Previsió metorològica pel dissabte dia 2 d´agost, jornada de les reines i dames:TEMPS MAGNÍFIC SENSE EXCÉS DE CALOR
dimecres, 30 de juliol del 2025
El bulo de Miguel Ángel Rodríguez que se convirtió en un juicio del fiscal general
La historia que culminará en el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comienza con un mensaje de cuatro palabras: “Haz lo que veas”. Es lo que dijo Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid. Al menos, ese fue su testimonio en el Tribunal Supremo para intentar negar haber dado permiso a Rodríguez a divulgar las comunicaciones de su abogado con el fiscal que llevaba su caso por fraude fiscal en febrero de 2024. Fue un desmentido bastante flojo. Dejar a alguien como MAR que haga lo que quiera es como dar vía libre a un depredador de la sabana ante un grupo de apetitosos herbívoros.
Rodríguez lo vio y lo tuvo claro. Había que construir una historia en que Amador fuera una víctima de una siniestra operación del Gobierno –con lo que Díaz Ayuso era otra víctima– y que la Fiscalía era un peón en esos manejos. Objetivamente, esto último suponía un desprestigio evidente para la reputación de la acusación pública al prestarse a colaborar o aceptar esa intromisión política. Una vez que elDiario.es informó a primera hora del 12 de marzo de 2024 de que la Fiscalía investigaba a Amador después de que la Agencia Tributaria descubriera sus presuntos delitos fiscales por un montante (350.000 euros) que era superior al que la ley marca para considerarlo delito, en la Presidencia de la Comunidad de Madrid tenían que moverse rápido.
Un día después, el Gobierno de Madrid celebró su consejo de gobierno en Leganés. En la rueda de prensa posterior, Ayuso afirmó que su novio era víctima de una “inspección fiscal salvaje y sacada de quicio”, que se trataba de una operación de “todos los poderes del Estado” y que él era inocente porque no sólo no debía dinero a Hacienda, sino que era al revés, Hacienda le debía a él. “Sánchez busca mi destrucción personal”, dijo.
Lo que había comenzado como una inspección fiscal en la Agencia Tributaria al detectarse claros signos de delito y que por imperativo legal había pasado luego a manos de la Fiscalía se convertía en un elemento más de la estrategia política de Ayuso y de su colaborador más directo.
Por la tarde de ese día, Rodríguez se ocupó de poner una base que pretendía ser sólida bajo las palabras de su jefa. Para fundamentar la denuncia de conspiración, difundió entre un grupo de periodistas la historia (falsa) de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Amador, pero que, tras recibir “órdenes de arriba”, había retirado la oferta con lo que irían a juicio. Así acaba el mensaje: “Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes 'de arriba' y retira la propuesta de acuerdo... todo sucio”.
La información de que era el fiscal quien había hecho la oferta apareció en El Mundo por la noche, junto al contenido de uno de los emails intercambiados entre abogado defensor y fiscal. El mensaje transmitido por MAR era que el fiscal aceptaba negociar con el abogado de Amador y se remitía a futuros contactos.
Era una manipulación que no tardó mucho tiempo en desvelarse, aunque no carecía de habilidad. Cualquier información parece más consistente si cuenta con un soporte documental. La trampa era elegir ese email, y no uno anterior en que era el abogado el que proponía un pacto a la Fiscalía, porque “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
Fue en ese momento cuando la Fiscalía General del Estado, por órdenes de García Ortiz, se movilizó para desmentir el bulo que varios medios de derecha estaban publicando alentados o quizá engañados por Rodríguez. García Ortiz reclamó a sus subordinados los documentos del caso con el fin de establecer la verdad de los hechos y además “ganar el relato” ante la opinión pública. La expresión “ganar el relato” fue utilizada después por Ángel Hurtado, juez instructor del caso en el Tribunal Supremo.
El magistrado indicó que el fiscal general había actuado siguiendo “indicaciones” de Moncloa, una observación que apareció en muchos titulares. Es una afirmación de la que no tenía ninguna prueba. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que confirmó el procesamiento del fiscal general, certifica esto último en su auto del martes: “Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”.
García Ortiz se había metido en un terreno jurídico peligroso. El artículo 417 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que “revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”.
Después de ocho meses de instrucción, el juez Hurtado no ha encontrado ninguna prueba que demuestre que García Ortiz hizo llegar el correo a los medios antes de su publicación, un hecho que respalda el juez Andrés Palomo de la Sala de Apelaciones del Supremo en su voto particular discrepante. Sí cuenta con indicios que el Supremo ha aceptado como suficientes para llevar al fiscal general al banquillo de los acusados en lo que será un momento sin precedentes en la historia de esta democracia. La Sala Segunda del Supremo deberá tener claro que las pruebas escuchadas en la vista son tan sólidas como para condenar al acusado por encima de su presunción de inocencia.
De momento, la Sala de Apelación de esa Sala Segunda sostiene que hubo “una actuación coordinada e impulsada personalmente” por García Ortiz para revelar datos de Amador.
El juez instructor del Supremo ha desdeñado los testimonios de periodistas de varios medios que declararon haber tenido la información sobre los mensajes entre abogado y fiscal antes de que la Fiscalía General difundiera su comunicado. Incluso le comunicaron al juez instructor que su fuente no había sido el fiscal general. José Precedo, director adjunto de este diario, testificó que tuvo conocimiento del correo del abogado del 2 de febrero siete días antes de que llegara a manos de García Ortiz. El juez ignoró por completo estas declaraciones, porque los periodistas se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes, con lo que habían perdido toda credibilidad para él. Todo por ejercer un derecho reconocido por la Constitución.
La acusación intentará demostrar que García Ortiz reveló personalmente un secreto que por lo demás era conocido por al menos veinte personas en la Fiscalía y por periodistas de varios medios.
Un secreto que también quedó un tanto quebrantado cuando la existencia de esas negociaciones entre ambas partes –en realidad, aún no iniciadas en detalle– fue dada a conocer gracias a la intervención del propio acusado, ya que Amador había dado vía libre a Rodríguez para que lo utilizara políticamente. El propio jefe de gabinete de Ayuso confirmó en el Supremo con un triple 'sí' cuando la Abogacía del Estado le preguntó si Amador “le autorizó para difundir el correo electrónico”.
Sólo podía ser políticamente. Tratándose del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, y con una amplia experiencia a su espalda para utilizar y/o presionar a los medios, ya podía suponer que no la iba a emplear por ejemplo para recibir el mejor asesoramiento jurídico posible.
A los periodistas que recibieron su información el 13 de marzo, no debió de extrañarles demasiado que les llegaran sus mensajes en el móvil. Era el MAR de toda la vida ocupándose de sus cosas, intentando que algunos periodistas contaran la versión de los hechos que más le interesaba a él y a su jefa. Una versión que era falsa.
eldiario.es
SE ROMPE TANT QUE D´ESPANYA NO QUEDARÀ NI L´APUNTADOR : El FMI confirma que la economía española crecerá más del doble que la Eurozona en 2025
El organismo rebaja el impacto global de los aranceles tras los últimos acuerdos comerciales de Donald Trump
Madrid
Las palabras "incertidumbre" y "riesgos" son dos de las palabras más repetidas en el informe que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado este martes sobre perspectivas económicas. A pesar de este contexto, el organismo con sede en Washington ha mantenido sin cambios sus perspectivas de crecimiento para España, confirmando que el PIB se expandirá un 2,5% en 2025 y un 1,8% en 2026, la mayor cifra entre las economías avanzadas y más del doble de la que espera para los países de la Eurozona.
La economía española marcha a buen ritmo a pesar de un contexto internacional incierto. El FMI sitúa el Índice Global de Incertiidumbre en máximos anuales, aunque rebaja el impacto de los aranceles sobre la economía global. Esta actualización llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya alcanzado varios acuerdos en materia comercial con otras grandes economías, incluido el bloque de la Unión Europea.
Los niveles que se esperaban en abril -cuando Trump declaró la guerra comercial al mundo- son mucho más altos que los que se estiman ahora, después de la marcha atrás de Trump.
De hecho, el organismo ha mejorado en dos décimas el crecimiento económico global hasta situarlo en el 3% este 2025. Según el FMI, la actualización se debe a "un adelanto de actividad mayor de lo esperado ante la previsión de aranceles más altos y unas tasas arancelarias efectivas medias en EE. UU. inferiores a las anunciadas en abril".
De hecho, aunque el comercio global se ha revisado al alza con una expansión del 0,9% este 2025, el organismo prevé que el rebote en los intercambios comerciales globales que se ha vivido estos meses para intentar minimizar el impacto arancelario, se vaya relajando en la segunda mitad de 2025.
Los riesgos presionan a la baja el crecimiento
A pesar de que la economía aguanta el tipo, el organismo advierte de que los riesgos globales siguen presionando a la baja las previsiones económicas. Los vaivenes comerciales podrían debilitar el crecimiento y las tensiones geopolíticas podrían generar disrupciones en las cadenas de suministro global y encarecer las materias primas.
cadenaSer
ESPANYA TRENCADISSIMA, FETA POLS
L’ocupació a Espanya, com un coet
No sé quantes vegades he sentit en els últims anys que «Espanya es trenca», que «tot és un desastre» o que «amb no anem enlloc». Però els fets, una volta més, desmunten aquest relat. I jo, sincerament, em quede amb els fets. Amb els 22,2 milions de persones ocupades a l’Estat. Amb la taxa d’atur més baixa des de 2008. I amb els 3,5 milions de llocs de treball de nova creació des que governa l’esquerra.
Són xifres de rècord, que també s’extrapolen a . I darrere d’aquestes xifres hi ha històries reals, les de joves que aconsegueixen el seu primer contracte indefinit, famílies on tots els membres tenen faena, autònoms que veuen créixer el seu negoci... Eixes històries, eixes vides millorades, no són fruit de la casualitat. Són el fruit d’un govern que creu en el progrés i en la dignitat del treball.
Un altre camí
Entenc que la dreta estiga nerviosa. Per això anuncien l’apocalipsi, per a tapar que la realitat va per un altre camí. La reforma laboral, l’aposta per l’estabilitat, la pujada del salari mínim o els ERTO durant la pandèmia han funcionat i canviat el nostre mercat laboral.
Nou de cada 10 nous llocs de treball han estat creats pel sector privat, la qual cosa tomba també aquell discurs de que només l’administració crea ocupació. No. L’economia creix, la societat respon i la gent treballa. Així de clar. Espanya lidera a EU i convens els inversors.
Per això cal continuar, per milions de persones que espenten aquest país cap avant. Espanya està més unida ara que fa 10 anys. I més forta econòmicament i socialment. Seguim.
Vicesecretària general del PSPV-PSOE de Castelló
Opinión | LA RÚBRICA
dilluns, 28 de juliol del 2025
Sumario judicial El caso Montoro, en cifras: 51 millones de perjuicio y otros 23 repartidos entre cuatro socios
Archivo - Cristóbal Montoro / EUROPA PRESS - Archivo
Por qué confiar en El PeriódicoEl proceso judicial en que está envuelto el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, ha sacudido la vida política española. El juez de Tarragona , que instruye la causa, deberá decidir ahora cuando cita a declarar a los implicados en este caso de presunto tráfico de influencias que tenía como objetivo reformas legislativas que beneficiaran a empresas gasíticas, que fueron las que contrataron al despacho Equipo Económico, fundado por exdirigente popular. Estas son las cifras de este caso.
El juez de instrucción número 2 de Tarragona, , ha imputado a entre los que se encuentran algunos exresponsables de su equipo en el Ministerio de Hacienda, su imputación en una causa que investigaba en secreto desde 2018 las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro mismo fundó en 2006 y del que dice haberse desligado. En el auto por el que se levantaba un secreto de sumario que ha estado vigente durante siete años, el magistrado también añadía a seis empresas, una Equipo Económico y el resto vinculadas al sector del gas.
Las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", algo que lograron hasta en dos ocasiones, en primer término para unas empresas gasístas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos de 2018. Se les atribuyen indiciariamente siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
En el período entre 2011 y 2019, según la declaración presentada por Equipo Económico, los pagos recibidos por las gasísticas implicadas alcanzan los 779.705 euros, teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias ( como la consultora EY) y en el mejor de los casos retocados por el despacho. "A pesar de ello las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes", detalla el juez.
El perjuicio acumulado y estimado, reseña , tanto de esta modificación del impuesto eléctrico (IE) como el de actividades económicas (IAE) superarían los 51 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Esta cifra está calculada extrapolando los 10 años transcurridos desde la reforma de la IE (41 millones de euros) y la de hace cinco años del IAE (10,5 millones de euros). Es decir, la "nueva medida supone una renuncia que minora los ingresos de las arcas municipales al derivarse a una tarifa menor que "reduce la cuota tributaria". En este sentido, la Agencia Tributaria recalca que el impacto recaudatorio solo de la modificación de IAE sería de 438.276 euros anuales en un ejercicio para una sola empresa gasista.
La investigación realizada por el juez Rubén Rus también permitido identificar que serían las propietarias actuales de Global Afteli --antes Equipo Económico--que el instructor considera "instrumentales", puesto que su razón de ser sería ser utilizadas "para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada". Otros de los informes que obran en el sumario, realizado por Hacienda, eleva el número de estas empresas 'pantalla' a una veintena
Estas empresas bajo la lupa del juez instructor del caso Montoro son, además de Equipo Económico y Global Afteli, Econodos, Plataforma de Soluciones Jurídicas, Consultoría y Diagnóstico, Tutman Fiscalía, Falumar Inversiones, White Light Solutions, Piro Yield, Tutpim Inversiones, Narixa Homes, Absolutio Prevención Penal, VAU Consultoría y Análisis, La Rioja Corporate, Tuergano Corporate, Breda Real Estate, Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social y Tax Dynamics.
En el último tomo del sumario que ha trascendido, el número 18, concluye con una reiteración por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el propio Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue a nombre de los implicados que podría ser clave para conocer el destino del dinero presuntamente desviado.
Los requerimientos para obtener esta información fueron librados por el juez Ruz en diciembre de 2023 con respecto del BBVA, Banco Sabadell, Caixabank, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, ING Bank, Caja Rural del Sur, Ibercaja Banco, Deustsche Bank, City Spain y Wizink Bank para conocer los efectivos y movimientos registrados en las cuentas de los 28 imputados. En junio de ese mismo año, la Guardia Civil aún no contaba con toda la información de los 339 productos bancarios solicitados: todavía les faltaba recibir los datos relativos de 18 de ellos.
Los cuatro socios del despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, en diez años, entre 2008 y 2007, según cifran los Mossos d'Esquadra en uno de los informes aportados al sumario. Se trata de los beneficios ofrecidos por las empresas para poder intervenir en modificaciones fiscales, que en el caso de las empresas de gases industriales les habría supuesto una rebaja fiscal del 85%.
El socio principal, Ricardo Martínez Rico, adquirió esta condición tras asumir el paquete de participaciones que antes tenía el propio Montoro en el despacho. Sólo él percibió por su actividad en Equipo Económico un total de 8,4 millones de euros entre 2008 y 2017, y precisamente los años en que su retribución fue mayor son aquellos en los que el PP volvió a la Moncloa.
Equipo Económico ha tenido en su cartera de clientes hasta 130 empresas y entidades que entre 2008 y 2019 pagaron a este despacho importes totales superiores a los 6.000 euros. En el listado elaborado por la Agencia Tributaria e incluido en el procedimiento judicial figura Solaria Energía y Medio Ambiente (dos millones), Madrid Network (1,8), BBVA (1,8), Telefónica Internacional (1,8, a los que debe sumarse otros 839.000 euros de Telefónica SA) y Philip Morris (1,3). Destaca también que Abengoa SA desembolsó 1,3 millones; Abengoa Bioenergía, otros 1,1 millones; Abengoa Solar, 780.000 euros, y Abengoa Concessions, 190.000. Entre los clientes importantes, aparece la Caja Rural de Jaén, Red Eléctrica Española, la Confederación Empresarial de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Comunidad de Madrid (314.360 euros), la Xunta de Galicia (178.839), la Comunidad de Canarias (97.500) y el Organismo Autónomo de la Agencia Tributaria Madrid (61.364), que depende del Ayuntamiento de Madrid.
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