingenergy Solar Epsilon, también bajo el paraguas de PV Ingen Solutions.

Al igual que hizo con sus cargos en las empresas en las que participaba hasta que dio el salto a la política, Argüelles renunció a su puesto de administrador solidario, responsabilidad que ocupó entre el 6 de octubre de 2021 y el 24 de noviembre de 2023. La central solar de Picassent tiene 1,72 megawatios de potencia, la mitad que la de Monforte del Cid, y ocupará 23.302 metros de parcela. Se instalarán 2.730 módulos. Argüelles admite que la ingeniería “la hace mi empresa, pero no participo como accionista”. No invirtió para convertirse en socio de esa planta “porque no tenía el dinero para participar”.

“Pedí a los funcionarios el mismo trato que a todo el mundo”

Admite que los funcionarios de su departamento, en el que se tramita el proyecto, saben de su conexión con esa planta de Picassent. “Les dije que dieran el mismo trato que a todo el mundo; ellos tampoco quieren tener problemas”. Y sentencia: “Nunca me han oído decir nada sobre ese proyecto”. De hecho, subrayó, el expediente lleva “dos años bloqueado”, como tantos otros, según ha explicado a este diario el propio director general. “Se respetan los plazos y no se ejerce influencia ninguna sobre los mismos”, concluyó.

elDiario.es