La transparencia sobre la propiedad de los medios en España ha empeorado en el último año. Lejos de mejorar –como ocurriría si los medios estuviesen dando cumplimiento a lo que exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios y que, en este apartado, está en vigor desde febrero–, el indicador que mide hasta qué punto es posible conocer quiénes son los verdaderos propietarios de los medios de comunicación en un país, tanto directa como indirectamente, deja a España en muy mal lugar.
En este apartado seguimos en una situación de “muy alto riesgo” que, según el Media Pluralism Monitor (MPM), el informe de referencia en la Unión Europea que monitoriza la situación de los medios en los países miembros, ya alcanza el 85% en una escala de 0 a 100 que evalúa desde la transparencia total (cero) hasta la opacidad absoluta (cien).
Es el mismo porcentaje que tiene Hungría, gobernada por el ultraderechista Viktor Orbán, y solo está por detrás de Chipre (91%). España ha empeorado seis puntos porcentuales en solo un año y ha pasado del tercer al segundo puesto en esta clasificación de opacidad, un componente clave del pluralismo, porque sin transparencia no puede haber una vigilancia democrática efectiva ni confianza del público en los medios.
Este informe advierte que la poca información existente sigue limitada al sector audiovisual y solo refleja las “participaciones significativas” de propietarios, pero no los propietarios finales de los medios, lo que pone bajo sospecha el verdadero alcance de los planes del Gobierno para implementar un registro general de medios.
El MPM, financiado por la Unión Europea y obra del Centre for Media Pluralism and Media del Centro Robert Schuman para Estudios Avanzados, es una herramienta diseñada con el objetivo de identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros y en países candidatos a ingresar en la Unión Europea.
Y es tan relevante que la Comisión Europea lo toma como referencia para evaluar la situación de los medios en los países miembros en su informe anual sobre el Estado de derecho, que precisamente fue hecho público este martes. En él, Bruselas subraya también que “la transparencia de propiedad de medios sigue siendo un área de preocupación” en España, pendiente de la adopción de la nueva legislación derivada de las normas europeas sobre libertad de medios y servicios digitales. “El déficit de transparencia que existe en todos los medios no audiovisuales continuará hasta que se establezca el nuevo registro. Por lo tanto, continúa registrando un nivel de riesgo muy alto”.
Riesgo “muy alto” para la pluralidad
El informe de Bruselas también se hace eco de otros indicadores del Media Pluralism Monitor, entre ellos el que advierte que el riesgo para la pluralidad se mantiene en España “muy alto (91%)”. Este indicador hace referencia a la diversidad real de propietarios y empresas que controlan los medios de comunicación en un país. Es decir, cuántos y qué tan distintos son los agentes económicos que poseen y gestionan medios informativos relevantes (televisión, radio, prensa, online).
Es un indicador que evalúa si el sistema mediático está dominado por un pequeño número de empresas (riesgo de concentración) o si, por el contrario, existe un ecosistema plural con múltiples operadores independientes compitiendo en condiciones razonables.
La situación de RTVE, cuya regulación fue reformada por las fuerzas que apoyan al Gobierno para que su máximo responsable ya no tenga que ser elegido por consenso, también es objeto de atención. El documento alude a la “preocupación” existente en torno a “la falta de independencia y uso de medios de servicio público regionales para propósitos políticos”, en referencia a las radiotelevisiones autonómicas.
El MPM de este año asegura, a este respecto, que se “han intensificado los temores de interferencia política y comprometido la independencia editorial” de los medios públicos. Y denuncia con toda claridad dónde está el problema: “España sigue siendo el único país de la UE sin un consejo audiovisual nacional, limitando la supervisión efectiva de la influencia política y el pluralismo mediático”.
“El marco legal para publicidad estatal permanece sin cambios”, subraya la Comisión en el informe sobre el Estado de derecho, a pesar de que ha aumentado el número de campañas publicitarias. El proyecto de ley que debe reformar la legislación sobre publicidad institucional para hacerla más transparente aún no ha sido adoptado y, bajo la ley actual, “la falta de información sobre beneficiarios finales de publicidad institucional hace difícil evaluar” su “impacto en el mercado de medios”.
“Se observa una tendencia ascendente en el número de campañas institucionales nacionales y su costo. El Plan de Publicidad Institucional y Comunicación 2025 prevé 161,2 millones de euros para 146 campañas institucionales, un aumento del 16% sobre el plan 2024 y la cantidad más alta desde 2008”, señala el informe.
Sin progresos
Sigue sin haber progresos, advierte la Comisión, “en la recomendación de fortalecer el acceso a la información, pendiente de adopción de nueva legislación”. “El marco legal sobre acceso a documentos aún no ha sido cambiado”, aunque el Gobierno “se ha comprometido a adoptar el proyecto de ley sobre información clasificada, así como una nueva ley sobre Administración abierta para expandir las obligaciones de transparencia”.
A pesar de los pasos previstos a través de propuestas legislativas en curso, “los periodistas continúan enfrentando desafíos crecientes respecto a condiciones laborales y seguridad”. Desde la publicación del Informe sobre el Estado de derecho 2024, “se han registrado seis nuevas alertas para España en la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, relacionadas con ataques a la seguridad física e integridad, acoso e intimidación de periodistas, y otros actos que tienen efectos escalofriantes en la libertad de medios”.
El informe “espera que el proyecto de ley sobre el secreto profesional del periodismo sea adoptado por el Gobierno en breve” y denuncia que “la propuesta de octubre de 2024 para enmendar la Ley de Seguridad Ciudadana”, conocida como ley mordaza, “continúa siendo discutida en el Parlamento”.
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El Media Pluralism Monitor echa en falta que España siga sin adoptar medidas para corregir las leyes de difamación, que no esté protegiendo a los medios de las demandas abusivas –tal y como exige desde 2024 Bruselas–, o la ausencia de una estrategia nacional contra la desinformación.
El informe valora el anunciado Plan de Acción para la Democracia, dirigido a revisar partes del Código Penal para alinearse mejor con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, pero lamenta que las medidas específicas aún no hayan sido detalladas ni debatidas en el Parlamento. Lo mismo sucede, subraya el informe, con el anunciado registro sobre la propiedad de los medios y la obligada transparencia de la publicidad institucional, que siguen sin implementarse.
“No existe un requisito legal que obligue a los medios a divulgar intereses económicos o políticos, complicando la detección de posible influencia política o conflictos de intereses”, lamenta el MPM. Y sigue sin haber “regulaciones específicas que prevengan el control político directo o indirecto sobre medios privados, especialmente a través de publicidad institucional y procesos de licencias de televisión”.
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