diumenge, 13 de juliol del 2025
INFORME DE TRANSPARENCIA MEDIÁTICA: Un informe de Bruselas señala a Miguel Ángel Rodríguez por “amenazar” a periodistas
El documento se hace eco de las campañas de acoso del jefe de gabinete de Ayuso con profesionales de medios progresistas
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. EP
Los medios de comunicación en España sufren una tremenda crisis de transparencia. Así lo detalla el informe elaborado por Media Pluralism Monitor (MPM), referencia en la Unión Europea en el campo del a monitorización de medios en los Estados Miembros. El estudio deja a España en un mal lugar, con un nivel de opacidad del 85%. Sin embargo, lo llamativo es que en el texto señalan a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como ejemplo de acoso a profesionales de la información, aludiendo al hostigamiento que sufrieron varias periodistas de eldiario.es por parte de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
“Además de las agresiones físicas, figuras políticas y sus equipos participaron en campañas de desprestigio y profirieron amenazas online; en particular, Miguel Ángel Rodríguez amenazó públicamente a un periodistas de eldiario.es”. Con estas palabras, el informe de Media Pluralism Monitor señala las prácticas del jefe de Gabinete de Ayuso, aunque también hace alusión al “acoso” de actores privados, como el líder de Desokupa, Daniel Esteve, a quien le atribuyen “insultos y amenazas” públicas a un periodista de La Sexta a través de redes sociales.
Un señalamiento que no cae en saco roto. En la oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ironizan con la situación. El PSOE-M se hace eco del informe con la mención a Rodríguez. “¿Sabéis a quién llama la atención el Informe de Transparencia Mediática que sirve de referencia a Bruselas?”, se preguntan retóricamente en sus redes sociales, apuntando a las “campañas de desprestigio y amenazas” públicas de MAR y profundizando en la defensa de la derecha por “la prensa libre”. “Te tienes que reír”, resumen los socialistas madrileños.
Un informe que deja mal a España
Situaciones como las de MAR no son ajenas en el día a día de la profesión periodística. De hecho, como se menciona anteriormente, se hace alusión también a las prácticas matonistas del líder de Desokupa. Escenas que, a la postre, empujan a España al fondo de la clasificación en el ámbito de transparencia mediática. De hecho, empata con Hungría en este sentido, calificando de “opaco” al sistema mediático español. Es decir, en “riesgo muy alto”.
Señalamiento que también se reparten los dueños de los medios de comunicación del país, a quienes reprochan una falta de diversidad real, aludiendo también a las empresas que los controlan. Y es que este medidor determina las facilidades o dificultades para conocer quiénes son los verdaderos propietarios de los medios españoles, con un baremo que va desde el cero (transparencia total), hasta la opacidad absoluta (100%).
En esta escala, la nota que saca España es un preocupante 85%. Un porcentaje que comparte con Hungría, gobernada por el ultraderechista Viktor Orban, y que tan sólo deja a sendos estados por detrás de Chipre, con un 91%. Es más, el valor de España ha caído en picado en tan sólo un año, pasando del tercer al segundo puesto en esta clasificación de opacidad al perder seis puntos porcentuales.
Así, el informe advierte al ecosistema de medios españoles de las limitaciones del sector audiovisual, además de las “participaciones significativas” de propietarios. Sin embargo, no se llega hasta la cúspide de la pirámide. En definitiva, el MPM, financiado por la Unión Europea y bajo la tutela del Centre for Media Pluralism and Media del Centro Robert Schuman para Estudios Avanzados, es una herramienta diseñada para identificar los potenciales problemas para el pluralismo en la maraña de medios de comunicación tanto en Estados miembros como en los candidatos para ingresar en la comunidad.
elPlural
España empeora en transparencia mediática en Europa y ya empata con Hungría
La transparencia sobre la propiedad de los medios en España ha empeorado en el último año. Lejos de mejorar –como ocurriría si los medios estuviesen dando cumplimiento a lo que exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios y que, en este apartado, está en vigor desde febrero–, el indicador que mide hasta qué punto es posible conocer quiénes son los verdaderos propietarios de los medios de comunicación en un país, tanto directa como indirectamente, deja a España en muy mal lugar.
En este apartado seguimos en una situación de “muy alto riesgo” que, según el Media Pluralism Monitor (MPM), el informe de referencia en la Unión Europea que monitoriza la situación de los medios en los países miembros, ya alcanza el 85% en una escala de 0 a 100 que evalúa desde la transparencia total (cero) hasta la opacidad absoluta (cien).
Es el mismo porcentaje que tiene Hungría, gobernada por el ultraderechista Viktor Orbán, y solo está por detrás de Chipre (91%). España ha empeorado seis puntos porcentuales en solo un año y ha pasado del tercer al segundo puesto en esta clasificación de opacidad, un componente clave del pluralismo, porque sin transparencia no puede haber una vigilancia democrática efectiva ni confianza del público en los medios.
Este informe advierte que la poca información existente sigue limitada al sector audiovisual y solo refleja las “participaciones significativas” de propietarios, pero no los propietarios finales de los medios, lo que pone bajo sospecha el verdadero alcance de los planes del Gobierno para implementar un registro general de medios.
El MPM, financiado por la Unión Europea y obra del Centre for Media Pluralism and Media del Centro Robert Schuman para Estudios Avanzados, es una herramienta diseñada con el objetivo de identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros y en países candidatos a ingresar en la Unión Europea.
Y es tan relevante que la Comisión Europea lo toma como referencia para evaluar la situación de los medios en los países miembros en su informe anual sobre el Estado de derecho, que precisamente fue hecho público este martes. En él, Bruselas subraya también que “la transparencia de propiedad de medios sigue siendo un área de preocupación” en España, pendiente de la adopción de la nueva legislación derivada de las normas europeas sobre libertad de medios y servicios digitales. “El déficit de transparencia que existe en todos los medios no audiovisuales continuará hasta que se establezca el nuevo registro. Por lo tanto, continúa registrando un nivel de riesgo muy alto”.
Riesgo “muy alto” para la pluralidad
El informe de Bruselas también se hace eco de otros indicadores del Media Pluralism Monitor, entre ellos el que advierte que el riesgo para la pluralidad se mantiene en España “muy alto (91%)”. Este indicador hace referencia a la diversidad real de propietarios y empresas que controlan los medios de comunicación en un país. Es decir, cuántos y qué tan distintos son los agentes económicos que poseen y gestionan medios informativos relevantes (televisión, radio, prensa, online).
Es un indicador que evalúa si el sistema mediático está dominado por un pequeño número de empresas (riesgo de concentración) o si, por el contrario, existe un ecosistema plural con múltiples operadores independientes compitiendo en condiciones razonables.
La situación de RTVE, cuya regulación fue reformada por las fuerzas que apoyan al Gobierno para que su máximo responsable ya no tenga que ser elegido por consenso, también es objeto de atención. El documento alude a la “preocupación” existente en torno a “la falta de independencia y uso de medios de servicio público regionales para propósitos políticos”, en referencia a las radiotelevisiones autonómicas.
El MPM de este año asegura, a este respecto, que se “han intensificado los temores de interferencia política y comprometido la independencia editorial” de los medios públicos. Y denuncia con toda claridad dónde está el problema: “España sigue siendo el único país de la UE sin un consejo audiovisual nacional, limitando la supervisión efectiva de la influencia política y el pluralismo mediático”.
“El marco legal para publicidad estatal permanece sin cambios”, subraya la Comisión en el informe sobre el Estado de derecho, a pesar de que ha aumentado el número de campañas publicitarias. El proyecto de ley que debe reformar la legislación sobre publicidad institucional para hacerla más transparente aún no ha sido adoptado y, bajo la ley actual, “la falta de información sobre beneficiarios finales de publicidad institucional hace difícil evaluar” su “impacto en el mercado de medios”.
“Se observa una tendencia ascendente en el número de campañas institucionales nacionales y su costo. El Plan de Publicidad Institucional y Comunicación 2025 prevé 161,2 millones de euros para 146 campañas institucionales, un aumento del 16% sobre el plan 2024 y la cantidad más alta desde 2008”, señala el informe.
Sin progresos
Sigue sin haber progresos, advierte la Comisión, “en la recomendación de fortalecer el acceso a la información, pendiente de adopción de nueva legislación”. “El marco legal sobre acceso a documentos aún no ha sido cambiado”, aunque el Gobierno “se ha comprometido a adoptar el proyecto de ley sobre información clasificada, así como una nueva ley sobre Administración abierta para expandir las obligaciones de transparencia”.
A pesar de los pasos previstos a través de propuestas legislativas en curso, “los periodistas continúan enfrentando desafíos crecientes respecto a condiciones laborales y seguridad”. Desde la publicación del Informe sobre el Estado de derecho 2024, “se han registrado seis nuevas alertas para España en la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, relacionadas con ataques a la seguridad física e integridad, acoso e intimidación de periodistas, y otros actos que tienen efectos escalofriantes en la libertad de medios”.
El informe “espera que el proyecto de ley sobre el secreto profesional del periodismo sea adoptado por el Gobierno en breve” y denuncia que “la propuesta de octubre de 2024 para enmendar la Ley de Seguridad Ciudadana”, conocida como ley mordaza, “continúa siendo discutida en el Parlamento”.
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El Media Pluralism Monitor echa en falta que España siga sin adoptar medidas para corregir las leyes de difamación, que no esté protegiendo a los medios de las demandas abusivas –tal y como exige desde 2024 Bruselas–, o la ausencia de una estrategia nacional contra la desinformación.
El informe valora el anunciado Plan de Acción para la Democracia, dirigido a revisar partes del Código Penal para alinearse mejor con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, pero lamenta que las medidas específicas aún no hayan sido detalladas ni debatidas en el Parlamento. Lo mismo sucede, subraya el informe, con el anunciado registro sobre la propiedad de los medios y la obligada transparencia de la publicidad institucional, que siguen sin implementarse.
“No existe un requisito legal que obligue a los medios a divulgar intereses económicos o políticos, complicando la detección de posible influencia política o conflictos de intereses”, lamenta el MPM. Y sigue sin haber “regulaciones específicas que prevengan el control político directo o indirecto sobre medios privados, especialmente a través de publicidad institucional y procesos de licencias de televisión”.
infoLibre
Maestrat Tv - Sant Mateu - Inauguració de Sant Mateu Mediaval 2025
Amb presència institucional covarxina
El PP incumple la ley al ocultar las condiciones de sus préstamos electorales
Información sobre préstamos electorales recogida en las cuentas anuales del PP de 2023.
El Partido Popular (PP) financió su campaña de las últimas elecciones generales gracias a préstamos del Banco Sabadell, Abanca, BBVA y el Santander. Para las municipales de 2023 hizo lo mismo: firmó un crédito con cada una de esas cuatro entidades. ¿Cuántos intereses está pagando a esos bancos? No se sabe. El PP oculta la información, a pesar de que la ley de financiación de partidos obliga a que las formaciones políticas publiquen estos datos.
Tampoco se conoce cuándo acabará el partido de devolver esos préstamos y cuál fue la cantidad exacta que le entregó cada banco. El PP, al igual que el resto de formaciones, debe hacer público con qué entidad tiene suscritos créditos e indicar para cada uno de ellos "el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización". Así lo establece el artículo 14 de la ley de financiación de partidos. La formación está, por tanto, incumpliendo la ley.
En sus últimas cuentas publicadas, relativas al ejercicio de 2023, el partido indica para sus deudas a corto plazo, en las que incluye los préstamos electorales, únicamente el banco y el importe que les quedaba por pagar en ese momento, pero no recoge ninguna referencia al tipo de interés, el plazo de amortización o el total de dinero que se les concedió en un origen. Esto sucede con los 14 préstamos electorales que el PP reconocía en 2023 tener pendientes de pago en ese momento. Entre todos ellos, al partido le faltaban por abonar 23,72 millones de euros.
Lo mismo ocurre con el resto de deudas a corto plazo. El PP recoge únicamente con qué entidad financiera la tiene, el tipo de deuda y el saldo que le queda por pagar, pero ni rastro del tipo de interés ni del plazo de amortización o la cantidad concedida en origen. En las cuentas de 2023 el PP recogía otras 33 deudas a corto plazo que sumaban un importe de 3,33 millones de euros más que aún quedaban por devolver.
En total, el partido tenía con los bancos 27,04 millones de euros pendientes de abonar por deudas a corto plazo, pero ocultaba cuándo terminaría de devolverlas, cuánto dinero le habían dejado en un origen y qué intereses tenía pactados con las entidades. No es una información baladí. Los partidos políticos tienen permitido renegociar deudas con los bancos, pero es complicado que la ciudadanía pueda conocer estas situaciones si no se publican los periodos de amortización y los tipos de interés de los créditos, dos de las principales condiciones de un préstamo.
Demasiados préstamos
"Es muy importante que se conozca esta información porque uno de los problemas que tiene el modelo de financiación de partidos en España es el excesivo endeudamiento de los partidos y, por consiguiente, la excesiva dependencia de las entidades de crédito, lo que puede acabar condicionando sus políticas", explica a infoLibre Óscar Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid.
El experto en financiación de partidos destaca que uno de los principales problemas es que, a pesar de que las formaciones políticas deben difundir esta información, "para la no publicación, no hay prevista ninguna sanción". "Lo ideal sería que informaciones como los préstamos o las donaciones se publicasen por los partidos prácticamente en tiempo real y que no hubiera que esperar", detalla.
En la misma línea se expresa Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Navarra y miembro del Consejo de Navarra, el órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma. "Es fundamental que los partidos publiquen las condiciones de los préstamos, porque uno de los problemas más importantes que había antes de la modificación de la ley era el excesivo nivel de préstamos con condiciones completamente favorables".
"Esto es peligroso porque puede dar lugar a que los partidos y Gobiernos se puedan ver completamente capturados por las entidades financieras. Por ello es importante que reciban los préstamos en las mismas condiciones que el resto de organizaciones. La ley actual prohíbe las condonaciones y establece que las condiciones del préstamo deben ser acordes con el mercado".
Sin explicaciones del PP
infoLibre lleva desde abril preguntando al PP por la falta de esta información sobre sus créditos electorales. Este medio incluso pidió copia al partido de los datos que faltaban. "Lo publicado es lo que hay, no hay nada más", respondieron desde Génova.
Este diario preguntó entonces por qué no se están publicando estos datos y por qué, debido a ello, se está incumpliendo la ley de financiación de partidos. La respuesta del PP: "No lo sabemos, no podemos decir nada".
Pero el incumplimiento del PP viene de lejos. El partido ha omitido esta información que le exige la ley durante siete años. Desde 2017, cuando comenzó a difundir en su web las cuentas anuales, hasta 2023. Las cuentas de 2024 aún no están disponibles.
Esta mala praxis con las deudas a corto plazo llama la atención porque la formación sí difunde estos detalles en sus préstamos a largo plazo. Aún así, esas deudas son bastante inferiores: en las cuentas de 2023 el PP reconocía 14,95 millones de euros por pagar en este tipo de préstamos. Lo pendiente a corto plazo era casi el doble.
Esta falta de información también impide comparar los créditos y condiciones del PP con los del resto de partidos. El incumplimiento no se da entre las otras formaciones. Incluso Vox ha publicado sobre su préstamo con el banco húngaro datos como el tipo de interés o el periodo de amortización.
infoLibre
Feijóo no tiene problemas en ser “deplorable”
Esta es otra historia en la que hay que empezar con la célebre viñeta de Gila. Un tipo está apuñalando a un hombre. Le dice uno que tiene al lado: “No le des más puñaladas, hombre”. La respuesta: “Pues que deje de llamarme asesino”. Así se puso Alberto Núñez Feijóo en el pleno del miércoles, cuando le tocaba dar la réplica a la segunda intervención de Pedro Sánchez. Pásame la navaja, Tellado, que se la voy a clavar hasta la empuñadura. Así aprenderá a no llamarme asesino. Y allá fue, excitado como pocas veces se le ha visto.
Sánchez le había recordado sus años de amistad con Marcial Dorado, además de todos los casos de corrupción en el PP en los años de Aznar y Rajoy. “Aspiran a borrarnos del mapa por tres personas y en el PP no se ha movido ni una silla por los 228 muertos de la DANA”, dijo. En el congreso del PP, Carlos Mazón se sintió reforzado por los aplausos de los delegados del PP valenciano y los abrazos de Tellado. Sánchez estuvo enérgico e hiriente, pero sus problemas políticos continúan siendo los mismos. Los socios le han dado una prórroga para que pase el verano. Nada más. Todos saben que no puede sobrevivir mucho tiempo en esta situación. Está a expensas de dos factores que no controla: la decisión que tomen sus socios y otros que ya no lo son sobre los próximos presupuestos y las revelaciones que salgan sobre Ábalos y Cerdán en la investigación judicial.
Fuera producto de una estrategia meditada o de la furia repentina, Feijóo saltó como una fiera. “¿De qué prostíbulos ha vivido usted? ¡Es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución!”. La legislatura ha llegado al punto de que el líder de la oposición acuse al presidente poco menos que de ser un proxeneta. Sin ningún dato nuevo. Se sabe desde hace años que el suegro de Sánchez, ya fallecido, era dueño de varios negocios denominados como “saunas gays”, aunque algunos les llaman “prostíbulos”. Es eso que se suele denominar “clubes de alterne”, que tienen su propia asociación en Madrid y que en el pasado se reunió con el Gobierno de Esperanza Aguirre durante la elaboración de la Ley de Espectáculos. En el ABC, se pudo leer este viernes que el padre de Begoña Gómez abandonó esos negocios cuando el yerno empezó a despuntar en política.
Toda esa historia, o parte de ella, la publicó el ABC en 2022 y otros medios en años anteriores sin que entonces el PP quisiera meter la cuchara en el guiso. Tampoco dijo nada, por razones obvias, cuando se publicó que el comisario Villarejo se había reunido en 2014 con el secretario de Estado de Interior del Gobierno de Rajoy y le prometió que podían utilizarla para “matar políticamente” a Sánchez. Que es lo que se está intentando hacer ahora.
El jueves, el PP envío a su nueva portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, a Antena 3 a lanzar unas cuantas paladas de cieno y dejar claro que el tema se ha convertido en una prioridad para el PP. En un ejemplo de eso que en la derecha llaman “opinión sincronizada” para atacar a los medios progresistas, el tema que ya estaba contado y que nadie se molestaba en reflotar apareció a partir del jueves en todos los medios conservadores, incluidos los que no necesitan muchas pruebas, una vez que el PP había marcado el camino.
Al día siguiente, Muñoz repitió en TVE y dejó una frase para la historia. Afirmó que utilizaban “informaciones periodísticas”, un concepto por el que cabe un portaaviones, y lo remató con una verónica: “No hace falta que haya pruebas absolutamente de nada”. La frase es osada. Un día antes, también sin pruebas, Muñoz ya sabía con total seguridad lo que había pasado en lugares donde nunca había estado: “No eran spas, sino prostíbulos con inmigrantes jóvenes y sexo de pago”.
En los pasillos del Congreso, las fuentes habituales del PP anunciaron que van a fondo. “Esto es la guerra”. Como si lo de antes en el Parlamento hubiera sido un duelo regido por las normas más estrictas entre caballeros. “Se acabó la piedad con este hombre. Se acabó”. ¿Piedad? Pero si le han acusado de ser una amenaza para la democracia y de saberlo todo (“lo sabía y lo tapó”) desde el primer minuto de todos los casos de corrupción conocidos. Comparado con todo lo que ha dicho el PP sobre Sánchez desde los tiempos de Casado, el infierno de Dante sólo es una fila de chalés adosados con zonas verdes para los niños.
“El Gobierno da lecciones de decencia. Ha pedido la dimisión de Ayuso por vivir en una casa con su pareja”, dijeron esas fuentes. Resulta gracioso, porque la lógica del PP te lleva a afirmar que Isabel Díaz Ayuso es “partícipe a título lucrativo” del pisazo que ambos tienen pagado en parte gracias a los presuntos delitos fiscales del novio, delitos reconocidos por su abogado. Pero me da que el PP se inventará algo para no tener que hablar de Ayuso. Lo mismo te lanzas y al día siguiente tienes a Miguel Ángel Rodríguez segándote los pies a la altura del cuello.
Al conocerse los audios de la conversación de José Manuel Villarejo y Francisco Martínez, el PSOE presentó una denuncia por revelación de secretos. La Audiencia Nacional la rechazó en 2024 al no haber pruebas sobre el responsable de la filtración. Lo que sí dijeron los magistrados es que los negocios del suegro eran una “actividad privada lícita” y recriminaron la “deplorable utilización partidista” de este tipo de noticias.
Feijóo no tiene problemas en ser “deplorable”. El viernes, volvió a insistir, porque pretende convertirlo en un asunto personal contra Sánchez. Afirmó que “durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial”. Se basó en un artículo de Voz Pópuli de hace años que iba sin firma y que no contaba específicamente lo que decía Feijóo.
Hay en todo esto un notable nivel de cinismo. A Feijóo le molesta que le recuerden sus años de amistad con Dorado. Yo creo que a estas alturas esa historia ya no le perjudica entre sus votantes, pero ha decidido que responderá al fuego con fuego. Claro que también a él le pueden contar que su amistad con Dorado le vino bien en el plano personal. Feijóo negó que esos años de relación fueran una amistad estrecha. La respuesta de Dorado tiempo después en La Sexta lo dice todo: “Duele, duele, pero si duermes en mi casa, si mi mujer te hace el desayuno... Eso no es estrecha ni es ancha ni es cónica ni es cuadrada”.
Esa frase no supera a la que ofreció el propio Feijóo en rueda de prensa sobre sus vacaciones juntos: “Creo que no fui a Andorra. Parece ser que eran los Picos de Europa. Sí que había nieve”. Maravilloso. Al final, Dorado fue condenado por la otra nieve.
Como digo, es una historia antigua. Pero Feijóo ha abierto una puerta por la que se pueden colar muchas cosas. A ese juego puede jugar todo el mundo. Siempre pueden apelar a “informaciones periodísticas”, como decía Muñoz. Como bien sabe Ayuso, la otra partícipe a título lucrativo, Maserati incluido.
La libertad de expresión no tiene nada que ver con el acoso
Esta semana, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la reforma del reglamento de la Cámara con el que se pretende añadir unas normas básicas de conducta a los medios de comunicación acreditados. Antes de que alguien empiece a temer por la libertad de expresión, hay que decir que la inmensa mayoría de los periodistas las respeta y que sus relaciones con políticos y personal del Congreso suelen ser bastante civilizadas.
La reforma ha sido solicitada de forma insistente por la Asociación de Periodistas Parlamentarios después de muchos incidentes protagonizados por Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Columnistas de derecha lo achacan a un intento de acallar a los periodistas que hacen “preguntas incómodas” al Gobierno. Este argumento, que también ha suscrito un grupo de jueces tuiteros, me resulta divertido, porque supone tachar de cobardes e ineptos a los periodistas de ABC, El Mundo o El Confidencial por no hacer esas preguntas.
Evidentemente, esos periodistas y otros ya hacen “preguntas incómodas”. Lo que no hacen es boicotear las ruedas de prensa de los partidos de izquierda (como hizo Ndongo, de Periodista Digital, en mayo y se puede apreciar en este vídeo). Ni se presentan a las elecciones en la lista de Alvise Pérez (como Quiles, que trabaja para EDATV, de Javier Negre) o le acompañan en los mítines aplaudiendo sus intervenciones. Ni tienen como misión provocar situaciones ridículas y grabarlas en vídeo. Ni mucho menos insultan a otros periodistas ni les llaman vendidos al Gobierno. Ni les hacen fotos que suben a las redes sociales para que usuarios ultras les insulten.
Me da igual que los llamen agitadores o camorristas. Lo que cuenta es lo que hacen. Frente a los que dicen que hay que defender también la libertad de expresión de aquellos a los que desprecias, qué puedo decir yo que escribí con gran elegancia la frase: “A veces es difícil aceptar que también los hijoputas tienen derecho a la libertad de expresión”. La libertad de expresión existe para todos, no sólo para los periodistas, pero no tiene nada que ver con el acoso y los insultos ni con impedir que prosiga una rueda de prensa organizada por un grupo parlamentario.
A los que critican la reforma, esto es lo que ha respondido una periodista: “Les invitaría a que extrapolasen las situaciones de acoso y hostigamiento laboral que sufrimos (los periodistas parlamentarios) a la empresa privada/pública en la que trabajen. No durarían ni un día, aquí llevan ya cuatro años”.
Sobre la oposición del PP y Vox a esa reforma, la razón está clara: a ellos no se lo hacen.
Los periodistas no son las únicas víctimas. El Congreso concedió la acreditación a medios como el de Negre que ahora se dedican a intimidar a los diputados y hacer circular su imagen con la única intención, y así lo reconocen, de que sean acosados en la calle. De forma “educada”, dicen.
eldiario.es
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