La líder del PSPV acusa al presidente de la Diputación de Valencia de mentir ante la jueza o a la ciudadanía y de haber reservado información vital solo para su familia
La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha anunciado que su partido solicitará formalmente la imputación e investigación judicial de Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, por presunto falso testimonio y omisión del deber de socorro durante la gestión de la DANA que dejó 228 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana.
Son declaraciones de Morant el día en el que Mompó declara como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, tras dos citaciones fallidas. En su comparecencia, el president de la Diputación de Valencia asegura que él no podía saber nada del barranco del Poyo antes de las siete de la tarde, que no habló con Mazón del ES-Alert y que no tiene constancia de que la consellera Pradas participara en la redacción del mensaje.
“El señor Mompó ha mentido o nos mintió a través de los medios de comunicación previo a esta declaración, o le está mintiendo a día de hoy a la jueza”, ha afirmado Morant, quien ha calificado la situación como “un delito o una indecencia política que merece su dimisión inmediata”.
Información privilegiada solo para su familia
Morant ha denunciado que Mompó, el 29 de octubre, llamó a su hermana a las 17:30 horas para advertirle del peligro inminente y pedirle que avisara a su madre y a su mujer. “Un responsable político que tiene información suficiente para saber que su familia corre peligro vital, tiene la responsabilidad de avisar a todas las familias valencianas”, ha subrayado.
La líder socialista ha recordado que la alerta oficial no se emitió hasta las 20:11, y que durante ese intervalo “las poblaciones no hicieron otra cosa más que inundarse una tras otra”.
“Una gestión catastrófica”
Morant ha calificado la actuación de Mompó como una “dejación de funciones” y una “irresponsabilidad muy grave”. Ha señalado que la jueza ha determinado que la alerta enviada fue “tardía e inadecuada” y que ello “ha costado vidas en la Comunitat Valenciana”.
“El resultado de esta catástrofe natural ha sido también una catástrofe política”, ha afirmado, y ha insistido en que “el señor Mompó no merece seguir siendo presidente de la Diputación de Valencia”.
Reproche político y exigencia de dimisión
El PSPV considera que, sea cual sea la versión verdadera —si mintió ante la jueza o en los medios—, Mompó debe dimitir. “Ha mentido a los valencianos, a las víctimas y a sus familias. Eso merece todos los reproches políticos”, ha sentenciado Morant.
Respuesta de Mompó a las acusaciones del PSPV
A su salida del juzgado, Mompó ha atendido a los medios y ha defendido su testimonio, acusando al programa Salvados de haber manipulado su entrevista. Y sobre las acusaciones del PSPV, el presidente de la Diputación ha respondido con dureza: “No voy a hacer caso a lo que diga el PSPV. Durante toda la DANA han estado más pendientes de las fotos que de ayudar”. También ha criticado el uso de filtraciones durante su declaración judicial.
El testigo Vicente Mompó rebaja el papel de la exconsellera Salomé Pradas y apunta directamente a los técnicos y, singularmente, al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, tras su declaración de casi siete horas ante la jueza de la dana. Biel Aliño (EFE)
“Sinceramente, no me acuerdo”. La frase, repetida varias veces, supone un certero resumen de la declaración como testigo este jueves en la causa de la dana del presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicente Mompó. Una fuente presente en el interrogatorio tildó la larga testifical del político del PP —de casi siete horas— de “desesperante”. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, espetó al presidente de la institución provincial que algunos pasajes de su relato de los hechos resultaban “difícil de creer”, a tenor de las evidentes contradicciones con la entrevista que concedió al programa 'Salvados' de La Sexta el pasado 8 de diciembre. Cuando le tocó su turno tras la primera ronda de preguntas de la jueza, el fiscal Cristóbal Melgarejo también le reprochó que usara expresiones como “yo diría” o “yo creo” en el contexto de una declaración testifical sobre unos hechos muy concretos. “Aquí lo que queremos es que diga con certeza, esas formas no se pueden tener en consideración; le voy a preguntar por lo que hizo, y que recuerde como si hubiera sucedido hace un minuto”, le requirió el representante del Ministerio Público.
La jueza también mostró su sorpresa por los cambios de versión en relación con una entrevista más cercana en el tiempo al día de autos —el 29 de octubre— que su declaración, celebrada ocho meses y medio después de la dana. La magistrada le planteó: “Había pasado menos tiempo y ahora ha pasado más tiempo, ¿cómo recuerda más ahora que antes?”. La testifical de Mompó, reconstruida por elDiario.es a partir de varias fuentes presentes en la declaración, fue una suerte de rectificación a sí mismo.
En 'Salvados' aseguró que le expresó al president Carlos Mazón sus reticencias sobre la lentitud y la poca operatividad de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y que habló con el jefe del Consell sobre el Es-Alert. Por el contrario, Mompó afirmó en la sala de la Ciudad de la Justicia (en condición de testigo y con la obligación de decir la verdad) que se trataba de una “interpretación interesada”, ya que en ese fragmento de la entrevista arrancaba diciendo: Sinceramente, no me acuerdo“ o ”creo que“. ”Lo que hago [en la entrevista] es suponer“, contestó a preguntas de la jueza.
Tampoco recordaba el contenido de las conversaciones telefónicas que presenció entre la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, y el president Mazón. Sin embargo, sí que destacó que, a pesar de no recordar “nada” sobre el contenido de los diálogos, en ningún caso hablaron sobre el Es-Alert.
“Pregúntele a Jorge Suárez”
La tesis principal del presidente de la Diputación de Valencia fue que del envío de la alerta automática a los móviles solo se habló en el Cecopi a partir de las 19.00 y sin saber nada de la situación en el barranco del Poyo. Toda la reunión se centró de manera monográfica en la delicada situación de la presa de Forata, de la que había alertado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La jueza interrogó a Mompó de manera muy incisiva. Varios testigos habían confirmado previamente a la declaración de Mompó que en la sala de emergencias, anexa al espacio donde se reunía el Cecopi, se empezó a tomar decisiones sobre un posible envío del Es-Alert a partir de las 18.00. Además, los mensajes de WhatsApp internos (publicados por este diario) confirman que así fue. “Resulta difícil de entender que en la sala de emergencias se hablara del Es-Alert y en la sala del Cecopi no. No le digo que mienta, pero es raro”, le dijo la magistrada.
Vicente Mompó adujo que en el Cecopi “son los técnicos los que llevan la batuta”. La referencia a los técnicos, en la línea de la declaración de Salomé Pradas, fue constante, especialmente a Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias y uno de los testigos más esperados en la causa de la dana.
“Pregúntele a Jorge Suárez quien dio la orden directa. (...) Tendrá que ser Suárez el que le conteste”, dijo Mompó a la abogada que representa a la acusación popular que ejerce Intersindical. El testigo apuntó a los dos escenarios principales de la gestión de la tragedia: la reunión del Cecopi y la sala anexa de emergencias. “Yo digo lo que se habló en la sala [del Cecopi], no lo que Jorge Suárez habló con sus compañeros y técnicos”, apostilló.
El testigo también relató que la “preocupación” en el seno del Cecopi era que el envío del Es-Alert provocara un “efecto estampida” en la población.
El papel de Argüeso: “No le digo nulo, pero fue muy básico”
El presidente de la institución provincial rebajó el papel de la entonces consellera Salomé Pradas —que ejercía el mando único de la emergencia— y destacó el papel protagónico de los técnicos en el Cecopi del 29 de octubre y en otros que había presenciado.
El letrado de Pradas le preguntó directamente si la exconsellera mantuvo una participación “proactiva o más bien pasiva”. “Me tendría que decir qué es proactiva y qué es pasiva”, respondió Mompó. Aclarados ambos conceptos, dijo: “Es algo muy subjetivo, mi sensación es que la reunión no la lideraba Salomé Pradas, si era más proactiva o menos, no sé”. En todo caso, Mompó declaró que Pradas no se opuso ni retrasó el envío del Es-Alert.
Quien, a su juicio, tuvo un protagonismo muy limitado (a pesar de ser el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias) fue el entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso, el otro imputado en la causa. “El papel de Emilio Argüeso no le digo nulo, pero fue muy básico, al menos allí a viva voz no [intervino]”, afirmó Mompó a preguntas del abogado que ejerce la defensa del investigado.
La magistrada le repreguntó varias veces ante afirmaciones poco claras o que contradecían hechos acreditados. Vicente Mompó criticó que la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, “no avisó” de la situación en Paiporta, de la que había sido alertada a las 19.00 por la entonces alcaldesa de la localidad, Maribel Albalat. “Sí que avisó, se lo dijo a la señora Pradas, ¿lo sabe?”, le preguntó la jueza. A lo que Mompó contestó: “Lo desconozco”.
De hecho, ese aviso de Bernabé a Pradas, según han comfirmado algunos testigos, propició que se interrumpiera la pausa de la reunión del Cecopi y que las agencias que participaban de manera telemática fueran reconectadas. Sin embargo, Mompó no tuvo “esa sensación” de que la reunión se fuera a un fundido a negro para los participantes 'online', entre ellos la delegada del Gobierno, el representante de la Aemet o el presidente de la CHJ, Miguel Polo.
“Voleu enviar el misstage d'una puta vegada”
Por otro lado, desvinculó a Pradas del envío del mensaje de alerta a los móviles. De la exconsellera, preguntado por el tipo de relación que mantenía con ella, Mompó dijo que era simplemente una “compañera de partido” con la que había coincidido en actos. Con Carlos Mazón aseguró tener una “buena relación”, al ser un “compañero de trabajo, pero no tan intensa como una amistad”. “Mis amigos son de Gavarda”, dijo en referencia a la localidad de la que es alcalde y en la que, a primera hora de la mañana del 29 de octubre, ordenó la suspensión de las clases.
Mompó admitió que la situación en el Cecopi, a partir de las 19.00, “como ciudadano” le “desesperaba”. El testigo detalló que la frase que exclamó en el Cecopi en ese momento de angustia fue: “Voleu enviar el misstage d'una puta vegada” (queréis enviar el mensaje de una puta vez). Tenía la sensación de que se tardaba “más de lo que se debería” en el envío de un mensaje de “tres líneas”. También matizó que le explicaron que se debía validar.
Vicente Mompó dijo que, aproximadamente a primera hora de la tarde, llamó a su hermana para alertarla de que no se desplazara, tras haber visto que se estaban produciendo tornados. “Mi hermana trabaja en Xàtiva y vive en València y se tiene que desplazar por donde [yo] estaba y le quería advertir de que no pasara por donde estoy pasando yo”, afirmó en la sala.
Preguntado por este diario a la salida de la declaración sobre por qué no se extendió el aviso de carácter familiar a toda la población de la provincia, Mompó alegó que la Diputación de Valencia “no emite avisos”, en referencia a que es una competencia del departamento autonómico de Emergencias.
“Se hicieron muchísimas cosas”
La letrada de la Associació Víctimes dana 29 d'octubre 2024 le preguntó por la intervención de Mazón ante los medios de comunicación a partir de las 21.00 (la segunda del president de aquella jornada tras su inoportuna comparecencia a las 11.45). Mompó aparecía, junto con Suárez y Pradas, escoltando a Mazón, quien pidió a la población que se refugiara en altura (unos consejos tildados por la jueza de “inútiles”, a tenor de la hora en que fueron expresados, cuando ya se habían producido fallecimientos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones).
¿Quién le recomendó al president que dijera esos consejos que ni siquiera se incluían en el mensaje del Es-Alert de las 20.11? “Es lo que nos dijeron los técnicos que había que hacer”, explicó el testigo.
El presidente de la Diputación de Valencia también quiso “dejar claro” que el día de la dana “se hicieron muchísimas cosas”. “El inspector jefe [del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset] tenía claro lo que quería hacer, pero tenía que pelear con nuestras ansias de hacer más; una emergencia, nos guste o no nos guste, tiene sus fases. Eso lo decía él. No es que no se hizo nada, eso no es así, según se metían temas se iban hablando”. La catástrofe dejó 228 víctimas mortales (una de ellas embarazada de ocho meses).
Redacción CsD16 julio, 2025Tiempo de lectura 2 minutos
Se han desplegado medios aéreos y terrestres para combatir el incendio declarado en Tírig y evitar su propagación
A las 13:14 horas de hoy, Emergències 112 de la Comunitat Valenciana ha informado a través de su cuenta oficial en X sobre la declaración de un incendio forestal en el municipio de Tírig, en la provincia de Castellón. Las autoridades han movilizado un operativo de emergencia para controlar las llamas, que afectan una zona forestal de la localidad.
Según el comunicado, el dispositivo desplegado incluye dos medios aéreos, dos unidades de Bomberos Forestales de la GeneralitatValenciana,dos autobombas, una dotación de los Bomberos de la Diputación de Castellón y un agente medioambiental.
Por el momento, no se han proporcionado detalles sobre la extensión afectada, las causas del incendio ni el nivel de riesgo, pero el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana está monitoreando la situación.
Según ha informado el Consorcio de Bomberos de Castellón a las 13:59 horas, el coordinador forestal ha confirmado que, por el momento, no se requieren más medios para combatir el fuego, y los equipos continúan trabajando arduamente en las labores de extinción para controlar la situación.
Los imputados se enfrentan a acusaciones de hasta siete presuntos delitos ante sus actuaciones durante su etapa en el Gobierno central
En el momento de publicación de estas líneas, el Partido Popular (PP) sigue guardando un silencio atronador sobre la imputación de Cristóbal Montoro, quien fuera ministro de Hacienda durante la era de Mariano Rajoy.
Han pasado varias horas desde que se conociera la noticia y la formación conservadora no ha emitido un solo mensaje por los canales que comparte con los medios de comunicación, ni vía redes sociales ni públicamente.
Si bien, ElPlural.com ha preguntado al entorno de Feijóo, desde donde señalan que “desconocen si es afiliado”.
El exministro de Hacienda y su guardia pretoriana, imputados
El exministro de Hacienda y Función Pública y uno de los hombres fuertes del anterior presidente del Gobierno pasaba a la calidad de imputado esta semana después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, lo procesara junto a su anterior equipo por haber capitaneado una “organización” para traficar leyes a cambio de beneficios económicos.
Casi una treintena de personas físicas y otras seis personas jurídicas se sentarán en el banquillo acusadas de presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El auto del juez resuelve que “la investigación pone de manifiesto la existencia de una organización” donde todas estas personas “habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de lucro económico”, según informaba el pasado miércoles La Vanguardia.
Entre los nombres que aparecen en el texto se desprenden los siguientes, todos ellos habrían formado parte del entorno profesional de Montoro: u secretario de Estado, Miguel Ferré; exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Pilar Platero; exdirector general de tributos, Diego Martín-Abril; José Alberto García, sucesor de éste; Óscar del Amo, exsubdirector general de tributos locales; a Rogelio Menéndez, asesor del gabinete; José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y a Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria. También, por parte de Equipo Económico (EE), figuran Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras.
Al margen, en cuanto a las personas jurídicas, en el auto judicial se aprecian los nombres de Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación de gasistas AFGIM.
779.705 euros del equipo de Montoro
Atendiendo al documento, EE habría cobrado 779.705 euros entre 2011 y 2019 durante la mayor parte del tiempo en el que Rajoy estuvo en Moncloa. Así se desprende de los correos electrónicos internos y que fueron intervenidos en la causa judicial, donde quedaría evidenciado que las compañías y, muy especialmente, la firma gasista, habría conseguido las reformas legislativas después de “acudir” a la mencionada “organización”.
Hace aproximadamente siete años que se abrió la investigación. En aquel momento, de forma paralela y después de encontrarse un correo electrónico en el que quedaba patente la existencia de presuntos pagos a EE para lograr modificaciones legislativas favorables a firmas gasísticas que se encuentran dentro de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
La forma de operar es bastante sencilla de explicar: EE prestaba favores a las compañías gasistas a través de la mencionada “red de influencias” con el objetivo de acometer las reformas de las leyes en sintonía con sus intereses.
Sin embargo, el juez titular apunta como principal artífice de esa “organización” a Montoro, quien habría ejercido al menos desde 2008 así, “ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas de dicha tramitación” y consiguiendo con ello “presuntamente, una ganancia al despecho EE”: “El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a las sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”.
El resto de cargos aparecen como “estrechamente vinculados al despacho”, lo que dio pie a “asegurar y tramitar” los anteproyectos de ley, así como el “control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación” de normas concretas.
La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal
El contexto El Ministerio Público pide aplicar sobre González Amador la atenuante de reparación del daño porque ya consignó el dinero supuestamente defraudado.
Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Supremo. EFE/Juan Carlos Hidalgo
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