dijous, 21 de març del 2019

¿Quién ganará el Senado?

Encuestas elecciones 2019



Así es nuestra predicción a partir de las encuestas
El PSOE rondaría los 146 senadores y es favorito para controlar la cámara. El sistema electoral premia al partido más votado de cada circunscripción

KIKO LLANERAS
BORJA ANDRINO
21 MAR 2019 - 09:13 CET
Encuestas elecciones 2019
El 28 de abril hay elecciones generales. Se elegirán a los 350 diputados del Congreso, pero también a 208 senadores. Lo tradicional es que nadie prestase mucha atención a lo que pasase con la Cámara alta, pero eso ha cambiado. El Senado ha pasado de parecer un cementerio de elefantes políticos a decidir asuntos claves en las últimas legislaturas: influye en los presupuestos y tiene el poder de activar el artículo 155.


La pregunta es quién va a controlarlo ahora. Según nuestro análisis de las encuestas, el resultado más probable es que el PSOE alcance la mayoría. Los socialistas rondarían los 146 senadores, sobre un total de 266, doce más de los imprescindibles. Ese margen da una ventaja clara a los socialistas, aunque no les asegura de momento la victoria. A continuación analizamos diferentes escenarios y explicamos en detalle la metodología de nuestra estimación.



Cómo se eligen los senadores
El Senado está formado por 266 senadores. Hay 58 que designan las comunidades autónomas y 208 que se eligen por sufragio. Los designados salen de cada cámara autonómica: ahora mismo el PP tiene 19 de esos senadores, el PSOE 18, Unidos Podemos 7, Ciudadanos 6 y el resto se reparten entre los partidos periféricos y Vox, que entró en la cámara tras las elecciones andaluzas. Los 208 restantes son los que se elegirán por votación el 28 de abril. Cada provincia peninsular escogerá cuatro senadores, Ceuta y Melilla escogerán dos cada una, las islas mayores —Mallorca, Gran Canaria y Tenerife— repartirán tres y las siete islas menores, uno.

Otra diferencia del voto al Senado es que cada persona puede marcar varios nombres. En las provincias peninsulares cada persona tiene tres votos. Y eso, que podría parecer trivial, introduce un gran sesgo mayoritario en la composición del Senado. Como mucha gente acaba dando todos sus votos a candidatos de un mismo partido, el reparto casi siempre acaba siendo un 3-1. El partido más votado se lleva tres senadores y el segundo uno. El resto de fuerzas, nada. En 2016, de las 47 provincias peninsulares, todas excepto Gipuzkoa se decantaron por un reparto 3-1.

Algo parecido ocurre en las tres islas mayores, que reparten tres senadores y permiten marcar dos nombres: suelen decantarse 2-1. En Ceuta, Melilla y el resto de las islas, donde se marcan tantos nombres como senadores se reparten, el partido más votado suele llevárselos todos.

Cómo predecir el Senado
Nuestra estimación del Senado se apoya en las encuestas del Congreso. Lo que hacemos, en esencia, es utilizar los resultados de 2016 para relacionar el voto nacional y los votos al Senado en cada provincia, asumiendo que todas las personas votan por candidatos de un solo partido. Los detalles de la metodología pueden leerse al final. Es un modelo sencillo, pero que en el pasado ha funcionado: si en 2016 hubiésemos acertado con exactitud el voto al Congreso a nivel nacional, nuestra predicción de senadores solo se hubiese desviado del reparto real en dos senadores.

Por supuesto, sabemos que las encuestas no suelen ser tan precisas y que a menudo el resultado electoral se desvía en varios puntos de lo pronosticado por los sondeos. Por eso es necesario explorar escenarios posibles. En el siguiente gráfico simulamos cinco casos distintos, haciendo variar los apoyos de la izquierda y la derecha. El escenario central asume que el resultado electoral es exactamente lo que dicen ahora las encuestas del Congreso. En esa situación el PSOE controlaría el Senado con 146 senadores, como dijimos al principio.
Encuestas elecciones generales
 Encuestas elecciones generales
¿Pero qué pasa si las encuestas se desvían? El PSOE tiene bastante ventaja, pero no la suficiente para que demos por seguro su control del Senado. Imaginemos que las encuestas vuelven a infraestimar el voto de la derecha, como pasó en Andalucía, y que la suma de PP, Ciudadanos y Vox mejora las encuestas en 2,5 puntos. En ese caso lo probable es que el PSOE no alcanzase la mayoría en solitario, aunque podría apoyarse en Podemos y Compromís. Si el resultado es todavía mejor para la derecha, que es poco probable pero no imposible, el Senado se quedaría sin una mayoría clara.

La otra clave para configurar el Senado serán los votos del PP. El sistema electoral de la cámara premia enormemente ser primero en una circunscripción: supone llevarte tres senadores casi seguro. El PSOE y el PP están peleando muchas provincias, que ahora mismo apuntan a una victoria socialista, pero si los populares resisten mejor de lo esperado frente a Vox, a nivel nacional o al menos en las provincias menos pobladas, de golpe pueden girarse muchos senadores.
Sondeos elecciones generales
 Sondeos elecciones generales
En el gráfico hemos simulado cinco escenarios con diferentes resultados para el PP. El PSOE mantendría el control del Senado aunque el PP subiese 2 o 3 puntos en las encuestas, que ahora le dan alrededor del 20% de votos. Pero si los populares frenan sus fugas hacía Vox y consiguen elevarse hasta el 25% de votos, los dos grandes partidos empatarían prácticamente: el PSOE rondaría los 115 senadores y el PP los 107. El Senado quedaría dividido y sin una mayoría clara.

Nuestra previsión del Senado irá cambiando en las próximas semanas, porque las encuestas pueden moverse y porque los partidos podrían intentar estrategias de coordinación de voto renunciando a presentarse en todas las provincias. Pero, además, hay que recordar que el Senado cambiará dos veces este año. La primera vez será el día 28 de abril, cuando se renueven los 208 senadores electos. La segunda será después de las elecciones autonómicas de mayo: ese día se renuevan una docena de parlamentos autonómicos, que cambiarán después los senadores que les corresponde designar. Esto significa que, al menos en teoría, el Senado podría cambiar de manos dos veces este año, primero en abril y otra vez después de mayo.

Metodología. Nuestro cálculo de senadores resulta de un proceso en tres pasos: 1) partimos del promedio de encuestas sobre el Congreso a nivel nacional; 2) estimamos el voto al Senado en cada circunscripción (provincias, islas, Ceuta y Melilla) a partir de ese promedio; y 3) calculamos los senadores en cada circunscripción asumiendo que cada votante marca candidatos de un solo partido.

Promedio de votos. Nuestro promedio de encuestas sobre el Congreso dice ahora mismo que el PSOE rondará el 28% en votos, seguido de PP (20%), Ciudadanos (16,4%), Unidos Podemos (13,5%) y Vox (11,5%). También estima el voto de ERC en 3% y el de PDeCat en 1,5%. Las fuerzas de los partidos más pequeños las asumimos iguales a 2016. Este promedio tiene en cuenta decenas de sondeos para mejorar su precisión. Los datos han sido recopilados en su mayoría en Wikipedia. En el caso del CIS se incluye una estimación propia a partir de sus datos en brutos. El promedio está ponderado para dar distinto peso a cada encuesta según tres factores: el tamaño de la muestra, la casa encuestadora y la fecha.

Proyección del voto por circunscripciones. Los votos para el Senado de PP, PSOE y cada partido los estimamos en cada circunscripción tomando como referencia sus resultados en 2016. Es un modelo proporcional: si el PP ha perdido un 30% de apoyos a nivel nacional, asumimos que perderá un 30% de sus votos en cada circunscripción del Senado. La única excepción es Vox: como el partido es prácticamente nuevo, no usamos sus resultado de 2016 para proyectar. En su caso usamos las transferencias desde el resto de partidos hacia la formación. Sabemos por encuestas del CIS, Celeste-tel, Metroscopia e IMOP que alrededor del 60% de los votos de Vox vienen del PP, un 18% de Ciudadanos, un 3% del PSOE, un 4,5% de Podemos y un 15% de la abstención. Eso nos permite estimar el voto de Vox en cada circunscripción a partir del voto de esos partidos en 2016, asumiendo que los flujos son iguales en todas ellas. Además reducimos en un 25% los votos del partido, porque los datos de 2015 y 2016 indican que los partidos nuevos (Ciudadanos y Unidos Podemos) tienen menos votos en el Senado.

Reparto de senadores. El último paso consiste en repartir los senadores de cada circunscripción. Lo hacemos asumiendo que el partido más votado se llevará 3 senadores y el segundo uno. En las islas mayores, el partido más votado se llevará 2 y el segundo uno. En Ceuta y Melilla el partido más votado se lleva dos senadores y en las islas menores, uno. Para este reparto es necesaria una simplificación: tenemos que asumir que todos los votantes elegirán tres senadores (o dos, en las islas mayores) de la misma formación. En realidad no tenemos que asumir tanto: basta que los votantes que mezclan candidatos de distintas listas, o que marcan menos nombres de los posibles, se repartan más o menos entre todos los candidatos, sin mostrar grandes favoritismos. No es una simplificación tan grande como puede parecer. En 2016, 46 de las 47 provincias que eligen 4 senadores colocaron en sus tres primeros puestos a los candidatos del partido más votado. La única excepción fue Gipuzkoa, que quedó 2-2, porque PNV y Podemos prácticamente empataron.

Senadores designados. Nuestro modelo estima cómo se repartirán los 208 senadores que se eligen el día 28 de abril. Además sumamos los 59 senadores designados por las Comunidades Autónomas. Ahora mismo esos senadores se reparten así: 19 el PP, 18 el PSOE, 7 Unidos Podemos (con 1 de Compromís),  6 Ciudadanos, 2 ERC y PDeCAT, y uno Bildu, Coalición Canaria, PNV y Vox. El mismo día de las elecciones generales hay elecciones en la Comunidad Valenciana, lo que podría cambiar algunos de sus senadores semanas después. A finales de mayo hay elecciones en otras 12 comunidades.

Coaliciones. En algunas provincias los partidos han presentado coaliciones. Es el caso de Navarra, donde Podemos y Bildu presentarán una única lista, igual que UPN, el PP y Ciudadanos.

El error de las encuestas en España. Nuestro modelo del Senado hereda los errores de las encuestas del Congreso. El error absoluto medio (MAE) de los promedios de encuestas en España ha rondado los 2 puntos por partido (según una base de datos que hemos construido con todas las elecciones generales desde 1986). Pero esos errores dependen de dos cosas: del tamaño del partido y de la cercanía de las elecciones. Para tener en cuenta esos factores hemos recurrido a la base de datos de Jennings y Wlezien, recientemente publicada en Nature. Hemos analizado los errores de más de 4.100 encuestas en 241 elecciones de 19 países occidentales. Así hemos construido un modelo sencillo que estima el error MAE del promedio de votos estimado por las encuestas para cada partido, teniendo en cuenta: i) su tamaño (es más fácil estimar un partido que ronda el 5% de votos que uno que supera el 30%), y ii) los días que faltan hasta las elecciones (porque las encuestas mejoran al final). De acuerdo con ese modelo, el error medio esperado para un partido con el 20% de votos es de 2,3 puntos la última semana y de 3,2 puntos cuando todavía quedan 60 días para la votación. El margen de error (al 95% de confianza) supera los 5 puntos la última semana y casi alcanza los 8 cuando quedan 60 días.

Estos números son un ejercicio de aproximación. Primero, porque todavía quedan muchas semanas hasta la votación. Segundo, porque las hipótesis del procedimiento que acabamos de explicar. Y tercero, porque las encuestas siempre lo son.
https://elpais.com/politica/2019/03/20/actualidad/1553097285_317862.html


Qué hacen y cómo les va a los implicados del caso Cifuentes un año después del escándalo

La expresidenta de la Comunidad de Madrid dimitió, está imputada y mantiene su título de máster. Está en excedencia hasta 2020 de una plaza de funcionaria en la Complutense que tiene asignado un sueldo de más de 2.900 euros

La funcionaria que le cambió las notas en la intranet se ha incorporado al Rectorado y se encarga ahora de redactar las convocatorias de oposiciones de la Universidad Rey Juan Carlos

La profesora imputada por falsificación y la que confesó que puso notas falsas dan clase de Deontología en la URJC. El catedrático Enrique Álvarez Conde volverá a las aulas en septiembre a impartir Derecho con un salario de más de 4.000 euros

Raquel Ejerique 
20/03/2019 - 21:40h

Qué ha pasado con los implicados en el caso Cifuentes
Qué ha pasado con los implicados en el caso Cifuentes.

más INFO
Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas
El frenético día de llamadas, coacciones y chivatazos para salvar a Cifuentes

Un día como hoy a las 6:50 de la mañana, eldiario.es publicaba la primera de una serie de noticias que acabaron con la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas.

El Caso Máster duró 35 días y salpicó a otros políticos, como Pablo Casado, sobre el que la jueza abrió pieza separada, o la ministra socialista Carmen Montón, que dimitió en septiembre. Por el camino se imputó a una decena de profesores (hoy desimputados), a dos periodistas, un profesor como presunto filtrador y un informático. También se presentó una moción de censura y hubo una crisis en el PP de Rajoy, que protegió a Cifuentes hasta el final.

Un año después de aquel primer titular, el grueso del Caso Máster está cerrado después de que el Supremo rechazara investigar al aforado Casado, lo que propició que la jueza cerrara en bloque el caso de los títulos regalados. Queda abierto un caso de malversación del Instituto de Derecho Público que inició la Universidad Rey Juan Carlos, el caso de la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster (que no se perdió en una mudanza sino que se intentó construir), y la causa de Cifuentes contra dos periodistas de eldiario.es y un profesor de la URJC por "revelación de secretos". Así les ha ido y les va a los principales implicados del caso:

CRISTINA CIFUENTES. FUNCIONARIA EN EXCEDENCIA: La expresidenta dejó su cargo el 25 de abril de 2018, 35 días después de la publicación del primer titular. No se le conoce actividad laboral actualmente, aunque Cifuentes tiene un puesto público como funcionaria del subgrupo A1 y nivel 24 de la Universidad Complutense de Madrid que logró en 2001 con un tribunal que incluía a dos amigos personales. Cuando pidió el reingreso y se le asignó su plaza tras el caso máster, hubo manifestaciones de estudiantes en el campus. Entonces Cifuentes pidió una suspensión de empleo y sueldo y más tarde una excedencia que concluye en septiembre de 2020. Su puesto tiene asignado un salario de entre 36.972 y 43.708 euros, dependiendo de si trabaja por la tarde y tiene disponibilidad horaria. Aunque frecuenta redes sociales como Instagram, a través de la cual anunció que se daba de baja del PP el 1 de marzo, sus apariciones públicas son más escasas. Una de las últimas ha sido en la presentación de la película El Reino, cuyo argumento es la corrupción. Fue imputada por la obtención irregular de su máster, pero el caso se cerró. En la causa que sigue viva, la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster, está procesada. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión por instigar a falsear el documento que luego enseñó en las redes sociales.
Cifuentes dimite como presidenta del PP de Madrid
Cifuentes dimite como presidenta del PP de Madrid
Cifuentes el día de su dimisión EFE

ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE. VUELVE A DAR CLASE DE DERECHO: El hombre a quien la jueza del Caso Máster consideró el "urdidor" ha estado ausente de la universidad desde que estalló el escándalo por una baja. Fue el único funcionario, junto a Amalia Calonge, al que se le abrió expediente en la universidad, aunque ni se le suspendió de empleo ni de sueldo. Esos expedientes se han paralizado a la espera de resolución judicial, explican fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos, que recuerdan que estamos hablando de funcionarios a los que no se puede despedir sin más.

Está imputado por la falsificación del acta de TFM y en septiembre empezará a dar clase de Derecho. Aún no sabe de qué asignaturas ni dónde, aunque será el primero en elegir materias y campus por ser el catedrático más antiguo del departamento. Mantiene su despacho en Vicálvaro, pero el resto de las instalaciones que estaban bajo su mandato, las del Instituto de Derecho Público, ya no las podrá usar ya que se ha cerrado ese centro por las numerosas irregularidades. Su salario es de más de 4.000 euros mensuales, según las tablas salariales de la universidad pública URJC. Álvarez Conde sigue apareciendo como administrador único de una empresa privada que se dedica desde 2005 exactamente a lo mismo que el instituto público que dirigía en la universidad: la organización de cursos, seminarios y másteres del ámbito del Derecho. La universidad confirmó hace un año que no había pedido la preceptiva autorización para esta segunda actividad privada que le obligaría a prescindir de parte de su sueldo en la pública. En la URJC confirman que la situación hoy es exactamente la misma, es decir, sigue compatibilizando salario público con su actividad privada al margen de la ley, lo que supondría una infracción muy grave: "La universidad actuará una vez acabe la justicia", señalan fuentes del centro público, que recuerda que el caso de malversación e irregularidades se denunció y está en el Juzgado de instrucción 34.
Una profesora de la URJC denuncia presiones de Álvarez Conde para no decir la verdad
Una profesora de la URJC denuncia presiones de Álvarez Conde para no decir la verdad
Enrique Álvarez Conde EFE

PABLO CHICO DE LA CÁMARA. ES DIRECTOR DE DEPARTAMENTO: Es el profesor que compareció en la rueda de prensa junto al rector y Álvarez Conde y que aseguró que no sabía quién era Cifuentes cuando iba supuestamente a sus clases. La defendió hasta el final, incluso cuando una profesora ya había confesado todo: "Tengo constancia de que la estudiante Cristina Cifuentes Cuencas se personó al examen de la citada asignatura porque corregí yo el examen personalmente", explicó este catedrático por escrito. Sigue como profesor de Derecho Tributario en el campus de Vicálvaro, el centro donde estalló el escándalo. Sigue siendo jefe de Departamento de Derecho Público I y Ciencia Política, por lo que el catedrático cobra un plus de 370 euros al mes. Solo podría descabalgarle del puesto una moción aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Departamento, iniciativa que no se ha producido.

JAVIER RAMOS. RECTOR: El hombre que llevó a la universidad a su peor crisis tras haberse "equivocado" en avalar la mentira del máster de Cifuentes, como él mismo apuntó, sigue siendo rector, aunque cambió a dos vicerrectores tras el escándalo. Ha habido algunos intentos de presentar contra él una moción de censura que no han prosperado. Cobra unos 6.900 euros al mes, según el sueldo base y pluses (ser rector es 18.000 euros al año) aunque su salario completo no está publicado por la URJC. Ha paralizado los expedientes abiertos a Álvarez Conde y a la funcionaria Amalia Calonge "a la espera del proceso judicial", según fuentes universitarias. Rechaza hacer públicas las investigaciones internas que hizo su universidad sobre el máster de Cifuentes, Casado y Carmen Montón. Planea quitar el título de máster a los alumnos que hayan admitido que no hicieron ningún mérito para aprobar. De momento, la única afectada sería María Dolores Cancio, la becaria que confesó ante la jueza y tiró de la manta en el caso Casado. En el caso de que Cifuentes resultara condenada judicialmente por la falsificación se le retirará el título, según fuentes universitarias, ya que ella no entraría en la casuística ya que nunca ha admitido las irregularidades por las que inició el caso. La universidad aplaza posibles sanciones a los dos profesores imputados (Álvarez Conde y María Teresa Feito) a que haya una sentencia.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos confirma el fraude en el máster de Cristina Cifuentes. EFE
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos el día que confirmó el fraude en el máster de Cristina Cifuentes. EFE

PEDRO GONZÁLEZ TREVIJANO. EL RECTOR CUANDO SUCEDIÓ TODO, HOY EN EL CONSTITUCIONAL. Fue quien dio privilegios a Enrique Álvarez Conde en la URJC como, por ejemplo, otorgarle CIF propio al Instituto de Derecho Público que Álvarez Conde dirigió sin apenas fiscalización de la universidad. Bajo su mandato se desarrolló toda la trama máster. En 2013, un año después de que consiguiera Cifuentes su título de posgrado, fue designado directamente por el gobierno de Rajoy como magistrado en el Tribunal Constitucional, cargo que ocupa actualmente. Nunca ha querido hacer declaraciones respecto al caso máster.

AMALIA CALONGE. CAMBIÓ LAS NOTAS A CIFUENTES Y AHORA REDACTA PLIEGOS DE OPOSICIÓN: La funcionaria que cambió las notas a Cifuentes fuera del curso en la intranet ha pasado a trabajar en "tareas de administración básicas", según la URJC. Calonge era, cuando estalló el caso, la jefa de la oficina de asociaciones estudiantiles y se encargaba también de su financiación. Se ha reincorporado a la unversidad hace un mes aproximadamente y ha pasado a depender directamente del Rectorado. Está bajo el mando del gerente general y su nueva ocupación tras haber estado imputada (ahora ya no lo está) por modificar notas irregularmente es redactar las convocatorias de oposiciones en la universidad pública. El sueldo asignado a su categoría es de 4.811 euros al mes.

CECILIA ROSADO. IMPUTADA POR FALSIFICACIÓN Y PROFESORA DE DEONTOLOGÍA: Imputada por falsificar el acta del Trabajo Fin de Máster de Cifuentes y las firmas de dos compañeras, la Fiscalía pide para ella 21 meses de prisión. Sigue como profesora contratada dentro del departamento de Pablo Chico de la Cámara. Este curso ha dado clase desde el primer semestre y seguirá el próximo año. Las asignaturas que imparte este curso son Introducción al Derecho Público en la carrera de Criminología, Deontología Profesional en Administración y Dirección de Empresas o la materia Instituciones públicas o privadas en Periodismo. Su sueldo (excluyendo posibles pluses) es de 2.136 euros. Además de redactar el acta falsa por orden de Álvarez Conde y tras recibir presiones de la asesora de Cifuentes, como profesora del máster le puso un notable a la expresidenta en una asignatura que había acabado cuando Cifuentes se matriculó. Antes compartía despacho con las otras dos profesoras en el campus, pero tras el escándalo han sido separadas en despachos diferentes.

ALICIA LÓPEZ DE LOS MOZOS. LA PROFESORA QUE CONFESÓ IMPARTE DERECHO: De las tres profesoras del acta falsa es la única funcionaria y la primera que confesó que el TFM de Cifuentes era un invento ante la inspección de la URJC. Ha seguido dando clase impartiendo asignaturas de Derecho Constitucional y también de Deontología Profesional en Administración y Dirección de Empresas. Su salario base con complementos de docencia e investigación es de 2.308 euros mensuales. Como profesora del posgrado puso dos sobresalientes a Cifuentes en asignaturas que habían acabado cuando la expresidenta se matriculó. Admitió haber puesto notas falsas a algunos alumnos. Fue imputada en el caso máster y en la falsificación del acta y, posteriormente, desimputada.

CLARA SOUTO. PUSO SOBRESALIENTE A CIFUENTES Y DA CLASE EN LA URJC: Es otra de las profesoras cuya firma fue falsificada en el acta y "discípula" de Enrique Álvarez Conde. Fue imputada y luego desimputada. Como profesora del posgrado puso sobresaliente a Cifuentes en la materia 'El reparto de competencias', la máxima calificación pese a que ni asistió a clase. Es docente este curso de asignaturas relacionadas con Igualdad y Derecho a la Comunicación y también será docente el próximo año. Es contratada doctora, como Cecilia Rosado, y cobra al menos 2.136 euros.
Declaración Maite Feito vídeo

La declaración de María Teresa Feito ante la jueza

MARIA TERESA FEITO. ORGANIZADORA DE LA COARTADA Y AHORA PROFESORA DE INGLÉS: Era amiga personal de Cifuentes, según sus propias palabras, y dejó su cargo como asesora en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tras estallar el escándalo y conocerse su implicación en la gestión de la crisis. Está imputada por ser la organizadora de la coartada de Cifuentes: acudió al Rectorado el día en el que se publicó la noticia y presionó a la profesora Cecilia Rosado para que hiciera un acta falsa e incluso le instó a fabricar un Trabajo Fin de Máster, algo a lo que Rosado se negó, según su testimonio ante la jueza. Hace unas semanas ha pedido la reincorporación en la Universidad Rey Juan Carlos, donde es funcionaria como profesora de Filología Inglesa. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión por la falsificación del acta de TFM.

IGNACIO ESCOLAR Y RAQUEL EJERIQUE. PERIODISTAS IMPUTADOS: Tras la querella que puso contra nosotros Cristina Cifuentes estamos investigados por "revelación de secretos". Hemos declarado ante el juez y hemos sido interrogados por la Fiscalía. Seguimos imputados, un año después, y la expresidenta nos acusa de un delito agravado, castigado con hasta cinco años de prisión. Están investigados en el mismo caso un profesor y un informático de la universidad.
https://www.eldiario.es/sociedad/implicados-caso-Cifuentes-despues-estallara_0_879462197.html

La expresidenta del Parlamento valenciano pagó con dinero público una web para el PP que nunca existió

Vigilancia del poder
Con Milagrosa Martínez, ahora en prisión, las Corts Valencianes abonaron en noviembre de 2007 7.541 euros a la empresa Efusión Ambient Group SL por el dominio www.gppcortsvalencianes.com, la creación de la web y su versión en valenciano

Extrabajadores del partido y la actual dirección explican que el dominio nunca ha sido del partido y que la información del Grupo Parlamentario Popular siempre se ha recogido en la web ppcv.com y también en una página de Facebook

Sergi Pitarch 
20/03/2019 - 22:11h
Milagrosa Martínez en las Corts con motivo de la entrega del cuadro conmemorativo de la presidencia de la cámara
 Milagrosa Martínez en las Corts con motivo de la entrega del cuadro conmemorativo de la presidencia de la cámara
Milagrosa Martínez y otros miembros de las Corts, cuando se colgó su cuadro homenaje.

El gabinete de la presidenta de las Corts Valencianes ahora en prisión, Milagrosa Martínez, pagó una página web para el PP que nunca existió y que nunca formó parte de los distintos formatos con los que el partido, en aquella época dirigido por Francisco Camps, se comunicaba. Eso sí, el Parlamento valenciano abonó con dinero público 7.541 euros en tres facturas en poder de eldiario.es a la empresa Efusion Ambient Group SL por la compra del dominio, el alojamiento para un año, la creación de la web, las bases de datos y hasta su versión en valenciano.

El dominio gppcortsvalencianes.com está libre y siempre ha estado libre, pero el gabinete de Presidencia de las Corts pagó una factura a la empresa Efusion Ambient Group SL. Fuentes de extrabajadores del Grupo Parlamentario en la época explican que ese dominio nunca ha formado parte de los canales de comunicación del PP y que los comunicados del grupo del PP en las Corts siempre se han colgado en la web del partido ppcv.com. Es más, para enviar los correos electrónicos no tienen ni un correo genérico, sino que se mandaban y mandan desde una cuenta de Gmail.

La misma versión han dado desde la actual dirección del PP que se desmarcan de esta gestión. "Los comunicados del PP en las Corts se cuelgan en la web oficial del partido, ese dominio de la factura ni nos suena", apuntan.

El urdidor de la operación para pagar este dinero por una web inexistente fue Serafín Castellano, en aquella época portavoz del PP en el parlamento valenciano. En un escrito adjunto a las facturas y a las órdenes de pago de este servicio abonado con dinero público, Castellano solicitaba a Presidencia el pago de los costes de "creación de la web del Grupo Parlamentario Popular" que había realizado la empresa Efusion Ambient Group SL.

Para sustentar este gasto partidario, el portavoz del PP aportaba otro documento firmado por el letrado mayor de las Corts Javier Guillem y por el jefe del Servicio Económico Álvaro Cuadrado González. Ambos justificaban un acuerdo de la Comisión del Estatuto de los Diputados y Diputadas en las que se habría acordado que las webs de los grupos parlamentarios se pagarían con cargo al presupuesto de la Cámara. Es más, este escrito firmado por estos funcionario de las Corts se adjuntaba específicamente para pagar la web del PP.

Ningún grupo parlamentario se acogió al pago de la web de su grupo y solo lo hizo el PP que la pagó con dinero público, pero que nunca la puso en marcha.

No es la única situación llamativa del expediente, ya que las tres facturas que aceptan y pagan en el gabinete de Presidencia, con el visto bueno Álvaro Cuadrado, se pagan en noviembre de 2007 pero tiene fecha de 2005. Una de 1.857 euros, otra de 3.248 euros y una tercera de 2.436 euros. En total, 7.541 euros.

La empresa Efusion Ambient Group SL aparece en diferentes escándalos del PP. Esta mercantil fue una de las que el exconseller de Solidaridad ahora en prisión, Rafael Blasco, tenía contratada para las campañas de la cooperación valenciana con cargo al polémico 1% de los proyectos de las ONGD. Las organizaciones denunciaron esta práctica porque quitaba dinero a las acciones de cooperación y sensibilización y se daba sin concurso a este tipo de empresas.

Efusion Ambient Group SL, en la actualidad extinguida, fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción por haber cobrado la edición de 5.000 libros para San Antonio de Benagéber que nunca aparecieron. La denuncia la realizó un concejal del PP, Felipe del Baño, contra el alcalde en 2014, Eugenio Cañizares.

Factura que pasó Efusion Ambient Group SL por la compra del dominio y el mantenimiento. Hubo otras dos facturas más.
Factura que pasó Efusion Ambient Group SL por la compra del dominio y el mantenimiento. Hubo otras dos facturas más.
Orden de pago de la factura de la página web que nunca existió del PP.
Orden de pago de la factura de la página web que nunca existió del PP.

El PP admite por primera vez que derogará la Ley andaluza de Memoria para calmar a sus socios de Vox



El PP ha trasladado a su aliado que su compromiso político pasa por "derogar" esta norma y empezar a diseñar desde cero la prometida Ley de Concordia

La formación de extrema derecha se muestra "molesta" con los populares por facilitar, con su abstención, el desarrollo de la Ley de Memoria a través de una iniciativa del PSOE

Los socialistas presentan su moción sobre Memoria junto a la exhumación de fosas del franquismo en el cementerio de Sevilla para calentar el debate monográfico en el Parlamento

Daniel Cela 
20/03/2019 - 13:50h

 Nieto desconoce si Zoido ha pedido a Casado ir en la lista a las elecciones europeas y subraya su valía dentro del PP
Nieto desconoce si Zoido ha pedido a Casado ir en la lista a las elecciones europeas y subraya su valía dentro del PP
José Antonio Nieto, portavoz del PP andaluz en el Parlamento.

Uno de los 37 puntos del acuerdo suscrito entre PP y Vox en Andalucía que facilitó la investidura del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla dice así: "Promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica". Hasta ahora, los populares habían amortiguado el sentido de esta frase, subrayando que su intención era "reformar" y "mejorar" la ley en vigor, aprobada en la pasada legislatura sin ningún voto en contra. Esta semana, el PSOE ha tramitado una proposición no de ley en el Parlamento para llevar la Memoria Histórica a las aulas andaluzas, como establece la normativa, y la iniciativa ha prosperado gracias a la abstención de PP y Ciudadanos.

Esto ha "disgustado" sobremanera a los socios de extrema derecha de los populares, que les han acusado de "contravenir un punto importante del acuerdo". "Tomamos nota y lo tendremos en cuenta", ha advertido el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández. Enseguida, el PP ha trasladado a su aliado que, en tanto esté en vigor, la Ley andaluza de Memoria debe cumplirse pero, para tranquilizarles, añade que su compromiso político pasa por "derogar" esta norma y empezar a diseñar desde cero la prometida Ley de Concordia.

Es la primera vez que el PP explicita la palabra "derogar" para hablar de las políticas de Memoria Histórica, atribuidas a la Consejería de Cultura en el Gobierno de Moreno Bonilla. "Espero que sí podamos derogarla", ha repetido varias veces el portavoz popular en la Cámara, José Antonio Nieto, aunque también ha expresado su interés por lograr "una ley integradora".

Durante el mandato anterior, los populares participaron activamente de la negociación con PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU que permitió al Parlamento aprobar la Ley andaluza de Memoria sin ningún voto en contra. Ninguna otra ley memorialista en España (la estatal o la navarra, aprobadas hasta entonces) había logrado tal nivel de consenso. Tras llegar al Gobierno, el PP se apresuró a matizar el contenido del acuerdo suscrito con los de Abascal respecto a la citada ley. Preguntado reiteradamente por si el compromiso con Vox era fulminar la norma en vigor, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, eludió hablar abiertamente de derogación: "Vamos a respetar al 100% la ley, pero queremos mejorarla y buscar el consenso más amplio posible dentro del Parlamento andaluz, porque no era una ley de consenso".

La aprobación de una Ley de Concordia en el acuerdo PP-Vox está ligada irremisiblemente a la anulación de la Ley de Memoria, aunque los populares no lo hayan verbalizado hasta ahora. La formación de extrema derecha respondió a esta "ambigüedad" desde el principio con mucha contundencia: "Cambiar el nombre a la ley no basta, hay que derogarla", avisó. El objetivo de Vox era tan nítido que la formación de Santiago Abascal se ha hecho con la presidencia de la Comisión parlamentaria de Cultura, donde llevará su propuesta para anular la Ley de Memoria. El Gobierno de PP y Ciudadanos ya asumió la agenda política de Vox en el primer Consejo de Gobierno, cuando anunció la creación de un Comisionado para la Concordia, adscrito a la Consejería de Cultura.

Este rifirrafe calienta el debate que tendrá lugar este jueves en el Parlamento, porque los socialistas presentan una moción monográfica sobre la Ley andaluza de Memoria y diversos aspectos de la misma que están por desarrollar. El PSOE quiere volver a poner ante el espejo a los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, que deberán pronunciarse sobre medidas concretas que están contempladas en la normativa, y cuyo desarrollo facilitaron en la pasada legislatura al abstenerse en estos debates. El objetivo del partido de Susana Díaz es visibilizar la dependencia del Gobierno de Moreno del apoyo de la formación ultraconservadora. El portavoz socialista en la Cámara, Mario Jiménez, ha convocado este miércoles a la prensa en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, donde se están exhumando fosas del franquismo, para presentar la moción en defensa de la Memoria Histórica.
https://www.eldiario.es/andalucia/PP-derogara-Ley-Memoria-Vox_0_879812389.html

Bon primer dia de la primavera

Gentilesa de Jaime S.E., Avamet i Aemet.






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