dimecres, 25 de juny del 2025
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ESPANYA SE ROMPE A TROCETS
El INE confirma que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre impulsada por el consumo y la inversión
- Estadística revisa ligeramente al alza la demanda interna y a la baja la externa en +0,1 y -0,1 puntos, respectivamente
- El repunte interanual se situó en el 2,8%, cinco décimas menos que de octubre a diciembre
Un trabajador de la construcción en Torrelavega, Cantabria EFE/ Pedro Puente Hoyos
La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, según ha confirmado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el ritmo de crecimiento se moderó una décima respecto al trimestre anterior, se mantuvo el dinamismo de la actividad en un contexto marcado por la guerra arancelaria y los conflictos internacionales.
El consumo privado y, sobre todo, la inversión impulsaron el Producto Interior Bruto (PIB) al inicio del año, dejando el avance interanual en el 2,8%. Son cinco décimas menos que de octubre a diciembre.
"Se confirma el buen pulso de crecimiento de la economía española en este comienzo de año. En 2024, España fue el país avanzado que más creció y en 2025 todo el mundo, el FMI o la OCDE, prevé que siga así", ha recalcado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.
Precisamente, España volvió a registrar de enero a marzo un crecimiento superior al de los países de nuestro entorno, lejos del 0,1% de Francia o el 0,4% de Alemania.
El ministro ha destacado que esa "buena dinámica" también se refleja en el mercado laboral, pues en lo que llevamos de año se han contabilizado 230.000 nuevas afiliaciones en términos generalizados. "Son todo buenas noticias", ha celebrado.
De esta forma, la economía española acumula 19 trimestres consecutivos de incrementos trimestrales y 16 trimestres de avances interanuales. No obstante, ese crecimiento de enero a marzo del 0,6% es el más bajo desde el segundo trimestre de 2023 (+0,25%).
Revisa al alza el consumo y la inversión
Por componentes, Estadística ha revisado ligeramente al alza la demanda interna (consumo e inversión) y a la baja la externa (exportaciones e importaciones) en +0,1 y -0,1 puntos, respectivamente. Así, la primera aportó 0,5 puntos al avance trimestral, frente a los 0,1 puntos de la segunda.
Dentro de la demanda interna, el consumo privado mejoró dos décimas más de lo avanzado, hasta el 0,6%; mientras que la inversión aumentó el 0,9%, tres décimas más de lo adelantado, pero muy por debajo del 3% del cuarto trimestre.
En concreto, la inversión en vivienda se aceleró un 1,9% en el inicio del año, frente al crecimiento del 1,7% del cuarto trimestre de 2024; en tanto que la inversión en maquinaria y bienes de equipo se moderó al 1,6%, respecto al 7,6% registrado previamente.
Y, respecto a la demanda externa, la revisión a la baja se concentra fundamentalmente en una mayor importación de bienes (+0,9), fruto del tirón de la demanda interna. Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa intertrimestral del 1,7%, lo que supone 1,6 puntos más que el trimestre anterior.
rtve
dimarts, 24 de juny del 2025
Preocupación en las gestoras de residencias de mayores ante los impagos del Consell
La Conselleria de Servicios Sociales adeuda alrededor de 26 millones de euros
El pago por enriqueimiento injusto y la falta de financiación dificultan los trámites
Publicado: 24/06/2025 ·
06:00
Actualizado: 24/06/2025 · 12:19
VALÈNCIA. Preocupación en las empresas gestoras de residencias de mayores de la Comunitat Valenciana ante el retraso en el pago de las facturas correspondientes a los servicios prestados desde hace meses y que no avanzan desde enero de este año. Según denuncian, la Conselleria de Servicios Sociales no ha contabilizado los expedientes de pago, lo que ha dejado bloqueada cualquier posibilidad de ingresar las partidas, incluso aquellas que podrían financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario que el Gobierno de España tiene comprometido con la Generalitat y al que, en las últimas semanas, el Consell ha achacado impagos como los de las farmacias.
“El problema radica en un tapón administrativo: la Intervención no valida los paquetes de expedientes en el caso de error y, aunque algunos estén correctamente documentados, todos quedan paralizados y deben tramitarse de nuevo desde cero”, explican desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana. Mientras, desde el departamento de Susana Camarero señalan que están avanzando en la cuestión, pero asegura que se trata únicamente de un problema de liquidez. "Los enriquecimientos injustos, que es el grueso de las facturas, están paradas por falta de liquidez. En cuanto al procedimiento, los expedientes los recibe la Dirección Territorial, que revisa y envía a la Dirección General de infraestructuras Sociosanitarias, que es la que valida junto con la Intervención delegada de la Generalitat, y los eleva al Consell. El Consell aprueba estos pagos, que vuelven a Intervención para fiscalización y contabilización y pasan a Hacienda, que es quien los canaliza todos los pagos. Todos los enriquecimientos injustos están en este punto, en Hacienda, por un problema de falta de liquidez por no haber recibido el Fla ni el extra Fla", recalcan.
En este sentido, aseguran que es una cuestión financiera, no administrativa. "El bloqueo del extra FLA por primera vez en 13 años y por motivos exclusivamente de tacticismo político está asfixiando financieramente a la Generalitat y, por extensión, a los proveedores de servicios públicos fundamentales. Y por eso la consellera de Hacienda exige cada día su desbloqueo", señalan. La deuda acumulada por los impagos a las residencias ha sobrepasado los 26 millones, poniendo en riesgo el abono de las nóminas y la viabilidad económica de muchos centros, según explican desde las residencias.
“Sin liquidez ni certezas sobre los flujos de caja, la estructura de costes como el alquiler, suministros o personal se vuelve inmpagable y e conduce al cese de actividad”, advierten desde una de las compañías. "Desde el punto de vista de la gestión pública, esta situación constituye un agravante crítico que tensiona aún más un sistema ya fragilizado por la introducción de criterios de contratación que no priorizan la solvencia ni la estabilidad. El retraso en los pagos no solo evidencia una desconexión entre las decisiones políticas y los procedimientos administrativos, sino que también revela una ausencia de mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en contextos de incertidumbre presupuestaria", insisten.
Ante este panorama, las asociaciones del sector exigen una revisión urgente de los instrumentos de gobernanza del sistema de servicios sociales. Reclaman la adopción de criterios de previsibilidad financiera, con plazos de pago máximos legalmente vinculantes, seguridad jurídica en la tramitación de expedientes y sostenibilidad operativa que proteja tanto a las entidades proveedoras como a las personas usuarias, quienes se verían directamente afectadas por el deterioro de la calidad asistencial.
El pasado mes de mayo, el Consell autorizaba la contratación de la gestión integral de residencias públicas de mayores en Paterna, Benetússer, Benejúzar y Orihuela por un importe de 35 millones para empezar a subsanar este problema y regularizar la situación. Estos contratos afectan a las mencionadas residencias públicas, cuya continuidad en la prestación del servicio requiere una nueva contratación tras finalizar los contratos anteriores, que en algunos casos, como se apuntaba, habían caducado en 2019. Unos concursos que la Conselleria de Servicios Sociales tenía previsto sacar en el primer trimestre del año. No obstante, todavía quedan numerosos por licitar.
castellonPlaza
Ana Besalduch acusa al gobierno de Mazón de un recorte brutal de inversiones en las comarcas del Maestrat y els Ports
La reelegida Secretaria General del PSPV de Ports Maestrat ha dado a conocer la nueva ejecutiva que tiene como objetivo presentar candidaturas ganadoras en todos los municipios
La Secretaria General del PSPV PSOE Ports-Maestrat, Ana Besalduch, ha acusado a “la Generalitat de Mazón de haber realizado un recorre brutal en las comarcas del Baix y Alt Maestrat y Els Ports. Ninguna inversión significativa en estas comarcas la ha realizado el PP”.
Besalduch ha recordado que “de 7 millones de previsión de inversión en estas comarcas la ejecución no ha llegado al millón y medio de euros mientras la Generalitat ha perdonado 15 millones de euros a la compañía propietaria de la central nuclear de Confrentes”.
Besalduch, reelegida por unanimidad Secretaria General comarcal, además de ser diputada autonómica, ha presentado la nueva ejecutiva comarcal salida del X Congreso celebrado el día 7 en Rossell. El objetivo principal de esta nueva ejecutiva será “poder confeccionar listas en todos los municipios que tengan posibilidades de ser ganadoras para devolver las políticas y servicios de bienestar a la genta a la que el gobierno de Mazón se lo ha arrebatado”, apuntaba.
Besalduch ha realizado un repaso al recorte de inversiones por parte de la Generalitat, el caso de sanidad “la situación está igual que estaba, no hay inversión en el centro de salud de Vinaròs cuyo proyecto se aprobó el 23 de julio de 2023. En el Hospital Comarcal no hay ninguna licitación en curso e incluso se borró del presupuesto el helipuerto. En Benicarló de los 2,5 millones previstos para el centro se ha quedado en una partida de 50.000 euros”.
Educación ha sido otro punto analizado por la Secretaria General del PSPV Ports Maestrat quien ha lamentado que se ha anulado la delegación de competencias que se había hecho en favor del Ayuntamiento de Vinaròs para el Centro de Educación Especial de la comarca. Lo mismo se ha hecho para el Instituto Ramón Cid de Benicarló o para el colegio de La Jana.
También ha denunciado Besalduch un recorte de clases “muy significativo” en los cursos de francés de la EOI en Benicarló mientras ha reivindicado la universalidad de la educación de 0 a 3 años. La Secretaria General socialista de Ports Maestrat ha recordado que “Ximo Puig habilitó las aulas de 2 a 3 años y ahora han de abrir las de 0 a 2 años en los colegios públicos de localidades como Canet, Xert, La Jana o Traiguera”.
La situación en servicios sociales ha sido calificada por Besalduch como “desastrosa” ya que municipios como “Vinaròs, Traiguera o Albocasser habían invertido en la preparación de solares para el Pla Convivint y resulta que la Generalitat de Mazón ha dicho que no hará ni una residencia pública cuando ya estaban previstas por el anterior gobierno de Puig”.
NUEVA EJECUTIVA COMARCAL
President Evaristo Martí Vilaró
Secretaria General Ana Maria Besalduch Besalduch
Vicesecretaria d’ Org Edu Barberà Pla
Vicesecretari General i Portaveu Ilde Añó Lores
Secretaria àrea social Malú Blasco Querol
Secretaria de comunicació Julio Vidal Labernia
Secretaria d’acció Electoral i Xarxes Juan José Cabanes Ramón
Responsable partit judicial Albocàsser i repte demogràfic Isabel Albalat Celades
Secretaria de política Municipal i mobilització Sergio Bou Ayza
Secretaria de projectes estratègics comarcals i sectors productius
Carlos Flos Fresquet
Secretaria de Salut i LGTBI Pau Romeu Valls
Secretaria de documentació i suport als grups municipals
Carlos Miralles Armenteros
Secretaria de cultura i igualtat Ernestina Borràs Bayerri
Responsable de Partit judicial Morella i memòria democràtica i cooperació
Amadeu Bordàs Antolí
Secretaria de formació i joves Lara Guadix Castillo
Responsable partit judicial Sant Mateu i emergència climàtica
Iluminada Domenech Beltran
Secretaria d’esport i turisme Beatriz Ferrando Forés
Secretaria d’Educació Queremon Riba Guzman
Secretaria sector primari Maite Linares Matamoros
La francesa Qair estudia el puerto de Castellón como base para su eólica marina frente a Menorca
Energía
Valencia
La multinacional francesa Qair, que promueve y gestiona plantas de energías renovables en una veintena de países, estudia atracar en el puerto de Castellón. Dentro de sus planes de crecimiento el grupo ha puesto sus ojos en los proyectos de eólica marina en España y la Autoridad Portuaria de Castellón precisamente quiere ampliar su oferta con una parte de su espacio para este tipo de industria.
La multinacional energética mantuvo un encuentro con los responsables del Puerto de Castellón para conocer de primera mano las instalaciones que prevé poner a disposición de los proyectos industriales de eólica marina que apuesten por operar desde la capital de La Plana.
Qair está construyendo uno de los primeros parques eólicos flotantes del mundo, que se ha bautizado como EOLMED con una potencia de 30 MW en Port-La-Nouvelle, en el sur de Francia. Actualmente desarrolla proyectos en países como Portugal, Francia, Reino Unido, Brasil y Vietnam.
En el caso de España, la multinacional creó el año pasado Qair Renewables Iberica Offshore con la intención de desarrollar proyectos de este tipo. En concreto tramita un parque eólico marino de 594 megavatios (MW) en Pontevedra, denominado proyecto Roleira, además de otros proyectos como el llamado Gragel de 180 MW al norte de la ísla de Menorca (Baleares).
Precisamente esa zona del Mediterráneo, denominada zona Leba en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, es la que se situaría más cerca de la zona de influencia para utilizar Castellón como puerto para realizar parte de las labores industriales antes de su transporte a la ubicación en el mar.
Diversificar tráficos
Los planes de la Autoridad Portuaria de Castellón son destinar 500.000 metros cuadrados en sus terrenos para esta industria, con un muelle de 875 metros lineales y 16 metros de calado reservados para eólica marina flotante. Su planificación pasa por estar disponible en 2028, según el presidente del puerto, Rubén Ibáñez.
La intención es diversificar los tráficos de los muelles, que ya tienen experiencia en este sector ya que mueve gran parte de las palas eólicas que fabrica la factoría de LM Wind Power, de General Electric, ubicada en Les Coves de Vinromà en el interior de Castellón. Hasta hace unos años en otra población cercana se ubicaba una planta de Acciona Wind Power para las góndolas de los aerogeneradores, pero ceso su actividad y fue asumida por el fabricante ferroviario Stadler.
Actualmente la refinería de BP, junto al recinto portuario, y los graneles del sector cerámico son los mayores tráficos de esta instalación marítima.
El responsable de la Autoridad Portuaria, señaló tras la reunión que otros operadores internacionales de países como Francia e Italia "han mostrado interés en PortCastelló como un aliado clave en el impulso de esta tecnología". Por parte de Qair participaron varios directivos: Pablo Alcón Valero (Offshore Wind Director), Jaime Fernández-Kelly Rodríguez-Marqués (Technical Development Offshore Wind) y Pep Malagrava Rigo (Jefe de Proyectos Zona LEBA – Eólica Marina).
eleconomista
dijous, 19 de juny del 2025
El Supremo mantiene en pie la mayor macroplanta solar de Europa a pesar de la "ilegal" expropiación de los terrenos
La sentencia revoca el fallo del TSJEx que ordenaba la restitución de las 525 hectáreas a su propietario original en Usagre (Badajoz)
El terreno del Proyecto Núñez Balboa
La mayor planta fotovoltaica de Europa -levantada por Iberdrola en tiempo récord en Usagre (Badajoz) -continuará en pie y funcionando tal y como lo ha venido desarrollando desde abril de 2020. El Tribunal Supremo, a pesar de considerar la operación de expropiación de los terrenos como de "auténtico fraude de ley" y "abuso de derecho" estima el recurso de casación interpuesto por Iberdrola (Proyecto Núñez de Balboa SL) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que consideró en mayo de 2022 que la expropiación forzosa de las 525 hectáreas que realizó la multinacional al propietario de los terrenos, Santos Lázaros Arias, fue realizada de forma ilegal, por lo que obligaba a "desmantelar" la construcción que abarca una superficie de hasta tres municipios a la vez, Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida (todas ellas de la provincia de Badajoz), donde se instalaron 1.430.000 paneles fotovoltaicos con el objetivo de producir cada año en torno a 500 MWp, que permite suministrar energía a 250.000 hogares.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Suprema, en una sentencia hecha pública este miércoles, mantiene la consideración de que "las fincas fueron indebidamente expropiadas" en una operación "que no tiene nombre", por lo que ordena que los terrenos se devuelvan y se inscriban en términos de propiedad en favor de su propietario (estaban a nombre de la sociedad Natura Manager, S.L.). En cambio, no ordena la ejecución de su desmantelamiento de la planta.
En este sentido, también insta a que se compensen a las partes por el tiempo transcurrido en los términos que resulten procedentes (la expropiación se llevó a cabo el 15 de julio de 2020), remitiéndose al alquiler que primeramente habían acordado antes de producirse la expropiación unilateral y forzosa por parte de la multinacional al acogerse a la declaración de "utilidad pública en el sector eléctrico". El justiprecio quedó fijado en 3.338.314,92 euros, pero la abogada del propietario, Dorinda Aventín, siempre ha defendido que para su cliente el caso se trató siempre de una cuestión moral y ética y no económica, al ser forzado el propietario a esta operación con la que no estaba de acuerdo.
La operación para la puesta en marcha del proyecto conllevó la autorización administrativa de una subestación eléctrica 30/400 kV y la línea aérea a 400 kV para la evacuación de energía eléctrica. La Abogacía del Estado manifestó en su escrito no oponerse al recurso de casación planteado por Iberdrola. Esta actuación es critica por el Supremo, que quiso "evitar una nulidad de todo el proceso expropiatorio, que es palmaria por ausencia de justificación para haber acudido a la expropiación de las fincas".
La sentencia del Supremo advierte que el contrato de arrendamiento entre las partes se firmó el 28 de enero de 2016, "escasamente unos meses antes de la solicitud (de expropiación), lo que hacía innecesario y, por lo tanto, injustificado, el ejercicio de la potestad expropiatoria a tal fin". Así, añade que dicho contrato de arrendamiento por 25 años "tenía por finalidad precisamente arrendar las fincas para la construcción en ellas por el arrendatario de la planta fotovoltaica", es decir, añade, que "la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad" a dueño. Por eso, al hacerlo se ha producido, según confirma la sentencia, "un auténtico fraude de ley y un abuso de derecho, pues se persigue un resultado no permitido por el ordenamiento jurídico".
Así, señala que el contrato de arrendamiento de las fincas, en realidad, fue utilizado por la multinacional "para poder entrar en las fincas a los efectos de inicio de las obras de construcción", después de informar que el alcalde de Usagre había concedido licencia urbanística para la ejecución de la construcción de la planta, en un planteamiento "realmente inconcebible". Pero "no queda ahí el actuar de la promotora", continúa la sentencia, sino que entonces presenta solicitud en la Delegación del Gobierno de Extremadura para la expropiación "con el argumento de que no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre el justiprecio, lo que es realmente sorprendente. El despropósito no tiene nombre", insiste el Supremo.
Por el contrario, no ordena que los terrenos sean restituidos a su fase inicial: "Nada en los autos permite afirmar que estemos en un supuesto de imposibilidad de restitución del bien expropiado", en la medida de que haya afectado a los derechos de uso, disfrute y disposición sobre el bien expropiado: "Es doctrina jurisprudencial reiterada" a pesar de que la abogada del propietario alegó la pérdida de cosechas y de los olivos que había en la finca.
Iberdrola alegó en los diferentes recursos del caso que el procedimiento expropiatorio no se circunscribió a las fincas a las que se refería el contrato de arrendamiento sino que, incluyendo el proyecto una línea aérea de evacuación de energía, afectó también a otras fincas, totalmente ajenas a este contrato.
Una vez conocido el pronunciamiento del Supremo, la abogada del propietario señala que "vamos a pedir ejecución de sentencia y a retornar al minuto uno, es decir, al contrato de alquiler que estaba vigente en el momento de pedir Iberdrola la expropiación ilegal y solicitar se declare expresamente incumplido ese contrato de alquiler porque actuó de mala fe y se se declare la resolución del contrato por incumplimiento grave y una resolución del contrato por incumplimiento grave". Además, exigirá una indemnización que sea igual al daño causado: "Iberdrola no se puede ir de rositas", advierte.
Además, recuerda que la sentencia del Supremo está firmada por una ponente que no fue la designada inicialmente, sustituyendo a Wenceslao Olea, magistrado que dictó sentencia en el caso de Valdecañas.
La inversión de la planta rondó los 290 millones de euros y empleó para su construcción a 1.200 trabajadores. Para su financiación, el grupo suscribió un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por 145 y 140 millones, respectivamente. En julio del año pasado, EL MUNDO publicó que a Fiscalía Europea inició un proceso de investigación por si se produjo un presunto uso fraudulento de fondos públicos en la construcción y funcionamiento esta fotovoltaica. Se trató de un préstamo ordinario, el nº 90022, y la cantidad fue completamente desembolsada. Se da la circunstancia de que Emma Navarro fue vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) entre 2018 y 2020, etapa que coincidió con las ayudas al proyecto 'Iberdrola Núñez de Balboa'. Navarro también fue presidenta del ICO en 2015 y 2016. La responsable terminó fichando por esta compañía como miembro del Consejo de Administración sólo tres meses después de abandonar la institución europea que presta este tipo de subvenciones.
En septiembre de 2024, la Audiencia Provincial de Badajoz absolvió al ex alcalde de Usagre, Antonio Luna, a su teniente de alcalde, María Dolores Esteban, y al empresario Andreas Hinkelmann por la gestión en la concesión de la licencia de municipal y resto de trámites administrativos para la construcción en tiempo récord (menos de un año) de la considerada mayor fotovoltaica de Europa.
elmundo.es
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