Energía
La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables pide prohibir la instalación de proyectos fotovoltaicos en zonas inundables de Montserrat, Turís, Chiva o Godelleta
Acto de protesta este miércoles en la gran planta fotovoltaica que Arada Solar prevé construir en la Plana Baixa
A la par que las firmas de instalación de renovables protestaban por la lentitud de la administración valenciana para la concesión de permisos a proyectos de energías renovables, una situación que acabó tensionando al Botànic, se activaba un movimiento, enraizado en el medio rural, que avisaba de la implantación “irracional” de las mismas en el territorio valenciano. Dos movimientos, el de las instituciones y el de la sociedad civil, que han ido en paralelo y que se encuentran ahora en una encrucijada nueva: el escenario que ha dejado la dana en territorios valencianos donde se proyectan algunas de esas plantas.
Así lo denuncia la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, que reclama una revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) para “adaptarlo a la nueva realidad” y para “prohibir instalaciones de producción o almacenamiento de energía en zonas inundables o con generación de riesgos por escorrentía”.
La plataforma reclama revisar aquellos proyectos que están en tramitación y que se sitúan en estas nuevas zonas de riesgo tras las inundaciones del pasado octubre en Valencia y ponen el foco en la normativa autonómica. Objeto de su preocupación son el decreto ley 14/2020 de 7 de agosto, el decreto ley 1/2022 de 22 de abril y la ley 6/2024 de 5 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de simplificación administrativa, las cuales piden se modifiquen, pues consideran que “vulneran la autonomía municipal en materia de ordenación del territorio”, en concreto, del suelo no urbanizable común y protegido.
Piden revisar el PATRICOVA para adaptarlo a “la nueva realidad”
Para lograrlo han activado una protesta, transversal en todas las localidades afectadas, que se articula a través de la presentación de una moción en los plenos municipales que se acompaña de un argumentario por el cual, remarcan, se tendrían que derogar los artículos que vulneran la autonomía municipal en materia de ordenación del territorio, en lo que respecta al suelo no urbanizable común y protegido.
Los municipios que se han postulado defienden conservar la capacidad de decisión en la ordenación sobre el suelo no urbanizable que les otorga la autonomía municipal
No es el único pero a las renovables que se escucha últimamente en el territorio. Otro eco de esa oposición que va surgiendo a lo que consideran “instalación irracional” de proyectos se vio ayer en Castellón, donde La Unió Llauradora i Ramadera convocó un acto junto a Plataforma Energía y Territorio de la Plana Baixa contra una planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación que afectarán a unas 280 hectáreas de cultivo, muchas de ellas de cítricos en suelo útil de regadío con “gran valor agroecológico” en los términos municipales de Vall d'Uixó, Chilches, y Moncofa. Su línea de evacuación, de media tensión y de casi 18 kilómetros de longitud, atravesará los términos de la Vall d'Uixó, Nules, Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Vila-real y Betxí.
Carles Peris, secretario general de La Unió, señala “que la citricultura es el cultivo predominante en esas localidades afectadas y no podemos perder más terreno agrario porque necesitamos un volumen estable de cítricos para consolidar todas las inversiones realizadas en las explotaciones y puestos de trabajo tanto fijos en las tareas agronómicas como temporales en la recolección”.
laVanguardia
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