dimecres, 16 de maig del 2018
D´interés per als propietaris del Polígon Mas de Boira:Projecte complet, situació i ordenació maig 2018
Per accedir a la informació cal anar a http://lescovesdevinroma.sedelectronica.es/info.6
i clicar sobre cadascun dels tres nº 16 de baix de la pantalla a la dreta
00 Proyecto completo
01 situación
02 ORDENACIÓN A
La Generalitat destina quatre milions d'euros a millorar l'accés a edificis municipals en localitats menors de 50.000 habitants
16/05/2018
Presidencia de la Generalitat ha convocado ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad de los edificios municipales en localidades cuya población no exceda los 50.000 habitantes. La obra consistirá en la eliminación de barreras arquitectónicas en las infraestructuras públicas de las localidades menores que cumplan los requisitos estipulados en la resolución publicada este miércoles por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El director general de Administración Local, Toni Such, ha destacado que "la Generalitat ha detectado problemas en la accesibilidad de los edificios públicos de distintas localidades por lo que ha optado por establecer estas ayudas para colaborar con los ayuntamientos en la mejora de el acceso a las personas."
Las obras se realizarán sobre casas consistoriales y edificios públicos destinados a la tercera edad, a personas con diversidad o movilidad reducida y a otros usos públicos. Toda actuación objeto de subvención deberá adecuarse a la normativa vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
La cuantía máxima destinada a estas ayudas asciende a los 4.000.000 euros del presupuesto establecido por la Dirección General de Administración Local y Organización Territorial del Consell. Las obras municipales contarán con un importe máximo de 150.000 euros (IVA incluido) en cada una de las actuaciones que se realicen.
Such ha destacado la "apuesta municipalista del Consell". "Este nuevo plan de apoyo a los municipios se une a las actuaciones que desde el principio de la legislatura ha desarrollado el Consell presidido por Ximo Puig y que tienen en el Fondo de Cooperación Local a su principal apuesta a la que se han unido ayudas para la recuperación de patrimonio y el desarrollo de planes de movilidad sostenible y las que ahora se convocan para mejorar el acceso a los edificios públicos", ha dicho Such.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tan solo se tramitarán solicitudes de forma telemática de acuerdo a los modelos establecidos en el apartado de ayudas del sitio web de la Generalitat consultar aquí
Para más información de las ayudas objeto de la convocatoria, puede visitarse la página web del DOGV http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/4754&L=0
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=748992
En Sant Mateu s'han presentat ja 70 declaracions de la renda
El Consell ayuda a más de 1.000 personas a realizar la Declaración de la Renta en menos de cuatro días en la provincia de Castellón
16/05/2018
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a través del IVAT, ha prestado asistencia a más de 1.000 castellonenses, concretamente a 1.069, a la hora de confeccionar la Declaración de la Renta, en tan solo tres días y medio desde que el pasado jueves se inició la actual campaña del IRPF referida al ejercicio 2017.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha hecho público este primer balance al tiempo que ha destacado "el refuerzo de medios materiales y técnicos que ha realizado la Generalitat en toda la Comunitat Valenciana y, en concreto, en la provincia de Castellón para dar un mejor servicio a los contribuyentes".
"En solo dos años, desde 2016, hemos triplicado el personal técnico para ofrecer asistencia a los contribuyentes castellonenses en la declaración, ya que se ha pasado de 5 personas en 2016 a 15 personas el actual ejercicio", ha señalado el conseller, quien también ha destacado que la Generalitat ha llevado al servicio a las ciudades y municipios castellonenses.
"Cuando llegamos al Consell, en 2015, en la provincia de Castellón la Generalitat no disponía de ningún punto de atención al contribuyente para la elaboración de la renta, ya que el servicio únicamente se prestaba en la ciudad de Valencia. En 2016 pusimos en marcha un servicio en Castellón ciudad atendido por 5 técnicos, y para la actual campaña hemos inaugurado, por primera vez en la historia, puntos de atención fijos en 3 municipios (Segorbe, L'Alcora y Sant Mateu) que, junto a la oficina de Castellón, están atendidos por un total de 15 técnicos . Esto nos ha permitido atender el pasado año a 5.450 personas", ha explicado el titular de Hacienda.
Vicent Soler ha realizado estas declaraciones durante su visita al punto de atención al contribuyente de la Generalitat ubicado en Sant Mateu, donde ha acudido acompañado de la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y del director general de Tributos, Eduardo Roca. Allí, han sido recibidos por la alcadesa de Sant Mateu, Anna Besalduch, quien les ha acompañado en su visita a las oficinas donde se presta el servicio a los contribuyentes.
Soler: "Se han evitado desplazamientos innecesarios"
"El servicio ha tenido una gran acogida y de momento ha asistido ya a 88 personas. Además de atender a los vecinos de Sant Mateu, hasta allí también se han desplazado contribuyentes de los pueblos de alrededor e incluso de Benicarló, Peñíscola y Vinaròs para recibir ayuda en la confección de la declaración", ha señalado el conseller, quien ha recordado que el punto de atención de Sant Mateu, al igual que el resto de oficinas que gestiona la Generalitat, está abierto a todos los contribuyentes españoles, sin importar su comunidad autónoma de origen.
Vicent Soler ha explicado que "el servicio está ahorrando desplazamientos innecesarios a los habitantes de Sant Mateu y de los pueblos de la comarca de El Bajo Maestrazgo, que hasta ahora se tenían que desplazar a Castellón, Villarreal o Vinaròs si necesitaban ayuda en la Declaración de la Renta, lo que suponía un trayecto mínimo de 33 kilómetros en el mejor de los casos. Además, también ha permitido liberar de carga de trabajo a las tres oficinas antes mencionadas y dar más abanico de opciones a los ciudadanos a la hora de elegir cita previa".
Clara Ferrando: "La campaña discurre con normalidad"
Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha destacado que "la campaña está discurriendo con normalidad y sin ninguna incidencia y esa es la mejor noticia que podemos tener".
"Desde el IVAT hemos realizado un gran esfuerzo organizando los puntos de atención, facilitando los medios técnicos y supervisando la contratación de los técnicos que atienden a los ciudadanos con el objetivo de dar el mejor servicio posible a los contribuyentes", ha explicado la secretaria autonómica, quien ha señalado que desde los 3 puestos de atención ubicados en Sant Mateu se han presentado ya 70 declaraciones de la renta.
Clara Ferrando ha agradecido la colaboración que han prestado todos los ayuntamientos que han participado en la iniciativa, que en el caso de la provincia de Castellón son Sant Mateu, L'Alcora y Segorbe, que han estado en todo momento muy implicados en el proyecto.
Clara Ferrando ha señalado que "nuestro concepto de servicio público implica también facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ya que con estas aportaciones se financiación los servicios públicos fundamentales que todos disfrutamos".
Según la secretaria autonómica de Hacienda, "el IVAT es un elemento clave para una Comunidad infrafinanciada como la nuestra, con unos recursos escasos y un margen fiscal muy pequeño. En este sentido, estamos haciendo una gran labor para que, dentro de nuestras competencias, la gestión tributaria sea justa y la recaudación redunde en los servicios públicos".
"Estamos apostando por una Agencia Tributaria Valenciana que sea garante de la igualdad fiscal de todos los valencianos y valencianas. También aspiramos a tener mayor autonomía financiera y para ello estamos dispuestos a asumir también mayor responsablidad fiscal", ha señalado Ferrando.
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa;jsessionid=0L8Wh8WLKL9BpTJGCC2lQvqLBpp5bGfRTNLmT4t72cF9Jsv1p1R9!-2042805943!1526486728543?id=748985
Segons NYT, Itàlia, Polònia, Hongria i fins i tot Espanya: la democràcia europea està en ruïnes(Marca Espanya)
Opinion
Why Are So Many Democracies Breaking Down?
By Michael Albertus and Victor Menaldo
Mr. Albertus and Mr. Menaldo are the authors of “Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy.”
May 8, 2018
Daw Aung San Suu Kyi met with Senior Gen. Min Aung Hlaing after a meeting in 2015.CreditHyo Hein Kyaw/Agence France-Presse — Getty Images
Italy, Poland, Hungary and even Spain: European democracy is in shambles. Critical threats to democracy have also surfaced in countries like Turkey, Brazil and the Philippines. Under President Trump’s “America First” orientation, leaders with authoritarian tendencies in places as disparate as Egypt, Honduras, Russia and Venezuela have trampled their political opponents without concern for anything more harmful than a tongue lashing from the United States.
Why do democracies backslide toward authoritarianism? Many scholars point to the worrisome erosion of democratic norms rooted in a social consensus about the rules of the game and civility toward fellow citizens.
But this erosion of democratic norms is ultimately driven by deeper factors. In many democracies, the roots of breakdown reside in democratic constitutions themselves.
Over two-thirds of countries that have transitioned to democracy since World War II have done so under constitutions written by the outgoing authoritarian regime. Prominent examples include Argentina, Chile, Kenya, Mexico, Nigeria, South Africa and South Korea. Even some of the world’s early democracies, such as the Netherlands and Sweden, were marred by deep authoritarian legacies. Democratic institutions are frequently designed by the outgoing authoritarian regime to safeguard incumbent elites from the rule of law and give them a leg up in politics and economic competition after democratization.
ADVERTISEMENT
The constitutional tools that outgoing authoritarian elites use to accomplish these ends include factors like electoral system design, legislative appointments, federalism, legal immunities, the role of the military in politics and constitutional tribunal design. In short, with the allocation of power and privilege, and the lived experiences of citizens, democracy often does not restart the political game after displacing authoritarianism.
Furthermore, barriers to changing the social contract in countries that inherit constitutions from a previous authoritarian regime are steep. These constitutions often contain provisions requiring supermajority thresholds for change. And elites from the authoritarian past who benefit from these constitutions utilize their power to pass policies that further entrench their privileges.
You have 4 free articles remaining.
Subscribe to The Times
Myanmar is a prime example of how outgoing authoritarian regimes can game democracy in their favor. The 2015 elections that brought Daw Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy to power were conducted within the framework of the 2008 constitution that the military wrote. Before handing over power, the military-dominated legislature passed a flurry of legislation that included promises of amnesty to military generals who have been accused of human rights abuses, a generous pension plan for departing lawmakers, lucrative business contracts slated to benefit outgoing generals and other elites and the transfer of manufacturing plants from the ministry of industry to the ministry of defense. And, critically, the constitution awards the military 25 percent of seats in parliament — precisely the figure needed to block constitutional reform. Its position remains so powerful that many observers wonder whether Ms. Aung San Suu Kyi and the N.L.D., despite winning the 2015 elections in a landslide, are now held hostage by the military’s brutal purging of Myanmar’s Rohingya population.
A critical consequence of the trend that new democracies tend to have their social contracts written by outgoing dictators is that while these democracies may be formed of the people, they do not function by or for the people. Citizens may be free from some of the worst abuses of authoritarianism, such as blanket censorship and outright repression, but they are not important players in determining public policy. In this way, democracy is a sort of purgatory in which they wander — sometimes for decades — with little capacity to determine its direction.
This is a recipe for discontent with democracy. Major crises like a severe economic recession can provide the tinder for citizen disaffection to crystallize into rage and inciting voters to throw out traditional political parties en masse. This discontent can ultimately lead to democratic demise, as inexperienced new political actors appeal to demagogy and dismantle longstanding institutions without building a more solidly democratic foundation.
EDITORS’ PICKS
Hallucinogenic Drugs as Therapy? I Tried It
Surest Way to Face Marijuana Charges in New York: Be Black or Hispanic
Flow of Refugees to U.S. Has Slowed to Nearly a Halt
Consider Turkey, where President Recep Tayyip Erdogan has used bluster and constitutional reform to gut the checks and balances and military vetoes that previously hemmed in civilian politicians. The 1982 authoritarian constitution that guided Turkey’s 1983 transition to democracy created a constitutional court with the ability to ban political parties like Communists and overtly religious parties. The military maintained autonomy over its budget and decision-making. Perhaps most egregiously, the top military brass and their collaborators made sure there was a series of clauses and articles that granted them immunity from prosecution for any crimes during the authoritarian era. A result was that the military and their allies continued to enjoy economic privileges, like retaining ownership of key industries, while avoiding prosecution for human rights abuses.
In 1987, however, a major amendment to Turkey’s 1983 constitution lifted a ban on some outlawed opposition parties. This paved the way for the later rise of new parties like the Justice and Development Party, which, since the early 2000s, in the wake of a major economic crisis, has dominated Turkish politics. Indeed, under the J.D.P. banner, Mr. Erdogan was able to exploit the military’s reputation for impunity, as well as dissatisfaction by clerics and conservative citizens in the Anatolian heartland with the ironclad separation of church and state imposed by the constitution and enforced by the military.
His populist economic policies have been wedded to a protracted campaign to consolidate the power of the executive branch, weaken the military (including jailing officers), empower Islamists, enervate individual liberties and the judiciary, and ultimately replace Turkey’s holdover constitution with his own. He achieved that much in 2017 after a popular referendum approved 18 amendments to the constitution, which transformed Turkey into a presidential system in which the executive exercises outsize power, including the ability to appoint the majority of judges and prosecutors.
Democratic erosion has followed a similar pattern in other countries as well. Hungary’s ever more authoritarian prime minister, Victor Orban, leveraged popular discontent with the country’s Communist-written constitution to renovate Hungarian political institutions with a new constitution in 2011. Mr. Orban’s reforms have hobbled the judiciary and cleared the way for his political party, Fidesz, to trample its opponents.
Fortunately, elite-biased democracies can successfully reform their social contracts over time to become more egalitarian and representative of average citizens rather than sliding back into dictatorship. It is not easy or common.
But if it is to be done, it tends to occur in the wake of these very same major crises or economic shocks. Mass citizen mobilization, when married to the material support of a faction of disaffected or disadvantaged elites, can succeed in amending or entirely rewriting democratic constitutions to eliminate the worst distortions to representation.
But this requires patience, magnanimous leadership and citizen faith in the promise of what democracy can deliver — all of which seem to be running increasingly short.
https://www.nytimes.com/2018/05/08/opinion/democracy-authoritarian-constitutions.html
Why Are So Many Democracies Breaking Down?
By Michael Albertus and Victor Menaldo
Mr. Albertus and Mr. Menaldo are the authors of “Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy.”
May 8, 2018
Daw Aung San Suu Kyi met with Senior Gen. Min Aung Hlaing after a meeting in 2015.CreditHyo Hein Kyaw/Agence France-Presse — Getty Images
Italy, Poland, Hungary and even Spain: European democracy is in shambles. Critical threats to democracy have also surfaced in countries like Turkey, Brazil and the Philippines. Under President Trump’s “America First” orientation, leaders with authoritarian tendencies in places as disparate as Egypt, Honduras, Russia and Venezuela have trampled their political opponents without concern for anything more harmful than a tongue lashing from the United States.
Why do democracies backslide toward authoritarianism? Many scholars point to the worrisome erosion of democratic norms rooted in a social consensus about the rules of the game and civility toward fellow citizens.
But this erosion of democratic norms is ultimately driven by deeper factors. In many democracies, the roots of breakdown reside in democratic constitutions themselves.
Over two-thirds of countries that have transitioned to democracy since World War II have done so under constitutions written by the outgoing authoritarian regime. Prominent examples include Argentina, Chile, Kenya, Mexico, Nigeria, South Africa and South Korea. Even some of the world’s early democracies, such as the Netherlands and Sweden, were marred by deep authoritarian legacies. Democratic institutions are frequently designed by the outgoing authoritarian regime to safeguard incumbent elites from the rule of law and give them a leg up in politics and economic competition after democratization.
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The constitutional tools that outgoing authoritarian elites use to accomplish these ends include factors like electoral system design, legislative appointments, federalism, legal immunities, the role of the military in politics and constitutional tribunal design. In short, with the allocation of power and privilege, and the lived experiences of citizens, democracy often does not restart the political game after displacing authoritarianism.
Furthermore, barriers to changing the social contract in countries that inherit constitutions from a previous authoritarian regime are steep. These constitutions often contain provisions requiring supermajority thresholds for change. And elites from the authoritarian past who benefit from these constitutions utilize their power to pass policies that further entrench their privileges.
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Myanmar is a prime example of how outgoing authoritarian regimes can game democracy in their favor. The 2015 elections that brought Daw Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy to power were conducted within the framework of the 2008 constitution that the military wrote. Before handing over power, the military-dominated legislature passed a flurry of legislation that included promises of amnesty to military generals who have been accused of human rights abuses, a generous pension plan for departing lawmakers, lucrative business contracts slated to benefit outgoing generals and other elites and the transfer of manufacturing plants from the ministry of industry to the ministry of defense. And, critically, the constitution awards the military 25 percent of seats in parliament — precisely the figure needed to block constitutional reform. Its position remains so powerful that many observers wonder whether Ms. Aung San Suu Kyi and the N.L.D., despite winning the 2015 elections in a landslide, are now held hostage by the military’s brutal purging of Myanmar’s Rohingya population.
A critical consequence of the trend that new democracies tend to have their social contracts written by outgoing dictators is that while these democracies may be formed of the people, they do not function by or for the people. Citizens may be free from some of the worst abuses of authoritarianism, such as blanket censorship and outright repression, but they are not important players in determining public policy. In this way, democracy is a sort of purgatory in which they wander — sometimes for decades — with little capacity to determine its direction.
This is a recipe for discontent with democracy. Major crises like a severe economic recession can provide the tinder for citizen disaffection to crystallize into rage and inciting voters to throw out traditional political parties en masse. This discontent can ultimately lead to democratic demise, as inexperienced new political actors appeal to demagogy and dismantle longstanding institutions without building a more solidly democratic foundation.
EDITORS’ PICKS
Hallucinogenic Drugs as Therapy? I Tried It
Surest Way to Face Marijuana Charges in New York: Be Black or Hispanic
Flow of Refugees to U.S. Has Slowed to Nearly a Halt
Consider Turkey, where President Recep Tayyip Erdogan has used bluster and constitutional reform to gut the checks and balances and military vetoes that previously hemmed in civilian politicians. The 1982 authoritarian constitution that guided Turkey’s 1983 transition to democracy created a constitutional court with the ability to ban political parties like Communists and overtly religious parties. The military maintained autonomy over its budget and decision-making. Perhaps most egregiously, the top military brass and their collaborators made sure there was a series of clauses and articles that granted them immunity from prosecution for any crimes during the authoritarian era. A result was that the military and their allies continued to enjoy economic privileges, like retaining ownership of key industries, while avoiding prosecution for human rights abuses.
In 1987, however, a major amendment to Turkey’s 1983 constitution lifted a ban on some outlawed opposition parties. This paved the way for the later rise of new parties like the Justice and Development Party, which, since the early 2000s, in the wake of a major economic crisis, has dominated Turkish politics. Indeed, under the J.D.P. banner, Mr. Erdogan was able to exploit the military’s reputation for impunity, as well as dissatisfaction by clerics and conservative citizens in the Anatolian heartland with the ironclad separation of church and state imposed by the constitution and enforced by the military.
His populist economic policies have been wedded to a protracted campaign to consolidate the power of the executive branch, weaken the military (including jailing officers), empower Islamists, enervate individual liberties and the judiciary, and ultimately replace Turkey’s holdover constitution with his own. He achieved that much in 2017 after a popular referendum approved 18 amendments to the constitution, which transformed Turkey into a presidential system in which the executive exercises outsize power, including the ability to appoint the majority of judges and prosecutors.
Democratic erosion has followed a similar pattern in other countries as well. Hungary’s ever more authoritarian prime minister, Victor Orban, leveraged popular discontent with the country’s Communist-written constitution to renovate Hungarian political institutions with a new constitution in 2011. Mr. Orban’s reforms have hobbled the judiciary and cleared the way for his political party, Fidesz, to trample its opponents.
Fortunately, elite-biased democracies can successfully reform their social contracts over time to become more egalitarian and representative of average citizens rather than sliding back into dictatorship. It is not easy or common.
But if it is to be done, it tends to occur in the wake of these very same major crises or economic shocks. Mass citizen mobilization, when married to the material support of a faction of disaffected or disadvantaged elites, can succeed in amending or entirely rewriting democratic constitutions to eliminate the worst distortions to representation.
But this requires patience, magnanimous leadership and citizen faith in the promise of what democracy can deliver — all of which seem to be running increasingly short.
https://www.nytimes.com/2018/05/08/opinion/democracy-authoritarian-constitutions.html
Set cooperatives valencianes s'uneixen en el projecte Mediterranean Gourmet Olive Oils
15/05/2018 116
Bajo la denominación Mediterranean Gourmet Olive Oils se han integrado siete cooperativas de la Comunidad Valenciana dedicadas a la elaboración de aceite de oliva (Campoenguera, S. Coop.; Socapma; Cooperativa Vinícola 'La Viña' Font De La Figuera; Coop Beniatjar Oli Del Benicadell, Coop V.; Cooperativa Agrícola De Villar; Cooperativa Comarcal La Vall D'Albaida; i Cooperativa De Les Coves). Su objetivo es desarrollar un proyecto comercial de elaboración de aceites de alta gama. Todas ellas son cooperativas y almazaras de una gran tradición oleícola y con una gran riqueza varietal que alcanzan el 20 % de la producción de la Comunidad Valenciana.
foto
Entre los objetivos principales de la plataforma Mediterranean Gourmet Olive Oils, se encuentra el situarse en el mercado del aceite con una clara diferenciación de su producto (variedades cuyos aceites en verde y premium son poco conocidos pero de una calidad extraordinaria). "Aceites diferentes, valencianos y de mucha calidad para situar nuestras marcas en la exportación", comentan los impulsores de la iniciativa en medios locales. Se han generado sus primeras marcas de aceites: Almazahara y Olé Oleo, con las que se pretende en cinco años llegar a gestionar la totalidad de la producción de los siete socios. Los AOVE, comercializados de momento bajo las marcas Almazahara y Olé Oleo, se elaboran con las variedades Villalonga, Alfafara, Farga y Serrana, Blanqueta, Changlot Real, Farga de Espadan, Cornicabra y Arbequina.
"Nuestras cooperativas tienen detrás una gran masa social de agricultores dedicados a la oleicultura, alrededor de 15.000 socios", explican. "Esto, unido a la adaptación a las mejores técnicas de producción actuales, hace de nuestros aceites de oliva virgen extra una gran apuesta por la calidad, la tradición y la conservación de nuestros espacios rurales". Desde Mediterranean Gourmet Olive Oils han destacado asimismo que "sin necesidad de realizar ninguna reconversión varietal, únicamente aprovechando las variedades de aceitunas que predominan en cada comarca, pretendemos elaborar aceites monovarietales con las variedades más características de nuestra geografía: desde Castellón a Alicante; aceites con tradición, únicos y distintos a lo que se conoce".
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/217492-Siete-cooperativas-valencianas-se-unen-en-el-proyecto-Mediterranean-Gourmet-Olive-Oils.html
Neix Mediterranean Gourmet Olive Oils, la Web
La web conté una errada descriptiva al referir-se a la nostra cooperativa que serà esmenada
http://mediterraneanoils.com/
Altura, Cabanes, Costur, la Pobla Tornesa, Serra d'en Galceran, Morella, Vall d'Alba, Càlig, Almenara, Llucena, Morella i la Vall d'Uixó reformaran els seus col·legis amb el programa Edificant de la Generalitat
YA SE HAN AUTORIZADO TRES CENTROS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, DOS EN VALENCIA Y UNO EN ALICANTE
Educación asigna 55 millones del Plan Edificant para la reforma y construcción de colegios
Marta Gozalbo
EDUCACIÓN EDIFICANT
El conseller de Educación, Vicent Marzà. Foto: EVA MAÑEZ
16/05/2018 -
VALÈNCIA. En el último Debate de Política General, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció una de las medidas más importantes que llevaría a cabo su Gobierno en lo que restaba de legislatura: la puesta en marcha del Plan Edificant para acabar con los barracones con una inversión de 700 millones de euros para reformar 500 centros y construir otros 200.
A pesar de que las expectativas eran altas, la Conselleria de Educación ya ha asignado 55,5 millones de euros en los primeros siete meses de vida de este decreto ley, casi un 40% del presupuesto reservado este año para este proyecto. Esto es porque el plan se acometerá durante el período 2018-2022. Es decir, en el plazo de cinco años, por lo que para este ejercicio hay reservados 140 millones de euros.
Con estos más de 50 millones de euros que conllevan 57 resoluciones, el conseller de Educación, Vicent Marzà, delega competencias específicas en 11 ayuntamientos de Castellón, que suponen una inversión total de 7,6 millones de euros en esta provincia; en otros 11 consistorios de Alicante, con 22,7 millones; y 13 de Valencia con una inversión de 25,2 millones de euros. Una cesión de competencias para que puedan adjudicar las obras necesarias de los centros.
Castellón
Entre las obras a realizar, se encuentran desde centros nuevos, hasta ampliaciones y rehabilitaciones integrales, o pequeñas adecuaciones en colegios ya existentes. Según la documentación a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, las primeras localidades castellonenses en las que se hará efectivo Edificant son Altura, Cabanes, Costur, La Pobla Tornesa, Sierra Engarcerán, Morella, Vall d’Alba, Càlig, Almenara, Llucena, Morella y la Vall d’ Uixó.
En estos cuatro últimos municipios será donde se acometan las obras más costosas. Así, la ampliación y acondicionamiento del CEIP Juan Carlos I supondrá un total de 2,1 millones; la rehabilitación del CEIP Comtessa de Lucena, un millón de euros; el CEIP Mare de Déu de la Vallivana, requerirá una inversión de 1,7 millones para rehabilitarlo casi por completo; y lo mismo sucede con en el colegio de infantil y primaria Recaredo Centelles, que precisa de 1,3 millones de euros.
Valencia
A diferencia de la provincia de Castellón, donde, de momento, todavía no se ha firmado ninguna resolución para construir centros de obra nueva, en Valencia ya se han autorizado dos. Serán el CEIP Francesc Carròs en la localidad de la Font d’en Carròs, que requerirá 5,6 millones de euros, y el IES número 5 de Sagunto, que necesitará una inversión de 10,2 millones de euros para finalizarse. Por detrás de estos dos centros, Guadassuar y Alfara de la Baronia son los siguientes municipios valencianos que precisarán de una mayor inversión en esta provincia. Eso sí, será para acometer una ampliación y acondicionar un instituto en el primer caso con 2,2 millones, y una reposición de un aulario en otro solar al que ocupa actualmente y cuya obra está valorada en 1 millón de euros en el segundo caso.
Otros ayuntamientos de Valencia en los que Educación ha delegado competencias para que puedan adjudicar las obras necesarias para mejorar sus colegios son Sant Joanet, Llocnou de Sant Jeroni, Montserrat, Torrent, Senyera, Rafelguaraf, Picanya, Potries y Ràfol de Salem.
Alicante
De los 22,7 millones presupuestados para las obras escolares a acometer en la provincia de Alicante, el mayor pellizco irá destinado a la construcción del CEIP La Xara, en Dénia, que costará 3,9 millones de euros. A partir de este, el resto de actuaciones consisten en reformas de aularios, obras para mejorar la eficiencia energética en algunos centros o la construcción de comedores, entre otros.
En este sentido, la rehabilitación del CEIP Rafael Altamira (2,5 millones de euros) en el municipio de El Campello; y la adecuación, obras para mejorar la eficiencia energética y la construcción de un gimnasio en los colegios de infantil y primaria Poeta Pla y Beltrán (3,5 millones) y Madre Felicidad Bernabeu (4 millones de euros), ambos en la localidad de Ibi, son las reformas alicantinas más costosas.
El resto de municipios de Alicante a los que, de momento, Educación también les ha delegado competencias son El Ràfol d'Almúnia, Castalla, Torre de les Maçanes, Pilar de la Horadada, San Isidro, Dolores, Beneixama y Polop. Son los primeros pasos de Edificant para presentar un mapa de infraestructuras sin barracones en 2019.
Educación asigna 55 millones del Plan Edificant para la reforma y construcción de colegios
Marta Gozalbo
EDUCACIÓN EDIFICANT
El conseller de Educación, Vicent Marzà. Foto: EVA MAÑEZ
16/05/2018 -
VALÈNCIA. En el último Debate de Política General, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció una de las medidas más importantes que llevaría a cabo su Gobierno en lo que restaba de legislatura: la puesta en marcha del Plan Edificant para acabar con los barracones con una inversión de 700 millones de euros para reformar 500 centros y construir otros 200.
A pesar de que las expectativas eran altas, la Conselleria de Educación ya ha asignado 55,5 millones de euros en los primeros siete meses de vida de este decreto ley, casi un 40% del presupuesto reservado este año para este proyecto. Esto es porque el plan se acometerá durante el período 2018-2022. Es decir, en el plazo de cinco años, por lo que para este ejercicio hay reservados 140 millones de euros.
Con estos más de 50 millones de euros que conllevan 57 resoluciones, el conseller de Educación, Vicent Marzà, delega competencias específicas en 11 ayuntamientos de Castellón, que suponen una inversión total de 7,6 millones de euros en esta provincia; en otros 11 consistorios de Alicante, con 22,7 millones; y 13 de Valencia con una inversión de 25,2 millones de euros. Una cesión de competencias para que puedan adjudicar las obras necesarias de los centros.
Castellón
Entre las obras a realizar, se encuentran desde centros nuevos, hasta ampliaciones y rehabilitaciones integrales, o pequeñas adecuaciones en colegios ya existentes. Según la documentación a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, las primeras localidades castellonenses en las que se hará efectivo Edificant son Altura, Cabanes, Costur, La Pobla Tornesa, Sierra Engarcerán, Morella, Vall d’Alba, Càlig, Almenara, Llucena, Morella y la Vall d’ Uixó.
En estos cuatro últimos municipios será donde se acometan las obras más costosas. Así, la ampliación y acondicionamiento del CEIP Juan Carlos I supondrá un total de 2,1 millones; la rehabilitación del CEIP Comtessa de Lucena, un millón de euros; el CEIP Mare de Déu de la Vallivana, requerirá una inversión de 1,7 millones para rehabilitarlo casi por completo; y lo mismo sucede con en el colegio de infantil y primaria Recaredo Centelles, que precisa de 1,3 millones de euros.
Valencia
A diferencia de la provincia de Castellón, donde, de momento, todavía no se ha firmado ninguna resolución para construir centros de obra nueva, en Valencia ya se han autorizado dos. Serán el CEIP Francesc Carròs en la localidad de la Font d’en Carròs, que requerirá 5,6 millones de euros, y el IES número 5 de Sagunto, que necesitará una inversión de 10,2 millones de euros para finalizarse. Por detrás de estos dos centros, Guadassuar y Alfara de la Baronia son los siguientes municipios valencianos que precisarán de una mayor inversión en esta provincia. Eso sí, será para acometer una ampliación y acondicionar un instituto en el primer caso con 2,2 millones, y una reposición de un aulario en otro solar al que ocupa actualmente y cuya obra está valorada en 1 millón de euros en el segundo caso.
Otros ayuntamientos de Valencia en los que Educación ha delegado competencias para que puedan adjudicar las obras necesarias para mejorar sus colegios son Sant Joanet, Llocnou de Sant Jeroni, Montserrat, Torrent, Senyera, Rafelguaraf, Picanya, Potries y Ràfol de Salem.
Alicante
De los 22,7 millones presupuestados para las obras escolares a acometer en la provincia de Alicante, el mayor pellizco irá destinado a la construcción del CEIP La Xara, en Dénia, que costará 3,9 millones de euros. A partir de este, el resto de actuaciones consisten en reformas de aularios, obras para mejorar la eficiencia energética en algunos centros o la construcción de comedores, entre otros.
En este sentido, la rehabilitación del CEIP Rafael Altamira (2,5 millones de euros) en el municipio de El Campello; y la adecuación, obras para mejorar la eficiencia energética y la construcción de un gimnasio en los colegios de infantil y primaria Poeta Pla y Beltrán (3,5 millones) y Madre Felicidad Bernabeu (4 millones de euros), ambos en la localidad de Ibi, son las reformas alicantinas más costosas.
El resto de municipios de Alicante a los que, de momento, Educación también les ha delegado competencias son El Ràfol d'Almúnia, Castalla, Torre de les Maçanes, Pilar de la Horadada, San Isidro, Dolores, Beneixama y Polop. Son los primeros pasos de Edificant para presentar un mapa de infraestructuras sin barracones en 2019.
Pablo Casado un xic sabut, va aprovar de cop mitja carrera el curs que va aconseguir l'escó
QUICO ALSEDO
PABLO HERRAIZ
Madrid
16 may. 2018 |09:30
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado /JAVIER BARBANCHO
•El portavoz del PP superó 12 materias de las 25 de Derecho y logró el título en apenas cuatro meses tras ser elegido diputado madrileño en 2007
•Profesores del Cardenal Cisneros, donde trasladó su expediente desde Icade, denuncian "llamadas de altos cargos del PP como Esperanza Aguirre"
••La juez del caso Cifuentes abre una investigación a Casado por su máster en la Rey Juan Carlos
Pablo Casado aprobó de golpe en 2007 la mitad de la carrera de Derecho, nada más lograr su primer escaño como diputado. Para superar la otra mitad había tardado siete años. El dirigente del Partido Popular empezó su carrera en Icade en 1999 y luego decidió trasladar sus estudios al Cardenal Cisneros, un centro público-privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando se presentó por primera vez a unas elecciones regionales, en mayo de 2007, el alto cargo popular sólo llevaba aprobadas 13 asignaturas de Derecho, según su expediente académico, al que ha tenido acceso EL MUNDO. Justo al conseguir su escaño, su carrera académica aceleró drásticamente: en cuatro meses, entre junio y septiembre, aprobó 12 asignaturas, el equivalente al 48% de la titulación. Durante sus dos años como estudiante en esa institución se produjeron constantes llamadas de altos cargos del PP para que Casado, entonces presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, terminara la carrera de una vez.
Así lo han relatado a este periódico profesores, directivos y trabajadores del centro. Estas fuentes explicaron que se produjeron presiones sobre sus profesores y que el alumno aprobó finalmente con "facilidades" y "ligerezas", según unos, y con claro trato de favor según otros. Estos últimos llegan a afirmar que "le regalaron" parte del título.
Este diario ha consultado a varias de las facultades de Derecho más prestigiosas de España. Todas ellas valoran como "muy difícil, casi imposible" que se diera entonces o en la actualidad un caso académico como el del político del PP: aprobar la mitad del título en un único curso.
El plan de estudios que superó Casado era el de 1953, cuya licenciatura constaba de 25 asignaturas en cinco cursos. En la Autónoma de Madrid ven "muy difícil" que un alumno aprobara 12 en un solo curso. En la Universidad de Navarra lo tildan de "harto complicado". En la Autónoma de Barcelona explican: "No recordamos ningún caso así, aunque podría haber alguno, de algún alumno superdotado". Añaden que aprobar tantas materias "no era habitual entonces ni lo es hoy, aunque los grados tienen menos créditos". En la propia Complutense explican: "Ha podido haber casos, pero serían muy, muy pocos".
Casado era entonces presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, y había agotado convocatorias en Icade entre los años 1999 y 2004
Este periódico se puso en contacto con el dirigente popular. Fuentes de su entorno alegan que el entonces presidente de Nuevas Generaciones, se esforzó "a tope" durante ese verano para terminar la carrera, hizo un "esfuerzo definitivo" y aprobó muchas de esas asignaturas en tercera convocatoria, tras año y medio estudiándolas, pero sin presentarse a los exámenes en las dos primeras citas.
También aseguran que le cundieron mucho los dos meses de vacaciones de la Asamblea de Madrid, tras ser elegido diputado en mayo de 2007. Y que como en Icade había aprobado algunas que posteriormente no le fueron convalidadas para el Cisneros, "ya se las sabía".
Las explicaciones de Casado
Casado se matriculó en 1999 en la Universidad Pontificia de Comillas, también conocida como Icade, un centro con fama de duro. En 2004, tras agotar allí sus convocatorias, solicitó el traslado al Cardenal Cisneros, un centro adscrito a la universidad pública que funciona como si fuera privado, con gran cercanía profesor/alumno y en el que la matrícula de Primero de Derecho costará el próximo curso 5.870 euros.
Según su entorno, resultó perjudicado en la convalidación de asignaturas: si en Icade había aprobado 22 materias de plan nuevo, la mitad de la carrera, en el Cisneros sólo le reconocieron siete de plan antiguo, algo menos de un 30% del título.
El propio Casado ha explicado en Espejo Público que aprobó 12 asignaturas en un año, seis en junio y seis en septiembre. De ellas, dos las tenía evaluadas de Icade, cinco estaban en tercera convocatoria y las otras cinco eran de Derecho y las aprobó ese año. El vicesecretario de Comunicación popular ha asegurado que "no es extraño" que en 5º de carrera los alumnos estén estudiando dos carreras a la vez y trabajando o haciendo prácticas, lo que facilita que hagan un esfuerzo para terminar la carrera. "Quinto de carrera es el curso que se conoce como 'de barrido'", ha asegurado Casado.
Su entorno sostiene que ese curso hizo un "esfuerzo definitivo" para lograr el título y que había sido perjudicado en sus convalidaciones desde Icade
El expediente refleja que en febrero de 2005 es decir, a mitad de curso, se matriculó de 13 asignaturas en el Cisneros, sin presentarse después a ningún examen, pero intensificando en ese momento su actividad política: en mayo fue elegido presidente de Nuevas Generaciones de Madrid. En aquel momento, con 24 años, acumulaba ya responsabilidades: era coordinador parlamentario de su partido; asesor del entonces vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada; y secretario de la Comisión de Seguridad del PP de Madrid, según recoge la hemeroteca. Sin embargo, le faltaban aún 18 asignaturas para terminar Derecho.
En 2005-2006 se matriculó de nuevo de 13 de las 18 asignaturas que le quedaban, y aprobó seis. En el siguiente y último curso, 2006-2007, se matriculó de las 12 que le faltaban, pero la política le reclamó aún más: Esperanza Aguirre lo incluyó en las listas a la Asamblea de Madrid. Aguirre, que por entonces amadrinaba al joven Casado en el partido, le colocó en un puesto de los denominados "de salida", de los que tienen asegurada el acta de diputado regional. Logró escaño.
Fue entonces cuando, según ha confirmado este diario a través del testimonio de varios de sus profesores, se intensificaron las llamadas de altos cargos del PP a la dirección del Cisneros para que Casado lograra por fin la licenciatura. En junio de 2007, ya con su acta de diputado y después de siete años en la carrera, Casado superaba seis asignaturas con cuatro aprobados, un notable y un sobresaliente. En septiembre aprobaba las otras seis que le faltaban: dos notables y cuatro aprobados. Había terminado la carrera.
"Ante la duda, se le aprobaba"
Varios profesores del ahora dirigente popular han reconocido a EL MUNDO que la dirección recibió, entre 2006 y 2007, constantes llamadas de altos dirigentes del PP, entre ellos Esperanza Aguirre, para favorecer a Casado, considerado un joven valor en alza en especial por la propia lideresa. Estos docentes han exigido mantener el anonimato. ¿Cuáles fueron las "facilidades"? "Se le permitía no ir a clase, decía que estaba muy liado con la política y no podía acudir", explica uno de ellos. "Ante la duda entre aprobado y suspenso, se le aprobaba", añade otro.
Uno más detalla que Casado disfrutó de convalidaciones extraoficiales, al margen de las realizadas por la Facultad de Derecho de la Complutense, encargada de cribar qué asignaturas de las aprobadas en Icade podían dársele por superadas en el Cisneros. "En realidad, él sólo se examinó de cuatro o cinco asignaturas en el tiempo que estuvo ahí", explica este profesor, que sostiene que otros profesores le dieron por aprobadas sin examinarle asignaturas que ya había cursado en Icade.
"Vino con unos papeles de su antigua universidad que decían que ya había cursado la asignatura, así que le permití que sólo se examinase, aunque siempre obligo a mis alumnos a ir a clase", afirma otro profesor. En otros casos, "se suplieron los exámenes con trabajos", aseguró a EL MUNDO otro de los docentes, que añadió: "Y luego estaban las llamadas de Aguirre, que decía: 'Oye, a ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar'. Él llegó al Cisneros de la mano de Aguirre".
Desmentido de Aguirre
La ex presidenta de Madrid, por su parte, ha declarado a este periódico que tal afirmación "es absoluta y totalmente falsa. Jamás he llamado a interesarme o presionar por Pablo Casado, ni por ningún otro. Yo ni sabía dónde estudiaba el señor Casado".
"Quien calumnia amparándose en el anonimato es indecente", ha añadido la ex presidenta madrileña.
Otro profesor asegura que sufrió "grandes" presiones para aprobarle "aunque su examen era de suspenso claro", y que cuando se lo comentó al propio Casado en la revisión éste le dijo que él "no había pedido ningún trato de favor, sino que le trataran como a uno más". El profesor le obligó a estudiar "como a los demás" y Casado terminó aprobando.
En aquellos meses, según ha podido confirmar EL MUNDO, los profesores del Cisneros comentaban entre ellos la urgente necesidad de facilitarle la consecución de la licenciatura merced a las presiones políticas.
Gracias a varias de las asignaturas aprobadas en el Cisneros, Casado obtuvo dos años más tarde el título del máster que después cursó también Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Según él mismo explicó, le convalidaron 18 de las 22 asignaturas del máster.
PABLO HERRAIZ
Madrid
16 may. 2018 |09:30
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado /JAVIER BARBANCHO
•El portavoz del PP superó 12 materias de las 25 de Derecho y logró el título en apenas cuatro meses tras ser elegido diputado madrileño en 2007
•Profesores del Cardenal Cisneros, donde trasladó su expediente desde Icade, denuncian "llamadas de altos cargos del PP como Esperanza Aguirre"
••La juez del caso Cifuentes abre una investigación a Casado por su máster en la Rey Juan Carlos
Pablo Casado aprobó de golpe en 2007 la mitad de la carrera de Derecho, nada más lograr su primer escaño como diputado. Para superar la otra mitad había tardado siete años. El dirigente del Partido Popular empezó su carrera en Icade en 1999 y luego decidió trasladar sus estudios al Cardenal Cisneros, un centro público-privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando se presentó por primera vez a unas elecciones regionales, en mayo de 2007, el alto cargo popular sólo llevaba aprobadas 13 asignaturas de Derecho, según su expediente académico, al que ha tenido acceso EL MUNDO. Justo al conseguir su escaño, su carrera académica aceleró drásticamente: en cuatro meses, entre junio y septiembre, aprobó 12 asignaturas, el equivalente al 48% de la titulación. Durante sus dos años como estudiante en esa institución se produjeron constantes llamadas de altos cargos del PP para que Casado, entonces presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, terminara la carrera de una vez.
Así lo han relatado a este periódico profesores, directivos y trabajadores del centro. Estas fuentes explicaron que se produjeron presiones sobre sus profesores y que el alumno aprobó finalmente con "facilidades" y "ligerezas", según unos, y con claro trato de favor según otros. Estos últimos llegan a afirmar que "le regalaron" parte del título.
Este diario ha consultado a varias de las facultades de Derecho más prestigiosas de España. Todas ellas valoran como "muy difícil, casi imposible" que se diera entonces o en la actualidad un caso académico como el del político del PP: aprobar la mitad del título en un único curso.
El plan de estudios que superó Casado era el de 1953, cuya licenciatura constaba de 25 asignaturas en cinco cursos. En la Autónoma de Madrid ven "muy difícil" que un alumno aprobara 12 en un solo curso. En la Universidad de Navarra lo tildan de "harto complicado". En la Autónoma de Barcelona explican: "No recordamos ningún caso así, aunque podría haber alguno, de algún alumno superdotado". Añaden que aprobar tantas materias "no era habitual entonces ni lo es hoy, aunque los grados tienen menos créditos". En la propia Complutense explican: "Ha podido haber casos, pero serían muy, muy pocos".
Casado era entonces presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, y había agotado convocatorias en Icade entre los años 1999 y 2004
Este periódico se puso en contacto con el dirigente popular. Fuentes de su entorno alegan que el entonces presidente de Nuevas Generaciones, se esforzó "a tope" durante ese verano para terminar la carrera, hizo un "esfuerzo definitivo" y aprobó muchas de esas asignaturas en tercera convocatoria, tras año y medio estudiándolas, pero sin presentarse a los exámenes en las dos primeras citas.
También aseguran que le cundieron mucho los dos meses de vacaciones de la Asamblea de Madrid, tras ser elegido diputado en mayo de 2007. Y que como en Icade había aprobado algunas que posteriormente no le fueron convalidadas para el Cisneros, "ya se las sabía".
Las explicaciones de Casado
Casado se matriculó en 1999 en la Universidad Pontificia de Comillas, también conocida como Icade, un centro con fama de duro. En 2004, tras agotar allí sus convocatorias, solicitó el traslado al Cardenal Cisneros, un centro adscrito a la universidad pública que funciona como si fuera privado, con gran cercanía profesor/alumno y en el que la matrícula de Primero de Derecho costará el próximo curso 5.870 euros.
Según su entorno, resultó perjudicado en la convalidación de asignaturas: si en Icade había aprobado 22 materias de plan nuevo, la mitad de la carrera, en el Cisneros sólo le reconocieron siete de plan antiguo, algo menos de un 30% del título.
El propio Casado ha explicado en Espejo Público que aprobó 12 asignaturas en un año, seis en junio y seis en septiembre. De ellas, dos las tenía evaluadas de Icade, cinco estaban en tercera convocatoria y las otras cinco eran de Derecho y las aprobó ese año. El vicesecretario de Comunicación popular ha asegurado que "no es extraño" que en 5º de carrera los alumnos estén estudiando dos carreras a la vez y trabajando o haciendo prácticas, lo que facilita que hagan un esfuerzo para terminar la carrera. "Quinto de carrera es el curso que se conoce como 'de barrido'", ha asegurado Casado.
Su entorno sostiene que ese curso hizo un "esfuerzo definitivo" para lograr el título y que había sido perjudicado en sus convalidaciones desde Icade
El expediente refleja que en febrero de 2005 es decir, a mitad de curso, se matriculó de 13 asignaturas en el Cisneros, sin presentarse después a ningún examen, pero intensificando en ese momento su actividad política: en mayo fue elegido presidente de Nuevas Generaciones de Madrid. En aquel momento, con 24 años, acumulaba ya responsabilidades: era coordinador parlamentario de su partido; asesor del entonces vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada; y secretario de la Comisión de Seguridad del PP de Madrid, según recoge la hemeroteca. Sin embargo, le faltaban aún 18 asignaturas para terminar Derecho.
En 2005-2006 se matriculó de nuevo de 13 de las 18 asignaturas que le quedaban, y aprobó seis. En el siguiente y último curso, 2006-2007, se matriculó de las 12 que le faltaban, pero la política le reclamó aún más: Esperanza Aguirre lo incluyó en las listas a la Asamblea de Madrid. Aguirre, que por entonces amadrinaba al joven Casado en el partido, le colocó en un puesto de los denominados "de salida", de los que tienen asegurada el acta de diputado regional. Logró escaño.
Fue entonces cuando, según ha confirmado este diario a través del testimonio de varios de sus profesores, se intensificaron las llamadas de altos cargos del PP a la dirección del Cisneros para que Casado lograra por fin la licenciatura. En junio de 2007, ya con su acta de diputado y después de siete años en la carrera, Casado superaba seis asignaturas con cuatro aprobados, un notable y un sobresaliente. En septiembre aprobaba las otras seis que le faltaban: dos notables y cuatro aprobados. Había terminado la carrera.
"Ante la duda, se le aprobaba"
Varios profesores del ahora dirigente popular han reconocido a EL MUNDO que la dirección recibió, entre 2006 y 2007, constantes llamadas de altos dirigentes del PP, entre ellos Esperanza Aguirre, para favorecer a Casado, considerado un joven valor en alza en especial por la propia lideresa. Estos docentes han exigido mantener el anonimato. ¿Cuáles fueron las "facilidades"? "Se le permitía no ir a clase, decía que estaba muy liado con la política y no podía acudir", explica uno de ellos. "Ante la duda entre aprobado y suspenso, se le aprobaba", añade otro.
Uno más detalla que Casado disfrutó de convalidaciones extraoficiales, al margen de las realizadas por la Facultad de Derecho de la Complutense, encargada de cribar qué asignaturas de las aprobadas en Icade podían dársele por superadas en el Cisneros. "En realidad, él sólo se examinó de cuatro o cinco asignaturas en el tiempo que estuvo ahí", explica este profesor, que sostiene que otros profesores le dieron por aprobadas sin examinarle asignaturas que ya había cursado en Icade.
"Vino con unos papeles de su antigua universidad que decían que ya había cursado la asignatura, así que le permití que sólo se examinase, aunque siempre obligo a mis alumnos a ir a clase", afirma otro profesor. En otros casos, "se suplieron los exámenes con trabajos", aseguró a EL MUNDO otro de los docentes, que añadió: "Y luego estaban las llamadas de Aguirre, que decía: 'Oye, a ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar'. Él llegó al Cisneros de la mano de Aguirre".
Desmentido de Aguirre
La ex presidenta de Madrid, por su parte, ha declarado a este periódico que tal afirmación "es absoluta y totalmente falsa. Jamás he llamado a interesarme o presionar por Pablo Casado, ni por ningún otro. Yo ni sabía dónde estudiaba el señor Casado".
"Quien calumnia amparándose en el anonimato es indecente", ha añadido la ex presidenta madrileña.
Otro profesor asegura que sufrió "grandes" presiones para aprobarle "aunque su examen era de suspenso claro", y que cuando se lo comentó al propio Casado en la revisión éste le dijo que él "no había pedido ningún trato de favor, sino que le trataran como a uno más". El profesor le obligó a estudiar "como a los demás" y Casado terminó aprobando.
En aquellos meses, según ha podido confirmar EL MUNDO, los profesores del Cisneros comentaban entre ellos la urgente necesidad de facilitarle la consecución de la licenciatura merced a las presiones políticas.
Gracias a varias de las asignaturas aprobadas en el Cisneros, Casado obtuvo dos años más tarde el título del máster que después cursó también Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Según él mismo explicó, le convalidaron 18 de las 22 asignaturas del máster.
Procurant recuperar encara que sigui mínimament allò que ens han robat
La Generalitat recupera 143.075 euros del cas Blasco
Un jutjat adjudica a les arques públiques un immoble del president de la fundació Cyes, Marcial López
Dimarts, 15 de maig de 2018 15:30h
Rafael Blasco declara en la vista pel frau en les ajudes de Conselleria de Cooperació.. POOL EFE
Ignasi Muñoz / València
El jutjat d'instrucció número 21 de València ha adjudicat a la Generalitat un pis propietat de Marcial López, condemnat a tres anys i nou mesos de presó per haver rebut ajudes a la cooperació de manera fraudulenta, segons ha informat el TSJ en una nota de premsa. López presidia el patronat de la fundació Cyes, beneficiària d'1,6 milions euros dels fons per a la cooperació internacional repartits per l'aleshores conseller Rafael Blasco.
Cyes va dedicar els diners a la compra de diversos immobles a València i només va dedicar el 3% dels recursos rebuts als projectes de Nicaragua on havien d'anar a parar segons l'odre d'ajudes. Després de la denúncia del PSPV i Compromís i un judici al TSJ, la sentència ferma de la primera peça del cas Cooperació emesa per la Sala Penal del Tribunal Suprem en 2015 va incloure la indemnització a la Generalitat amb 1.623.840 euros per part de Marcial López i la resta de condemnats, entre ells Augusto César Tauroni i María Josefa Cervera.
Després d'un procés d'embargament dels béns dels condemnats i d'adjudicació als perjudicats, la Generalitat és ja propietària d'un pis a Castelló amb plaça de garatge i traster fins ara en mans de Marcial López. Taxat en 204.393,97 euros, l'immoble s'adjudica pel 70% del seu valor. Així, el jutjat considera que López ha compensat la Generalitat amb 143.075,77 euros.
Marcial López va ingressar en juny de 2015 en la presó de Castelló, alhora que ho feien a la de Picassent els també condemnats Alexandre Català i Agustina Sanjuán. Uns dies abans havia ocupat la seua cel·la l'exconseller Rafael Blasco.
https://www.diarilaveu.com/noticia/81775/generalitat-cas-cooperacio
Un jutjat adjudica a les arques públiques un immoble del president de la fundació Cyes, Marcial López
Dimarts, 15 de maig de 2018 15:30h
Rafael Blasco declara en la vista pel frau en les ajudes de Conselleria de Cooperació.. POOL EFE
Ignasi Muñoz / València
El jutjat d'instrucció número 21 de València ha adjudicat a la Generalitat un pis propietat de Marcial López, condemnat a tres anys i nou mesos de presó per haver rebut ajudes a la cooperació de manera fraudulenta, segons ha informat el TSJ en una nota de premsa. López presidia el patronat de la fundació Cyes, beneficiària d'1,6 milions euros dels fons per a la cooperació internacional repartits per l'aleshores conseller Rafael Blasco.
Cyes va dedicar els diners a la compra de diversos immobles a València i només va dedicar el 3% dels recursos rebuts als projectes de Nicaragua on havien d'anar a parar segons l'odre d'ajudes. Després de la denúncia del PSPV i Compromís i un judici al TSJ, la sentència ferma de la primera peça del cas Cooperació emesa per la Sala Penal del Tribunal Suprem en 2015 va incloure la indemnització a la Generalitat amb 1.623.840 euros per part de Marcial López i la resta de condemnats, entre ells Augusto César Tauroni i María Josefa Cervera.
Després d'un procés d'embargament dels béns dels condemnats i d'adjudicació als perjudicats, la Generalitat és ja propietària d'un pis a Castelló amb plaça de garatge i traster fins ara en mans de Marcial López. Taxat en 204.393,97 euros, l'immoble s'adjudica pel 70% del seu valor. Així, el jutjat considera que López ha compensat la Generalitat amb 143.075,77 euros.
Marcial López va ingressar en juny de 2015 en la presó de Castelló, alhora que ho feien a la de Picassent els també condemnats Alexandre Català i Agustina Sanjuán. Uns dies abans havia ocupat la seua cel·la l'exconseller Rafael Blasco.
https://www.diarilaveu.com/noticia/81775/generalitat-cas-cooperacio
El PSPV diu que la Fórmula 1 "va passar de ser el somni d'una persona al malson de tot un poble"
EUROPA PRESS 15.05.2018
El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha señalado que la celebración de los cinco grandes premios de Fórmula 1 en Valencia ha pasado de ser "el sueño de una persona a la pesadilla de todo un pueblo".
Mata ha hecho estas declaraciones el mismo día que han comenzado las comparecencias en los juzgados con la declaración de Belén Reyero, asesora del expresidente Francisco Camps, "y que ha asegurado que el expresident era quien daba las órdenes sobre la Fórmula1". "La Fórmula 1 es la historia de una gran estafa colectiva", ha indicado el portavoz de los socialistas, que ha recordado que el "déficit de la gestión de este acontecimiento es del orden de casi 300 millones más 100 en infraestructuras". Según ha dicho, "Camps quería ganar unas elecciones prometiendo un evento" y "engañó a todo el mundo haciendo creer que era gratuito". "Camps elaboró un plan preconcebido de reuniones con Ecclestone, encargó contratos a consultoras fuera de los mecanismos legales y además falseó la realidad", ha agregado. El síndic ha criticado que el ex presidente "hizo creer a todo el mundo que eso era una gran necesidad de la Comunitat Valenciana, pero sólo era una necesidad de Francisco Camps para mantener su ego".
Ver más en:https://www.20minutos.es/noticia/3341237/0/pspv-dice-que-f1-paso-ser-sueno-persona-pesadilla-todo-pueblo/
Conclou la millora de la carretera que connecta Benicarló i Sant Mateu
LA INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE ELEVA A 2,2 MILLONES
Arreglan las vías para peatones y renuevan una rotonda en Càlig
R. D. CASTELLÓN
15/05/2018
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio concluye los trabajos de mejora de la seguridad vial en la CV-135 entre Benicarló y la CV-10 con una inversión de 2.220.000 euros para adecuar esta carretera que conecta municipios de costa con el interior de la provincia de Castellón a través de las localidades de Benicarló, Càlig, Cervera del Maestrat y Sant Mateu.
En concreto, en este último punto han transformado el paso de los peatones en la rotonda de acceso al municipio en un paseo peatonal, han dotado de una entrada a pie al Museo Molino de Cervera del Maestrat, han ejecutado cunetas de seguridad a lo largo de este tramo de la CV-135 y han repavimentado el eje. Además, en las próximas semanas iniciarán la construcción de una rotonda en Benicarló, en la entrada al municipio por este vial.
El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, recordó las obras desarrolladas en esta zona del Baix Maestrat durante su visita a Càlig, donde las tareas han consistido en la conversión de una rotonda partida en glorieta completa en la variante de la población, con una inversión de 180.000 euros. Domingo indicó que «la intersección con el Camí Vell de Càlig a Peñíscola se realizaba hasta ahora a través de un mecanismo que dificultaba el tráfico, por lo que se ha optado por optimizar la seguridad vial de esta importante variante».
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/concluye-mejora-carretera-conecta-benicarlo-sant-mateu_1147008.html
Arreglan las vías para peatones y renuevan una rotonda en Càlig
R. D. CASTELLÓN
15/05/2018
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio concluye los trabajos de mejora de la seguridad vial en la CV-135 entre Benicarló y la CV-10 con una inversión de 2.220.000 euros para adecuar esta carretera que conecta municipios de costa con el interior de la provincia de Castellón a través de las localidades de Benicarló, Càlig, Cervera del Maestrat y Sant Mateu.
En concreto, en este último punto han transformado el paso de los peatones en la rotonda de acceso al municipio en un paseo peatonal, han dotado de una entrada a pie al Museo Molino de Cervera del Maestrat, han ejecutado cunetas de seguridad a lo largo de este tramo de la CV-135 y han repavimentado el eje. Además, en las próximas semanas iniciarán la construcción de una rotonda en Benicarló, en la entrada al municipio por este vial.
El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, recordó las obras desarrolladas en esta zona del Baix Maestrat durante su visita a Càlig, donde las tareas han consistido en la conversión de una rotonda partida en glorieta completa en la variante de la población, con una inversión de 180.000 euros. Domingo indicó que «la intersección con el Camí Vell de Càlig a Peñíscola se realizaba hasta ahora a través de un mecanismo que dificultaba el tráfico, por lo que se ha optado por optimizar la seguridad vial de esta importante variante».
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/concluye-mejora-carretera-conecta-benicarlo-sant-mateu_1147008.html
Ximo Puig inverteix 6,2 milions d'euros en 2018 a la província perquè 424 aturats facin tasques de prevenció d'incendis
15/05/2018 | ELPERIODIC.COM
El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló, Ernest Blanch, quiere destacar el esfuerzo sin precedentes que viene realizando el Gobierno de la Generalitat que preside Ximo Puig, "por el empleo, la preservación del medio ambiente y contra la despoblación."
Un esfuerzo que se demuestra con hechos y con números porque solo en el primer semestre de 2018 el Gobierno del Botánico ha invertido por estos conceptos en la provincia de Castellón 6,2 millones de euros.
Es el dinero que ha costado poner en marcha las Unidades de Prevención de Riesgos entre los meses de diciembre y junio, con las que ha sido posible contratar a un total de 424 personas que estaban en el paro, en 72 municipios de la provincia de Castellón.
De estos 6,2 millones de euros, 4,2 se han destinado al pago de los salarios de los componentes de las brigadas y 2,1 millones a material logístico, un apartado en el que se incluyen furgonetas, motosierras, motodesbrozadoras, sierras de mano o con pértiga, cajas de herramientas o contenedores para transportar combustible.
Blanch ha recordado que estas Unidades de Prevención de Riesgos que pone en marcha la Generalitat Valenciana tienen una "importancia capital" a la hora de "sensibilizar a la ciudadanía y prevenir la aparición de incendios forestales".
Se trata de una iniciativa que forma parte de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT), que sirve para cumplir tres grandes objetivos: crear empleo, preservar el medio ambiente y poner freno a la despoblación, impulsando el arraigo y corrigiendo el desequilibrio territorial."
Las Unidades de Prevención de Riesgos han sido concebidas para contratar a desempleados en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, aunque en algunos casos también se ha contratado a personas que viven en poblaciones de más 1.000 habitantes.
Todos ellos están trabajando de forma muy intensa labores de sensibilización, cuidado y prevención para reducir a la mínima expresión el riesgo de que se produzcan incendios forestales durante el verano.
El periodo de trabajo de estas 424 personas finalizará en junio pero el President Puig ya ha avanzado la intención del Consell de volver a activar estas 72 brigadas en el mes de septiembre, una vez superada la temporada estival.
El reparto territorial de las mismas ha sido el siguiente:
--6 en Els Ports.
--7 en el Baix Maestrat.
--2 en el Alt Maestrat.
--3 en la Plana Alta.
--7 en l'Alcalatén.
--20 en el Alt Millars.
--7 en la Plana Baixa.
--20 en el Alto Palancia.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/565340_ximo-puig-inverteix-milions-deuros-2018-prov%C3%ADncia-perqu%C3%A8-aturats-facen-labors-prevenci%C3%B3-dincendis.html
El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló, Ernest Blanch, quiere destacar el esfuerzo sin precedentes que viene realizando el Gobierno de la Generalitat que preside Ximo Puig, "por el empleo, la preservación del medio ambiente y contra la despoblación."
Un esfuerzo que se demuestra con hechos y con números porque solo en el primer semestre de 2018 el Gobierno del Botánico ha invertido por estos conceptos en la provincia de Castellón 6,2 millones de euros.
Es el dinero que ha costado poner en marcha las Unidades de Prevención de Riesgos entre los meses de diciembre y junio, con las que ha sido posible contratar a un total de 424 personas que estaban en el paro, en 72 municipios de la provincia de Castellón.
De estos 6,2 millones de euros, 4,2 se han destinado al pago de los salarios de los componentes de las brigadas y 2,1 millones a material logístico, un apartado en el que se incluyen furgonetas, motosierras, motodesbrozadoras, sierras de mano o con pértiga, cajas de herramientas o contenedores para transportar combustible.
Blanch ha recordado que estas Unidades de Prevención de Riesgos que pone en marcha la Generalitat Valenciana tienen una "importancia capital" a la hora de "sensibilizar a la ciudadanía y prevenir la aparición de incendios forestales".
Se trata de una iniciativa que forma parte de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT), que sirve para cumplir tres grandes objetivos: crear empleo, preservar el medio ambiente y poner freno a la despoblación, impulsando el arraigo y corrigiendo el desequilibrio territorial."
Las Unidades de Prevención de Riesgos han sido concebidas para contratar a desempleados en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, aunque en algunos casos también se ha contratado a personas que viven en poblaciones de más 1.000 habitantes.
Todos ellos están trabajando de forma muy intensa labores de sensibilización, cuidado y prevención para reducir a la mínima expresión el riesgo de que se produzcan incendios forestales durante el verano.
El periodo de trabajo de estas 424 personas finalizará en junio pero el President Puig ya ha avanzado la intención del Consell de volver a activar estas 72 brigadas en el mes de septiembre, una vez superada la temporada estival.
El reparto territorial de las mismas ha sido el siguiente:
--6 en Els Ports.
--7 en el Baix Maestrat.
--2 en el Alt Maestrat.
--3 en la Plana Alta.
--7 en l'Alcalatén.
--20 en el Alt Millars.
--7 en la Plana Baixa.
--20 en el Alto Palancia.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/565340_ximo-puig-inverteix-milions-deuros-2018-prov%C3%ADncia-perqu%C3%A8-aturats-facen-labors-prevenci%C3%B3-dincendis.html
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