El síndic Jose Muñoz desde el PSPV-PSOE en Les Corts carga contra Carlos Mazón, al que acusa de repetir la estrategia de Cristóbal Montoro con un “BOE a la carta” diseñado para favorecer a grandes lobbies y sectores empresariales muy concretos. Bajo esta premisa, los socialistas aseguran que la Comunitat Valenciana está viviendo una regresión normativa que “coloca los intereses privados por encima del interés general” y compromete la financiación de los servicios públicos esenciales.

“Varias empresas tienen la capacidad de legislar a la carta con la ayuda inestimable del Partido Popular”, denunció este martes el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, en una comparecencia ante los medios. A su juicio, la Generalitat Valenciana estaría aprobando “leyes hechas a medida” para constructoras, eléctricas, nucleares o el sector del juego, reproduciendo así una práctica que, según recuerda, ya marcó la etapa de Montoro en el Gobierno central.

El caso de las casas de apuestas

Uno de los ejemplos más claros para los socialistas es la reforma de la Ley del Juego impulsada por el Consell de Mazón. En su primer año de mandato, el gobierno autonómico eliminó la distancia mínima de seguridad entre las casas de apuestas y centros educativos, sanitarios o espacios de ocio infantil, una medida que el PSPV atribuye directamente a la presión de los lobbies del juego. Hasta entonces, la normativa establecía una distancia de al menos 850 metros para evitar la exposición de menores y jóvenes a estos establecimientos.

El PSPV alerta de que esta decisión ha disparado la apertura de nuevos locales de apuestas en barrios obreros y zonas vulnerables, una tendencia que contrasta con la línea restrictiva que se sigue en otras comunidades autónomas. “Mientras en otros territorios se refuerzan las limitaciones para proteger a la juventud y a los barrios más humildes, aquí Mazón ha hecho justo lo contrario, cediendo al lobby del juego”, lamentó Muñoz.

Por ello, los socialistas registrarán de inmediato en Les Corts una Proposición de Ley para restablecer esa distancia mínima y evitar que las casas de apuestas sigan proliferando cerca de colegios e institutos. “Queremos blindar la salud y el futuro de los jóvenes frente a la ludopatía y los intereses de unos pocos”, defendió el síndic socialista.

Perdón fiscal a las nucleares

El otro gran frente abierto por el PSPV es la reciente condonación de 14 millones de euros a las empresas del sector nuclear. La Generalitat decidió eliminar un impuesto autonómico que gravaba la actividad de estas plantas, una tasa que se había implantado para compensar el impacto ambiental y económico de su actividad. Para Muñoz, esta medida supone un “regalo millonario” que solo beneficia a “una élite empresarial” mientras la Administración deja de recaudar recursos clave para reforzar la sanidad, la educación o la dependencia.

“En la Comunitat Valenciana, la ramificación del BOE a la carta tiene lugar con Carlos Mazón”, insistió Muñoz, quien remarcó que “se estaban aprobando leyes a la carta de determinadas empresas que se han visto beneficiadas por ello, mientras la ciudadanía paga la factura”.

En línea con esta denuncia, el PSPV ha registrado otra iniciativa parlamentaria para reimplantar el impuesto nuclear y recuperar esos 14 millones de euros que, advierten, podrían haberse destinado a reforzar plantillas en hospitales, ampliar infraestructuras educativas o financiar nuevas plazas en residencias públicas.

Constructoras, eléctricas y residencias

Además, la lista de favores incluye “concesiones a medida” para el sector de la construcción, con cambios normativos que permiten levantar viviendas de protección oficial más caras, edificar en zonas inundables o relajar restricciones urbanísticas en la costa. Además, denuncian la supresión de tasas e impuestos medioambientales a grandes eléctricas, una decisión que, a su juicio, “blinda beneficios millonarios” mientras el esfuerzo fiscal recae cada vez más en las rentas medias y bajas.

Muñoz también puso el foco en la reducción de plazas en residencias públicas de mayores, que según dice, “abre la puerta a la privatización de los cuidados” y favorece a empresas que gestionan residencias privadas. “Estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo de lo público para que una minoría haga negocio a costa del bienestar común”, criticó.

El síndic socialista reclamó a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que detalle públicamente cuántos millones en impuestos se han dejado de ingresar por decisiones de este tipo y a qué lobbies se han beneficiado desde la llegada de Mazón al Palau de la Generalitat. “Queremos saber con cifras sobre la mesa cuántos recursos se han perdonado y cómo ese dinero podría haberse invertido en reforzar servicios que hoy están bajo mínimos”, subrayó.

Además, Muñoz denunció la falta de transparencia en la interlocución con los grupos de presión: “Ahora, con la modificación que hizo Mazón de la mano de VOX, nos es imposible saber qué lobbys están presionando y cómo influyen para que se legisle a su favor”, apuntó.

Dos iniciativas para revertir la “barra libre”

Con estos argumentos, el PSPV urge a Mazón a respaldar las dos iniciativas parlamentarias que devolverían la distancia mínima entre casas de apuestas y colegios y reimplantarían el impuesto nuclear. “Si de verdad gobierna para la mayoría, que las apruebe, digan lo que digan los lobbys”, retó Muñoz, convencido de que la “barra libre” para los grandes intereses privados tiene los días contados si la presión social y política aumenta.

Mientras tanto, los socialistas se preparan para convertir este debate en una de sus principales banderas de oposición en lo que resta de legislatura: “No vamos a permitir que se legisle a golpe de favores mientras se desmantelan derechos y servicios básicos que costaron décadas conquistar”, sentenció Muñoz.

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