Investigación
Montoro recibió un escrito de la caja B del PP elaborado por uno de los fiscales que ahora limitan la investigación contra él
Un correo inédito de su jefe de gabinete informa al entonces ministro de Hacienda de que el documento del fiscal Anticorrupción les ha llegado sin firma por dos vías y que lo utilizarán para preparar una respuesta al juzgado dentro del caso de financión irregular del Partido Popular
Un correo electrónico de 2015 muestra cómo el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo acceso a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción perteneciente a la causa judicial de la caja B de su partido, el PP, antes que llegara a las partes personadas en el procedimiento y, probablemente, con anterioridad a que fuera presentado al juez Pablo Ruz.
El único fiscal del caso de la financiación irregular del PP era Antonio Romeral, ahora pieza clave en la actual investigación a Cristóbal Montoro. Con posterioridad al caso de la caja B, Romeral ha ascendido a número dos de Anticorrupción y en 2023 fue designado por su jefe, Alejandro Luzón, para que supervise y censure las actuaciones de la fiscal del caso, empeñada en ampliar la investigación contra el ex ministro de Hacienda en contra del criterio de sus jefes.
El correo, al que ha tenido acceso elDiario.es, es enviado por Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del ministro, el 9 de marzo de 2015, a las 18:36:07. Martínez Rico lo remite al ‘mail’ que su jefe tiene abierto en el Ministerio con una dirección que esconde su nombre de pila y primer apellido, pero que incluye el segundo (aromero@minhap.com). Los investigadores han acreditado que se trata del buzón de Montoro.
“A Santiago le han enviado de manera informal el mismo documento que adjunta Julia. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz”, afirma Martínez Rico. Parte de la importancia del correo radica en la fecha en que se envía. La instrucción del caso más grave de corrupción del PP, el de su financiación irregular durante al menos veinte años, estaba próxima a su conclusión. Quien ha recibido el documento es Santiago Menéndez, entonces director de la Agencia Tributaria e igualmente imputado en la causa de corrupción por beneficiar a las empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda y a través de Equipo Económico. Por otra parte, Julia es la jefa de la Secretaría del ministro y, según muestra otro correo, a ella se lo ha remitido su homónima entonces en el Ministerio de Justicia.
En el seno de la causa judicial de la caja B se producía en aquellos días una confrontación jurídica con consecuencias políticas de alto voltaje. El PP se jugaba aparecer como acusado de un delito fiscal por no haber pagado los impuestos correspondientes al dinero negro de los empresarios con el que había sufragado parte de la reforma de su sede central.
El jefe de gabinete prosigue en el correo: “Todavía no tenemos conocimiento de ningún escrito del juez Ruz a la AEAT [la Agencia Tributaria], pero ya tiene cobertura suficiente para insistir en su planteamiento. De momento, la AEAT está preparando escrito de respuesta (inicio de conflicto jurisdiccional) al hipotético escrito del juez Ruz. Felipe”.
El tráfico en Hacienda del escrito de Anticorrupción se produjo en plena disputa judicial entre el juez Pablo Ruz y las acusaciones populares, de una parte, y Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, por otra. Estos últimos defendían que los partidos políticos estaban exentos de tributar por las donaciones ilegales recibidas. Hasta en tres informes, la Agencia Tributaria de la época de Montoro libró informes al juez en ese sentido.
El correo que envía el jefe de gabinete de Montoro al ministro desvela, además, que Hacienda disponía de información adicional de la causa, de forma extraoficial, y que eso le concedía presuntamente una situación ventajosa para obtener su objetivo de que el PP no fuera imputado.
La fiscal del caso Montoro, Carmen García Cerdá, remitió un escrito a Luzón el 24 de mayo de 2023 en el que insistía en la necesidad de investigar este y otro centenar de correos incautados en Hacienda. En un punto del escrito se refiere a la gravedad del correo mencionado en esta información y a su relevancia penal: “Considero que los hechos también pueden tipificarse inicialmente constitutivos, entre otros delitos, de obstrucción a la justicia, penado en el artículo 466 del Código Penal que castiga, como sabes, al que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial”.
El 27 de abril de 2015, cinco semanas después del intercambio de correos que reproduce hoy elDiario.es, la Fiscalía Anticorrupción, con la firma de Antonio Romeral, y la Abogacía del Estado, presentaban sus escritos de acusación, en los que el PP quedaba fuera de la acusación por delito fiscal. La Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo después, corroborarían la tesis de que el dinero negro no paga impuestos. El Partido Popular fue condenado, sin embargo, como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por su tesorero, Luis Bárcenas.
Las acusaciones populares, verdaderas impulsoras del caso de la caja B del PP desde su inicio, siempre fueron muy críticas con la labor del fiscal Anticorrupción asignado al caso, Antonio Romeral, al que acusaban de no impulsar la causa cuando no de obstaculizarla.
Como hito de la instrucción figura la declaración que llevó a Bárcenas a prisión provisional. Tras su declaración, el fiscal Romeral no solicitó prisión para el tesorero del PP. Tuvo que ser una de las acusaciones populares, Adade, quien lo hiciera para que Ruz pudiera enviar a la cárcel al guardián de los secretos del Partido Popular. La prisión provisional de Bárcenas fue el preludio de las confesiones del tesorero acerca de la financiación irregular del partido desde prácticamente su fundación.
Romeral, en el caso caja B y en el caso Montoro
En el caso Montoro, el fiscal Romeral desempeña un papel fundamental. La investigación no se ha ampliado al uso que hacía el ministro de la información confidencial de los contribuyentes, enemigos personales o adversarios políticos de Montoro, porque el jefe de Anticorrupción considera que es un tráfico de información con amparo legal y que no hay indicios de delito.
Ante la insistencia de la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, por que se abriese una pieza separada para investigar correos como el que desvela hoy elDiario.es, Luzón puso a su segundo, Romeral, a tutelar la actuación de la fiscal. García Cerdá no puede enviar ningún escrito al juez sin que de su visto bueno el número dos de Anticorrupción. En línea con su jefe, Romeral ha vetado la nueva línea de investigación.
La confrontación llegó hasta la celebración de una junta de fiscales de Anticorrupción, a petición de Carmen García Cerdá, donde solo cuatro fiscales apoyaron a su compañera, frente a los 18 que se posicionaron del lado de Luzón. Una de las intervenciones más duras contra la fiscal del caso, relatan fuentes presentes en la junta, fue la de Antonio Romeral, el autor del escrito que llegó en 2015 a Montoro de forma subrepticia.
Los correos incautados en Hacienda en el transcurso de la investigación a Montoro muestran cómo el ministro monitorizó toda la participación de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en la causa judicial de la caja B, pese a que los peritos de ambos organismos actuaban en funciones de auxilio judicial y debían responder únicamente a los requerimientos del juez Ruz.
El Periódico adelantó el pasado año el contenido de varios correos que desvelaban ya la intervención de Montoro en el procedimiento judicial y las maniobras para salvar al PP. El PSOE utilizó esas informaciones periodísticas para dirigirse al Tribunal Supremo, que todavía no había dictado sentencia por los recursos al fallo de la Audiencia Nacional.
Los socialistas alegaban que la actuación de los peritos de Hacienda no respondió “a los intereses generales” y que se dedicaron a “defender unos intereses particulares, los del partido (PP) al que se exoneraba de responsabilidad fiscal”. El Alto Tribunal desestimó el recurso del PSOE alegando que había sido presentado fuera de plazo.
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