Cómo Montoro logró con el acuerdo de Anticorrupción frustrar la condena del PP por delito fiscal en donaciones ilegales de 1.269.575 euros
El tomo XVIII y otros correos que no están en las diligencias revelan que Santiago Menéndez, jefe de la agencia, cumplió su misión de torear la instrucción del juez Pablo Ruz, en coincidencia con el criterio del fiscal del caso Papeles de Bárcenas, Antonio Romeral, más tarde nombrado por el Gobierno de Sánchez número dos de la Fiscalía Anticorrupción en mayo 2021
Correos internos dentro de la Agencia Tributaria, cuyo director era Santiago Menéndez / EPC
Todo empezó con una simple providencia. El juez Pablo Ruz, instructor de la pieza Papeles de Bárcenas, una de las piezas separadas del caso Gürtel -Correo en alemán- dio cinco días a la Agencia Tributaria en la última semana de febrero de 2015 para "precisar la responsabilidad del Partido Popular en relación a las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos objeto de análisis”. Esos “registros” era como llamaba el juez la contabilidad B del PP que llevaba Luis Bárcenas, primero como gerente y más tarde como tesorero nacional entre 1990 y 2008.
Una larga operación de toreo al instructor empezaría, según reflejan los correos internos dentro de la Agencia Tributaria, cuyo director era Santiago Menéndez.
Y como a perro flaco, como suele decirse, todo son pulgas, una sencilla consulta -vinculante- del partido Unión, Progreso y Democracia (UPD) a la Dirección General de Tributos (DGT), adscrita a la Secretaría de Estado de Hacienda, preguntaba si las donaciones ilegales debían tributar. No hacía referencia a caso concreto alguno.
El director, Diego Martín-Abril, cursó la respuesta de que, en efecto, las donaciones ilegales debían tributar.
Esta fue la piedra del escándalo. A partir de esta posición de la DGT, comenzó una cadena de correos internos entre los principales colaboradoresde Montoro, empezando por el mismísimo director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
El tema -tal como se presenta en las docenas de correos intercambiados, se definía así:
Asunto: Re: Tributos establece una doctrina contraria a Montoro: el PP no es como Cáritas
Es decir: la respuesta veraz de la Dirección General de Tributos (DGT), que se apoyaba en jurisprudencia, a la consulta vinculante de UPD, debía ser modificada porque no se debía aplicar a las donaciones ilegales del PP apuntadas, junto con los sobresueldos pagados a dirigentes del partido que fueron cuantificadas en 1.269.575 euros.
Que el tema era de gran prioridad para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montnoro, quedó patente en los correos de Santiago Menéndez. Y en sus protestas por no recibir información inmediata sobre la evolución del duelo con el juez instructor Ruz, donde sus colaboradores llegan a “cruzar los dedos” para que no se entere de la situación creada, le dan largas y, paradójicamente, conseguirán un aliado en la Fiscalía Anticorrupción, entonces a cargo del fiscal jefe Antonio Salinas, en la persona del fiscal Antonio Romeral, el primero que tomó declaración preprocesal a Luis Bárcenas en la Fiscalía Anticorrupción tras publicarse los llamados Papeles de Bárcenas.
El escándalo de la acumulación de hasta 48,2 millones de euros por parte de Bárcenas en bancos de Suiza había estallado a primeros de 2013 con la información enviada por el ministerio de Justicia helvético al Tribunal Supremo.
Pero, además, el PP había utilizado dinero de las donaciones ilegales para sufragar las obras de su sede central en Madrid en dinero negro y el pago de sobresueldos a la cúpula del partido con M.Rajoy a la cabeza.
El gobierno de Rajoy, pues, apenas llevaba algo más de un año, desde diciembre de 2011.
Por tanto, se trataba de evitar una imputación y posterior acusación contra el PP por delito fiscal. Había que tratar por todos los medios de evitar que el juez Ruz instruyera el delito fiscal del PP por las donaciones. Y en lo que se refiere al pago de la obra de la madrileña calle de Génova en dinero negro, el juez Ruz ya había sembrado terror al enviar a la Policía para buscar la información requerida y no contestada, en diciembre de 2013, al cuartel general popular.
Pero Montoro tuvo, además de su persistencia, El respaldo del fiscal Romeral de la Fiscalia Anticorrupción, que en rigor, ya desde su interrogatorio a Bárcenas con la contabilidad B o Los Papeles sobre la mesa, nunca creyó en el recorrido del caso (*). En aquellas fechas, como se ha apuntado, el fiscal jefe era el magistrado Antonio Salinas.
Según reveló El Periódico el 9 de marzo de 2015, Felipe Martínez Rico le envía a Montoro un mensaje con un archivo adjunto denominado "Documento Fiscalía", en el que explica a su jefe en el Ministerio que a Santiago Menéndez, entonces director de la Agencia Tributaria, le habían enviado, "de manera informal, el mismo documento que adjunta Julia [Mansilla]. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz", alertó. Y por eso, la Agencia Tributaria comenzó a elaborar "un escrito de respuesta (inicio de conflicto jurisdiccional) al hipotético escrito del juez Ruz".
El documento no estaba firmado. ¿Fue obra de Antonio Romeral? ¿Le envió Romeral el escrito al gabinete de Montoro? ¿Actuó a espaldas del juez Ruz?
Ruz sostenía que "las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”,
Pero Hacienda no se echó atrás. Y envió su informe el 17 de octubre de 2014.
Montoro, pues, eximía de pagar impuestos a las donaciones ilegales.
“En la definición de las donaciones exentas [de pagar impuestos] no se exige que se hayan obtenido de acuerdo a la Ley", notificó la Agencia Tributaria a Ruz. "La realización de gastos electorales, de otros gastos de funcionamiento de carácter laboral -aún cuando sean de retribución a la alta dirección- e incluso la realización de inversiones en la sede de la entidad, se considera afectación amparada por la exención”
En otras palabras: Montoro y Menéndez hicieron un traje a medida del PP.
El PP no fue acusado por delito fiscal en la sentencia de los Papeles de Bárcenas – la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado no acusaron por dicho delito- y solo se condenó a Luis Bárcenas por cooperador necesario con la empresa Unifica, que cobró en negro por las obras de Génova 13. El PP fue declarado responsable civil subsidiario.
Aunque la acusación popular de ADADE, vinculada al PSOE acusó tanto en el juicio oral de la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo por delito fiscal al PP, se consideró que en aplicación de la doctrina Botín (cuando la Fiscalía o la Abogacía del Estado defienden los intereses generales en una causa, las acusaciones populares no pueden acusar) no estaba legitimada para actuar en delito fiscal.
Contra la violència de gènere. Subvenció de 1.841,52 € a l´Ajuntament de les Coves
Publicado en:
«BOE» núm. 181, de 29 de julio de 2025, páginas 102065 a 102411 (347 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Igualdad
Referencia:
BOE-A-2025-15733
Resolución de 18 de julio de 2025, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2025.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.Getty Images
La entidad bancaria estadounidense Goldman Sachs ha publicado un análisis sobre las previsiones de crecimiento y la situación económica en España y a más de uno le fastidiará las vacaciones.
"Cómo España se convirtió en la economía de mayor crecimiento de Europa", ha señalado en el título del artículo. En la noticia, ha asegurado que los países del sur de Europa se han convertido en el motor económico de la eurozona desde el fin de la pandemia.
"España ha destacado por su sector de servicios de mayor valor añadido y presenta un impulso de crecimiento que se prevé que perdure durante varios años, según Goldman Sachs Research", ha detallado.
Los economistas de la entidad estadounidense han revisado "al alza sus previsiones para España". "Ahora, esperan que la economíacrezca un 1,9 % en 2026 y un 1,7 % en 2027 (frente a las previsiones anteriores del 1,5 % y el 1,6 %, respectivamente)", ha explicado.
"Si bien la resiliencia del sector servicios se ha reconocido como un motor del crecimiento económico en el sur de Europa desde la pandemia, los analistas suelen vincularla únicamente a los servicios relacionados con el turismo", ha detallado.
Desde Goldman Sachs han destacado que "el repunte del turismo fue sin duda crucial al principio, pero la composición de la actividad de servicios en Europa se ha desplazado hacia subsectores con mayor valor añadido por empleado, como las finanzas, el sector inmobiliario, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los servicios profesionales". "Esta tendencia ha sido especialmente notable en España", ha añadido.
La entidad asegura que España sufrió "el mayor impacto en el crecimiento entre los estados miembros de la UE durante la pandemia, pero ha liderado la recuperación desde entonces". "La economía española también se está beneficiando de la inmigración. El país está acogiendo a más personas en relación con su población que Alemania, Francia o Italia, y la última afluencia se caracteriza por inmigrantes con mayores niveles de educación y cualificaciones laborales", ha razonado.
Los investigadores creen que España está menos expuesta al posible impacto negativo de los aranceles y, por si fuera poco, han señalado que la incertidumbre política no ha afectado al crecimiento. "Este año, el gobierno español no ha podido contar con una mayoría parlamentaria estable, pero esto no perjudica las perspectivas fiscales. El país presenta un nivel de impuestos y gasto estructuralmente inferior al de países como Italia y la media de la eurozona", ha expuesto.
"Nuestros economistas también prevén un aumento adicional del gasto en defensa de España y pronostican que el déficit fiscal ascenderá al 2,6 % del PIB tanto en 2026 como en 2027, lo que supondrá un nuevo impulso fiscal para la economía", ha zanjado.
El periodista y escritor ha dado una exclusiva sobre el currículum del presidente del Senado y apunta al PP: "Tiene la oportunidad de dar ejemplo".
laSexta Xplica
Madrid, 03 de agosto de 2025, 00:07
Antonio Maestre ha dado en exclusiva una información referente a Pedro Rollán, presidente del Senado y miembro del PP. En laSexta Xplica, el periodista y escritor ha compartido el caso de su currículum, uno que poco a poco ha ido teniendo menos formación desde que fuese alcalde de Torrejón de Ardoz a llegar a la Cámara Alta.
"Cuando estaba en el Canal de Isabel II dice que tiene tres master. Pasa de tener diplomatura y master, a tener tres master y no tener nada", dice Maestre.
Y explica: "No es un error, se replica de manera oficial en páginas oficiales. La información de las páginas oficiales digo que se la facilitará Pedro Rollán".
"Desde que era alcalde, diplomatura y marketing. En el Canal de Isabel II, tres master. Ahora, como presidente del Senado, no tiene nada", cuenta.
En ese sentido, concluye: "Y eso es lo que tiene, nada. Él era comercial y era un trabajo honrado y honesto, pero decía que tenía algo que no tenía. El PP tiene la oportunidad de dar ejemplo".
Cayetano García, Secretario Autonómico de Presidencia. Su currículum público apenas tiene dos líneas: es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia y Secretario del cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional. Tampoco tiene fotografía en el perfil institucional.
Susana Fabregat, Delegada del Consell en Castellón, dependiente de Presidencia de la Generalitat. Es licenciada en Ciencias de la Informacion y apunta en los centros de estudios la universidad CEU-San Pablo y la Universidad Politécnica de Valencia.
María Luisa Mediavilla, subsecretaria de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales. En su currículum solo indica que es magistrada. Los subsecretarios suelen ser funcionarios públicos.
Davinia Bono, Directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres. Es Técnico Superior en Administración y Finanzas. Postgrado de Inversiones y Asesoramiento Financiero en Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dice su CV.
Pedro Carceller, Director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo. Es Doctor en Ciencias Jurídicas - Derecho, con sobresaliente cum laude y una batería de másters. Ninguno aparece en el portal de transparencia.
Bárbara Congost, Directora general de las Personas con Discapacidad. Tiene una licenciatura en ADE obtenida en la UPV. Cero documentos colgados en GVA Oberta.
Borja Ottobrino, Director general de Infraestructuras Sociosanitarias. Posee el grado en ingeniería civil por la UPV y un máster.
José Vicente Anaya, Director general de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales. Indica que es experto universitario en residuos por la Universidad Miguel Hernández, sin concretar si posee titulación. No la enseña.
Venancio Aguado, Secretario autonómico para la Recuperación Económica y Social. Es Diplomado en el Mando de Tropas de Montaña, perteneciente a la XL Promoción de la Academia General Militar. Tampoco aporta ningún documento.
Miguel Ángel Sánchez, Director del Instituto Valenciano de Estadística. Es funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Técnico de electromecánica y técnico superior de automoción.
Asunción Perales, Directora General de Asistencia Hospitalaria. Es licenciada en medicina.
Miquel Nadal, Director General de Cultura. Es licenciado en Derecho Público por la Universitat de València (1985).
Mª Àngels Ramón-Llin Martínez, Directora general de Producción Agrícola y Ganadera. Es licenciada en Derecho por la Universitat de València.
Raúl Mérida, Secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio. Su currículum es de los más ambiguos. Señala que es “Naturalista y Ambientalista. Miembro de la Asociación Española de Periodistas de Información Ambiental. Escritor, Conferenciante, Educador y Divulgador. Especializado en Medio Ambiente, Zoología, Derecho Animal, Veterinaria, en la lucha contra el Tráfico Ilegal de Especies y en la Dirección y Gestión de actuaciones y Centros para la Protección Animal, el Medioambiente, la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad”. No acredita ninguna titulación.
Javier Sendra, Secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes. En su formación, indica: “Formación Profesional – Auxiliar Administrativo. Master de Alta Dirección FUNDESEM”. El máster no está colgado en la web de Transparencia.
Montserrat Tello, Directora del Instituto Cartográfico. Es ingeniera industrial por la Universidad de Zaragoza.
Israel Martínez Fernández, Director general de Turismo. Es Técnico Superior en Administración y Finanzas. No acredita nada.
José Manuel Camarero Benítez, secretario autonómico de Turismo. Es licenciado en Psicología por la Universitat de València. No cuelga el título en GVA Oberta.
El núcleo duro del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tampoco cuenta con titulación académica superior o estudios finalizados. Son los periodistas Santiago Lumbreras, precisamente Secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia; y José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente de la Generalitat
Al margen, otros altos cargos no tienen formación superior y lo explican en sus CV: son el responsable de Interior, Vicente Huet, que tiene la educación secundaria. Pablo Broseta, secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, que indica que tiene “estudios” en Derecho. Miguel Ángel Iborra, Director General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, y Miguel Francisco Castell, director general de Pesca, que no indica formación y solo relata sus cargos.
Las declaraciones de peritos y testigos han dilucidado puntos clave de un procedimiento rodeado de conspiracionistas, de ataques a la instructora y de una batalla por el relato en la que los hechos son lo de menos
El president Carlos Mazón, durante una visita institucional a un hospital en una imagen de archivo. Jorge Gil (Europa Press)
Hagan la prueba: busquen a Carlos Mazón Guixot en el Censo de Letrados del Consejo de la Abogacía Española (ahí están todos los colegiados). Lo más parecido es un tal Carlos Mazón Martínez, del Colegio de Abogados de Orihuela. El primer Mazón, actual presidente de la Generalitat, mantiene en su biografía de X que es “Abogado”. Sin embargo, a diferencia de su tocayo oriolano, el jefe del Consell no lo es; apenas sería “jurista” en todo caso. Hay quien diría que se trata de un mero impostor, hecho reconocido en primera persona sin demasiado problema. Es esa esencia granuja de un 'molt honorable' president que refleja muy bien estos nueve meses transcurridos desde la dana del pasado 29 de octubre. En la misma línea de la muy singular concepción metafísica del tiempo del comensal del Ventorro: “Evidentemente, las 20.28 son después de las siete y media”.
El falso “abogado” resiste en el cargo a pesar de haber llegado el último a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), tras un ágape que ya ha pasado a la historia por su carácter inoportuno y misterioso. Se trata de uno de los pocos consensos que deja la catástrofe, incluso en el seno de la derecha: no estaba donde tenía que estar.
La causa que investiga los 228 presuntos homicidios imprudentes (uno de ellos el de una mujer embarazada de ocho meses) ha culminado su primera fase antes de las vacaciones de verano resolviendo algunos enigmas del día de autos y con un intento de vuelco que, al final, no ha sido tal. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de València intentó colar un explosivo informe que incumplía de plano el encargo de la jueza (en un auto firme del pasado 27 de febrero) y que daba carta de naturaleza a la línea argumental que mantiene Mazón (el president, no el abogado de Orihuela) desde los primeros días de la catástrofe .
Hay dos espacios diferenciados que no pueden evitar mirarse de reojo: la instrucción (con su jueza, sus abogados, sus fiscales y sus sufridos periodistas de tribunales) y la batalla política por el relato de una tragedia descomunal. En el segundo ámbito, por supuesto, los hechos son lo de menos: ahí tenemos al portavoz del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, diciendo que el informe lo hizo —nada más y nada menos— la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Que es como lo de vestir tu biografía en una red social poniendo que eres “abogado”, que siempre queda mejor. La UCO, a todo esto, es la nueva UDEF, que también tuvo su etapa álgida hasta que pasó de moda y cayó en la cloaca de la historia.
Fernando Presencia: éramos pocos y parió la abuela
Otro que también cree firmemente que la UCO investiga estos hechos es el exjuez Fernando Presencia, que está en plena huelga de hambre en su celda de la cárcel salmantina de Topas. Desde el submundo 'conspiranoico' de los canales de Telegram, el “juez” (tal como lo llaman sus seguidores y su 'community manager', a pesar de cumplir pena de prisión y haber sido expulsado de la carrera judicial tras una sentencia firme del Tribunal Supremo) trata de meter la cabeza en el procedimiento de la dana. Ya les adelanto que sin mucho éxito y con una nula fidelidad a los hechos. Resulta que la asociación que lidera, por llamarla de alguna forma porque teóricamente fue desmantelada por la Audiencia Nacional, dice que se ha querellado contra la jueza instructora de la dana, a la vista —ojo al dato— “del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dirigida por Antonio Balas”. Un informe que, faltaría más, “da la razón al juez Presencia”.
¿Y qué pinta esta banda de charlatanes en algo tan serio? Pues, desgraciadamente, demasiado. Cuando escuché por primera vez que el abogado de la asociación Liberum cuestionaba la cifra de víctimas mortales de la dana, recordé un pensamiento que me rondaba la cabeza en los primeros días de la catástrofe: cuando esto se judicialice, todos los chalados de España van a acabar aquí.
Tras los mitos y las imposturas, los hechos (más o menos) esclarecidos. Los últimos meses de instrucción han aportado luz sobre interrogantes esenciales de la calamitosa gestión de la Generalitat de la emergencia del 29 de octubre. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado lo obvio: el mando único de la respuesta a la emergencia lo ostentaba el Consell de Carlos Mazón. Los seis magistrados de esa sección simplemente se han leído la normativa; así de sencillo. Parece palmario, pero los primeros meses Mazón y los suyos se dedicaron a cuestionar que la Generalitat ejerciera el mando único. Esa fase parece ya superada ante las evidencias más básicas.
Por otro lado, han sido meses de largas declaraciones de testigos y de peritos. Algunas más interesantes que otras, pero todas han aportado alguna pieza al puzzle. Por ejemplo, las dos pausas de la reunión del Cecopi, que dejaron con la pantalla en negro durante más de una hora a las agencias que participaban de manera telemática, entre ellas la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Delegación del Gobierno.
La jueza, en sus autos, suele recordar (y poner a parir) la explicación que dio el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, sobre las pausas: fue un “periodo de trabajo exclusivamente presencial”. Pues resulta que no. Tal como explicó el pasado 3 de julio el testigo R. N. S., coordinador del departamento de telecomunicaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la reunión del Cecopi se interrumpió para tratar de organizar otro encuentro 'online' con los alcaldes de las localidades potencialmente afectadas por una posible rotura de la presa de Forata. Reunión ésta última que nunca se llegó a celebrar (algo que, por cierto, reveló este diario el pasado 6 de noviembre). Es evidente que el fundido a negro, según ha expresado la magistrada en su último auto, tuvo un “nulo resultado”.
No hay que perder de vista las pausas en el Cecopi: son uno de los puntales que acreditarían la presunta negligencia que la jueza imputa indiciariamente a los dos investigados: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
La ucronía de Jose María Ángel
El antiguo alto cargo de Mazón, director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dijo hace meses que actuó con una “encomiable diligencia” el día de la dana. Llevo desde entonces interrogándome sobre tan loable papel, teniendo en cuenta, además, que un famoso antecesor en el mismo puesto acaba de dimitir por un tremendo escándalo de títulos universitarios. Uno de los pocos aspectos positivos de la declaración como testigo del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, fue que aclaró el enigmático rol del responsable de Emergencias: “El papel de Emilio Argüeso no le digo nulo, pero fue muy básico, al menos allí [en el Cecopi] a viva voz no [intervino]”, le dijo a la jueza. ¡Misterio resuelto! Mompó no se acordaba de casi nada, pero de eso no tenía duda alguna: el secretario autonómico simplemente no hizo gran cosa. Argüeso, a todo esto, tiene cuatro licenciaturas y un máster; José María Ángel ni lo uno ni lo otro. Qué habría pasado si el 29 de octubre el del poblado bigote hubiera estado en el puesto es una mera ucronía.
Igual que otros testigos han esclarecido enigmas, Mompó hizo todo lo contrario. Fueron casi siete horas de contradicciones flagrantes —con muy pocas certezas y muchas lagunas— difíciles de interpretar. El presidente de la institución provincial ha cambiado de versión tantas veces que es fácil perderse. Es un poco como con algunas conspiraciones, que uno se pregunta a quién beneficiaría que Begoña Gómez sea en realidad un hombre o que el Gobierno chino propagara un virus por todo el planeta. ¿En qué benefician o perjudican a Mompó los movimientos que supuestamente hace Mompó? Francamente, es algo que solo Vicente Mompó entiende (o no). Sea lo que sea, intuyo que no es doloso; más bien es de pocas entendederas.
Emilio Argüeso y Salomé Pradas, en una imagen de archivo. EFE
Más enigmas (en este caso, resueltos a medias): la movilización de los Bomberos para medir el caudal del barranco del Poyo. Igual que las pausas del Cecopi, es otro de los platos fuertes de la causa. Ya sabemos que fueron solicitados —acertadamente— por parte del Centro de Coordinación de Emergencias y retirados, muy erróneamente, por orden del propio Consorcio Provincial de Bomberos. Esa orden, de autoría desconocida, dejó “a ciegas” a Emergencias, según declaró un testigo. Solo falta aclarar quién dio la orden, un dato que nadie ha desvelado aún.
Peritos y testigos
También han declarado dos peritos de suma importancia: el ingeniero Francisco Vallés y la geógrafa Ana Camarasa. La testifical de ésta última, tal como tituló este diario, fue una auténtica lección magistral que honra eso que se llama en las universidades transferencia del conocimiento. La declaración de Camarasa puso muchos puntos sobre las íes y fue muy incisiva. Ayudó a comprender por qué el mensaje del Es-Alert era erróneo, por qué se envió extremadamente tarde (nadie pensó, entre otros muchos aspectos, que los críos salen del colegio a las 17.00) o por qué el suelo de los barrancos estaba impermeabilizado a consecuencia de la primera fase de lluvias. No se la pierdan, aclara muchas cosas importantes.
Cinco horas antes del envío de la alerta automática a los móviles, en el Centro de Emergencias de la Generalitat estaban “saturados” y “desbordados”, con una tremenda avalancha de llamadas al 112, según relató la testigo L. A. V. Han declarado numerosos técnicos de Emergencias que dieron una imagen clara del complejo panorama que vivieron el 29 de octubre: “Complicado es un eufemismo”, dijo un supervisor del 112 con una cuarto de siglo de experiencia. Los Bomberos ya habían recibido por la mañana 394 incidentes o peticiones de servicio, según otro informe oficial. Y es que uno de los elementos positivos de que la catástrofe se halle judicializada es la ingente cantidad de información que no tendríamos sin una jueza de por medio; tal que así nos hemos enterado de que casi el 42% de las llamadas al 112 no fueron atendidas...
En la batalla por el relato, que también se cuela en la instrucción, hay un momento importantísimo de la tarde del 29 de octubre y, como lo más revelador de esta tragedia es la cronología, se conoce la hora y el minuto exacto: las 18.43. El correo electrónico con el aviso del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ llegó a Emergencias a esa tardía hora. El Consell de Mazón fía toda la defensa de su funesta gestión en lo que considera un “apagón informativo” por parte del Gobierno; en un momento en que el Cecopi estaba pausado (insisto, los fundidos a negro de la reunión son capitales en este procedimiento).
Al final dio un poco igual. El aviso del SAIH sobre el caudal disparado de la rambla del Poyo llegó a las 18.43 a Emergencias, pero no se anotó en el 'CoordCom', la caja negra que registra todas las comunicaciones y decisiones operativas ante la catástrofe, hasta casi media hora después. Los técnicos que estaban aquel día en la llamada Sala Roja lo han reconocido: el mensaje llegó, pero se desconoce quién lo leyó, a quién se transmitió (si es que se transmitió a alguien) o qué pasó con el aviso.
Probablemente, ante una situación que desbordaba al departamento de Emergencias (qué duda cabe), nadie prestó atención al aviso que indicaba que la rambla del Poyo estaba a punto de propiciar una catástrofe, con un desbordamiento que provocó la mayoría de los 228 fallecimientos. Los Bomberos tampoco estaban midiendo los caudales, dato que se desconocía en Emergencias (lo confirmó un testigo).
La jueza, tal como ha reiterado en varios autos, cree que no hay indicios suficientes para imputar a Miguel Polo, presidente de la CHJ. Polo es uno de los principales testigos de la causa, ya citado aunque sin fecha para su declaración. El presidente de la CHJ, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, no ha dado ni una entrevista ni una rueda de prensa en los últimos nueve meses. Como se explique así de bien en una sala con 40 abogados y repreguntas hasta el infinito, puede acabar en un lío peor que el de Mompó. De momento, solo se conocen los informes que la confederación ha aportado a las diligencias de la jueza de Catarroja.
La “imperativa” Salomé Pradas
Pero no todo son pruebas documentales. La última tanda de testigos ha traído novedades importantes que afectan a la principal investigada, la exconsellera Salomé Pradas. A. B. C., coordinadora de recursos y protección civil en el Centro de Emergencias, refrendó que Pradas pidió supervisar el texto y el envío del Es-Alert. Un segundo testigo —J. R. C. C., jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo— confirmó que la investigada dictó el mensaje, como “máxima” autoridad que era. “Estuvo muy imperativa”, apostilló.
Otro de los testigos que resultó, como mínimo, molesto para el Palau de la Generalitat fue José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en València. La persecución que ha sufrido (con un lamentable protagonismo de la defensa de Argüeso) es impresionante. La jueza ha tenido que salir en defensa del testigo varias veces. Quizá toda la inquina hacia Núñez se explica porque en su testimonio apuntó —directamente— a cierto presidente autonómico. Si Carlos Mazón no figura como investigado, es única y exclusivamente por su condición de aforado. Cada vez que en una testifical sale a relucir el nombre del jefe del Consell (la del testigo de la Aemet no ha sido la única), la magistrada toma nota. La última vez que se refirió explícitamente al aforado fue en un auto del pasado 5 de mayo, en el que advertía de que la instrucción “no está agotada”.
Lo explicaba muy bien la abogada y activista Anna Oliver, presidenta de Acció Cultural del País Valencià (entidad que ejerce una de las acusaciones populares), en una entrevista de María Palau en este diario: “Creo que [la jueza] separa muy bien el grano de la paja. Tiene un guion y va subiendo escalón a escalón de la escalera sin prisas. Así es como se construyen las buenas causas penales”. Tampoco hay que perder de vista el nexo causal, la clave más relevante de este complejo procedimiento.
“Pregúntele a Jorge Suárez”
Sin embargo, no todos los misterios de la dana se han resuelto, como es natural. A mí me sigue descolocando prácticamente desde hace nueve meses la misma duda. Si, como parece acreditado, nadie en el Cecopi sabía nada sobre el barranco del Poyo y toda la atención estaba centrada en la presa de Forata desde bastante antes de las 18.00 y si el peligro que suponía la infraestructura de titularidad estatal, tal como dijo acertadamente Mazón en su primera comparecencia en las Corts, era “apocalíptico”, ¿cómo es posible que el Es-Alert se enviara tan tarde y, sobre todo, con un texto tan confuso y erróneo? El Ministerio del Interior, por cierto, había impartido hasta ocho cursos de formación sobre el Es-Alert, según consta en un informe oficial.
Poco a poco, pasito a pasito, tanto los investigados como, en menor medida, muchos testigos han apuntado a dos protagonistas principales del día de autos: el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, y el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. Mompó dijo directamente: “Pregúntele a Jorge Suárez”.
José Miguel Basset (izquierda) y Jorge Suárez (derecha).
Todas esas interesantes declaraciones se celebrarán en la sede de Catarroja del juzgado instructor (que abandona su cómoda localización provisional en la Ciudad de la Justicia de València), una decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, presidido por Manuel Baeza, que supone un auténtico quebradero de cabeza para los familiares de las víctimas, los abogados (incluyendo a las defensas) y para los medios de comunicación, que al parecer tendrán que instalarse en el bar más cercano a modo de sala de prensa (lo cual resulta significativo ante una causa de esta envergadura).
Nuria Ruiz Tobarra
Es verdad, a quién le importa eso con tantos muertos en estas diligencias. Otra cosa: ¿cómo acaba tras estos demoledores meses la protagonista de la instrucción, esa mujer a la que solemos llamar “jueza de la dana” y que responde al nombre de Nuria Ruiz Tobarra?
La magistrada (hay consenso en esto) ha ejercido su autoridad como poder del Estado con un alto grado de empatía hacia los familiares de las víctimas. La toma de declaración de los perjudicados (es el término jurídico, que siempre se queda corto) ha sido terrible. Solo leer las actas de las declaraciones que constan en el sumario ya era algo aterrador. Vivir en primera persona cada una de las declaraciones, ni me lo quiero imaginar.
Además, no podía faltar un fenómeno común en este tipo de causas: los ataques al juez o a la jueza. En este caso a ambos, ya que el marido de la instructora también es magistrado y está en el centro de la diana, tanto de la prensa más derechista (con informaciones desmentidas por la Fiscalía) como de los investigados. Las defensas de Pradas y de Argüeso han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sendas quejas (con sus respectivas ampliaciones) que se aparte a Nuria Ruiz Tobarra y que sea sustituida.
Qué sencillo sería ejercer la defensa de un imputado así: oiga, apárteme a esta molesta jueza. Afortunadamente, las cosas son algo más complejas. Las defensas lo saben, pero al final todo esto es munición, aunque sea de bajo calibre, en esta batalla (siempre recomiendo el libro Estrategia judicial en los procesos políticos, del diabólico abogado Jacques Vergès, protagonista de un estupendo documental dirigido por Barbet Schroeder).
La jueza se ha topado también con Manos Limpias, pseudosindicato que, a modo de déjà vu, siempre aparece en estas tesituras y con determinadas funciones. Miguel Bernad le ha plantado una querella por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones. La presentación en sociedad del ataque contra la magistrada fue un espectáculo tremendo: Bernad se explayó con los bulos sobre la cifra de fallecidos y dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez oculta “una veintena” de fallecidos de la dana. Se ve que 228 le parecen pocos.
En fin. Lo que hay que ver y lo que hay que oír. Me imagino que la instructora habrá reaccionado así más de una vez, hastiada del calor y de tantas tonterías. Espero que todo el mundo (magistrada, funcionarias del juzgado, fiscal, abogados, imputados y periodistas) descanse este mes de agosto. Y recuerden esto: ¡Es el nexo causal, amigo! Nos vemos en septiembre.
Por qué confiar en El Periódico
15