Un tercio de los acusados por irregularidades en contratos de la trama Púnica por 224 millones reconocen los hechos
- Se juzga a un total de 37 personas, entre ellas también el constructor David Marjaliza
- Se les imputa hasta ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; prevaricación, o tráfico de influencias
Trece de los 36 acusados en la pieza del caso de corrupción Púnica por la adjudicación irregular entre 2012 y 2014 de contratos municipales a la empresa Cofely han confesado en el juicio los hechos, ente ellos los exalcaldes de las localidades madrileñas de Parla José María Fraile (PSOE) y Serranillos del Valle Antonio Sánchez (UDMA).
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes con cuestiones previas el juicio por esta causa, en el que los acusados se enfrentan a peticiones de pena de Fiscalía y acusaciones de hasta 20 años de prisión por la actividad de esta trama en diversos ayuntamientos, la mayoría con alcaldes del PP, para que concedieran a dicha empresa de servicios energéticos contratos a cambio de comisiones y dádivas.
Las defensas han comunicado que trece de los acusados han pactado con la fiscal el reconocimiento de los hechos a cambio de ver reducidas las condenas y han pedido que además de la circunstancia atenuante de confesión y colaboración con la justicia se les debe aplicar las de dilaciones indebidas por el tiempo que ha durado el procedimiento y de reparación del daño al haber devuelto diversas cantidades de dinero.
En concreto, el abogado del exalcalde socialista del Parla, José María Fraile, ha informado de que este ingresó el pasado día 3 casi medio millón de euros a efectos de cumplir sus responsabilidades civiles.
Varios alcaldes del PP en conversaciones con la fiscal
Por su parte, la fiscal ha explicado que en la fase de conclusiones definitivas al final del juicio concretará cuál será su petición de pena para cada uno de ellos en función de su grado de colaboración durante sus declaraciones en la vista.
Las defensas de tres acusados han comunicado al tribunal que aún siguen en conversaciones con la fiscal para ver si se suman al pacto de confesión a cambio de reducir sus penas, entre ellos los exalcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas y de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, ambos del PP.
También son juzgados otros cinco exalcaldes del PP que no han reconocido haber cometido los delitos de los que están acusados, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado-Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles, y Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
El abogado del exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza ha denunciado los pactos de algunos acusados con la Fiscalía antes del juicio con desconocimiento del resto de las partes, "unas componendas y negociaciones que afectan al derecho de defensa".
Entre los acusados que han seguido colaborando y han llegado a un acuerdo de conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía se encuentra David Marjaliza, empresario de la construcción arrepentido y exsocio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
En esta causa se juzgan los hechos que afectan a David Marjaliza como "conseguidor" de contratos públicos para la multinacional Cofely y las actuaciones de esta sociedad, sus directivos y empleados, así como de los cargos públicos, funcionarios y técnicos participantes en las adjudicaciones concertadas entre ellos.
En concreto los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado-Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma 224 millones de euros.
También han llegado a acuerdos con la fiscal para reconocer los hechos tres exdirectivos de Cofely.
RTVE