La Guardia Civil destaca una serie de correos electrónicos y actas como claves en el primer amaño de la investigación sobre el despacho del exministro
El 19 de noviembre de 2017, los Mossos d’Esquadra hicieron un registro en las sedes que la empresa gasista Messer Ibérica de Gases tiene en las localidades tarraconeses de Vila-Seca y El Morell. Los agentes buscaban indicios de un supuesto delito contra el territorio en una investigación iniciada aquel año. Sin embargo, al analizar la documentación obtenida del volcado de los servidores donde se conservaban los correos eléctrónicos de los directivos y, en concreto, los de Rubén Folgado, director técnico de la planta química de la compañía, la policía catalana encontró mensajes que hoy, casi ocho años después, se han revelado claves en la investigación sobre la supuesta trama de corrupción para beneficiar a empresas que tiene su epicentro en el exministro del PP Cristobal Montoro y el despacho Equipo Económico que él fundó.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia destaca en un informe incorporado al sumario que instruye el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona y al que ha tenido acceso EL PAÍS, que aquellos mensajes intervenidos en Messer junto a otros localizados dos años más tarde, el 4 de diciembre de 2019, en otro registro realizado en la sede de la empresa Carburos Metálicos en Cornellá (Barcelona) han aportado un total de 31 documentos que el instituto armado considera “de interés” para las pesquisas al concluir que han permitido apuntalar las sospechas de que Equipo Económico era contratado por empresas con el objetivo de que, echando mano de sus contactos en las altas instituciones del Estado gracias a los puestos ocupados por sus miembros en diferentes Gobiernos del PP, influyese en decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Montoro y otras 27 personas han sido imputadas formalmente esta semana por estos hechos acusados de los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad.
El primero de los documentos destacados por la UCO es un correo electrónico con fecha del 24 de abril de 2013 enviado por Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran consumo de Energía (Aege) a Francisco Maione, director general de Carburos Metálicos, una de las empresas gasísticas salpicadas por el escándalo, en el que el primero informa a este de que, con motivo de un evento organizado por su asociación, iba a tener ocasión de comer con un alto cargo de Industria. “Este correo y otros que le siguen, permiten inferir ya que en el mes de abril de 2013 las empresas y asociaciones del sector gasístico investigadas se encontraban realizando gestiones y contactos encaminados a lograr la referida reforma legislativa [una reducción de impuestos de hasta el 85%] que no fue aprobada hasta finales del año 2014″, recalca el documento policial.
El siguiente documento es otro correo electrónico, en este caso del 26 de septiembre de 2013, que Carlos Romero, secretario general de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), organización también salpicada por la investigación, envía a los responsables de cinco empresas gasísticas para informarles del envío al entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, de una serie de propuestas para enmendar la ley y conseguir la reducción impositiva. Poco después eran directivos de Messer, la empresa en la que se intervinieron los primeros correos electrónicos, los que planteaban la necesidad de tomar medidas “a nivel político”, destacan los agentes en su informe.
Según la documentación intervenida, tres semanas después, la AFGIM celebraba una reunión en la que se abordó ya la posibilidad de contratar para estas gestiones al despacho Equipo Económico, uno de los cuyos socios, Manuel de Vicente Tutor, intervino en el encuentro y planteó realizar un estudio sobre la exención parcial del impuesto energético que querían las empresas para presentarlo ante “el ámbito político apropiado”. Precisamente, al día siguiente, 16 de octubre de 2013, el secretario de Estado de Hacienda, al que el lobby gasítico había dirigido fechas antes una carta para pedirle la rebaja de impuesto, remitía otra misiva, en este caso a la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feiqe) en el que planteaba la imposibilidad de aplicar la reducción impositiva debido al “restrictivo marco presupuestario actual”.
Ante esta respuesta negativa, los miembros de la AFGIM celebraron una reunión el 25 de octubre de aquel año en el que, según el acta intervenida, se acordó ya contratar al despacho Equipo Económico y cómo debían repartirse los pagos a este entre las diferentes empresas. Se iniciaba entonces un cruce de al menos siete correos electrónicos entre diferentes responsables de las asociaciones y empresas gasísticas que tuvo un momento clave el 5 de diciembre de 2013. Ese día, Folgado, el directivo de Messer al que se le intervinieron parte de los documentos clave de la investigación, escribía a su superior para informarle de sus gestiones, los escasos resultados de estas y una conclusión: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”. Los agentes ponen el foco en la expresión “como siempre” ya que, en su opinión, “denota que el hecho de pagar a EE [el despacho fundado por Montoro] como vía más directa, podría haber sido algo habitual y conocido”.
A partir de ese momento se sucedieron las reuniones y el intercambio de documentos entre directivos de las diferentes gasistas y la asociación que las aglutina para preparar una reunión que finalmente habían conseguido agendar con el propio Montoro, entonces ministro de Hacienda, para el 4 de marzo de 2014. En uno de esos encuentros preparatorios acordaron sustituir el logo de Equipo Económico que figuraba en un documento que tenían pensado entregar al ministro por el de AFGIM. La reunión se celebró el día previsto y pocas horas después, uno de los participantes, José Luis Méndez, de Carburos Metálicos, envió a los otros tres representantes de empresas del sector que le habían acompañado dos correos electrónico que adjutaban sendas fotografías en las que aparecían todos ellos en su encuentro con el ministro.
La UCO destaca a continución un correo electrónico enviado mes y medio después, el 21 de abril de 2014, por este mismo directivo de Carburos Metálicos a otros cargos de su compañía en el que les revelaba que ese mismo día las empresas gasistas habían mantenido una reunión con Ferre, el secretario de Estado que seis meses antes les había dicho que era imposible la reducción impositiva que planteaban. En este mensaje, Méndez aseguraba que el secretario de Estado ahora mostraba interés por incluir al sector gasístico en la bonificación del impuesto eléctrico. El directivo de la gasista aseguraba que el alto cargo de Hacienda incluso les había pedido ayuda para “la redacción de la modificación de la ley, o sea a la redacción del BOE”.
En los días, siguientes, directivos de las diferentes empresas gasistas se afanaban precisamente en ello e intercambian mensajes con propuestas de textos. En uno de ellos se apuntaba que será el despacho fundado por Montoro el que se encargará “de pulir el texto que les enviemos”. Finalmente, el 28 de mayo, un mensaje de Carlos Romero, secretario de la Afgim daba cuenta de que se había enviado el día anterior al secretario de Estado de Hacienda el texto finalmente acordado. El ultimo mensaje destacado por la Guardia Civil es un correo electrónico del 4 de julio de 2014 en el que Romero confirmaba a los directivos de las empresas gasistas que “la reforma tributaria ya en marcha, ha incluido en la propuesta de modificación de Ley de Impuestos Especiales” que buscaban. En el mensaje se destacaba que la idea era seguir manteniendo contactos con altos cargos de Hacienda “para comentar las cuestiones que se han de tener en cuenta de cara a los desarrollos reglamentarios” de la misma. El informe de la Guardia Civil destaca que el 27 de noviembre de aquel año finalmente se aprobaba la reforma normativa con las exigencias de las empresas gasíticas. “Es decir, meses después de que AFGIM hubiera contratado a EE [Equipo Económico]”, recalcan los investigadores. Es escandalo tardaría aún más de 10 años en saltar.
elPais