dissabte, 14 d’abril del 2018
Operació Maset
DESARTICULADA
Una banda roba en masets de Castellón y vende el botín en 7 almacenes ilegales
Los responmsables de los locales daban cocaína y heroína a los ladrones a cambio de las sustracciones
RD
13/04/2018
La Guardia Civil ha detenido e investigado en la denominada Operación Maset Ercs a un total de 13 personas como supuestos autores de los delitos de pertenencia grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, receptación y de delitos de defraudación de fluido eléctrico entre otros.
La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de casi una treintena de hechos delictivos ocurridos en la Serra d´en Galceran, Almassora, Cabanes, Vall d'Alba, Atzeneta, Benlloch, les Useres y Morella, en la cuales los perjudicados ponían en conocimiento la sustracción del interior de sus viviendas de material de construcción, electrodomésticos, cableado y tuberías de cobre, herramientas varias, material de uso agrícola, material fotovoltaico, siendo el valor total de los sustraído en 350.000 euros.
Por dicho motivo se abrieron varias líneas de investigación, dando como resultado una de ellas la localización de dos puntos de compra de efectos de ilícita procedencia, procedentes de los robos que estaban siendo investigados por los guardias civiles. También se pudo constatar que las personas que dirigían estos lugares de receptación, ordenaban cometer los hechos delictivos y solicitaban de manera concreta los efectos que se debían sustraer, proporcionando a los autores a cambio de los robos, sustancias estupefacientes como cocaína y heroína.
Una banda roba en masets de Castellón y vende el botín en 7 almacenes ilegales
Los responmsables de los locales daban cocaína y heroína a los ladrones a cambio de las sustracciones
RD
13/04/2018
La Guardia Civil ha detenido e investigado en la denominada Operación Maset Ercs a un total de 13 personas como supuestos autores de los delitos de pertenencia grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, receptación y de delitos de defraudación de fluido eléctrico entre otros.
La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de casi una treintena de hechos delictivos ocurridos en la Serra d´en Galceran, Almassora, Cabanes, Vall d'Alba, Atzeneta, Benlloch, les Useres y Morella, en la cuales los perjudicados ponían en conocimiento la sustracción del interior de sus viviendas de material de construcción, electrodomésticos, cableado y tuberías de cobre, herramientas varias, material de uso agrícola, material fotovoltaico, siendo el valor total de los sustraído en 350.000 euros.
Por dicho motivo se abrieron varias líneas de investigación, dando como resultado una de ellas la localización de dos puntos de compra de efectos de ilícita procedencia, procedentes de los robos que estaban siendo investigados por los guardias civiles. También se pudo constatar que las personas que dirigían estos lugares de receptación, ordenaban cometer los hechos delictivos y solicitaban de manera concreta los efectos que se debían sustraer, proporcionando a los autores a cambio de los robos, sustancias estupefacientes como cocaína y heroína.
Les males companyies d'Isabel Bonig
Isabel Bonig.
13/04/2018 01:00
La polémica en torno al máster de Cifuentes está provocando más tensiones de las esperadas dentro del PP. La Convención Nacional de Sevilla estuvo marcada por este asunto y, desde finales de la semana pasada, la dirección del partido ha recomendado a los cargos orgánicos que revisen su currículum para evitar nuevos ataques de la oposición.
Este mensaje no solo ha llegado a los representantes del PP en Madrid, sino también a los del resto de comunidades autónomas. La cautela, por tanto, se ha instalado en las filas populares. Precisamente por ese motivo, no ha pasado inadvertido un importante “descuido” protagonizado por Isabel Bonig el pasado lunes.
Tal y como ha podido confirmar El Chivato, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana acudió hace cuatro días a la misa solemne que se celebró en la catedral de Valencia en honor al patrón de la región: San Vicente Ferrer. La dirigente popular, no obstante, se sentó “donde no debía”, en opinión de sus propios compañeros.
Bonig se dejó fotografiar, en el banco donde estaba sentada, junto a Eusebio Monzó, portavoz del PP en Valencia que estuvo a su lado durante la ceremonia, y con el diputado nacional José María Chiquillo; pero también con los imputados Vicente Igual, María Jesús Puchalt y Cristóbal Grau.
La instantánea ha circulado desde comienzos de semana entre militantes ‘populares’ generando comentarios recurrentes sobre “las malas compañías” que se ha buscado la dirigente autonómica del PP en un acto en el que había muchos periodistas y también vecinos de la ciudad, que tampoco han pasado por alto con quién estaba sentada Bonig.
Vea, a continuación, la fotografía de la polémica:
Isabel Bonig, junto a Eusebio Monzó, Vicente Igual, María Jesús Puchalt, Cristóbal Grau y José María Chiquillo.
Deu jubilats, disposats a ajudar a Cifuentes a trobar el seu treball fi de màster
Cristina Cifuentes da explicaciones sobre su máster en la Asamblea de Madrid.
09/04/2018 01:00
Cristina Cifuentes ha reconocido que no encuentra su Trabajo Fin de Máster (TFM) pero que lo seguirá buscando y que, si llega a encontrarlo, lo mostrará.
Ha explicado que ha realizado dos o tres mudanzas de despacho y cuatro de domicilio y, por ello, no puede garantizar que el trabajo “aparezca”. Asegura también que durante la Semana Santa estuvo abriendo cajas y buscando documentación.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha declarado que no hay constancia del trabajo de fin de máster de la presidenta madrileña, y ha añadido que “no se puede confirmar que la defensa del trabajo haya tenido lugar”.
Sin embargo, Cifuentes no está del todo sola. Por lo visto, un grupo de pensionistas están dispuestos a ayudarle a encontrar ese trabajo, que demostraría que ha superado el máster de Derecho Público del Estado Autonómico.
Hace unos días, una decena de jubilados se dieron cita a la puerta del domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el barrio de Chamberí.
La concentración llamaba la atención porque no había gritos, ni pancartas, ni se pedía la dimisión de Cristina Cifuentes. Pero tampoco parecía que se hubieran congregado en ese lugar para mostrarle su apoyo.
A quienes les preguntaron qué hacía allí les dijeron que querían ayudar a la presidenta a encontrar su trabajo fin de máster en las cajas que, según explica, le quedan todavía por abrir tras sus múltiples mudanzas.
“No puede ser tan difícil, si el trabajo está en casa como dice. Tiene que aparecer en cualquier momento. Si quiere, le ayudamos”, concluyeron..
El PP mobilitza els empresaris perquè Albert Rivera 'salve' a Cifuentes
En reuniones con patronales y líderes sociales
Está transmitiendo al mundo económico que si gobierna el PSOE en Madrid, “adiós a todas las bajadas de impuestos anunciadas”
El PP redobla la presión sobre Ciudadanos. Ha comenzado a alertar a empresarios y otros colectivos sociales de que la rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid anunciada para el próximo año depende de la continuidad de Cristina Cifuentes. El objetivo de esa ofensiva es que presionen a Albert Rivera para que retire su ultimátum contra la presidenta.
Cristina Cifuentes.
14/04/2018 01:00
El PP ha dado un cierto balón de oxígeno a Cifuentes, calmando en parte la urgencia que se percibía sobre su dimisión por el caso del polémico máster. El coordinador general del partido, Fernando Martínez Maíllo, ha descartado que una decisión sobre el futuro de la presidenta madrileña, que aún no está tomada, vaya a ser inminente.
Maíllo ha reiterado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es más importante que la persona que figura al frente. “Nadie está por encima de las siglas del partido”, ha advertido. En todo caso, ha calmado las expectativas de que Rajoy vaya hablar con Cifuentes de forma urgente, tras su regreso de Argentina, donde ha pasado varios días esta semana.
Adiós a la bajada de impuestos
En ese escenario, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, el PP está aprovechando encuentros reservados con empresarios y otros colectivos sociales en Madrid para lanzarles una advertencia: “Adiós a la bajada de impuestos prometida, si gobierna el PSOE en la Comunidad”.
Cifuentes anunció en marzo su intención de rebajar –antes de las elecciones de 2019– el tramo autonómico del IRPF, pasándolo del 9,5 al 9% en su segmento más bajo. Es la medida estrella de un conjunto de rebajas fiscales que, según los cálculos del Ejecutivo regional, beneficiarían a 3 millones de madrileños y les ahorrarán 170 millones de euros.
Pero hay también otras medidas de calado en el ámbito empresarial y sindical: deducciones por adquisición de acciones, a los emprendedores y a la economía social, además de bonificaciones para la compra-venta de vivienda.
Una forma de presionar a Rivera
Las fuentes del PP de Madrid, a las que ha tenido acceso ECD, reconocen que, en estos encuentros discretos con empresarios y líderes de colectivos sociales, están utilizando este argumento como una forma de movilizar a los distintos sectores económicos de la comunidad para que “fuercen una marcha atrás de Albert Rivera”.
Por el momento, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido este viernes a Mariano Rajoy en que “tome una decisión” sobre la polémica del máster de Cifuentes, ya que, si no hace nada, “avala” su actuación en el “escándalo”, pero si la cambia el PP conservará el Gobierno de Madrid.
Rivera sabe que el apoyo de Ciudadanos a la moción de censura será utilizado desde el PP para calificarles de como “cómplices de la izquierda radical” y denunciar sus “devaneos políticos”. Por eso, considera que la salida más favorable sería un relevo natural, nombrar un sustituto de Cifuentes en la presidencia madrileña hasta las elecciones del año que viene. C's lo apoyaría y el PP mantendría el Gobierno. Pero los populares madrileños se siguen resistiendo a dejar caer a Cifuentes.
Está transmitiendo al mundo económico que si gobierna el PSOE en Madrid, “adiós a todas las bajadas de impuestos anunciadas”
El PP redobla la presión sobre Ciudadanos. Ha comenzado a alertar a empresarios y otros colectivos sociales de que la rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid anunciada para el próximo año depende de la continuidad de Cristina Cifuentes. El objetivo de esa ofensiva es que presionen a Albert Rivera para que retire su ultimátum contra la presidenta.
Cristina Cifuentes.
14/04/2018 01:00
El PP ha dado un cierto balón de oxígeno a Cifuentes, calmando en parte la urgencia que se percibía sobre su dimisión por el caso del polémico máster. El coordinador general del partido, Fernando Martínez Maíllo, ha descartado que una decisión sobre el futuro de la presidenta madrileña, que aún no está tomada, vaya a ser inminente.
Maíllo ha reiterado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es más importante que la persona que figura al frente. “Nadie está por encima de las siglas del partido”, ha advertido. En todo caso, ha calmado las expectativas de que Rajoy vaya hablar con Cifuentes de forma urgente, tras su regreso de Argentina, donde ha pasado varios días esta semana.
Adiós a la bajada de impuestos
En ese escenario, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, el PP está aprovechando encuentros reservados con empresarios y otros colectivos sociales en Madrid para lanzarles una advertencia: “Adiós a la bajada de impuestos prometida, si gobierna el PSOE en la Comunidad”.
Cifuentes anunció en marzo su intención de rebajar –antes de las elecciones de 2019– el tramo autonómico del IRPF, pasándolo del 9,5 al 9% en su segmento más bajo. Es la medida estrella de un conjunto de rebajas fiscales que, según los cálculos del Ejecutivo regional, beneficiarían a 3 millones de madrileños y les ahorrarán 170 millones de euros.
Pero hay también otras medidas de calado en el ámbito empresarial y sindical: deducciones por adquisición de acciones, a los emprendedores y a la economía social, además de bonificaciones para la compra-venta de vivienda.
Una forma de presionar a Rivera
Las fuentes del PP de Madrid, a las que ha tenido acceso ECD, reconocen que, en estos encuentros discretos con empresarios y líderes de colectivos sociales, están utilizando este argumento como una forma de movilizar a los distintos sectores económicos de la comunidad para que “fuercen una marcha atrás de Albert Rivera”.
Por el momento, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido este viernes a Mariano Rajoy en que “tome una decisión” sobre la polémica del máster de Cifuentes, ya que, si no hace nada, “avala” su actuación en el “escándalo”, pero si la cambia el PP conservará el Gobierno de Madrid.
Rivera sabe que el apoyo de Ciudadanos a la moción de censura será utilizado desde el PP para calificarles de como “cómplices de la izquierda radical” y denunciar sus “devaneos políticos”. Por eso, considera que la salida más favorable sería un relevo natural, nombrar un sustituto de Cifuentes en la presidencia madrileña hasta las elecciones del año que viene. C's lo apoyaría y el PP mantendría el Gobierno. Pero los populares madrileños se siguen resistiendo a dejar caer a Cifuentes.
El Govern Zapatero va contestar al PP sobre el contracte d'Etelvina Andreu amb Crespo Gomar
Loreto Ochando
José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EFE
14/04/2018 -
VALÈNCIA. Las diputadas del PP Marta Torrado, Inmaculada Guaita, Inmaculada Bañuls y Teresa García preguntaron en 2010 al Gobierno por el contrato adjudicado un año antes a la empresa Crespo Gomar -que realizó la campaña del PSPV en 2007- por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, del que la socialista Etelvina Andreu -candidata a la alcaldía de Alicante en esos comicios- era directora general de Consumo. Este es uno de los contratos investigados a raíz de la denuncia del PP por una posible financiación irregular del PSPV.
En la respuesta al Congreso, emitida por el entonces secretario de Estado para Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco, se detalló el proceso y resultado del concurso. Se explicaba que al concurso para la campaña de publicidad institucional, que tenía como finalidad la "promoción de un consumo responsable, seguro y solidario ante las compras de Navidad, las rebajas y la utilización del sistema arbitral de consumo", concurrieron 18 propuestas de 15 empresas diferentes. Dos de las propuestas eran de Crespo Gomar.
Según la respuesta, las propuestas de la empresa con sede en Gandia, y ahora bajo la lupa de la Justicia fueron las mejor valoradas, con 77,63 y 70,63 puntos, respectivamente. La siguiente empresa con mayor valoración obtuvo 63,40 puntos quedando, por tanto, 14 puntos por debajo de la mejor de Crespo Gomar, que resultó adjudicataria.
En cuanto a los criterios de valoración, en el técnico ambas propuestas quedaron muy por encima de sus competidores con 39,80 y 46,80 puntos, pues la siguiente mejor valorada se quedó en 25,50 puntos. En la valoración económica, las ofertas de la empresa gandiense fueron la octava y novena mejor valoradas, pero con una puntuación muy similar a casi todas las demás propuestas excepto una.
Preguntas a Zapatero, no a Rajoy
Durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, las parlamentarias populares realizaron cerca de un centenar de preguntas acerca de contratos de los ministerios, la mayoría de ellas de Sanidad, con Crespo Gomar. Muchas de dichas preguntas fueron contestadas, pero otras no. El motivo por el que algunas de las citadas preguntas no obtuvieron respuesta es que en su última legislatura, Zapatero se vio obligado a adelantar las elecciones generales varios meses. Así, dichas interpelaciones no llegaron a ser contestadas por los socialistas.
Pla, Zapatero y Etelvina Andreu, en un mitin de 2007. Foto: EFE/Manuel Lorenzo
Tampoco parece que el interés del Grupo Popular por este presunto caso de corrupción se mantuviera después de la victoria de Mariano Rajoy en noviembre de 2011, pues no volvieron a requerir en el Congreso la antaño tan importante información sobre los contratos adjudicados por Andreu y por otros ministerios. También entonces tuvieron ocasión los populares de consultar directamente los expedientes de los concurso, al entrar en el Ministerio de Sanidad, pero o bien no lo hicieron o no encontraron nada irregular.
Entre las preguntas que quedaron sin respuesta se encuentra la de los contratos de la Presidencia de Gobierno, los distintos ministerios, empresas públicas o cualquier otro organismo dependiente de la Administración del Estado suscritos con la Empresa Crespo Gomar durante la VIII legislatura o si se suscribió algún contrato con el grupo de empresas que formaban el conglomerado de Crespo Gomar por parte de cualquier ministerio, ente público o la Presidencia del Gobierno en dicha legislatura, unas preguntas que "caducaron" y que, con Rajoy al frente del Gobierno, quedaron en el olvido hasta que una investigación judicial las ha devuelto a la actualidad.
http://www.valenciaplaza.com/el-gobierno-zapatero-contesto-al-pp-sobre-el-contrato-de-etelvina-andreu-con-crespo-gomar
José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EFE
14/04/2018 -
VALÈNCIA. Las diputadas del PP Marta Torrado, Inmaculada Guaita, Inmaculada Bañuls y Teresa García preguntaron en 2010 al Gobierno por el contrato adjudicado un año antes a la empresa Crespo Gomar -que realizó la campaña del PSPV en 2007- por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, del que la socialista Etelvina Andreu -candidata a la alcaldía de Alicante en esos comicios- era directora general de Consumo. Este es uno de los contratos investigados a raíz de la denuncia del PP por una posible financiación irregular del PSPV.
En la respuesta al Congreso, emitida por el entonces secretario de Estado para Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco, se detalló el proceso y resultado del concurso. Se explicaba que al concurso para la campaña de publicidad institucional, que tenía como finalidad la "promoción de un consumo responsable, seguro y solidario ante las compras de Navidad, las rebajas y la utilización del sistema arbitral de consumo", concurrieron 18 propuestas de 15 empresas diferentes. Dos de las propuestas eran de Crespo Gomar.
Según la respuesta, las propuestas de la empresa con sede en Gandia, y ahora bajo la lupa de la Justicia fueron las mejor valoradas, con 77,63 y 70,63 puntos, respectivamente. La siguiente empresa con mayor valoración obtuvo 63,40 puntos quedando, por tanto, 14 puntos por debajo de la mejor de Crespo Gomar, que resultó adjudicataria.
En cuanto a los criterios de valoración, en el técnico ambas propuestas quedaron muy por encima de sus competidores con 39,80 y 46,80 puntos, pues la siguiente mejor valorada se quedó en 25,50 puntos. En la valoración económica, las ofertas de la empresa gandiense fueron la octava y novena mejor valoradas, pero con una puntuación muy similar a casi todas las demás propuestas excepto una.
Preguntas a Zapatero, no a Rajoy
Durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, las parlamentarias populares realizaron cerca de un centenar de preguntas acerca de contratos de los ministerios, la mayoría de ellas de Sanidad, con Crespo Gomar. Muchas de dichas preguntas fueron contestadas, pero otras no. El motivo por el que algunas de las citadas preguntas no obtuvieron respuesta es que en su última legislatura, Zapatero se vio obligado a adelantar las elecciones generales varios meses. Así, dichas interpelaciones no llegaron a ser contestadas por los socialistas.
Pla, Zapatero y Etelvina Andreu, en un mitin de 2007. Foto: EFE/Manuel Lorenzo
Tampoco parece que el interés del Grupo Popular por este presunto caso de corrupción se mantuviera después de la victoria de Mariano Rajoy en noviembre de 2011, pues no volvieron a requerir en el Congreso la antaño tan importante información sobre los contratos adjudicados por Andreu y por otros ministerios. También entonces tuvieron ocasión los populares de consultar directamente los expedientes de los concurso, al entrar en el Ministerio de Sanidad, pero o bien no lo hicieron o no encontraron nada irregular.
Entre las preguntas que quedaron sin respuesta se encuentra la de los contratos de la Presidencia de Gobierno, los distintos ministerios, empresas públicas o cualquier otro organismo dependiente de la Administración del Estado suscritos con la Empresa Crespo Gomar durante la VIII legislatura o si se suscribió algún contrato con el grupo de empresas que formaban el conglomerado de Crespo Gomar por parte de cualquier ministerio, ente público o la Presidencia del Gobierno en dicha legislatura, unas preguntas que "caducaron" y que, con Rajoy al frente del Gobierno, quedaron en el olvido hasta que una investigación judicial las ha devuelto a la actualidad.
http://www.valenciaplaza.com/el-gobierno-zapatero-contesto-al-pp-sobre-el-contrato-de-etelvina-andreu-con-crespo-gomar
'Açò és un destarifo', primera gran sèrie d'À Punt sobre tòpics valencians
El projecte representa el retorn a la televisió pública valenciana d'Albena Produccions, que va crear serials d'humor per a l'extinta RTVV, com 'Socarrats' i 'Autoindefinits'
Divendres, 13 d'abril de 2018 17:45h
La sèrie consta de 13 capítols la meitat dels quals ja s'han gravat a Sant Isidre de Benaixeve.. CVMC/À PUNT MEDIA
Redacció / València
El rodatge de la sèrie d’humor Açò és un destarifo, que es fa a la pedania de Montcada, Sant Isidre de Benaixeve, ha obert aquest divendres les portes als mitjans de comunicació per a mostrar els avanços de la gravació del serial que ja es troba a l'equador del projecte que encapçala Albena Produccions.
La sèrie, produïda per Albena Produccions en col·laboració amb Nakamura Films, per a À Punt Mèdia, representa el retorn de Carles Alberola i Toni Benavent a la xicoteta pantalla de la televisió pública valenciana després d'haver creat per a l'extinta RTVV sèries mítiques d'humor com Autoindefinits (2005-2007), Maniàtics (2006), Socarrats (2006-2009) i Unió Musical Da Capo (2009-2010), entre d'altres.
Aquest divendres, responsables d'À Punt i d'Albena han explicat els detalls del rodatge. Es tracta de la primera producció de ficció d’À Punt Mèdia, una sèrie d’humor sobre els tòpics dels valencians, amerats amb una bona dosi de crítica social.
Açò no és un destarifo consta d'un total de 13 capítols dels quals ja s'han gravat la meitat dels capítols que tenen una durada de 50 minuts cadascun. La sèrie té darrere un equip de més de 50 professionals i està protagonitzada per 16 actors i actrius valencians: Alfred Picó, Isabel Requena, Juli Cantó, Cristina Garcia, Josep Manel Casany, Ramón Ródenas, Inma Sancho, Nuria Herrero, Bruno Tamarit, Ferran Gadea, Rebeca Valls, Vanessa Cano, Verònica Andrés, Laura Pellicer, Manuel Maestro i Carles Sanjaime.
El coordinador del guió és Carles Alberola; els realitzadors són Jaume Bayarri i Iñaki Antuñano, i el director, Andrés I. Gimeno. Compta amb Jordi Llorca, Carles Alberola, Toni Benavent i Joan Carles Dauder en la producció executiva. D'altra banda, la direcció de producció està en mans de Glòria Guillot, la direcció de fotografia està a càrrec de Willy Abad i la direcció d'art està a càrrec de José Luis Company.
https://www.diarilaveu.com/noticia/81101/aco-destarifo-apunt
L'agricultura necessita de l'acció depredadora dels caçadors
Reivindicaciones del mundo rural
Cazadores y agricultores denuncian la discriminación al mundo rural
La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana convoca una movilización para denunciar la «inacción administrativa»
S. Urbina | València 14.04.2018 | 04:15
Cazadores y agricultores denuncian la discriminación al mundo rural
Los agricultores arrastran desde hace tiempo una profunda crisis de precios y ayudas administrativas que se traducen en el incesante abandono de tierras de cultivo y en un «alarmante» envejecimiento del sector, así como en el «aumento descontrolado» de la fauna salvaje en la Comunitat Valenciana y los daños que esto ocasiona a los cultivos, explican desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).
Los agricultores aseguran que la «acción depredadora» de las especies silvestres sobre las infraestructuras agrarias ha experimentado un aumento de al menos el 30 % durante el pasado año que, calculan, se traduce en unas pérdidas directas de 26 millones de euros para los agricultores que se vieron afectados por el crecimiento poblacional de animales como ciervos, corzos o jabalíes. Estos últimos son considerados por los agricultores, junto a los conejos y las cabras montesas, «los más dañinos para el sector agrario». El jabalí, de hecho, ha visto aumentada su población en los últimos tres años en un 112 %.
Los principales motivos que explican el aumento de su presencia son el abandono de tierras agrícolas, el aumento de la masa forestal y la incidencia de la sequía que empobrece su hábitat natural y obliga a los animales a bajar a las zonas de cultivo en busca de agua y sustento. Así como de la falta de subvenciones para el fomento y la mejora de la actividad. Consideran que la Política Agrícola Común (PAC) europea discrimina el cultivo mediterráneo (frutas y hortalizas) sobre el continental (trigo y cereales).
«De los más de seis millones invertidos en España, solo el 2,3 % va a parar a la Comunitat Valenciana. La mayor parte se la llevan Castilla y León y Andalucía, por tener sistemas de cultivos parecidos a los de Alemania o Francia, a quien intenta favorecer la Unión Europea», lamentan desde la asociación.
Manifestación el 26 de mayo
Pero, sobre todo, los agricultores justifican el deterioro de sus campos en la diminución del número de cazadores y en las «duras restricciones administrativas» que tienen que afrontar a la hora de ejercer su actividad.
Así, cazadores y agricultores denuncian estar cansados de seguir esperando «después de un año, algún plan de actuación para poder hacer frente a esta situación». La respuesta a la «inacción administrativa» ha sido la llamada a la movilización para el próximo 26 de mayo en València, promovida por la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.
A esta se unen las 15 entidades que configuran el ámbito rural (entre las que se encuentran AVA-Asaja, la Unió de Llauradors i Ramaders y la Federació de Penyes de Bous al Carrer) para que su actividad sea «debidamente reconocida y promovida».
La causa de que no sea así, denuncia la Federació de Caza, es el «desprestigio», la «criminalización» y la «demonización» de su actividad, que lleva a que la «administración no les tome en serio como para darles facilidades».
«La gente ve en nosotros un grupo de personas que caza por el placer de matar, pero nuestra actividad es mucho más. Nosotros no vamos a África a asesinar elefantes, representamos la caza social que abastece a la gente del pueblo», lamenta Raúl Esteban, presidente de la Federación.
El colectivo, formado por más de 70.000 personas en la Comunitat Valenciana, asegura sentirse «atacado» por los grupos animalistas que «desconocen las dificultades» a las que se enfrentan a la hora de tramitar la licencia para cazar. «Las normativas son cada vez más restrictivas y los precios de las licencias cada vez más altos, hasta el punto de costar 200 euros por cabeza», advierte Esteban. Denuncian, a su vez, los problemas en la tramitación de la licencia que puede llevarles a un proceso de espera «de hasta dos meses».
Aseguran, por tanto, que son los encargados de mantener el campo público con el cuidado y la inversión que ejercen en los casi dos mil cotos de caza de la Comunitat. Y explican que, de cada una de las «piezas» cazadas, destinan un 35 % a la regulación y la mejora de los cotos, dejando una inversión, «solo en la provincia de València» de casi seis millones de euros el pasado 2017.
«Generamos mucho dinero y todo va a parar al medioambiente. Si tan poco aprecio se nos tiene, que salga a subasta la gestión de los campos públicos», denuncia el presidente de la Federación.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/04/14/cazadores-agricultores-denuncian-discriminacional/1704003.html#
Cazadores y agricultores denuncian la discriminación al mundo rural
La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana convoca una movilización para denunciar la «inacción administrativa»
S. Urbina | València 14.04.2018 | 04:15
Cazadores y agricultores denuncian la discriminación al mundo rural
Los agricultores arrastran desde hace tiempo una profunda crisis de precios y ayudas administrativas que se traducen en el incesante abandono de tierras de cultivo y en un «alarmante» envejecimiento del sector, así como en el «aumento descontrolado» de la fauna salvaje en la Comunitat Valenciana y los daños que esto ocasiona a los cultivos, explican desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).
Los agricultores aseguran que la «acción depredadora» de las especies silvestres sobre las infraestructuras agrarias ha experimentado un aumento de al menos el 30 % durante el pasado año que, calculan, se traduce en unas pérdidas directas de 26 millones de euros para los agricultores que se vieron afectados por el crecimiento poblacional de animales como ciervos, corzos o jabalíes. Estos últimos son considerados por los agricultores, junto a los conejos y las cabras montesas, «los más dañinos para el sector agrario». El jabalí, de hecho, ha visto aumentada su población en los últimos tres años en un 112 %.
Los principales motivos que explican el aumento de su presencia son el abandono de tierras agrícolas, el aumento de la masa forestal y la incidencia de la sequía que empobrece su hábitat natural y obliga a los animales a bajar a las zonas de cultivo en busca de agua y sustento. Así como de la falta de subvenciones para el fomento y la mejora de la actividad. Consideran que la Política Agrícola Común (PAC) europea discrimina el cultivo mediterráneo (frutas y hortalizas) sobre el continental (trigo y cereales).
«De los más de seis millones invertidos en España, solo el 2,3 % va a parar a la Comunitat Valenciana. La mayor parte se la llevan Castilla y León y Andalucía, por tener sistemas de cultivos parecidos a los de Alemania o Francia, a quien intenta favorecer la Unión Europea», lamentan desde la asociación.
Manifestación el 26 de mayo
Pero, sobre todo, los agricultores justifican el deterioro de sus campos en la diminución del número de cazadores y en las «duras restricciones administrativas» que tienen que afrontar a la hora de ejercer su actividad.
Así, cazadores y agricultores denuncian estar cansados de seguir esperando «después de un año, algún plan de actuación para poder hacer frente a esta situación». La respuesta a la «inacción administrativa» ha sido la llamada a la movilización para el próximo 26 de mayo en València, promovida por la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.
A esta se unen las 15 entidades que configuran el ámbito rural (entre las que se encuentran AVA-Asaja, la Unió de Llauradors i Ramaders y la Federació de Penyes de Bous al Carrer) para que su actividad sea «debidamente reconocida y promovida».
La causa de que no sea así, denuncia la Federació de Caza, es el «desprestigio», la «criminalización» y la «demonización» de su actividad, que lleva a que la «administración no les tome en serio como para darles facilidades».
«La gente ve en nosotros un grupo de personas que caza por el placer de matar, pero nuestra actividad es mucho más. Nosotros no vamos a África a asesinar elefantes, representamos la caza social que abastece a la gente del pueblo», lamenta Raúl Esteban, presidente de la Federación.
El colectivo, formado por más de 70.000 personas en la Comunitat Valenciana, asegura sentirse «atacado» por los grupos animalistas que «desconocen las dificultades» a las que se enfrentan a la hora de tramitar la licencia para cazar. «Las normativas son cada vez más restrictivas y los precios de las licencias cada vez más altos, hasta el punto de costar 200 euros por cabeza», advierte Esteban. Denuncian, a su vez, los problemas en la tramitación de la licencia que puede llevarles a un proceso de espera «de hasta dos meses».
Aseguran, por tanto, que son los encargados de mantener el campo público con el cuidado y la inversión que ejercen en los casi dos mil cotos de caza de la Comunitat. Y explican que, de cada una de las «piezas» cazadas, destinan un 35 % a la regulación y la mejora de los cotos, dejando una inversión, «solo en la provincia de València» de casi seis millones de euros el pasado 2017.
«Generamos mucho dinero y todo va a parar al medioambiente. Si tan poco aprecio se nos tiene, que salga a subasta la gestión de los campos públicos», denuncia el presidente de la Federación.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/04/14/cazadores-agricultores-denuncian-discriminacional/1704003.html#
A diferència de Juan Cotino, el PSPV pot haver ficat la pota (o ni això) però no la mà
La jueza archiva el delito electoral contra PSPV y Bloc pese a sospechar que recibieron 255.140 euros
Considera prescrita la presunta financiación ilegal y no ve relación con las irregularidades en contratos adjudicados a Crespo Gomar
Laura Ballester València 14.04.2018 | 04:15
El Juzgado de Instrucción 21 de València y la Fiscalía Anticorrupción han decidido considerar prescrito el presunto delito electoral cometido por PSPV-PSOE y Bloc a pesar de constatar que cuatro empresas pagaron 255.140 euros a la empresa Crespo Gomar SL, responsable de los actos electorales de ambos partidos durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007.
La documentación aportada por el coordinador general del grupo parlamentario popular en las Corts, José Císcar, al grupo de blanqueo de capitales de la Policía Judicial el 22 de noviembre de 2016, que realizó un informe, desvelaba que «indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado», señala el auto del juzgado de Instrucción 21, adelantado ayer por El Mundo y la Cadena Ser.
La operativa que desvelaba la documentación aportada por el PP y analizada por la policía consistía en que la empresa de Gandia Crespo Gomar SL «facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral de 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras por servicios no prestados».
Las empresas a las que Crespo Gomar SL facturó por servicios ficticios un total de 255.140 euros, supuestamente destinados a pagar la campaña electoral de PSPV y Bloc en 2007, fueron Hospimar 2000 SL (29.580 euros), Quick Meals Iberica SA (6.960 euros), Construcciones Blauverd SL (218.600 euros) y Centro Comercial y de Ocio La Vital (46.400 euros).
La investigación policial y judicial confirmó a través de la Agencia Tributaria las relaciones comerciales entre Crespo Gomar SL, Hospimar SL y Quick Meals Ibérica SA, según detalla el auto.
La información fiscal también reveló la «relación existente entre Crespo Gomar SL y el PSPV-PSOE» ya que la formación política pagó a la consultora de comunicación con sede en Gandia un total de 79.683 euros en 2007 y 325.094 euros en 2008. Unos años en los que Crespo Gomar también recibía contratos de los ministerios de Sanidad y Vivienda, entonces gobernados por los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, por valor de casi un millón de euros.
La investigación judicial también ha puesto el foco en la empresa Opino Media SL, «muy ligada a Crespo Gomar y el PSOE», y en la que eran socios uno de los propietarios de Crespo Gomar, Alberto Gomar, y Josep Ramon Tíller, actual director de expansión internacional de Egevasa y exgerente de Imelsa que también fue jefe de gabinete de los alcaldes de Gandia Pepa Frau y José Manuel Orengo, y diputado en las Corts por el PSPV-PSOE de 1991 a 1995. Opino Media fue adjudicataria de la instalación del polémico opinómetro en Benidorm e hizo las pruebas piloto de este aparato en Gandia.
A la vista de estas múltiples contrataciones con las administraciones públicas, la titular del juzgado de Instrucción 21 de València, Nieves Molina, encargó a la Intervención General del Estado un informe sobre los expedientes de contratación con la empresa Crespo Gomar SL y Opino Media SL «para analizar las posibles irregularidades o ilegalidades en la tramitación de expedientes, ante el posible trato de favor que pudieran haber recibido como pago a las irregularidades a las que habría accedido Crespo Gomar».
Tras un año de pesquisas, la jueza dictaminó, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, que «los hechos relacionados con la financiación irregular de formaciones políticas estarían prescritos», además de añadir que «en el estado actual de la investigación, se puede afirmar la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de València».
De ahí que la jueza se inhibiera en favor de dos juzgados de Madrid (para que analicen los contratos con los ministerios de Sanidad y Vivienda), uno de Gandia (para que investigue una subvención para adquirir una vivienda de la Federación Valenciana de Fútbol por el Ayuntamiento de Gandia) y otro de Benidorm (para indagar sobre el contrato de los opinómetros).
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/04/14/jueza-archiva-delito-electoral-pspv/1704011.html
El Grup Socialista d'Alcalà i Alcossebre denuncia la manca de lleialtat institucional de l'alcalde Francisco Juan
Baix Maestrat
La Plana al Dia | Baix Maestrat | General | 13-04-2018
El Grupo Socialista de Alcalà y Alcossebre denuncia la falta de lealtad institucional del alcalde Francisco Juan
El portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en Alcalà de Xivert y Alcossebre, Joan Ronchera, denuncia la falta de lealtad institucional del alcalde del PP, Francisco Juan, que anuncia en los medios de comunicación la ejecución de proyectos antes de su aprobación en el pleno. Un déficit de cultura democrática del primer edil “que nos parece especialmente grave cuando incluye entre sus anuncios la realización de proyectos propuestos por la oposición, a raíz de consultar con los vecinos y colectivos, que Juan vende como propios sin que experimente el más mínimos rubor.”
Ronchera se refiere a lo que ocurrió en el último pleno que se celebró el pasado miércoles en sesión extraordinaria, en el que se aprobaron inversiones por valor de 300.000 euros que se van a financiar con el remanente municipal.
Una situación a la que se ha llegado “por el mal uso que el Partido Popular hace de la mayoría absoluta, que sistemáticamente utiliza a modo de rodillo para aplastar a la oposición.”
El portavoz del GMS recuerda que es el pleno municipal el que tiene la potestad para aprobar los proyectos del Ayuntamiento y que, por lo tanto, “el alcalde no debería salir a los medios a colgarse medallitas antes de que las distintas iniciativas sean aprobados en sesión plenaria.”
Baix Maestrat La Plana al Dia | Baix Maestrat | General | 13-04-2018 El Grupo Socialista de Alcalà y Alcossebre denuncia la falta de lealtad institucional del alcalde Francisco Juan El portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en Alcalà de Xivert y Alcossebre, Joan Ronchera, denuncia la falta de lealtad institucional del alcalde del PP, Francisco Juan, que anuncia en los medios de comunicación la ejecución de proyectos antes de su aprobación en el pleno. Un déficit de cultura democrática del primer edil “que nos parece especialmente grave cuando incluye entre sus anuncios la realización de proyectos propuestos por la oposición, a raíz de consultar con los vecinos y colectivos, que Juan vende como propios sin que experimente el más mínimos rubor.” Ronchera se refiere a lo que ocurrió en el último pleno que se celebró el pasado miércoles en sesión extraordinaria, en el que se aprobaron inversiones por valor de 300.000 euros que se van a financiar con el remanente municipal. Una situación a la que se ha llegado “por el mal uso que el Partido Popular hace de la mayoría absoluta, que sistemáticamente utiliza a modo de rodillo para aplastar a la oposición.” El portavoz del GMS recuerda que es el pleno municipal el que tiene la potestad para aprobar los proyectos del Ayuntamiento y que, por lo tanto, “el alcalde no debería salir a los medios a colgarse medallitas antes de que las distintas iniciativas sean aprobados en sesión plenaria.”
La Plana al Dia | Baix Maestrat | General | 13-04-2018
El Grupo Socialista de Alcalà y Alcossebre denuncia la falta de lealtad institucional del alcalde Francisco Juan
El portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en Alcalà de Xivert y Alcossebre, Joan Ronchera, denuncia la falta de lealtad institucional del alcalde del PP, Francisco Juan, que anuncia en los medios de comunicación la ejecución de proyectos antes de su aprobación en el pleno. Un déficit de cultura democrática del primer edil “que nos parece especialmente grave cuando incluye entre sus anuncios la realización de proyectos propuestos por la oposición, a raíz de consultar con los vecinos y colectivos, que Juan vende como propios sin que experimente el más mínimos rubor.”
Ronchera se refiere a lo que ocurrió en el último pleno que se celebró el pasado miércoles en sesión extraordinaria, en el que se aprobaron inversiones por valor de 300.000 euros que se van a financiar con el remanente municipal.
Una situación a la que se ha llegado “por el mal uso que el Partido Popular hace de la mayoría absoluta, que sistemáticamente utiliza a modo de rodillo para aplastar a la oposición.”
El portavoz del GMS recuerda que es el pleno municipal el que tiene la potestad para aprobar los proyectos del Ayuntamiento y que, por lo tanto, “el alcalde no debería salir a los medios a colgarse medallitas antes de que las distintas iniciativas sean aprobados en sesión plenaria.”
Baix Maestrat La Plana al Dia | Baix Maestrat | General | 13-04-2018 El Grupo Socialista de Alcalà y Alcossebre denuncia la falta de lealtad institucional del alcalde Francisco Juan El portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en Alcalà de Xivert y Alcossebre, Joan Ronchera, denuncia la falta de lealtad institucional del alcalde del PP, Francisco Juan, que anuncia en los medios de comunicación la ejecución de proyectos antes de su aprobación en el pleno. Un déficit de cultura democrática del primer edil “que nos parece especialmente grave cuando incluye entre sus anuncios la realización de proyectos propuestos por la oposición, a raíz de consultar con los vecinos y colectivos, que Juan vende como propios sin que experimente el más mínimos rubor.” Ronchera se refiere a lo que ocurrió en el último pleno que se celebró el pasado miércoles en sesión extraordinaria, en el que se aprobaron inversiones por valor de 300.000 euros que se van a financiar con el remanente municipal. Una situación a la que se ha llegado “por el mal uso que el Partido Popular hace de la mayoría absoluta, que sistemáticamente utiliza a modo de rodillo para aplastar a la oposición.” El portavoz del GMS recuerda que es el pleno municipal el que tiene la potestad para aprobar los proyectos del Ayuntamiento y que, por lo tanto, “el alcalde no debería salir a los medios a colgarse medallitas antes de que las distintas iniciativas sean aprobados en sesión plenaria.”
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