Cinco años después de que 7.291 personas murieran en residencias madrileñas sin ser trasladadas a hospitales durante la primera ola de la covid-19, la justicia ha decidido imputar por primera vez a entonces altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables en ese momento de la coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, el próximo lunes 26 de mayo.
Mur, según consta en el procedimiento, firmó el llamado Protocolo de la vergüenza, documento que limitó el acceso de las personas mayores que vivían en las residencias al sistema hospitalario bajo diferentes "criterios de exclusión". Dicho texto, del que en realidad existieron cuatro versiones elaboradas a lo largo de siete días, tuvo como consecuencia el bloqueo de derivaciones a hospitales en función del nivel de discapacidad o deterioro cognitivo de los residentes. Martínez Peromingo, por su parte, ocupaba también un cargo de responsabilidad en el mismo área. En concreto, fue el coordinador del llamado Protocolo técnico que complementaba al primero.
La denuncia dirigida contra responsables del Gobierno de Ayuso es por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria
La decisión judicial se produce tras la reapertura de una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes. El juzgado decidió reabrir la causa el 1 de abril, atendiendo una solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid, a partir de una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de víctimas. La denuncia, impulsada por las organizaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, estaba dirigida contra responsables del Gobierno regional por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, recogido en el artículo 511 del Código Penal.
Aunque la Consejería de Sanidad desautorizaría los protocolos más adelante, su contenido estuvo operativo durante semanas, y se aplicó, según indican las asociaciones denunciantes, con conocimiento de las autoridades sanitarias y políticas. Hasta ahora, las investigaciones judiciales se habían centrado en personal sanitario y directores de residencias. La novedad es que, por primera vez, se imputa a quienes redactaron, aprobaron y permitieron que se ejecutaran estas directrices. De ahí que el hecho de que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados pueda marcar un antes y después en la lucha por la justicia y dignidad para las víctimas y sus familias.
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia piden que "desvelen cuál fue la implicación" de Enrique Ruíz Escudero e Isabel Díaz Ayuso
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia celebran estas imputaciones y piden que, "aunque en calidad de investigados no están obligadas a decir la verdad", la cuenten y "desvelen cuál fue la implicación" del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, y de la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso. En paralelo a esta causa, existen otros 91 procedimientos relacionados con los hechos ocurridos en las residencias madrileñas.
Cuántas querellas siguen en curso
Tras recibir en octubre de 2024 la denuncia colectiva presentada por 109 familiares, el Ministerio Fiscal decidió repartir los casos entre distintas fiscalías en función del lugar donde ocurrieron los hechos. A la Fiscalía Provincial de Madrid le correspondieron 53 de ellos, mientras que el resto fueron derivados a las fiscalías de área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).
De los 53 casos que asumió la Fiscalía Provincial, la mayoría (44) tenían detrás una querella previa que había sido archivada en su día. Esas querellas apuntaban a delitos como homicidio imprudente u omisión del deber de socorro. Otros cuatro seguían todavía en fase de instrucción, sin una resolución definitiva. Solo cinco familias no habían iniciado ninguna acción judicial hasta el momento. En estos últimos casos, fue la propia Fiscalía la que dio el paso y presentó denuncias ante los juzgados correspondientes.
En los 48 procedimientos que ya contaban con una querella previa, el Ministerio Público ha solicitado expresamente que se investigue también un delito por denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. Y ha sido junto a esa petición, donde ha pedido además que declaren como investigados los responsables políticos identificados en la denuncia colectiva, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo.
La idea de la Fiscalía es que no se investigue cada delito de forma aislada, sino que se aborde en conjunto lo ocurrido. Por eso, en los casos con una querella archivada, ha solicitado la reapertura de la causa inicial y que se acumulen las nuevas denuncias por discriminación con las anteriores por homicidio o prevaricación.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha sido el primero en aceptar ese planteamiento, reabrir un procedimiento que ya había sido cerrado y citar a declarar como imputados a los altos cargos que firmaron los protocolos. Pero no todos los juzgados han seguido ese camino. Una decena de ellos, de hecho, ha decidido mantener el archivo, en contra del criterio de la Fiscalía. En todos estos casos, tanto las familias como el Ministerio Público han presentado recursos. El resto aún no se ha pronunciado. Mientras tanto, otras familias afectadas han optado por presentar querellas nuevas de forma individual, también por el delito de denegación discriminatoria en la atención médica.
¿No había alternativas?
Las familias de los residentes que enfermaron y fallecieron llevan años insistiendo en que sus seres queridos podrían haber recibido atención médica y de esta manera, incluso en aquellos casos en que no se hubieran salvado, habrían ejercido su derecho a una muerte digna. Existieron, al menos, tres vías para ayudarles, empezando por los traslados a hospitales públicos o privados, como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, los protocolos establecidos por el Gobierno regional lo impidieron. Los datos oficiales muestran que, durante las semanas más críticas de la pandemia, las derivaciones hospitalarias desde residencias se desplomaron un más de un 35%, y en los centros más afectados por el virus ni siquiera se trasladaba a una persona al día.
La segunda alternativa hubiera sido la medicalización de los geriátricos, es decir, dotarlas de personal sanitario y recursos suficientes para tratar a los pacientes allí aunque no fueran derivados. Sin embargo, más de 1.000 profesionales de Atención Primaria fueron destinados al hospital de campaña de Ifema, diseñado para atender casos leves, en lugar de a las residencias, donde morían decenas de personas a diario.
Tampoco se dieron uso a otros recursos extraordinarios disponibles, como el hospital de campaña de Ifema, los hospitales privados, los hoteles medicalizados o el Samur. Con todo, de los 472 centros de mayores de Madrid, solo dos trasladaron en total a 23 personas a Ifema, y todos ellos eran pacientes leves. Tampoco se derivó a nadie sin seguro a hospitales privados, pese a haber camas disponibles. La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid –constituida para redactar un informe sobre lo que les sucedió a las personas mayores confinadas– estimó en 2024 que, como consecuencia de todas estas decisiones, más de 4.000 mayores se podrían haber salvado.
En un comunicado hecho público en la mañana de este viernes, Marea de Residencias y 7291:Verdad y Justicia agradecen su trabajo al equipo jurídico que está llevando la defensa de los familiares –formado por los abogados Carlos Castillo, Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz–, y también a Manuel Rico, "periodista y abogado que coordinó la iniciativa legal desde que se puso en marcha en el verano de 2024 hasta el pasado 14 de abril, cuando fue nombrado director del periódico Público y nos comunicó que su nuevo trabajo le impedía continuar con la labor jurídica que venía realizando".
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