La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado el procedimiento judicial relativo al proyecto del parque solar fotovoltaico MAGDA por "haber perdido su objeto".
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La decisión de la juez de Catarroja que investiga las responsabilidades por las 228 muertes que se produjeron en la dana del 29 de octubre en Valencia de imputar a la entonces consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, y a su número dos de Emergencias, Emilio Argüeso, así como la contundencia de la relación de hechos contenida en su auto hacen inviable políticamente la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Aunque la instructora no ha procedido contra el presidente de la Generalitat porque es aforado, lo que ralentizaría una investigación que parece marchar a buen ritmo cuatro meses después de los hechos, le ha ofrecido declarar de manera voluntaria, cosa que podría hacer en cualquier momento.
El auto, dictado en una fase inicial de la instrucción, ya concluye de forma tajante que las responsabilidades por el retraso en el aviso a la población se concentran en el Ejecutivo autonómico. Un elemento muy ilustrativo son los ejemplos que recoge de otras instituciones que sí adoptaron medidas de prevención, como la Universidad de Valencia, que decidió suspender las clases, y asegura que había información «sobrada» para proceder así. Y tampoco duda en considerar que esa «inactividad patente», que se tradujo en el retraso en dar la alarma, privó a las víctimas de la dana de la posibilidad de ponerse a salvo. Son valoraciones muy tajantes, aunque estén dictadas en una fase inicial de la instrucción y, por tanto, puedan modificarse en cualquier sentido si surgen nuevas evidencias o nuevas apreciaciones en otro momento procesal. La investigación judicial, a medida que avanza, ofrece conclusiones que evidencian, al margen de cuál sea su traducción penal y de la posible y futura implicación de otras administraciones, la pésima gestión de la catástrofe por la Generalitat dirigida por Carlos Mazón.
Es verdad que el auto inadmite una querella contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo cual resulta muy llamativo y discutible, sobre todo porque obvia la implicación objetiva de esta institución en el apagón informativo sobre lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo. Sin embargo, hay que señalar que, aunque otras administraciones hayan tenido responsabilidad en lo sucedido, y debe investigarse con la misma exhaustividad que al Gobierno valenciano, eso no alivia un ápice el nivel de negligencia exhibido por la Generalitat y su presidente, Carlos Mazón, cuya figura ha quedado hipotecada políticamente para siempre por este luctuoso episodio. La sola imputación por parte de la juez de la persona que él designó para la Consejería de Justicia e Interior, a la que luego destituyó para sustanciar inicialmente las responsabilidades políticas de este caso, lo sitúan en una posición política insostenible.
El Partido Popular dice que «el auto no ha cambiado nada» y es verdad, todo el mundo sabe que, desde el día siguiente de la tragedia, Mazón es un presidente con respiración asistida, que juega los minutos de la basura del partido y al que sólo lo sostiene la incapacidad de los populares para pactar con Vox un sustituto. El paso del tiempo y las evidencias que la misma Generalitat ha tenido que aportar demuestran que su noción de los tiempos resulta interesada y cuestionable: primero dijo que llegó al Cecopi después de las 19.30 y más tarde señaló que a las 20.28, nada menos que casi una hora de diferencia.
ABC
"Continuamos trabajando con el ayuntamiento de Les Coves para modificar las normas urbanísticas para proteger algunas zonas de cara a que no se puedan ocupar por este tipo de instalaciones".
Cinta Moliner, portavoz de la asociación Nostra Terra
Castellón - Publicado el
Fue aproximadamente 5 años, cuando en plena pandemia unas 300 personas se concentraban en la plaza España de Les Coves de Vinromà. Con mascarillas puestas y respetando cierta distancia, esta concentración llegaba con un objetivo: mostrar su repulsa a Magda. Y es que detrás de este nombre de mujer se escondía un proyecto que ponía en riesgo masías y campos de cultivo de la localidad. Un macroproyecto de plantas solares que poco a poco fue sumando apoyos, tanto públicos y políticos, hasta llegar hace unos meses al desistimiento de la empresa promotora y ahora con la conclusión final: "Ha decretado la innecesariedad de que la administración revoque las autorizaciones, ya que la admisión del ministerio del desistimiento de la empresa lleva implícito que ese proyecto no se puede ejecutar. Y eso lleva a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archive la causa ya que no hay motivo para el litigio".
Nos lo ha contado la portavoz de la asociación Nostra Terra desde esta localidad, Cinta Moliner, que echando la mirada atrás recordaba lo complicado que ha resultado por momentos hacer frente cual David al gran Goliath energético: "Ha habido momentos muy difíciles ya que fuimos dando palos de ciego porque no nos daban la información. Llegamos a pensar en abandonar".
Pero finalmente han conseguido un objetivo que presentarán este viernes a los vecinos de Les Coves. Eso sí, su trabajo no va a quedar ahí, ya que como nos explica Moliner ahora buscarán una modificación urbanística para proteger esta zona ante el posible regreso de otro proyecto similar: "Continuamos trabajando con el ayuntamiento de Les Coves para modificar las normas urbanísticas para proteger algunas zonas de cara a que no se puedan ocupar por este tipo de instalaciones".
cope
Però això és una GRAN VICTÒRIA pel món rural i la lluita contra el colonialisme energètic a comarques Castelló
Que no tornen a dir que lluitar no val de res, enhorabona companyes 
