El PSOE: Costas autoriza y el primer chiringuito de Castelló abrirá sus puertas la semana del Viernes Santo
Foto: ANTONIO PRADA
Abrir a partir del Viernes Santo
Aunque desde este martes los empresarios ya están habilitados para empezar los trabajos, los primeros movimientos se producirán a partir del próximo jueves, 21 de marzo, coincidiendo con la oficialización por parte de la Junta de Gobierno de las adjudicaciones de los tres chiringuitos licitados. Las empresas Anma 0920 SL, UTE Gurugú y Reggae Chiringuitos SL explotarán los locales de ocio, mientras que los otros dos continuarán gestionados por Dharma y La Playa al ejecutarse la prórroga de un año tras la concesión de 2023.
EL PP DE CASTELLÓ DIU:
Partido Popular de Castellón
El PSPV de Samuel Falomir y Amparo Marco sigue estando en contra de los vecinos de la provincia. 👉 Quieren derribar los poblados marítimos y las construcciones costeras singulares y, por ello, votan en contra de modificar la Ley de Costas.
Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Prada, que fue también consejero de Justicia e Interior, y seis para el comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de Cospedal procesado en el caso Kitchen
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del faraónico proyecto del Campus de la Justicia, que no llegó a culminarse y que ahora retoma el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Anticorrupción pide ocho años de cárcel para ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia e Interior Alfredo Prada y seis años de cárcel para otras cinco personas relacionadas con el proyecto. Entre el resto de acusados está el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009, procesado en el caso Kitchen. A todos les atribuye delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.
La misma condena a seis años de cárcel solicita Anticorrupción para Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; Alicio de las Heras, director del área financiera; y Felix José García de Castro, letrado asesor. La Fiscalía les acusa de “concertar” contrataciones con “deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación”. “De este modo se produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo”, dice el escrito. Durante la instrucción, el juez José de la Mata detectó casos en los que las compañías adjudicatarias habían redactado los propios pliegos del concurso.
El proyecto se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Alfredo Prada, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto, del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, “aunque inacabadas y en la actualidad en situación de abandono, al menos parcialmente”.
Prada es uno de los padrinos políticos de Pablo Casado y fue su primera elección para presidir la oficina del Cargo Popular, un órgano que creó Mariano Rajoy dentro de la estrategia de aplicar más transparencia interna tras los escándalos de Gürtel y cuyo primer presidente fue Manuel Cobo. Prada fue nombrado para ese puesto en el verano de 2018, cuando Casado resultó elegido presidente del partido, y destituido menos de un año después, en marzo de 2019, tras trascender su imputación en este caso.
Gómez Gordo, por su parte, trabajó como encargado de la seguridad de este proyecto por su vinculación con Francisco Granados. Después fue nombrado director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha cuando María Dolores de Cospedal era presidenta regional, entre 2011 y 2015. Y a partir de ese año regresó al servicio activo y se dedicó a controlar de cerca al chófer Sergio Ríos, el topo de la brigada política en el entorno de Luis Bárcenas que había conocido años atrás, cuando ambos trabajaban para Granados. Gómez Gordo está siendo investigado en la operación Kitchen, también en la Audiencia Nacional.
La Cámara de Cuentas de Madrid ya alertó del despilfarro y la corrupción en torno a este proyecto en un informe de 2018 que ha servido al juez De la Mata de base para su instrucción. Aquel prolijo documento destapó que se habían gastado 355 millones en un proyecto del que solo se había conseguido levantar un edificio que permanecía medio abandonado. La mayoría, en contratos formalizados pero también en modificaciones, prórrogas, indemnizaciones o gastos sin que haya contrato de por medio.
Ayuso retoma el proyecto
El pasado mes de febrero, el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid ofreció novedades sobre el renovado proyecto. Será una de las obras más importantes que afrontará la Comunidad de Madrid en esta legislatura, con el objetivo de trasladar 26 sedes judiciales de la capital hasta el distrito de Barajas. El actual consejero de Justicia, Miguel Ángel García, entregó el 4 de febrero el anteproyecto con el que se inician los trámites del concurso, que saldrá a la luz en abril.
Entre las novedades aportadas están los plazos de los trabajos, que arrancarán previsiblemente en el año 2025 y finalizarán en 2028, un año antes de lo inicialmente esperado. El coste total de la obra es otra de las noticias de este lunes: el presupuesto será de 680 millones de euros (frente a los 660 de los que se habló en octubre), que en la licitación estarán divididos en dos lotes.
Un pub abandonado junto a la sede de las sociedades de David Herrera, en una casa de vecinos
El empleado de una panadería en Arahal, un camarero y un pequeño empresario que ha solicitado la invalidez están acusados junto a Alberto González de fingir trabajos y hacer facturas falsas con las que la pareja de la presidenta engañó al fisco
En el banquillo de los acusados por grandes fraudes coinciden individuos que estaban destinados a no cruzarse jamás. En un extremo de esas tramas hay jefes de organizaciones criminales o delincuentes de ‘cuello blanco’ que intentan ocultar sus ganancias a través de sociedades pantalla. En el otro, personas con pocos recursos que prestan su nombre y su firma como titulares de esas falsas empresas y ganan algo de dinero a cambio. El martes, unas horas después de que elDiario.es desvelara el presunto fraude a Hacienda del novio de Ayuso, uno de esos hombres fumaba apoyado en el muro de su casa de Arahal, un pueblo de la comarca sevillana de La Campiña. Insiste en que no ha cobrado “un duro” por inscribir a su nombre tres sociedades implicadas en el caso de las facturas falsas.
Pongamos que el hombre se llama Antonio. Ha aceptado hablar con este periódico a cambio de que no se publique su verdadero nombre. En Arahal, la principal actividad es el cultivo de la aceituna de mesa. El trabajo escasea y él sale adelante como panadero, de madrugada, empleado en el horno de un polígono industrial. El resto del día lo pasa viendo la tele o saludando a los vecinos que conducen por delante de la casa de sus padres. Ni él ni su hermano, camarero, pueden independizarse con lo que ganan. Tienen 35 y 44 años.
Si la jueza acepta el criterio de la Fiscalía, en unos días Antonio y su hermano figurarán investigados en la causa que se abra por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental. Compartirán la lista de acusados con el novio de la presidenta madrileña, otro vecino de Arahal y un empresario mexicano. Puede que lleguen a coincidir en un pasillo del juzgado y que no se reconozcan. Antonio no acierta a entender qué hace su nombre en el periódico digital del pueblo ni cómo ha llegado a compartir espacio con la mujer más importante de la derecha española. “Yo no soy un terrorista. Yo soy un tieso”, repite.
El hilo que conecta un piso –dos en realidad– de una zona prohibitiva de Madrid con la casa de Antonio y su hermano en El Arahal está aún por reconstruir. La respuesta puede estar a unos metros de la pared donde se apoya Antonio. En ese otro número de la misma calle vive, junto a su madre, David Herrera, de los pocos en la barriada que estudió en la universidad. Es el tercer imputado de El Arahal, junto a Antonio y su hermano.
Graduado social, Herrera se presenta como empresario mientras aguarda a que le reconozcan la invalidez por serios problemas de visión. Interrumpe su siesta para rebatir a elDiario.es en la puerta de su casa la tesis de la Fiscalía. Defiende que él realizó los trabajos que Hacienda niega. Añade que tiene facturas que pueden demostrarlo y que se las enseñó a los inspectores de la Agencia Tributaria. A la pregunta de si conoce al novio de Ayuso, asegura tajante que no. Según su versión, un conocido le presentó a otro que le envió a su vez a “un hombre que vino de Madrid, trajeado” de la empresa de Alberto González. ¿Maxwell Cremona SL?. “Esa. Me causó buena impresión. Era un aparejador o arquitecto”, añade.
La Fiscalía de Madrid ha denunciado a Herrera y al resto porque cree que sus sociedades nunca realizaron los trabajos que declaró Alberto González. El empresario ganó dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas en pandemia. Eso supuso que en 2020 multiplicase por seis sus ingresos, pero al tiempo pagó en impuestos una tercera parte que en el ejercicio interior. ¿El motivo? En teoría había gastado tanto en contratar con terceros que las ganancias eran casi anecdóticas. Hacienda cree que es mentira y que esos gastos con otras sociedades son falsos. En el caso de la rama andaluza, las facturas que rechazó por falsas están relacionadas con trabajos que en teoría realizaron esas personas en 2021 por cuenta de la empresa de Alberto González para el grupo sanitario Quirón, principal cliente del novio de Ayuso.
La Agencia Tributaria y la Fiscalía concluyen que las sociedades de Herrera y los dos hermanos fingieron realizar determinados trabajos dentro del plan de González para pagar menos impuestos. Fueron en total 1,7 millones que el novio de Ayuso dejó de declarar, principalmente con la ayuda de un presunto testaferro mexicano, Maximiliano Niederer, imputado en la causa y que vive en una lujosa urbanización de Villaviciosa de Odón. De esos 1,7 millones escamoteados al fisco, un total de 205.955 euros corresponden a facturas falsas de cuatro empresas con sede en casa de Antonio y su hermano, de David Herrera y en un domicilio de Sevilla capital.
Una de estas sociedades tiene su supuesta sede tras la tapia en la que fuma apoyado Antonio. “Resulta del todo imposible que la sociedad Bianconera Spa SL haya prestado los servicios de sistema de seguridad en la información, toda vez que la mercantil no cuenta con los medios personales ni materiales adecuados e imprescindibles para el desarrollo de dicha actividad facturada”, recoge el informe de Hacienda, al que ha tenido acceso elDiario.es.
El "entramado" de empresas de Alberto González Amador
Alberto González
Amador
Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente
Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering
Quirón Salud
Ginmosur SL
11.495€
Gayani Ltd.
922.585,63€
20.000€
Mke
Manufacturing SA
Baluarte Desarrollo
Centro Especial de Empleo
620.000€
Desarrollo Social de CEE
el Manantial SL
Purpura Star SL
76.800€
21.200€
Bianconera
SPA SLU
Bianconera de
Servicios
Profesionales SL
10.500€
66.000€
Maximiliano Eduardo
Niederer González
D. H. L.
A. C. S.
JM. C. S.
La Agencia Tributaria ya estuvo aquí el verano pasado. “Habiendo visitado el domicilio social y fiscal, por la inspección resulta ser un domicilio particular, sin rótulo ni identificación alguna de la mercantil”, recogió. El funcionario que firma precisa que para realizar servicios de “seguridad en la información” se requiere “personal experto en la materia, con unos conocimientos técnicos muy precisos respecto a protección de datos y seguridad de la información”.
Aroma a incienso y calles vacías
Como en tantas ciudades andaluzas, el aroma a incienso sorprende a estas alturas del año al doblar cualquier esquina. “Aquí la Semana Santa es más importante incluso que la feria”, explica un vecino. Tendrá que ser el recuerdo del martirologio de Cristo el que saque de su aparente tedio a la localidad, de cerca de 20.000 habitantes. El martes al mediodía, cuando la información de elDiario.es irrumpe en el panorama mediático y político, nadie parece conocer en Arahal algo de las comisiones del novio de Ayuso, del piso de lujo de la presidenta y de la presunta implicación de tres vecinos del pueblo. “¿Pero eso cómo va a ser, chiquillo?”, responde al reportero un jubilado que sale del bar.
Antonio figuró el undécimo en las listas del Partido Popular en las elecciones municipales de 2019 y algunos medios lo han vinculado con una de las familias políticas de la formación en la capital sevillana. “¿Pero qué me estás diciendo? Si yo ni les voto. Me metí ahí porque hacía falta uno y me lo dijo un amigo”, responde a la cuestión sobre el tema.
Otra de las sociedades con sede en Arahal a las que facturó Alberto González es Purpura Star. Para llegar a su sede hay que salir a las afueras del pueblo. La sede de la sociedad es uno de los dos pisos que hay en el bajo de un edificio de dos plantas. Está justo enfrente del teatro municipal. Pasan minutos hasta que abre la puerta una mujer. Es la ex esposa de Herrera, que ha ido a limpiar el local. Antes de separarse vivían en el piso de enfrente. Por lo que se adivina desde la puerta, la limpieza hacía falta. En una estantería se amontonan archivadores y en uno de ellos luce una pegatina con el nombre de la sociedad Bianconera.
David Herrera asegura que “claro” que tuvo trabajadores, hasta 15, pero que todos le facturaban como autónomos. Cuando este medio alude a la especialización que requerían los trabajos, Herrera responde: “Yo tenía un perito en Sevilla para eso”.
Herrera cuenta que conoce a Antonio desde que nació. “¿No lo voy a conocer si lo tuve en brazos?”, comenta. Añade que han sido socios, pero en el pueblo solo recuerdan que Antonio tuviera un bar, un negocio que acabó mal porque según algunos vecinos, “su socia le engañó”. Ha trabajado en la construcción y en una fábrica antes que haciendo y repartiendo pan.
Sin embargo, el joven aparece como socio, en ocasiones único, de varias sociedades. Purpura Star es una de ellas. Se creó el 7 de octubre de 2020. Antonio tenía 300 participaciones de un euro cada una y David las 270 restantes a diez euros, así hasta alcanzar los 3.000 euros necesarios de capital social. Para su constitución, Antonio aporta un Seat León; Herrera, un ordenador portátil. En enero pasado, la sociedad pasó a ser administrada por un individuo con residencia en Torre del Mar (Málaga).
En 2021, Purpura Star estaba dada de alta en 14 actividades económicas, desde la albañilería y los servicios de limpieza a otros financieros, cobro de deudas, servicios agrícolas y ganaderos. No le constaban trabajadores por cuenta propia y, en contra de lo que declara Herrera, tampoco por cuenta ajena. En cualquier caso, no declaró por ninguno de ellos, pero le facturó a Maxwell Cremona SL, la sociedad del novio de Ayuso, 61.952 euros. Fue su mayor ingreso ese año.
Hacienda: “Son facturas falsas”
Los movimientos sospechosos no acaban aquí. Maxwell Cremona, o lo que es lo mismo, Alberto González Amador, hizo tres ingresos por los trabajos pero en la cuenta de otra sociedad, Baluarte, al frente de la cual figura Antonio en solitario. Hacienda ha concluido que todo es un invento: “Las facturas emitidas no responden a trabajos efectivamente prestados sino que más bien se trata de facturas falsas o falseadas que no amparan la realidad de los servicios descritos en las mismas”.
De los 61.952 euros ingresados por Maxwell, la sociedad del novio de Ayuso, fueron retirados de la cuenta bancaria de Baluarte un total de 39.000 euros en efectivo entre los días 7 y 13 de abril de 2021. Al mes siguiente, la revista Lecturas desvelaría que Isabel Díaz Ayuso tenía una nueva pareja, Alberto González Amador, al que calificaba de “técnico sanitario”.
¿Por qué ingresó el empresario madrileño ese dinero si los trabajos no se habían realizado? Los expertos explican que es el ‘modus operandi’ habitual para aminorar la carga impositiva: se acuerda el pago de una cantidad a los colaboradores en el fraude a cambio de la emisión de las facturas falsas que luego se presentarán a Hacienda para pagar menos impuestos.
Ocurre con otra de las sociedades implicadas, El Manantial. Otra vez Antonio, el panadero, es socio único. Otra vez su principal cliente es Maxwell y, en esta ocasión, en cuanto el novio de Ayuso le ingresó 25.662,00 euros, fue retirada toda esa cantidad menos 605 euros ese mismo día de la cuenta. “Suele ser habitual en empresas emisoras de facturas falsas o falseadas dado que aparentan el pago de una supuesta prestación de servicios no acometidos por la mercantil y prueba de ellos es la retirada de los fondos en efectivos en el mismo momento en que se cobra”, dejó por escrito el técnico de Hacienda.
La sede del Partido Popular en El Arahal
Aquella otra empresa donde Antonio figura como socio único, Baluarte, deja demasiadas evidencias a los inspectores de Hacienda. Está dada de alta como correduría de seguros y gestoría. En 2021 declaró tener 16 empleados. En la lista aparecen apellidos que apuntan a varios familiares de Antonio y David. “Siete de ellos perciben un importe inferior a los 100 euros. Otros siete perciben un importe inferior a los 10.000 [en todo 2021]. Y de los dos restantes, uno de ellos es David Herrera”, afirma Hacienda.
Ese año, Baluarte vende supuestamente caballos, por lo que ingresa, en su mejor operación, poco más de 10.000 euros. También anota pagos por hacer seguros, unos pocos cientos de euros. Y otra vez, la mayor fuente de ingresos de las sociedades en las que aparecen Antonio y David es Maxwell Cremona SL, del novio de Ayuso, con un pago de 20.000 euros por supuestamente haber prestado “servicios de apoyo técnico-ambiental” en dos proyectos. Para la Agencia Tributaria no es posible porque “no cuenta con los medios humanos adecuados ni acredita tener los medios materiales necesarios para el desarrollo de la prestación”.
David niega con la cabeza en la puerta de la casa de su madre mientras abre los brazos: “Pero dios mío, si nosotros le hicimos a Quirón trabajos de seguridad, de limpieza… pero si yo tengo las facturas… Me voy a defender, me voy a defender en el juzgado”. Cree que los trabajos de los que duda Hacienda los hizo para Quirón a través de la empresa de González Amador.
En el caso de que la pareja de Ayuso continúe adelante con su confesión (“ciertamente se han cometido dos delitos de fraude fiscal”) necesitará el acuerdo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero también de Antonio, su hermano, David y el supuesto testaferro mexicano. La pareja de la presidenta madrileña busca pagar los 350.000 euros defraudados más la multa que le imponga el tribunal en la condena que acreditará que es un defraudador fiscal. A Antonio le marean esas cifras: “Yo soy un tieso, yo no tengo ná”.
Alberto González Amador, a quien la Fiscalía acusa de usar dos sociedades sin trabajadores ni apenas medios para canalizar su trabajo y sus ingresos, adquirió posteriormente un Maserati con una de ellas
El informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia que la Fiscalía ha presentado contra Alberto González Amador evidencia cómo la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso usó dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales para canalizar sus ingresos. La principal, Maxwell Cremona –que facturó 3,7 millones en dos años–, no tiene empleados por cuenta ajena pero sí consta a su nombre un coche de lujo: un Porsche Panamera.
Además, la compañía adquirió con posterioridad otro vehículo de alta gama, un Maserati que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid, según adelantó El Plural y confirmó elDiario.es. La segunda compañía, que Hacienda califica como “una mera sociedad interpuesta”, se llama Masterman & Whitaker y nunca tuvo ni empleados ni medios materiales para hacer los trabajos encargados por el gigante sanitario Quirón, el “principal cliente” de González Amador.
La investigación se centra en la evolución de la principal empresa de González Amador: Maxwell Cremona Ingeniería SL. Y en cómo su cifra de negocio se multiplicó con la llegada de la pandemia y la necesidad de encontrar mascarillas y material sanitario. Esta es la sociedad que, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, se atribuyó hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros de forma ilegal por servicios que los supuestos proveedores nunca prestaron y que sirvieron para deducirse gastos indebidamente. El propio González Amador confesó el pasado 2 de febrero por escrito haber cometido dos delitos fiscales.
En 2017, un año después de su fundación, su facturación fue de 8.045 euros. En 2018 fue de 287.000 euros. En 2019 siguió subiendo y llegó a los 357.000 euros. En esos años, destaca Hacienda, la empresa firmó contratos de asesoría con Quirón, Arval o el Hospital San Francisco de Asís. Pero fue con la llegada de la pandemia cuando las cifras se dispararon: 2,3 millones de euros en 2020 y 1,3 millones en 2021. Ahí, tal y como ha revelado elDiario.es, entraron en juego las comisiones salidas de la compraventa de mascarillas.
Los ingresos crecieron, pero no el pago de impuestos. Unos datos que “sorprenden significativamente a la Inspección”, dice Hacienda en uno de sus informes. Los investigadores no cuestionan el negocio de la empresa de González Amador, pero sí que sus cuotas tributarias no se vieran incrementadas “en la misma proporción”. Es, sostiene la Agencia Tributaria, “sumamente llamativo” que en 2020 su facturación creciera en casi dos millones y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019. Los gastos contabilizados con las facturas falsas hicieron la ingeniería contable que ahora denuncia la Fiscalía.
En enero de 2020, antes de su explosión millonaria de ingresos, los bienes del activo empresarial de Maxwell Cremona se reducían a un ordenador portátil y una impresora, además de la fianza de una vivienda. Un año después, el primer día de 2021, la empresa sigue teniendo el mismo portátil, la misma impresora, 3.900 euros en cortinas pero un activo más: un Porsche Panamera Turbo valorado en casi 35.000 euros.
La valoración invita a pensar en que se trata o bien de un Porsche de segunda mano o un modelo antiguo de alta gama. La página web de la compañía indica que, actualmente, ese tipo de vehículos no se venden por menos de 125.000 euros. En páginas de segunda mano el precio, en algunos casos, sí baja de los 40.000 euros.
Además, el empresario cuenta también con un Maserati matriculado en 2017 que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid. Son hasta seis multas de tráfico por infracciones cometidas en el distrito de Chamberí que suman 385 euros, según ha podido comprobar elDiario.es. Además, acumula otras dos sanciones que suman 563 euros más relacionadas con el conocido como impuesto de circulación.
Maxwell Cremona se constituyó en 2016 para dedicarse a las consultorías y auditorías energéticas y la promoción medioambiental y sostenible de los recursos, aunque la pandemia cambió su rumbo hacia los certificados de la International Standarization Organization (ISO). Son los certificados que se utilizan para avalar que un producto cumple la normativa internacional y que, en los primeros meses de pandemia, marcaban la diferencia entre las mascarillas útiles y las mascarillas inservibles.
La empresa no tenía trabajadores como tal, pero sí recurrió continuamente a “un nutrido grupo de auditores externos” autónomos, dedicados a hacer auditorías y certificar que un producto podía obtener la pegatina ISO de calidad. La documentación de la Agencia Tributaria refleja pagos a 10 auditores que trabajaron para la empresa de González Amador entre 2020 y 2021 y a los que pagó, entre todos y a lo largo de esos dos años, un total de 235.500 euros, incluyendo un comercial cedido a Quirón Salud, su mejor cliente.
La segunda parte de las investigaciones sobre la ingeniería societaria de González Amador para seguir mejorando su factura fiscal deriva de los movimientos que hacía con su segunda sociedad: Masterman & Whitaker. A finales de 2020, la empresa principal de González Amador compró esta otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos.
Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la “expansión en Latinoamérica” y el “desarrollo e implantación de la Joint Commission International”. Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según Hacienda y la Fiscalía.
La empresa “pantalla” y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa “pantalla” al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, “pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas”.
La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una “simulación relativa” de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, “originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar”.
La factura falsa de 600.000 euros
El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso.
A veces, una sociedad pantalla se utiliza para que alguien canalice sus ingresos y que pague el Impuesto de Sociedades, más benevolente que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tiene tipos más altos. En este caso, las acusaciones de la Fiscalía sobre González Amador y la empresa Masterman & Whitaker pasan por considerar que su objetivo era ubicar la carga fiscal en la sociedad que más le convenía, sin corresponderse con la realidad de los trabajos que había hecho para Quirón.
El resultado de todo esto, según Hacienda y la Fiscalía, fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa “pantalla”, emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Pero, previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. “Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil”, zanja la administración.
22