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El despliegue de grandesparques fotovoltaicos no afecta solo a terrenos áridos y sin valor agrícola, sino que también están expropiándose a sus legítimos dueños grandes extensiones de olivares tradicionales queson literalmente arrancadospara que las multinacionales del sector los sustituyan por miles de placas solares. Se trata de un problema que ha puesto en pie de guerra a numerosas localidades de Andalucía y otras comunidades autónomas, dondelos dueños de estas plantaciones observan impotentes cómo las leyes actuales favorecen a estas multinacionales, que directamente se quedan con sus terrenos gracias a la ayuda de la Administración.
Ahora, colectivos de afectados han impulsado una iniciativa pionera para plantar cara en el terreno judicial a lo que consideran “un abuso intolerable”, que les priva de sus propiedades sin posibilidad de defenderse. Es la primera macrocausa jurídica de ámbito nacional para frenar este proceso.
Solo en el municipio de Lopera (Jaén), hay previstos cuatro proyectos que prevén la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios
“Esta causa va a comenzar con los proyectos de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, donde se están arrancando miles de olivos tradicionales para sustituirlos por placas de hierro y cristal, pero la vamos a escalar a todos los territorios de España donde haya previstas o construidas macroplantas solares en tierras de cultivo”, afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
Uno de los olivares afectados por los macroproyectos de Jaén / SOS Rural
Solo en el municipio de Lopera, hay previstos cuatro proyectos fotovoltaicos que prevén la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios.
“Frenar la expansión caótica y especulativa”
Esta entidad, junto a la Asociación Ecología y Libertad, han emprendido las primeras acciones legales contra los proyectos fotovoltaicos —promovidos por la empresa Greenalia— en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo, en Jaén. El objetivo es “frenar la expansión caótica y especulativa de proyectos fotovoltaicos en tierras agrícolas de alto valor productivo”, señala un comunicado de estas entidades.
Las primeras acciones judiciales, que se acaban de ejecutar y que se han financiado con las donaciones económicas de los ciudadanos, consisten en las revisiones de oficio (procedimientos administrativos) contra los proyectos de la Campiña Norte. Así, se ha presentado ante el Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales de las siete instalaciones fotovoltaicas y de las dos instalaciones de la infraestructura común de evacuación que comparten todas ellas.
Protesta contar los proyectos denunciados / SOS Rural
Además, se ha registrado, en este caso ante la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones ambientales unificadas —tramitación ambiental— de esas mismas instalaciones.
“Fraccionamiento” ilegal de macroproyectos
Esta solicitud se basa en el hecho de que, según los denunciantes, dichos trámites “adolecen de vicios que los hacen nulos de pleno derecho”, explica Corbalán. Por ejemplo, aseguran que “existe un fraccionamiento ilegal de un megaproyecto —de 310 MW de potencia instalada y 560,15 ha— en varios diferentes, todos ellos con una potencia instalada de menos de 50 MW. Se busca así evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)”. Al fraccionarlo, se esquiva su control, aseguran.
Denuncian artimañas de los promotores para eludir el control de la Administración, fraccionando megaproyectos en varios más pequeños
“De igual modo, existe un fraccionamiento artificial e ilegal de proyectos con carácter ambiental, con el que el promotor busca evitar una evaluación ambiental conjunta y tramitada por el procedimiento ordinario”, añaden.
Información a las autoridades políticas
Además, se ha avisado a los ayuntamientos afectados de las consecuencias que para ellos puede conllevar seguir adelante con estos proyectos. “Hemos solicitado a los consistorios que, a la vista de la nulidad de pleno derecho de todas las autorizaciones, procedan a suspender la tramitación de las licencias en sus respectivos municipios”, resalta Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.
Millares de olivos están amenzados / Agencias
En cuanto a las autoridades autonómicas, se ha informado de que el supuesto amparo por las autorizaciones sectoriales y ambientales, cuya revisión se ha instado, puede constituir un ilícito penal contra el medio ambiente, por lo que se les ha pedido suspenderlas.
“Si los políticos no ponen remedio a la expansión caótica de la energía fotovoltaica, y vemos que no lo hacen, vamos a llegar hasta el final con las acciones legales para que sienten precedente, para que creen jurisprudencia, de manera que sea el juez quien determine que este avance descontrolado y especulativo no puede seguir así”, sentencia Corbalán.
Estas entidades mantienen activa una recogida de firmas digital para pedir que se frene la tala de los olivos centenarios de Lopera, que de momento ya ha logrado casi 135.000 rúbricas. Se puede firmar en este enlace.
VALÈNCIA. En noviembre de 2016, un año después de que el socialista Ximo Puigse convirtiera en presidente de la Generalitat gracias al pacto del Botánico firmado con Compromís y Podemos, Les Corts aprobaban la Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, un texto que, apoyado por todos los partidos de la cámara autonómica excepto el PP, suponía el pistoletazo de salida para la creación del organismo. Unos meses después, en mayo de 2017, el alto funcionario Joan Llinares, hasta ese momento gerente de recursos del Ayuntamiento de Barcelona, era designado por Les Corts para convertirse en el primer director del ente, puesto en el que permaneció siete años.
La Agencia, que se impulsó a propuesta de Podemos en el marco del pacto del Botánico, incomodó en más de una ocasión al Consell y al Ayuntamiento de València y, de hecho, no era extraño escuchar críticas entre dientes y alguna incluso más clara y elevada por parte de altos cargos, que a menudo consideraban que el organismo beneficiaba en ocasiones a la oposición al investigar casos o situaciones que podían desgastar a la izquierda gobernante.
Un año después de las elecciones autonómicas de 2023, y tras el pacto entre el PP y Vox para presidir la Generalitat Valenciana, con Carlos Mazónal frente, Llinares fue sustituido por el inspector de Hacienda Eduardo Beut. Una sucesión, acordada entre populares y voxistas, que fue acompañada también del cambio de la ley fundadora. Tras este primer aniversario, pueden constatarse una serie de diferencias en la manera de concebir la Agencia y en su forma de actuar.
-Cambio en las mayorías para la elección del director. El PP impulsó en Les Corts la Ley 3/2024 para la modificación de la Ley 11/2016 que creaba la Avaf donde, entre otras cuestiones, eliminaba la obligatoriedad de disponer de tres quintos de los votos para designar al responsable de la agencia, una posibilidad que se había estudiado por parte del Botànic pero no llegó a aplicarse. Así, el párrafo rezaba lo siguiente: "El director o directora será elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría de tres quintas partes. Si no obtiene la mayoría requerida, se harán nuevas propuestas por el mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes". La nueva redacción aprobada por PP y Vox quedó de la siguiente manera: "El director o directora será elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría de tres quintas partes. Si no obtiene la mayoría requerida se realizará una nueva votación en la sesión plenaria ordinaria siguiente; en este caso resultará elegida la candidatura que obtenga la mayoría absoluta". De esta manera, la aritmética actual en la cámara permitía a PP y Vox tener los votos suficientes para nombrar a su candidato (Beut, en este caso), sin necesidad de alcanzar ningún consenso con la oposición, dado que numéricamente no era necesario. El propio director de la Avaf, en un reciente artículo de opinión colgado en la web de la institución, defendía sobre esta cuestión que este sistema de elección "ya fue propuesto en 2022 por el equipo directivo anterior para evitar bloqueos parlamentarios y fortalecer la estabilidad institucional". Además, señala que se trata "del mismo sistema vigente en la Oficina Antifraude de Cataluña y en la Agencia Antifraude de Andalucía, instituciones que no han recibido críticas por parte de quienes ahora se rasgan las vestiduras en la Comunidad Valenciana".
El exdirector de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNER
-Supresión del jefe de prensa. A diferencia de la anterior etapa, la nueva dirección decidió amortizar la plaza de libre designación para un responsable de comunicación, por lo que a día de hoy no existe esa figura en la agencia. Una circunstancia que choca en los tiempos actuales, donde se antoja necesario para la transparencia y la difusión de cualquier entidad la labor de un profesional que atienda a los medios, especialmente cuando se producen noticias relacionadas con la agencia o se publica desde algunos medios, como ha ocurrido recientemente, el contenido de informes importantes o sensibles como el que afectaba al excomisionado José María Ángel, sobre la posible falsificación del título universitario que constaba en su expediente de la Diputación de Valencia, que conllevó su dimisión.
-Distinto modo de actuar en las investigaciones. Precisamente al hilo de este informe, una de las quejas de Ángel y del PSPV-PSOE respecto a este caso, es que la Avaf, tal y como publicó eldiario.es, ni notifició ni llamó al comisionado para escuchar sus explicaciones, algo que resulta preceptivo según figura en el artículo 10 de la Ley 11/2016. En la otra orilla, por acudir a un caso sobre otro cargo público, en junio de 2021 la Avaf entonces dirigida por Llinares sí notificó al líder provincial del PP y alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, ahora además presidente de la Diputación de Valencia, la investigación abierta sobre al incumplimiento de su dedicación exclusiva en el consistorio al ser gerente de su empresa simultáneamente donde percibía rendimientos económicos.
-Reducción de la información en las resoluciones. Otra diferencia respecto a la etapa anterior, es la limitación de los contenidos que se ofrecen sobre las mismas en el momento de su publicación. Según la instrucción firmada por Beut en noviembre, las funcionarios debían ceñirse a proporcionar los datos más esenciales pero sin profundizar en la administración demandada, ni incorporar las alegaciones de los afectados por las pesquisas, ni las conclusiones o propuestas de sanción a los investigados... toda una serie de pautas que dificultan saber quién ha hecho qué y por tanto, la magnitud de la infracción que se ha cometido.
-¿Investigaciones prioritarias?. En el caso del socialista José María Ángel, llama la atención la celeridad con la que se atendió la denuncia anónima sobre el excomisionado se produjo el pasado 9 de abril y tan sólo cuatro días hábiles después, el 15 de abril, Beut ya autoriza a los técnicos de la agencia a personarse tanto en la Diputación de Valencia como en la Facultad de Geografía de la UV para recabar información. Al día siguiente -el 16 de abril, Miércoles Santo- los funcionarios acuden a la institución provincial a realizar la inspección en la que obtienen la famosa fotocopia de un título universitario aparentemente falsificado y el 29 de abril lo hacen en la universidad. Finalmente, el 7 de mayo ya se emite un informe de verosimilitud en el que se apreciaban “presumiblemente constitutivos de delito” y se activaba la remisión del informe a la Diputación de Valencia. Una celeridad encomiable que no se ha apreciado en otros casos denunciados por particulares o partidos de la oposición.
Eduardo Beut, director de la Avaf. Foto: EP/Jorge Gil
-Desmarque de la Fiscalía. En el artículo 5 de la ley 11/2016, donde se habla de la delimitación de funciones y colaboración de la Avaf, se incluía el siguiente párrafo: ".... además proporcionar el apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida. La agencia solicitará a la fiscalía información periódica respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones iniciadas a instancia suya". Un texto que se modificó en la ley de Acompañamiento vía enmienda de Vox aceptada por el PP en junio de este año y que simplemente suprimía todo ese párrafo, eliminando así la colaboración del organismo con la Fiscalía.
-Del Código Ético al Consejo de Participación. Desde su llegada, Beut mostró su intención de analizar la manera de trabajar de sus predecesores y también de desmarcarse de la etapa anterior. Más allá de los ceses de de altos cargos, acometió la supresión del Código Ético del organismo, del que dependía la existencia del Comité de Ética, señalando que la Avaf se adheriría al que se estaba elaborando desde Les Corts Valencianes. No obstante, desde la cámara desmintieron estar trabajando en ello, por lo que finalmente Beut se comprometió a la creación de un nuevo código, que aprobó ocho meses después. El director de la Avaf, en su comparecencia en Les Corts de febrero, se defendió de las críticas por las destituciones, recordando que eran puestos de libre designación, y puntualizó que Llinares "tardó casi cinco años en disponer de un código ético".
Por otro lado, también se suprimió el Consejo de Participación Ciudadana de la Avaf en junio, algo por lo que protestaron diversas entidades en un comunicado firmado por Transparency International España, World Compliance Association, la Fundación Hay Derecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA, el Observatori Ciutadà contra la corrupció, Acción Cívica y la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció. Sobre este aspecto, el propio Beut en su mencionado artículo colgado en la web de la institución, aludía a un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el que se recordaba que la Ley 11/2016 de la Avaf "no preveía ningún órgano de participación cuya estructura, naturaleza, funciones y composición hubieran tenido que ser valoradas por el legislador", por lo que la dirección de la agencia "elige de qué modo y quién está capacitado para ejercer la participación". Sobre esto, Beut insiste en que el dictamen del CJC ponía en duda la manera de conformar "un auténtico modelo de participación", por lo que, a su juicio, el órgano consultivo venía a advertir "con elegancia, de la inquietante posibilidad de que el director hiciese uso excesivo de criterios de selección subjetivos o sesgados". Además, el director de la Avaf recalca las escasas aportaciones de estas organizaciones en los procedimientos
