Malestar en el PP autonómico por los movimientos de la dirección provincial en la elección de los representantes de la Diputación. La decisión de Marta Barrachina y Salva Aguilella de rodearse de su núcleo de confianza y apartar a Benicàssim, Onda o Alcalà de Xivert, ha abierto una crisis en el PP.
Según ha podido saber Radio Castellón, miembros de la dirección autonómica del partido, consideran que la decisión del PP provincial no es acertada, porque no recompensa a municipios en los que se ha hecho un trabajo importante para recuperar la Diputación.
Todavía no ha comenzado su mandato y el PP vive su primera crisis interna, su particular juego de tronos. El Partido Popular aparta a Onda y Benicàssim de la Diputación de Castellón. En ambas localidades, los populares han conseguido la mayoría absoluta. La decisión revive las disputas del partido.
El líder del PP especula con los impuestos que va a suprimir pero no concreta todavía su plan fiscal, más allá de prometer que va a “intentar” reducir el IRPF a las clases bajas y medias Feijóo asegura que su “agenda legislativa” consistirá en “derogar todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y que atentan contra las mayorías”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Nada se sabe todavía de los planes que el líder de la oposición tiene para la próxima legislatura, en el caso de que consiga el apoyo que necesita para formar gobierno, pero a falta de que el PP acabe de redactar y presente su programa electoral para las elecciones del 23J, el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo para España se resume en tres palabras: “Derogar el sanchismo”.
¿En qué consiste ese programa? Feijóo apenas lo detalla, pero da algunas pistas de sus intenciones. Este jueves, en una entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa (Telecinco), definió su proyecto como “una agenda legislativa” que consistirá en “derogar todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y que atentan contra las mayorías”. Lo que, en el lenguaje del líder del PP, significa que tiene en el punto de mira todas las leyes que hayan salido adelante con el apoyo de Esquerra o de EH Bildu y el voto en contra de su partido.
Vox comparte ese objetivo: borrar todas las normas que han salido del Congreso de los Diputados en los últimos cinco años. Las considera “ideológicas” y su eliminación es, para los de Abascal, un compromiso irrenunciable. Pero el PP no ha detallado todavía cuántas derogará y cuáles reformará. Desde que llegó a la presidencia de su partido, Feijóo se ha mostrado ambiguo al respecto y ese matiz es importante, porque puede condicionar los acuerdos con la extrema derecha.
“Derogar el sanchismo”, aventuró Feijóo en la citada entrevista, consiste en cambiar “la forma y el fondo de hacer política en España. Por ejemplo”, dijo, “es decirle a un señor que tiene una casa que es suya y que si un señor se la ocupa de forma ilegal, pues vamos a tener que aplicarle la ley y lanzarlo de una ocupación ilegal, si es posible en un plazo de 24 horas”. O “no subir la presión fiscal como se ha subido en España”.
“Intentar” bajar el IRPF
¿Significa eso que va a bajar los impuestos? El líder del PP sugiere que sí, pero no acaba de decir cuáles ni cuánto, más allá de prometer que va “a intentar” bajar el IRPF a las rentas medias y bajas. Sí asegura que “no va a gravar los patrimonios”, lo que significa que suprimirá el impuesto a las grandes fortunas, que grava a los ciudadanos que poseen más de tres millones de euros.
Feijóo no los mencionó en la entrevista, pero sí aludió a los impuestos a la banca y a las energéticas en una reunión con empresarios en Barcelona el pasado miércoles. Fue crítico con ambos, pero no llegó a decir expresamente que planea suprimirlos.
El líder del PP quiere poner fin al endeudamiento público recortando gastos. Pero no ha dicho todavía dónde piensa meter la tijera más allá de decir que va a reducir el número de ministros de 22 a 13 o 14” y disminuir el “gasto burocrático y político”.
¿Volveremos a los recortes? ¿Mantendrá impuestos? Feijóo no lo aclara. “Si tengo que hacer determinadas cuestiones para mejorar el sistema económico fiscal de mi país, lo explicaré y por supuesto le diré a los españoles cuál es la situación de España”, dice.
Derogar el modelo de pensiones
En el ámbito económico, Feijóo también se comprometió a poner fin a la excepción ibérica que contiene los precios del gas en España, y se ha mostradoen contra del modelo de pensiones aprobado por el Congreso y remitido a Bruselas. El PP también está a favor de acabar con la obligación legal de revalorizarlas de acuerdo con el IPC y ha defendido el modelo anterior, vigente durante el mandato de Mariano Rajoy, que abría la puerta a su reducción.
La reforma laboral también está entre las medidas que el PP quiere cambiar. Los conservadores apuestan por liberalizar el mercado de trabajo en línea con las demandas de la patronal.
Más allá de la economía, el programa derogatorio del PP incluye también cambiar el Código Penal para reforzar el delito de sedición, de manera que no haya dudas a la hora de aplicarlo a comportamientos como el protagonizado por los independentistas durante el procés. Y volver a igualar todas las penas de corrupción: las que supongan enriquecimiento personal y las que no. “Vamos a proteger la unidad de la nación española”, asegura Feijóo haciendo referencia a su propuesta para volver a incluir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal.
Si de Feijóo depende, en la próxima legislatura tiene los días contados la nueva ley de Memoria Democrática, que el PP considera “obra de Bildu”, y habrá otra Ley de Educación, porque según él ahora mismo aprobar es lo mismo que suspender. Y se propone poner en marcha una “política lingüística” con concilie que España es “un país plurilingue” con la primacía del “idioma común” y la necesidad de promover el conocimiento del inglés. Un respuesta lo suficientemente ambigua como para no enfadar a la derecha que exige enseñanza en español en todo el país ni contradecir su política de trece años de gobierno en Galicia.
De la ley trans a la del aborto
El líder del PP hace días que no menciona otras leyes que en el pasado ha prometido derogar o reformar, como la ley trans, la ley del solo sí es sí o la ley del aborto. En el caso de la ley de eutanasia, Feijóo dejó el asunto en manos del Tribunal Constitucional, que ha avalado la norma.
Para no tener que concretar nada, Feijóo se justifica diciendo que el partido todavía trabaja en la redacción de su programa electoral, así como en la definición de las medidas que piensa implementar en sus primeros 100 días de gobierno.
Derogar el sanchismo, según Feijóo, es también “recuperar el prestigio internacional y la autoestima de España”, que según él se han perdido, así como la defensa de la Transición o negar cualquier acuerdo con Bildu, al menos hasta que esta organización asuma la Constitución y señale a los autores de los más de 350 asesinatos pendientes de esclarecimiento competidos por ETA.
El líder del PP promete recuperar el PIB prepandemia (va a ocurrir antes de que finalice el año, según las previsiones de todos los organismos internacionales, de hecho ya ha sucedido en varias comunidades autónomas). Pero en su discurso no hay rastro de medidas concretas para luchar contra los problemas que sufre España y repite en todas su intervenciones: la crisis económica que según él vive el país —en realidad es uno de los que más crece de la UE—, el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo, el déficit público o la deuda.
Su receta en materia económica sigue siendo vaga: “Vamos a darle una vuelta a la política económica y a la política fiscal. Vamos a traer inversiones a nuestro país y vamos a garantizar la seguridad jurídica”. Nada más. Y se justifica: “No he llegado aquí después de unos cuantas carambolas y, por tanto, me conocen. Después de 30 años sé lo que es la gestión de las cosas públicas y para mí España es mi proyecto y es mi país, no tengo otro”.
Importantes países europeos miran con preocupación la hipotética llegada de la extrema derecha al Gobierno de España tras las elecciones del 23 de julio
— La derecha se vuelve antisistema
El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la primera ministra italiana y líder de Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni. @Santi_ABASCAL
“Nos preocupa un gobierno con la extrema derecha en España”. Así se expresan fuentes diplomáticas de importantes países, fundadores, de la Unión Europea. En Berlín, por ejemplo, donde gobierna una coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, temen que un Gobierno de PP y Vox suponga un freno al Pacto Verde Europeo y quiebre esa alianza entre España y Alemania para impulsar una transición ecológica que destierre la energía nuclear, por ejemplo.
De ello saben bien en París. Hasta tal punto saben lo que significa un acuerdo entre PP y Vox, que el Elíseo ya censuró hace exactamente cuatro años a Albert Rivera, entonces socio político del partido de Emmanuel Macron, que llegara a gobiernos municipales y autonómicos gracias a Vox. No en vano, el presidente francés ha ganado dos veces las elecciones en segunda vuelta contra la ultraderechista Marine Le Pen.
El 23 de julio se juega en España una partida que tendrá traslación en el Edificio Europa de la rue de la Loi en Bruselas, sede del Consejo Europeo. La UE es, fundamentalmente, lo que decidan 27 gobiernos en esa mesa presidida por Charles Michel. Y de esa mesa se ha ido recientemente la sueca Magdalena Andersson mientras permanece en funciones la finlandesa Sanna Marin, derrotadas por partidos conservadores aliados con la extrema derecha. Y a esa mesa también ha llegado Giorgia Meloni al frente de Italia, país del G7 y uno de los grandes europeos, en lugar de Mario Draghi, apoyado por socialdemócratas.
El mapa de la habitación en la que se decide el rumbo europeo está cambiando. Y la llegada de Feijóo de la mano de Abascal al gobierno de uno de los principales países progresistas de Europa tendrá consecuencias.
“Para empezar, ese Gobierno supondrá un freno al pacto verde europeo y la transición energética”, explican fuentes diplomáticas de un importante país europeo. No en vano, tanto en las capitales como en Bruselas como en el TJUE saben bien que PP y Vox impugnan en Doñana, en Madrid y en Murcia, por ejemplo, lo que dicen las directivas europeas y la misma ciencia en relación con el deterioro del medio ambiente y las consecuencias del cambio climático. Pero no sólo eso: desde la fecha de caducidad del motor de combustión hasta las normas para la reforestación, la derecha y la extrema derecha están alineadas pisando el freno.
Pero hay más dosieres en la UE: está el debate de las reglas fiscales, en las que la posición de un Gobierno neoliberal en Madrid tendrá incidencia en la correlación de fuerzas, igual que en asuntos como la migración, la seguridad y la guerra de Ucrania.
El líder de la Lega italiana y vicepresidente y ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, alineado en Europa con Le Pen, hablaba este jueves con El País del momento político español y su repercusión continental: “Tendrán un gran impacto [las elecciones del 23 de julio]. También en otoño las polacas. Son dos grandes países que pueden prolongar una tendencia positiva en junio de 2024 [elecciones europeas]. La hipótesis de una mayoría de centroderecha en el Parlamento Europeo, que parecía descabellada hace un año, es más cercana. Lo que pase en España será importante para nuestra visión de Europa. Una gran parte de la política nacional dependerá de las elecciones de Europa: el tema de los coches, de la vivienda… Tener una mayoría menos inclinada ideológicamente a la izquierda, contra el mercado, contra la industria, será importante”.
En este sentido, la primera ministra italiana, la utraderechista Giorgia Meloni, que preside un Ejecutivo formado por sus Fratelli D'Italia, la Lega y Forza Italia (el partido de Silvio Berlusconi, socio del PP europeo), decía este jueves en Chisinau (Moldavia) a donde ha acudido para la cumbre de la Comunidad Política Europea: “Ha sido todo muy rápido en España, pero es muy interesante para nosotros entender lo que va a pasar. No quiero meterme demasiado en la dinámica de otro país. Ya sabes que soy presidente de los Conservadores Europeos [ECR, la familia de los ultraconservadores], y evidentemente me interesa mucho lo que van a hacer los conservadores europeos en España [Vox]”.
En efecto, Italia mira con muchísimo interés el 23 de julio en España. El corresponsal en Bruselas de La Stampa, Marco Bresolin, escribía esto esta semana: “Las elecciones anticipadas del 23 de julio representan la primera gran encrucijada que marcará la próxima legislatura europea. Porque de esa votación dependerá el nuevo equilibrio de poder en el Consejo de la Unión Europea (el órgano que reúne a los 27 Gobiernos) y, sobre todo, en el Consejo Europeo (donde se sientan los 27 jefes de Estado y de Gobierno). Y porque de ese voto dependerá también el papel de Giorgia Meloni en Bruselas. Una mayoría de centro-derecha en Madrid, construida sobre el eje PP-Vox, supondría un espaldarazo decisivo para el Ejecutivo italiano. Por el contrario, una reconfirmación de los socialistas acabaría agravando el aislamiento político del premier en Europa”.
Y es que los cambios de las sillas en la mesa del Consejo son fundamentales para priorizar o frenar políticas. Es cierto que las elecciones europeas que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio del próximo año dibujarán una correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo para los próximos cinco años, y se verá si en la Cámara sigue prevaleciendo el pacto entre populares, socialistas y liberales o hay mayorías alternativas a derechas –más probable– o izquierdas –quizá menos probable–.
Pero, como recuerda La Stampa, para que la maquinaria de toma de decisiones de la UE siga funcionando se necesitan dos mayorías diferentes, una en el Parlamento Europeo y otra en el Consejo. Y los que terminan teniendo la última palabra son los gobiernos en el Consejo. Es más, el acuerdo para designar a los nuevos responsables de las instituciones de la UE, tras las elecciones europeas del próximo junio año, surgirá, como siempre, en una larga cumbre de líderes en el Consejo Europeo: la presidencia de la Comisión Europea debe ser votada por el Parlamento, pero antes es nombrada por el Consejo, y para eso la correlación de fuerzas entre los 27 gobiernos de la UE es determinante: por eso es tan determinante el 23 de julio español.
Además, todo el colegio de comisarios está formado por personas nombradas por los respectivos gobiernos, será un espejo de la composición política del Consejo. Y al eje francoalemán que pactó el reparto actual, con Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea; Michel, en el Consejo; y Christine Lagarde, en el BCE, se puede oponer un eje Roma-Madrid si gana el bloque de las derechas en España, a la espera de lo que pase en Polonia en otoño, donde gobierna el PiS, partido de la familia política de Meloni.
“Pedro Sánchez sabe que lo que está en juego es también europeo. Por eso intentará aprovechar el escenario que le ofrecen las primeras semanas de presidencia española de la UE. El semestre de Madrid comenzará el 1 de julio y a mediados de mes el primer ministro pronunciará su discurso ante el Parlamento de Estrasburgo. El lugar ideal para dar la voz de alarma sobre el riesgo de que la ultraderecha de Vox se apodere de España y, en consecuencia, de la UE”, escribe La Stampa.
Aval del PP europeo a la extrema derecha
“Mire lo que ha hecho el Gobierno italiano en los primeros meses”, argumentaba Weber en una entrevista con los periódicos del grupo Funke media: “Meloni es constructiva en Europa, apoya a Ucrania y no hay problemas con el Estado de derecho en Italia”. ¿Está interesado en una alianza de los democristianos europeos con los partidos de extrema derecha? “Como líder del partido y del grupo parlamentario, tengo la ambición de que al PPE le vaya tan bien en las elecciones europeas del próximo año, que sigamos siendo la fuerza más fuerte y capaz de dar forma a la política europea en los próximos cinco años”.
El viraje del líder del PPE está siendo histórico, si bien el líder del PP europeo procura quitar de las ecuaciones los acuerdos con AfD, la extrema derecha alemana, históricamente vetada por los democristianos. Como confiesa Weber, su horizonte es mantener al PPE como principal partido en el Parlamento Europeo; a lo que juega también es a tener una alternativa al pacto histórico que ha operado en la arquitectura institucional europea: socialdemócratas, democristianos y liberales. Una alternativa a su derecha que, por cierto, ya ha funcionado en votaciones en el Parlamento Europeo relevantes, como la de la elección de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la mesa de la Eurocámara que, por primera vez en la historia, cuenta con uno de sus vicepresidentes de extrema derecha –Roberts Zīle, de la Alianza Nacional letona–.
Weber también tiene presente que su partido hermano en Italia, Forza Italia, depende mucho de su fundador. Y Silvio Berlusconi ya tiene 85 años. La actitud del actual jefe de filas de la derecha europea con respecto a los pactos con la extrema derecha es opuesta a la de su antecesor, el polaco Donald Tusk, y eso normaliza una política de pactos que antes no se santificaba –aunque hubiera este tipo de pactos en Austria, por ejemplo–.
Y todo esto en un momento en el que, precisamente, los populares europeos, aunque dominan las instituciones comunitarias –Comisión Europea, Eurocámara y BCE–, sufrían el golpe de la pérdida de Alemania, que les ha dejado fuera de todo gobierno de países fundadores de la UE, y básicamente resisten en los bálticos y el Este, junto con Grecia, mientras pactan gobiernos con la extrema derecha en países como Suecia o Finlandia, por ejemplo.
Se trata de ocho partidos progresistas de distintos territorios, nacionalistas en algunos casos, confederales todos ellos y, en ninguno caso, independentistas.
Representantes de Más País, Verdes Equo, Compromís, Més per Mallorca, Chunta Aragonesista, Proyecto Drago, Coalición por Melilla y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta. —Rober Solsona/EUROPA PRESS
ZARAGOZA
ACTUALIZADO:
El Acuerdo del Túria, cuyos ocho partidos de izquierdas territoriales sumaron en las autonómicas del pasado domingo algo más de un millón de votos (1.073.070) en las siete comunidades en las que concurrieron, negocia la incorporación de esas formaciones al proyecto Sumar que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, según han confirmado fuentes de ambas partes.
"Hay contactos", admitieron fuentes de Sumar, que declinaron ofrecer más detalles. "Estamos en ese proceso", señaló Gregorio Briz, dirigente de CHA (Chunta Aragonesista), una de las formaciones que integran ese espacio junto con Más País (Aragón), Compromís (País Valencià), Verdes Equo, Més per Mallorca (Balears), Proyecto Drago (Canarias), el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta y Coalición por Melilla (aunque la participación de este último en cualquier asunto relacionado con el Espacio Túria queda en suspenso hasta que se aclare qué ocurrió con la presunta compraventa de votos por correo en esa ciudad autónoma).
Se trata de ocho partidos progresistas de distintos territorios, nacionalistas en algunos casos, confederales todos ellos y, en ninguno caso, independentistas. Varias de estas formaciones han formado parte de gobiernos y algunas llevan tres años trabajando en un espacio común, el que desarrollan en el Congreso y el Senado aquellos que tienen representación parlamentaria.
De hecho, se estaban preparando para concurrir en las próximas elecciones generales de manera coordinada, bajo una misma marca, cuando el presidente Pedro Sánchez optó este lunes por adelantar al 23 de julio las elecciones generales previstas para finales de año.
"Vamos a acudir a esas elecciones y vamos a trabajar para liderar una propuesta desde el aragonesismo y la izquierda", avanzó el lunes el presidente de la Chunta, Joaquín Palacín, quien anotó que llevan "tiempo trabajando dentro de un espacio del Túria, que defiende el territorio y las políticas de izquierda y sostenibles, y estamos abiertos a dialogar con más gente".
Su integración en Sumar, sería en formato coalición electoral. La propuesta de las diferentes formaciones para cada uno de sus respectivos territorios es que, en las papeletas, aparezca la fórmula Sumar+partido territorial correspondiente. Esta posibilidad la facilita el hecho de que la marca principal ya haya sido registrada formalmente, lo que supondría un claro refuerzo de las expectativas del proyecto de la vicepresidenta Díaz en esos territorios.
El pasado domingo, estas formaciones superaron el millón de votos en unas elecciones autonómicas que tradicionalmente han registrado participaciones de menor entidad que unas generales, mientras las otras formaciones de referencia en el espacio político situado a la izquierda del PSOE, tales como Podemos, IU y su alianza Unidas Podemos, se quedaron en algo más de 345.000.
El Acuerdo del Túria sumó en las autonómicas del pasado domingo algo más de un millón de votos
El proyecto de la vicepresidenta Díaz mantiene abiertas otras líneas de contacto para la incorporación de algunas confluencias municipales, caso de ZeC (Zaragoza en Común), que el domingo se quedó como único partido situado a la izquierda del PSOE con representación en el ayuntamiento de la capital aragonesa.
La negociación sobre la integración del Túria en Sumar se está desarrollando, si no estrictamente en bloque, sí de manera coordinada por parte de los partidos territoriales. Verdes Equo ya ha aprobado de manera individual dar ese paso. La convocatoria electoral fuerza a las partes a ponerse de acuerdo, o a desistir de hacerlo, antes del 9 de junio, que es la fecha límite para inscribir a las coaliciones que concurrirán el 23 de julio.
"Hablamos cada partido como partido, pero con una estrategia común para integrar el Acuerdo del Túria en Sumar. Hay buena sintonía y planteamientos cercanos", señala Briz, quien matiza que "ahora hay que hacer el convenio en cada territorio, ponderar las fuerzas y definir la letra pequeña con las condiciones de participación, las listas y los programas".
La negociación sobre la integración del Túria en Sumar se está desarrollando de manera coordinada
"Vamos a intentar llegar a acuerdos. Lo que hay que hacer es pactar y concretar", anota el dirigente de Chunta Aragonesista, quien considera que "sería bueno que estos partidos entráramos en Sumar, porque le daríamos otra perspectiva. Somos una alternativa de izquierda sensata".
"Yolanda debe decidir con quien quiere tener convenios y qué fuerza territorial quiere sumar", concluye, mientras relativiza la aportación que, cuando menos en esos territorios, los morados puede hacer a Sumar: "Podemos resta".
