“Planta Fotovoltaica A” es el nombre anonimizado con el que aparece en el informe de Red Eléctrica de España (REE) la central generadora de energía cuyas oscilaciones llevaron al apagón del pasado 28 de abril. En el otro informe, el redactado por el Gobierno, ni siquiera aparece esa mención, censurado como está por la petición de las empresas eléctricas de no dar a conocer qué centrales fallaron. elDiario.es ha levantado el velo la noche de este miércoles: la nomenclatura anónima correspondería a la planta solar fotovoltaica Núñez de Balboa, de Badajoz, propiedad de Iberdrola, afirmación que el periódico dirigido por Ignacio Escolar acredita citando “fuentes conocedoras de los informes confidenciales de la comisión de expertos del Gobierno y del operador del sistema”.
Para el análisis del cero eléctrico, el comité investigador de sus causas ha recabado más de 170 gigas de información procedente de Red Eléctrica y de las compañías generadoras. A la hora de presentar la información al público, las compañías suministradoras de la energía —Endesa, Naturgy o EDP, pero también cientos de pequeñas empresas— tenían la potestad otorgada por la normativa de decidir si los datos se presentaban anunciando qué información correspondía a qué planta generadora o si se presentaban anonimizados. Las compañías optaron por la segunda opción, por lo que los primeros informes no señalaban a Núñez de Balboa y ha tenido que ser una filtración la que haya hecho saltar la liebre.
El Gobierno ha repartido las culpas del fundido a negro entre el operador del sistema eléctrico y las empresas. El primero no programó suficiente energía de respaldo y las segundas no actuaron conforme a la normativa, según explicaba Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, en la rueda de prensa de presentación del informe con las conclusiones: las centrales encargadas de dar seguridad al sistema y absorber energía reactiva no actuaron “debidamente” y, luego, la desconexión en cadena se propició por el hecho de que muchas plantas generadoras se desacoplaron del sistema antes del umbral de sobretensión que las pondría en peligro, es decir, antes de lo permitido por la legislación.
La oscilación que dio pie al cero seguramente sería debida a un “mal funcionamiento de los controles internos”, opinaron desde Red Eléctrica
Más allá de los fallos estructurales, el origen de este apagón multicausal tuvo su origen en una central fotovoltaica que el Gobierno localizó vagamente “en Badajoz”. La oscilación que dio pie al cero seguramente sería debida a un “mal funcionamiento de los controles internos”, ha opinado Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, en la presentación de su informe propio, en la que tampoco desvelaron la ubicación de la planta.
Iberdrola lucha en los tribunales para revertir la sentencia que obliga a desmantelar la planta
En el municipio pacense de Usagre se encuentra Núñez de Balboa, una macroplanta de generación fotovoltaica que en el año de su instalación, 2020, se llevó el récord de la más extensa de Europa. Para su construcción prestaron dinero el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con una capacidad instalada de 500 MWp y 391 MW de potencia máxima de conexión a la red, la central es capaz de suministrar energía limpiar a 250.000 hogares y de evitar así la emisión de 215.000 toneladas de CO2 al año. Eso dice Iberdrola en su web, pero deja de lado otros detalles.
La compañía eléctrica está litigando en el Tribunal Supremo para revertir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que el 31 de mayo de 2022 sentenció que Iberdrola debía desmantelar el 60% de la planta fotovoltaica para restituir los terrenos a su propietario después de una expropiación indebida. Los hechos: Iberdrola arrendó a Santos Lázaro los terrenos donde la multinacional se postulaba a construir la macroplanta y, sin necesidad de ello, se procedió a una expropiación.
TSJEx: “Carece de fundamento pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante contrato de arrendamiento”
Así lo explica la sentencia 326/2022 del Superior de Extremadura: “El contrato de arrendamiento tenía por finalidad precisamente arrendar las fincas para la construcción en ellas por el arrendatario [Iberdrola] de la Planta Fotovoltaica. Carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años”.
Además, se utilizó una Declaración de Utilidad Pública (DUP) para argumentar la expropiación y, al hacerlo “sin causa alguna”, según el Tribunal, “se ha producido un auténtico fraude de ley y un abuso de derecho, pues se persigue un resultado no permitido por el ordenamiento jurídico: conseguir los efectos de la Declaración de Utilidad Pública de un proyecto en relación a fincas sobre las cuales se tienen facultades de uso sin necesidad de recurrir a la ocupación a través de la expropiación forzosa".
Por los juzgados pasaron también el exalcalde de Usagre, Antonio Luna, su teniente de alcalde, Dolores Esteban, la empresa promotora y el propio Ayuntamiento. Todas las personas y entidades acusadas fueron absueltas de los cargos de tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación por falta de pruebas.
Es posible que la disputa judicial saliera de los juzgados: durante el puente de Halloween de 2022, la nave principal de la finca de Santos Lázaro, el empresario que denunció a Iberdrola, apareció completamente calcinada. Un incendio que parecía provocado, según juzgó la Guardia Civil de forma preliminar.
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