divendres, 15 de desembre del 2017

La Guàrdia Civil auxilia un ancià postrat al seu llit a Tírig


Agente de la Guardia Civil.
CASTELLÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha auxiliado a un varón de edad avanzada en un domicilio de la localidad de Tírig (Castellón) que se encontraba postrado en su cama desde el sábado, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La actuación se inició a raíz de un aviso por parte del 062 de la Guardia Civil de Castellón donde el alcalde de la población informaba de que una persona de avanzada edad se podía encontrar en su vivienda malherida o fallecida, pues los vecinos llevaban más de dos días sin verla. EL anciano vivía solo y hacía unos meses ya había sufrido un desvanecimiento grave en una finca. Inmediatamente se desplazaron al lugar agentes de la Guardia Civil de Morella, en unión del alcalde y, tras tocar insistentemente en el domicilio y no obtener respuesta, los efectivos forzaron la puerta para acceder al interior. Una vez dentro, y tras recorrer las diferentes dependencias, el anciano fue localizado en la primera planta, postrado sobre su cama de forma perpendicular, en posición de cúbito supino. El hombre llevaba postrado desde el sábado tras haber sufrido una merma en sus extremidades inferiores que le imposibilitaba incorporarse y levantarse del lecho.
El anciano fue trasladado en una ambulancia al Hospital Comarcal de Vinaròs, donde quedó ingresado. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Morella.
Ver mas en http://www.20minutos.es/noticia/3210466/0/guardia-civil-auxilia-anciano-postrado-su-cama-desde-sabado-tirig/

Gallardón es defensa del primer "pelotasso" del Canal d´Isabel II a punt de que Fiscalia decideixe sobre la seva imputació

Alberto Ruiz Gallardón, durante una visita que realizó en 2002 para inaugurar el laboratorio de análisis del agua del Canal de Isabel II en Madrid.
Alberto Ruiz Gallardón, durante una visita que realizó en 2002 al Canal de Isabel II en Madrid. EFE
Corrupción y fraude
El expresidente madrileño acude a declarar a la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid por las revelaciones del caso Lezo
La fiscal Ana Cuenca ultima sus conclusiones sobre el papel de Ruiz-Gallardón en la compra desorbitada de una empresa de aguas en Colombia en 2001

Pedro Águeda  
14/12/2017 - 21:22h
Alberto Ruiz-Gallardón rompe su silencio este viernes para defenderse de las acusaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sobre su presunto papel en la corrupción de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. El expresidente de la Comunidad de Madrid comparece ante la comisión sobre corrupción del parlamento autonómico mientras la nueva fiscal del caso Lezo, Ana Cuenca, ultima sus conclusiones sobre el papel jugado por Alberto Ruiz-Gallardón en la expansión por Latinoamérica de la empresa de agua pública madrileña al comprar una filial en Colombia en 2001.
La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace sospechar a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del "supuesto desvío de fondos públicos" abunda que se utilizara una sociedad radicada en un "paraíso fiscal", según los términos utilizados por Anticorrupción en la querella que dio origen al caso Lezo.
El expresidente madrileño negó el pasado noviembre, en una entrevista a El Mundo, las acusaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de la Fiscalía Anticorrupción y de las unidades adscritas a ésta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Tributaria (AEAT). El 27 de mayo anterior,  eldiario.es había revelado que la Audiencia Nacional investigaba el patrimonio del político ya retirado de acuerdo a los indicios presentados al juez Eloy Velasco por los organismos antes citados.

La comparecencia de Gallardón se produce en un momento clave para la causa judicial. A principios del pasado mes de noviembre, el fiscal Carlos Yáñez decidió regresar a su plaza en Granada y dejar Anticorrupción. Días después cambió de opinión, solicitó continuar y presentó un informe de 106 páginas al jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón. En él exponía conclusiones sobre la investigación y proponía, entre otras medidas, solicitar al juez que se citara a declarar a Gallardón en calidad de investigado, la actual denominación para los imputados.
Firmada ya la baja voluntaria de Yáñez por el fiscal general del Estado José Manuel Maza, Luzón decidió que fuera la elegida como sustituta en el caso quien se pronunciara sobre las diligencias pendientes. La fiscal Cuenca comenzó a estudiar la causa completa y, según fuentes jurídicas, está previsto que en los próximos días traslade al fiscal jefe con sus conclusiones sobre si debe pedirse la citación de Gallardón o su posición sobre la posible implicación de Esperanza Aguirre en el pelotazo del campo de golf del Canal y si ésta estuviera o no prescrita.
El 28 de noviembre de 2016, a punto de cumplirse quince años del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la compra de Inassa, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez una resolución que interrumpiera el plazo de prescripción de los posibles delitos. Los destinatarios eran Ruiz-Gallardón y el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y el de Canal Extensia e Inassa, así como "aquellas autoridades o funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, informaron o auditaron la operación sin reparo alguno".
De este modo, Anticorrupción se reservaba la posibilidad de solicitar la imputación de Gallardón y otros miembros de su equipo de Gobierno cuando los tiempos de la instrucción lo aconsejen. 
La Fiscalía cree que Ignacio González, el principal objetivo de la Operación Lezo, selló un "pacto de silencio" con Gallardón. Los investigadores creen que González reprodujo en 2013 el pelotazo del Canal en Colombia en 2001 con una empresa brasileña. 

Cifuentes entrega la documentación

Ruiz-Gallardón aceptó declarar ante la comisión de corrupción de la Asamblea, siempre que la Comunidad de Madrid le facilitara la documentación sobre los acuerdos adoptados en su momento para la compra de Inassa. Fuentes del Ejecutivo autonómico confirmaron este jueves a eldiario.es que la documentación se le ha remitido completa al expresidente madrileño.
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.
La compra de las acciones de Inassa a través de una sociedad radicada en Panamá se acordó “a solicitud” del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja; “a propuesta” del Consejero de Hacienda, Juan Bravo; y previa “deliberación” del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las firmas estampadas son del consejero de Hacienda y del presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el informe de la Guardia Civil de abril de 2016. Mayor Oreja afirma que él ya no era consejero cuando se aprobó la compra de Inassa, al haber sido sustituido por Pedro Calvo. 
Este lunes, precederán a Gallardón en su declaración el exconsejero Bravo; el antiguo gerente del Canal Pedro Calvo y Francisco Olmos, quien fuera representante de Agbar en Inassa. Este último abrirá las comparecencias a las 9 de la mañana. 

Con un paraíso fiscal

Los investigadores sospechan de la elección de Panamá como país para la operación de compra. “El uso instrumental de sociedades erradicadas (sic) en un paraíso fiscal sólo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”, afirma la querella de Anticorrupción.
Una parte importante de la Operación Lezo se apoya en las conversaciones intervenidas a los principales imputados. En ellas también se habla del pelotazo en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. El 21 de julio de 2016, agentes de la UCO se sentaron cerca del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino en la cafetería del hotel Villamagna. Frente al presunto testaferro de Ignacio González, fotografiaron a un hombre en silla de ruedas, el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. En el encuentro, Rodríguez Sobrino se ofreció a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.
"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao" (…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10".
Otro de los indicios contra Gallardón fue obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.
En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. "Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", relata González.

Un altre cas aïllat: La Fiscalia rastreja fins a 17 milions de la caixa B del PP d'Aguirre

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que no está imputada, tenía a su nombre la cuenta bancaria de la Fundación Fundescam, que según el ministerio público podría haber financiado de forma irregular al PP madrileño

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre EFE

CASO PÚNICA
La Audiencia Nacional condena a Granados a dos años de cárcel por el 'chivatazo' de la Púnica
En concreto, las citadas fuentes relatan a este diario que el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, considerado por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como el cabecilla de la trama ‘Púnica’, alardeó en privado de que la formación de Aguirre había utilizado hasta 11 millones de euros en negro en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007, y otros 6 millones de euros en 2011.

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007.

En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo legalmente gastado.


Hasta el momento, la presunta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre se investiga en dos procedimientos distintos: en la ‘Púnica’ y en ‘Lezo'. En el primero se analiza el periodo de Francisco Granados como secretario general, mientras que en el segundo las pesquisas se centran en el papel de Ignacio González al frente de la formación.

En ambas piezas separadas está imputado el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, condenado ya a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas ‘black‘ de Caja Madrid. Entre los investigados en estos procedimientos están tanto Ignacio González como Francisco Granados, pero no Esperanza Aguirre.

Aguirre y Gallardón
El fiscal Carlos Iáñez, el responsable de la investigación del ‘caso Lezo’ hasta hace unos meses, dejó un escrito en el que pedía la imputación de la exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón, según adelantó LaSexta. Sin embargo, el nuevo jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón mantiene retenida esta petición, a la espera de que los nuevos fiscales del caso tomen una decisión al respecto.

Vozpópuli ha tenido acceso a un informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, enviado al juez García-Castellón el pasado 30 de octubre, en el que los agentes advierten del “enmascaramiento de gastos electorales del PP en las elecciones autonómicas de 2011”.

Los guardias, que apuntan a un “extraña” intermediación entre varias empresas en una adjudicación de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid por un importe de 122.787 euros, indican de forma textual en su informe: “El Laboratorio de Almagro 36 SL participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del mencionado contrato público, y llegó a percibir el 60% de los beneficios del mismo, y habría abonado una importante cantidad de dinero de los presupuestos del contrato a la misma empresa que en ese momento estaba realizando la campaña electoral para el Partido Popular: Central de Producers SL”.

Pero los posibles problemas de Esperanza Aguirre con la justicia no acaban con el posible dinero negro gastado en las campañas electorales, ya que la expresidenta de la Comunidad de Madrid figuraba como autorizada de la cuenta corriente de Fundescam, la fundación con la que se financió el PP de Madrid, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 1 de marzo.

Elecciones de 2007
En concreto, los agentes ya han constatado que la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) abonó facturas al PP madrileño por un importe de 96.300 euros para las elecciones autonómicas de 2007.
Foto de una reunión de Fundescam en el año 2002.

Foto de una reunión de Fundescam en el año 2002.
Y por ello, las fiscales Anticorrupción del ‘caso Púnica’ aluden a Esperanza Aguirre como una de las personas que habrían integrado la "red de decisión” que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales y autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipales y autonómicas), que se acercaron a los 5 millones de euros.

La Fiscalía también hapuesto la lupa en las actividades de otra fundación presidida por Esperanza Aguirre, y pretendedescubrir si “e PP utilizó también para abonar gastos de campaña de forma subrepticia a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad a la vista de las importantes cantidades recibidas por dicha fundación de la citada entidad financiera Caja Madrid".

Ernest Blanch aposta pel continuisme i manté a Ana Belén Edo Gil com la seva segona

Resultado de imagen de ana edo ernest blanch pspv

El líder provincial del PSPV de Castelló pergeña una ejecutiva con seis vicesecretarías, una específica para la agrupación de la capital de La Plana

15.12.2017 | 11:44
El líder provincial del PSPV de Castelló, Ernest Blanch, ha apostado por Ana Edo, secretaria de organización de la ejecutiva saliente en los últimos seis años, como número dos de la ejecutiva provincial que está pergeñando de cara al inminente congreso provincial, que se celebrará este sábado en Almenara.
Fuentes próximas al secretario general provincial han confirmado que la designación de Edo como número dos de la futura dirección provincial del partido es un reflejo de la apuesta de Blanch «por las mujeres» y una manera «de premiar» el trabajo de Edo en los últimos seis años, como secretaria de organización.
Ana Edo, según esas mismas fuentes, será la responsable de la vicesecretaría primera de acción Política y Territorio. A esta primera vicesecretaría estará vinculada la secretaría de organización, que recaerá en la persona de Estíbaliz Pérez, alcaldesa de Almenara, que de esta forma pasará a ocupar el número 3 en el escalafón de la nueva cúpula provincial del de los socialistas.
La propuesta de la ejecutiva que presentará Blanch a los delegados del congreso de Almenara incluye también como novedad la creación de otras cinco vicesecretarias, una por cada comarca, y una específica para la Agrupación Local del PSPV en la capital de la Plana.
Blanch mantenía a últimas horas de la noche de ayer conversaciones con los distintos sectores del partido, y de manera especial con los afines a los candidatos derrotados en las Primarias del pasado mes de noviembre, José Benlloch, alcalde de Vila-real, y el exsenador Pep Lluís Grau, líder del colectivo ´Militantes en pie´, posicionado en favor del actual líder federal del PSOE, Pedro Sánchez. El esfuerzo de Blanch por conformar una ejecutiva de integración y cosechar así un mayor apoyo en el cónclave de Almenara se está centrando en la Agrupación Local de la ciudad de Castellón.
El secretario general intenta primero lograr la incorporación a la ejecutiva en primera persona del exsenador Grau. Este ha señalado que aún no tiene tomada una decisión final, que dependerá de la oferta que ponga sobre la mesa Ernest Blanch. Ambos celebraron a últimas horas de la noche de ayer una reunión con el fin de sellar un acuerdo definitivo.
Otro fleco, y no de menor calado, es cómo Ernest Blanch incorporará en la nueva dirección a Germán Renau, rival de Amparo Marco en las Primarias del PSPV para la alcaldía de la ciudad de Castelló. Sobre este extremo, Blanch se ha limitado a confirmar que Renau estará en su ejecutiva, pero no ha desvelado cuál sera su función.

Normes de Castelló

La imagen puede contener: texto

Què són les Normes de Castelló?

Les Normes de Castelló i la seua transcendència social

D’ençà de la Renaixença, la societat valenciana –en sintonia amb el conjunt de la catalanitat– experimentava la necessitat de disposar del registre codificat de la llengua. La solució no podia ser cap més que abraçar la normativització que conduïa l’Institut d’Estudis Catalans, la qual, així que fou promulgada (1913), havia estat assumida per elements de la Joventut Valencianista així com, uns anys més tard, per la Sociedad Castellonenca de Cultura. Definitivament, la fita de la normativització era assolida pel País Valencià, a través dels escriptors i les entitats que es mostraren sensibles a la funció social de la llengua del país, mitjançant el document signat a Castelló de la Plana, el 21 de desembre de 1932, el qual hem convingut a identificar amb la denominació de Normes de Castelló.
En la seua dimensió material, les Normes de Castelló no són sinó un document més aviat breu i modest, fins i tot no exempt d’algunes imperfeccions (al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura apareixia precedit per una declaració introductòria), integrat per trenta-quatre «bases ortogràfiques unificadores», al qual fou annexat el Vocabulari ortogràfic valencià (1933), de Carles Salvador. Com és sabut, aquestes regles ortogràfiques eren una adaptació, redactada pel professor Lluís Revest, de les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans, tal com foren publicades a l’«Exposició de l’ortografia catalana», que encapçalava el Diccionari ortogràfic, de 1917. Recordem, així mateix, que el Vocabulari ortogràfic abreujat (1926), de Pompeu Fabra, era adaptat per Carles Salvador en el seu Vocabulari, el qual estava constituït per unes 6.000 entrades, que incloïen uns pocs valencianismes, entre veus del lèxic general i de toponímia. Efectivament, la figura de Pompeu Fabra i l’impacte social que havia començat a produir la seua obra de modernització de la llengua es projectava també damunt els cercles del valencianisme.
Paga la pena de remarcar que als promotors de la codificació acordada a Castelló de la Plana no els feia el pes el terme de «normes» per etiquetar la seua obra normativitzadora, en lloc del qual hi van optar, de manera conscient, pel recurs a l’expressió «bases ortogràfiques unificadores». Segurament, el terme «bases» afavoria la interpretació de les regles ortogràfiques en un cert sentit de concòrdia, o pacte provisional; de tota manera, la tal provisionalitat també incloïa –si més no, entre els grans valedors d’aquesta codificació– la decisió que la denominació de «normes ortogràfiques» tan sols esqueia a les sancionades per l’Institut d’Estudis Catalans, respecte de les quals les acordades a Castelló –tal com hi insistia el professor Manuel Sanchis Guarner, un dels seus signataris– no eren sinó «una adaptació, amb lleus retocs, de les de l’Institut d’Estudis Catalans». En qualsevol cas, les Normes de Castelló constitueixen una proclamació rotunda de catalanitat de la llengua nacional dels valencians, no solament per la literalitat dels seus continguts sinó també pels objectius explícits que les van guiar. I ací n’hi haurà prou amb la referència a l’autoritat de Salvador Guinot, l’eximi president de la Societat Castellonenca de Cultura, l’entitat que va protagonitzar l’etapa definitiva de la normativització valenciana: «Creiem que res més pràctic i beneficiós pot ésser que acceptar les “Normes” de l’Institut (d’Estudis Catalans)».
Són remarcables els efluvis d’entusiasme i d’esperança amb què van reaccionar els cercles valencianistes davant l’aprovació de les Normes. Gaetà Huguet, per exemple, presentava l’esdeveniment –sens dubte, històric, potser un dels més transcendents del primer terç del segle XX valencià– com a l’impuls que hauria de dur a unir les organitzacions polítiques per aconseguir l’Estatut d’autonomia.
Ben mirat, fou mitjançant l’eina de la codificació lingüística que el català dels valencians va poder fer la travessia del franquisme sense caure en un procés de degradació interna, de patuesització, que segurament hauria estat irreversible. Fou gràcies a la reforma fabriana que entràrem en la modernitat –tal com proclamava Joan Fuster a Prada, l’any 1963– i, en última instància, sense la fortuna de les Normes de Castelló avui no hauria estat possible el nivell admirable de producció lingüística que genera la societat valenciana en tots els àmbits de la comunicació, de la recerca, de la creativitat (literari, científic o acadèmic) i de la convivència diària.

Les Normes de Castelló, al focus de l’actualitat

Definitivament, la normativització de la llengua dels valencians és una realitat admirable i consolidada. Tanmateix no deixa d’ésser vulnerable, a causa, com és natural, de la feblesa dels vincles i dispositius polítics que entrebranquen l’avanç d’aquesta societat. Ací i allà assistim a iniciatives i episodis, generats per sectors socials i, més greu encara, per institucions oficials, que actuen en la direcció contrària als passos que ha fet la societat valenciana en el camí de l’estandardització lingüística. Ben mirat, costa de comprendre –i, per suposat, no admeten justificació possible– els intents per fer recular la situació actual de la llengua dels valencians a estadis d’uns quants decennis enrere, els quals semblaven superats, un panorama social en la regeneració del qual s’havien deixat generosament la suor i la sang valencians de la talla de Gaetà Huguet, Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Enric Valor, Francesc Ferrer Pastor, Josep Bausset i tants d’altres.
Si hom renuncia al llegat d’aquests valencians insubornables, si hom perd l’horitzó de les fronteres de la llengua –i, pitjor encara, si hom no és capaç de situar la pròpia comunitat lingüística dins el mapa global– aleshores hi ha el risc d’abraçar-se, com a contrapartida, a mites particularistes tals com el de la «identitat exclusiva» o de la «genuïnitat» idiomàtica, els quals sovint deriven en la mitificació de fòssils pintorescos i de peculiaritats pseudofolklòriques. Òbviament, l’alternativa del particularisme no admet cap més sanció que la de provinciana, miop i involucionista. Potser una tal alternativa tan sols disposa d’una eixida final, la del secessionisme, la temptació de crear una llengua nova. I val a dir que, per desgràcia, disposem d’indicis que avisen de l’amenaça real d’una tal temptació.
Així doncs, ara mateix resulta ben òbvia i legítima la justificació de l’oportunitat, i fins i tot la necessitat, que tenim d’exposar les Normes de Castelló a una reflexió pública i constant, això és, de mantenir-les vives, de commemorar-les i vindicar-les. En aquesta direcció, la qüestió de les Normes ha estat capaç de generar un seguit d’iniciatives que cobreixen en termes força satisfactoris l’ampli espectre del camp cultural, iniciatives que s’han anat estenent arreu de l’extensa geografia valenciana. No sols això; l’interès per les Normes de Castelló ha desbordat l’àmbit estricte de la cultura i s’ha fet present als carrers, a través d’unes formes d’expressió de to obertament polític, tot contribuint a mantenir activat el debat social al voltant de la normativització. Al capdavall, superen amb escreix els seus factors d’ordre cultural i avui podem afirmar que han acumulat una densa càrrega d’elements simbòlics i de valors i interessos civils. Han esdevingut, en definitiva, un element clau del valencianisme contemporani. Certament, les Normes de Castelló han assolit una projecció social desconeguda fins ara.
Vicent Pitarch, filòleg i sociolingüista.

Avui tampoc plourà



Carrer Castello 25 ILESCOVE2

https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ILESCOVE2#history
17.5 ° C
Sensación térmica 17.5 ° C

7.2

km/h
Viento desde W 
Gusts 20.4 km/h

Que ha de fer un polígon per merèixer ser-ho i pagar els deutes? URBANITZAR i vendre o llogar parcel·les, com el de Sagunt

Tres noves empreses han adquirit parcel·les al complex empresarial.. DIARI LA VEU

Tres noves empreses han adquirit parcel·les al complex empresarial. © DIARI LA VEU
La venda i el lloguer de parcel·les al Parc Sagunt permeten liquidar els deutes del complex empresarial

L'entitat devia 12 milions d'euros, dels quals 6 corresponien a la Generalitat i altres 6, al SEPI

Dijous, 14 de desembre de 2017 18:15h
Redacció / València

El complex empresarial Parc Sagunt ha amortitzat tots els préstecs amb els seus socis en liquidar el deute de 12 milions que tenia pendent, dels quals 6 milions corresponien a la Generalitat i altres 6, a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), organisme públic dependent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. D'aquesta forma, Parc Sagunt inicia ara una nova fase de consolidació de l'activitat i de reforçament del seu paper com a palanca del creixement econòmic al País Valencià.

Segons ha explicat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, "la clau per a posar a zero el comptador del deute de Parc Sagunt radica en els diners que han entrat en la societat en els últims mesos, provinents de la venda i lloguer de parcel·les, la qual cosa ha permés a la societat sanejar els seus comptes i deixar de pagar, a més, els costos financers associats a aquest deute".

Precisament aquest dijous el Consell d'Administració de Parc Sagunt ha adjudicat la venda d'una nova parcel·la a l'empresa Fustes Castillo per un import d'1,5 milions d'euros. Així mateix, l'empresa CrownPackaging Manufacturings, SLU, dedicada a la fabricació d'envasos i embalatges, ha exercit la seua opció a compra d'una altra parcel·la que estava en dret de superfície per 4,97 milions, mentre que Inmoarnedo ha fet el mateix amb la parcel·la I1-7.2 per un valor de 2,81 milions.

Mira ha assenyalat que, "durant anys, Parc Sagunt ha sigut un pou sense fons en el qual es van enterrar milions d'euros per la mala gestió de l'anterior executiu, però ara hem aconseguit rellançar el projecte i a més convertir-ho en una àrea industrial i logística referent a Europa, que ha començat ja a generar beneficis per a la societat valenciana". Per a la secretària autonòmica, "el desig del Consell és donar suport a tota actuació que espente la Comunitat Valenciana cap a la millora de la competitivitat i l'especialització del nostre teixit productiu, i Parc Sagunt constitueix la millor mostra d'açò".

El projecte "que ens vam trobar la vora de la fallida", explica Mira,"s'ha convertit en una fita empresarial i està cridat a ser un dels grans centres logístics, donada la seua posició privilegiada al centre de l'Arc Mediterrani".
https://www.diarilaveu.com/noticia/78504/parc-sagunt-liquida-deute

TAL DIA COM AVUI


2001.- Comença la distribució pública dels euros. Les entitats bancàries d'arreu l'Estat posen a disposició de tots els ciutadans les primeres monedes mitjançant una bosseta coneguda com a "euromoneder" que conté 43 peces en què s'inclouen tots els valors emesos i que equival a 2.000 pessetes.
https://www.diarilaveu.com/

ARA ICETA

La imagen puede contener: una persona, gafas y texto

Un altre cas aïllat:L'Audiència confirma la imputació de Rafael Blasco pel tripijoc de set contractes informàtics


POR UN IMPORTE DE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

Valencia Plaza


 El exconseller Rafael Blasco tras salir de su declaración. Foto: BIEL ALIÑO / EFE
14/12/2017 -
VALÈNCIA (EFE). La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado los recursos presentados por el exconseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, y ha confirmado su imputación por el supuesto amaño de contratos informáticos.

Este asunto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se investiga en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en el marco de la quinta pieza separada del caso Cooperación, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de dicha Conselleria

En la causa, abierta por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se investiga el amaño de contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni, empresario que se encuentra en prisión, junto al exconseller Blasco, tras ser condenado por el desvío de las ayudas públicas destinadas a cooperación internacional.

Además de Blasco y Llinares, en esta pieza separada figuran como investigados la exsecretaria de la Conselleria, Tina Sanjuan, el empresario Augusto Tauroni y otras tres personas: el jefe de área de informática, un comercial de Fujitsu y un empleado de Tauroni.

Según consta en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.

Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
http://www.valenciaplaza.com/la-audiencia-confirma-la-imputacion-de-rafael-blasco-por-el-amano-de-siete-contratos-informaticos

Fracàs del PP en el seu intent de castigar, retallant-les ajudes, a la PATRONAL i als sindicats per la seua manifestació a favor del finançament just

Fracaso del PP en su intento de castigar a los organizadores de la protesta a favor de la financiación
Manifestación a favor de la financiación
Fracaso del PP en su intento de castigar a los organizadores de la protesta a favor de la financiación
Veto de la izquierda en la segunda jornada del debate de presupuestos a la enmienda de Bonig para recortar ayudas a la patronal y los sindicatos por la manifestación

15.12.2017 | 01:17

El intento del PP de castigar a los organizadores de la manifestación celebrada en València por una financiación justa para la Comunidad Valenciana ha quedado en saco roto. La comisión de Economía de las Cortes Valencianes rechazó ayer las dos enmiendas presentadas por el PP a los presupuestos de la Generalitat para 2018 en las que pedía retirar 900.000 euros de los tres millones de euros de subvenciones nominales directas a la patronal autonómica CEV y a CCOO y UGT. Mientras que el PP se quedó solo en su intento de mermar las ayudas a la patronal, en el caso de la enmienda para el recorte a los sindicatos sumó el apoyo de Cs y de los no adscritos.

El grupo parlamentario popular pedía detraer 300.000 euros de los 2,4 millones de euros del programa sobre condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales que reciben la patronal valenciana y los dos sindicatos, y que esta cantidad fuera asignada por concurrencia abierta y competitiva para todas las entidades sindicales y empresariales de la Comunidad.


El diputado popular Vicente Casanova defendió que estas enmiendas no pretendían disminuir «ni un euro» ni a los sindicatos ni a la patronal autonómica, sino «aumentar ligeramente las ayudas por concurrencia disminuyendo las directas», al tiempo que le afeó al PSPV y Compromís que respaldaran la propuesta de Podemos de reducir 110.000 euros la ayuda a la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec).

Esto ocurría ayer en la comisión de Economía 24 horas después de que se rechazaran las enmiendas para recortar las ayudas a la aerolínea Air Nostrum, que mantendrá la subvención de tres millones de euros que recoge el proyecto de ley de presupuestos. Podemos quería quitar la línea directa de tres millones a la compañía con el objetivo de destinar esa cuantía a programas para reducir la brecha digital, mientras el PP reclamaba que fuera a ONG's y al Banco de alimentos. Sin embargo, para 2018 se mantendrá la inyección económica al haber sido rechazadas esas enmiendas en las que el PP y Cs volvían a hacer pinza contra las ayudas a Air Nostrum tras haber conseguido tirar para atrás el aumento de sueldos para los funcionarios con altos cargos en la Generalitat.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en unas declaraciones recogidas por EFE, quitó hierro ayer a la pinza formada entre Podemos y PP. De pasada y con un simple «no significa nada», el jefe del Consell achacó a «la dialéctica democrática» la alianza entre estas formaciones, unas declaraciones con las que buscó salvar la imagen del Pacto del Botànic.

Los presupuestos de la Generalitat no incluirán la subida de sueldos de altos cargos, una propuesta del Consell bloqueada por Podemos en su intento de hacerse valer y que fue respaldada junto a los partidos de la derecha. Un rechazo que por cierto Puig dijo «no entender» porque «nadie entiende que uno cobre menos con más responsabilidad». El jefe del Consell aprovechó para destacar que tiene socios preferentes: los diputados de Podemos, lo que evidencia que el apoyo de los «ex» de Cs capitaneados por Alexis Marí está en la recámara. Indicó que el Consell está «en disposición de acordar con el conjunto de fuerzas parlamentarias y especialmente con Podemos que es nuestro socio parlamentario preferente y fundamental».
http://www.diarioinformacion.com/politica/2017/12/15/fracaso-pp-castigar-organizadores-protesta/1968285.html

Cs i PP batallen per vore qui és més del PP



PP y Cs, a la greña con el adocrinamiento

HÈCTOR SANJUAN Valencia

15 DIC. 2017 07:24

Antonio Clemente, saludado por Mariano Rajoy en el Senado. SERGIO RODRIGUEZ


Ciudadanos se abstiene de la propuesta de los populares en el Senado para a reforzar la Alta Inspección
PP y Ciudadanos coinciden en señalar el problema pero no la forma en cómo combatirlo
PP y Ciudadanos no se ponen de acuerdo a la hora de combatir lo que ellos consideran un adoctrinamiento en las aulas españolas. Ya en el Congreso, las dos formaciones, que coinciden en señalar el problema pero no la forma en cómo combatirlo, mostraron sus desavenencias en un encendido debate protagonizado por los diputados valencianos Toni Cantó (Cs) y Elena Bastidas (PP).El pasado miércoles en el pleno de Senado estas diferencias volvieron a salir a la luz. Los populares presentaron una moción que pedía que «en aquellos casos en los que la inspección educativa autonómica no actúe conforme a las funciones que tiene atribuidas» se «refuercen y amplíen las competencias de la Alta Inspección educativa, de tal manera que disponga de mecanismo para velar ágil y rápidamente por que los centros educativos desarrollen sus actividades con sujeción a los principios constitucionales».

El texto fue enmendado por Ciudadanos. En el debate, el valenciano Luis Crisol defendió la necesidad de crear una agencia independiente, que no dependa de lo que inste el Gobierno de turno, que sea imparcial y que sus informes sean públicos. «Nos hemos abstenido porque el PP no ha admitido nuestra enmienda, que pretendía subsanar los graves defectos técnicos de su moción. La Alta Inspección educativa ya tiene las atribuciones precisas para actuar, y lo que hay que hacer es activarlas», explicaron desde la formación morada. El PP alegó que Ciudadanos presentó mal sus enmiendas al agrupar sus cinco peticiones en una sola. De haberlo hecho por separado, explicó el senador del PP, hubieran rechazado las tres primeras por estar ya recogidas en su texto y hubieran incluido otras dos con algunos pequeños retoques de redacción».Horas después del debate, el portavoz del grupo territorial de la Comunidad en el Senado, Antonio Clemente, aseguró que en tema de adoctrinamiento hay que ser «firmes y contundentes, sin bandazos» y «no se pueden tener un discurso diferente dependiendo la cámara o los interlocutores a los que te dirijas». Clemente censuró así a la «sonada abstención» protagonizada por Ciudadanos y al rechazo de PSPV y Compromís a la iniciativa del PP. Por su parte, Cs acusó a los populares de querer «liberar al Gobierno de la responsabilidad que la ley le atribuye para crear una nueva responsabilidad que atribuir al parlamento».
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/15/5a32da2422601d43468b460a.html

El nou PSPV busca donar poder en l'executiva a capital i comarques




    CUENTA ATRÁS PARA EL CONGRESO PROVINCIAL
Resultado de imagen de pspv psoe castellon
Benlloch ve más cerca un acuerdo de integración, pero no «a cualquier precio»


   
J. ABAD // M. AMORIZA
15/12/2017
Con las negociaciones para lograr una propuesta que alcance el mayor consenso posible en el congreso provincial de mañana, sábado, como telón de fondo, los socialistas del equipo de Ernest Blanch, el secretario provincial elegido en las primarias, baraja para la ejecutiva un núcleo duro formado por seis vicesecretarías, de las que cinco se corresponderían a las comarcas castellonenses y una sexta con la capital.

De las cinco primeras, la de la Plana Baixa la ocuparía Ángel Badenas, pese a que su acuerdo inicial al sumarse a la candidatura de Blanch y retirarse de la carrera antes de las primarias era para ocupar una vicesecretaría única.
PUBLICIDAD

inRead invented by Teads


En cuanto a la reservada a la ciudad de Castellón, el puesto sería para Germán Renau, quien respaldó al nuevo secretario general a cambio, precisamente, de ostentar el liderazgo capitalino en la ejecutiva provincial.

Esta amplia estructura de primer nivel, que doblaría a la vigente hasta ahora, proporcionaría mayor protagonismo a los territorios, pero estrecharía, sin embargo, el margen de maniobra para la integración de miembros de las candidaturas de José Benlloch y de Josep Lluís Grau, en el ámbito de gestión al que aspiran, señalan fuentes socialistas.

En la cuenta atrás para el cónclave de Almenara, durante la jornada de este jueves continuaron adelante las conversaciones del líder electo, Ernest Blanch, con el resto de sensibilidades, rondas que se completaron con una reunión por la noche con Grau, quien confirmó que la plataforma que representa tiene voluntad de llegar a acuerdos.

En cuanto a Benlloch, los contactos han sido «constantes», según confirmó el también alcalde de Vila-real, quien valoró tras hablar con Blanch ayer que «las posturas se acercan muchísimo en este momento», aunque matizó que están «encallados» en lo que se refiere a la integración de personas de su equipo en el núcleo duro de la ejecutiva.

José Benlloch, quien ha sido elegido por los delegados de su equipo para llevar personalmente las negociaciones cara al congreso, explicó que han propuesto que esta sensibilidad cuente con el 30% de los miembros del comité provincial y uno de los tres puestos que se eligen mañana para el comité nacional, planteamiento sobre el que estimó que «no habrá ningún problema».

Agradeció de forma explícita a Blanch su «voluntad desde el principio de hablar» y su «disponibilidad», insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo para que el partido salga «más fuerte» de la cita congresual, pero matizó también que su equipo no se integrará «a cualquier precio».

Benlloch, quien anunció más conversaciones para hoy, especificó que no aceptarán «solo vocalías», sino que buscan «una participación real, para trabajar, y que implique responsabilidades» .
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nuevo-pspv-busca-dar-poder-ejecutiva-capital-comarcas_1115065.html

Les Coves obre demà la seva nova sala d'exposicions

Resultado de imagen de museo tomás roures

15/12/2017
LES COVES DE VINROMÀ 3 El Ayuntamiento de les Coves de Vinromà ultima la apertura de la nueva sala de exposiciones de la población. Este espacio cultural se inaugurará mañana y mostrará la obra de los artistas locales con el fin de dotar al municipio de un punto de interés cultural y turístico orientado a poner en valor la creación artística. Entre las muestras, estará la colección permanente de Tomás Roures. RD

40 empreses de Catalunya es traslladen a Castelló però cap al NO URBANITZAT Polígon Font de Boira

Resultado de imagen de poligono mas de boira
DESDE OCTUBRE


   
N. MARTÍNEZ
15/12/2017
El Colegio de Registradores de la Comunitat ha detectado en su último balance que 40 empresas de Cataluña han cambiado su sede social a la provincia de Castellón, en apenas dos meses y medio.

De este modo, en el periodo analizado desde el referéndum del pasado 1 de octubre hasta el pasado miércoles, 13 de diciembre, la Comunitat ha recibido a 205 firmas catalanas. De ellas, la mayoría ha elegido para su nueva sede la provincia de Valencia (140). Le sigue en segunda posición la de Castellón, con 40; y la de Alicante, por último, con 25.



La fuga de negocios de Cataluña, que se ha disparado a raíz del contexto de inestabilidad política que vive la comunidad vecina, se ha saldado, hasta mediados de diciembre, con 3.004 mercantiles que han tomado la decisión de llevar su sede social fuera de este territorio y han seleccionado otros puntos del resto de España para establecerse.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/40-empresas-cataluna-trasladan-castellon_1115066.html

FRACKING A CASTELLÓ NORD:el Consell anuncia oficialment la renúncia de Montero Energy Corporation, als permisos d'investigació denominats Aristóteles, Arquimedes i Pitágoras.

La imagen puede contener: texto
MEDIO AMBIENTE
Oficializan la renuncia a buscar hidrocarburos

 
REDACCIÓN CASTELLÓN
14/12/2017
La Plataforma Antifracking Comarques de Castelló celebra que el Consell haya anunciado oficialmente la renuncia del grupo Samca, propietario de Montero Energy Corporation, a los permisos de investigación denominados Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras.

Ya en julio se anunció que Montero Energy renunciaba a desarrollar los 3 proyectos de búsqueda de hidrocarburos que afectaban a 42 municipios del norte de la provincia de Castellón. Desde entonces, Montero Energy esperaba que se hiciera oficial la comunicación de renuncia.

No obstante, la Plataforma Antifracking ha denunciado la «pasividad del Gobierno de la Generalitat con esta problemática, ya que las resoluciones de aceptación y desestimiento y las declaraciones de los cierres de los expedientes fueron firmadas por el director general de Energía y Minas el 28 de agosto y no se han comunicado oficialmente hasta tres meses después».

La compañía ya renunció en noviembre del 2015 a sus planes exploratorios mediante el fracking y ahora en julio del 2017 ha descartado también la exploración a través de técnicas convencionales.

La plataforma considera que PSPV y Compromís ha desaprovechado la oportunidad de posicionarse claramente en contra de este tipo de exploraciones como anunciaban sus programas electorales y dar un golpe de efecto denegando estos proyectos de forma contundente y que se adoptaran medidas legales para impedir las explotaciones de hidrocarburos en la Comunitat.

L'estació de tren d'Alcalà de Xivert tornarà a obrir-se

Resultado de imagen de estacion alcala xivert


La estación de tren de Alcalà de Xivert volverá a abrirse tras 17 años de cierre
Las instalaciones se van a acondicionar por parte de la empresa y al ser una actuación mínima el plazo de apertura será inminente

Levante De Castelló Alcalà De Xivert 14.12.2017 | 22:46
Tras permanecer diecisiete años cerrada, la estación de tren de Alcalà de Xivert volverá a abrir, con el fin de prestar el servicio de sala de espera para los usuarios del tren. Las instalaciones, propiedad de Adif, se acondicionarán por parte de la empresa y, dado el buen estado en el que se han mantenido, requerirán únicamente de limpieza y pintura. Por parte del ayuntamiento, se ha solicitado reiteradamente a Adif y Renfe –antigua propietaria- que pudieran abrirse las instalaciones, para garantizar la comodidad de los usuarios. Finalmente, tras una reunión mantenida en València el pasado noviembre con el subdirector general de estaciones, Juan Cano, se llegaba a un acuerdo con Adif para poder hacerlo posible en la menor brevedad de tiempo posible.

Durante la jornada de ayer visitaron las instalaciones el alcalde Francisco Juan y el concejal de Urbanismo, José Colom, acompañados por técnicos de Adif, para comprobar que tanto el vestíbulo como la sala y los servicios requieren una actuación mínima, que se realizará en unas semanas, por lo que el plazo de apertura será inminente. «Estamos muy satisfechos porque, tras muchas gestiones y reuniones, hemos conseguido que se vuelva a abrir la estación y que los vecinos puedan contar con este servicio», señaló el alcalde. Tras las peticiones realizadas por el ayuntamiento, también se realizarán labores de mantenimiento de la jardinería de la estación, por parte de Adif, así como de mejora y limpieza del paso subterráneo y de puesta en funcionamiento del ascensor que comunica los andenes. «Esperamos que, al igual que hemos resuelto la apertura de la estación, se vayan resolviendo el resto de problemáticas. Confiamos en que así será ya que nos hemos encontrado con una buena predisposición por parte de Adif», finalizó Francisco Juan.

El PSPV de València pressiona Puig per baixar la quota dels afiliats

Resultado de imagen de carnet pspv
Una de las enmiendas del congreso provincial pide un estudio para eliminar el plus por la deuda

Alfons Garcia | València 15.12.2017 | 04:15
El PSPV de València no quiere que los socialistas de la terreta sean los que más pagan de España por ser militantes. Sucede así porque en 2009, en tiempos de Jorge Alarte como secretario general, se aprobó un complemento de 2,5 euros al mes a la cuota estatala (cinco euros) para hacer frente a las deudas del partido por los costes de los procesos judiciales contra la corrupción del PP y por la hipoteca de la sede de la calle Blanqueries.

Hoy, los juicios están cerrados y el edificio central se acaba de vender a una empresa hotelera, así que la agrupación de Moncada ha presentado una enmienda al congreso de la provincia de València de mañana para que se aborde un estudio «con la intención última de dejar sin efecto y anular la parte de la cuota del militante procedente de la deuda histórica».

Como en el último congreso federal se acordó subir la cuota en toda España de 5 a seis euros, el último recibo girado a los militantes del PSPV es de 8,5 euros. Con la citada propuesta, que previsiblemente saldrá adelante, el PSPV de la provincia, liderado por la sanchista Mercedes Caballero, pedirá a Puig pagar como las otras federaciones: 72 euros al año, y no 102.

Otras enmiendas inciden en un debate histórico en el PSPV: potenciar la estructura comarcal sobre la provincial, impuesta por Ferraz para toda España. El congreso federal ya rechazó dar libertad a los valencianos para organizarse. La propuesta de la dirección provincial es abundar en la complementariedad de todas las estructuras. Dada la mayoría de Caballero, es la tesis que saldrá adelante.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/15/pspv-valencia-presiona-puig-bajar/1655002.html