Cómo hemos cambiado: siete diferencias entre la Agencia Antifraude del Botànic y la impulsada por PP-Vox
VALÈNCIA. En noviembre de 2016, un año después de que el socialista Ximo Puig se convirtiera en presidente de la Generalitat gracias al pacto del Botánico firmado con Compromís y Podemos, Les Corts aprobaban la Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, un texto que, apoyado por todos los partidos de la cámara autonómica excepto el PP, suponía el pistoletazo de salida para la creación del organismo. Unos meses después, en mayo de 2017, el alto funcionario Joan Llinares, hasta ese momento gerente de recursos del Ayuntamiento de Barcelona, era designado por Les Corts para convertirse en el primer director del ente, puesto en el que permaneció siete años.
La Agencia, que se impulsó a propuesta de Podemos en el marco del pacto del Botánico, incomodó en más de una ocasión al Consell y al Ayuntamiento de València y, de hecho, no era extraño escuchar críticas entre dientes y alguna incluso más clara y elevada por parte de altos cargos, que a menudo consideraban que el organismo beneficiaba en ocasiones a la oposición al investigar casos o situaciones que podían desgastar a la izquierda gobernante.
Un año después de las elecciones autonómicas de 2023, y tras el pacto entre el PP y Vox para presidir la Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón al frente, Llinares fue sustituido por el inspector de Hacienda Eduardo Beut. Una sucesión, acordada entre populares y voxistas, que fue acompañada también del cambio de la ley fundadora. Tras este primer aniversario, pueden constatarse una serie de diferencias en la manera de concebir la Agencia y en su forma de actuar.
-Cambio en las mayorías para la elección del director. El PP impulsó en Les Corts la Ley 3/2024 para la modificación de la Ley 11/2016 que creaba la Avaf donde, entre otras cuestiones, eliminaba la obligatoriedad de disponer de tres quintos de los votos para designar al responsable de la agencia, una posibilidad que se había estudiado por parte del Botànic pero no llegó a aplicarse. Así, el párrafo rezaba lo siguiente: "El director o directora será elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría de tres quintas partes. Si no obtiene la mayoría requerida, se harán nuevas propuestas por el mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes". La nueva redacción aprobada por PP y Vox quedó de la siguiente manera: "El director o directora será elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría de tres quintas partes. Si no obtiene la mayoría requerida se realizará una nueva votación en la sesión plenaria ordinaria siguiente; en este caso resultará elegida la candidatura que obtenga la mayoría absoluta". De esta manera, la aritmética actual en la cámara permitía a PP y Vox tener los votos suficientes para nombrar a su candidato (Beut, en este caso), sin necesidad de alcanzar ningún consenso con la oposición, dado que numéricamente no era necesario. El propio director de la Avaf, en un reciente artículo de opinión colgado en la web de la institución, defendía sobre esta cuestión que este sistema de elección "ya fue propuesto en 2022 por el equipo directivo anterior para evitar bloqueos parlamentarios y fortalecer la estabilidad institucional". Además, señala que se trata "del mismo sistema vigente en la Oficina Antifraude de Cataluña y en la Agencia Antifraude de Andalucía, instituciones que no han recibido críticas por parte de quienes ahora se rasgan las vestiduras en la Comunidad Valenciana".
-Supresión del jefe de prensa. A diferencia de la anterior etapa, la nueva dirección decidió amortizar la plaza de libre designación para un responsable de comunicación, por lo que a día de hoy no existe esa figura en la agencia. Una circunstancia que choca en los tiempos actuales, donde se antoja necesario para la transparencia y la difusión de cualquier entidad la labor de un profesional que atienda a los medios, especialmente cuando se producen noticias relacionadas con la agencia o se publica desde algunos medios, como ha ocurrido recientemente, el contenido de informes importantes o sensibles como el que afectaba al excomisionado José María Ángel, sobre la posible falsificación del título universitario que constaba en su expediente de la Diputación de Valencia, que conllevó su dimisión.
-Distinto modo de actuar en las investigaciones. Precisamente al hilo de este informe, una de las quejas de Ángel y del PSPV-PSOE respecto a este caso, es que la Avaf, tal y como publicó eldiario.es, ni notifició ni llamó al comisionado para escuchar sus explicaciones, algo que resulta preceptivo según figura en el artículo 10 de la Ley 11/2016. En la otra orilla, por acudir a un caso sobre otro cargo público, en junio de 2021 la Avaf entonces dirigida por Llinares sí notificó al líder provincial del PP y alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, ahora además presidente de la Diputación de Valencia, la investigación abierta sobre al incumplimiento de su dedicación exclusiva en el consistorio al ser gerente de su empresa simultáneamente donde percibía rendimientos económicos.
-Reducción de la información en las resoluciones. Otra diferencia respecto a la etapa anterior, es la limitación de los contenidos que se ofrecen sobre las mismas en el momento de su publicación. Según la instrucción firmada por Beut en noviembre, las funcionarios debían ceñirse a proporcionar los datos más esenciales pero sin profundizar en la administración demandada, ni incorporar las alegaciones de los afectados por las pesquisas, ni las conclusiones o propuestas de sanción a los investigados... toda una serie de pautas que dificultan saber quién ha hecho qué y por tanto, la magnitud de la infracción que se ha cometido.
-¿Investigaciones prioritarias?. En el caso del socialista José María Ángel, llama la atención la celeridad con la que se atendió la denuncia anónima sobre el excomisionado se produjo el pasado 9 de abril y tan sólo cuatro días hábiles después, el 15 de abril, Beut ya autoriza a los técnicos de la agencia a personarse tanto en la Diputación de Valencia como en la Facultad de Geografía de la UV para recabar información. Al día siguiente -el 16 de abril, Miércoles Santo- los funcionarios acuden a la institución provincial a realizar la inspección en la que obtienen la famosa fotocopia de un título universitario aparentemente falsificado y el 29 de abril lo hacen en la universidad. Finalmente, el 7 de mayo ya se emite un informe de verosimilitud en el que se apreciaban “presumiblemente constitutivos de delito” y se activaba la remisión del informe a la Diputación de Valencia. Una celeridad encomiable que no se ha apreciado en otros casos denunciados por particulares o partidos de la oposición.
-Desmarque de la Fiscalía. En el artículo 5 de la ley 11/2016, donde se habla de la delimitación de funciones y colaboración de la Avaf, se incluía el siguiente párrafo: ".... además proporcionar el apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida. La agencia solicitará a la fiscalía información periódica respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones iniciadas a instancia suya". Un texto que se modificó en la ley de Acompañamiento vía enmienda de Vox aceptada por el PP en junio de este año y que simplemente suprimía todo ese párrafo, eliminando así la colaboración del organismo con la Fiscalía.
-Del Código Ético al Consejo de Participación. Desde su llegada, Beut mostró su intención de analizar la manera de trabajar de sus predecesores y también de desmarcarse de la etapa anterior. Más allá de los ceses de de altos cargos, acometió la supresión del Código Ético del organismo, del que dependía la existencia del Comité de Ética, señalando que la Avaf se adheriría al que se estaba elaborando desde Les Corts Valencianes. No obstante, desde la cámara desmintieron estar trabajando en ello, por lo que finalmente Beut se comprometió a la creación de un nuevo código, que aprobó ocho meses después. El director de la Avaf, en su comparecencia en Les Corts de febrero, se defendió de las críticas por las destituciones, recordando que eran puestos de libre designación, y puntualizó que Llinares "tardó casi cinco años en disponer de un código ético".
Por otro lado, también se suprimió el Consejo de Participación Ciudadana de la Avaf en junio, algo por lo que protestaron diversas entidades en un comunicado firmado por Transparency International España, World Compliance Association, la Fundación Hay Derecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA, el Observatori Ciutadà contra la corrupció, Acción Cívica y la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció. Sobre este aspecto, el propio Beut en su mencionado artículo colgado en la web de la institución, aludía a un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el que se recordaba que la Ley 11/2016 de la Avaf "no preveía ningún órgano de participación cuya estructura, naturaleza, funciones y composición hubieran tenido que ser valoradas por el legislador", por lo que la dirección de la agencia "elige de qué modo y quién está capacitado para ejercer la participación". Sobre esto, Beut insiste en que el dictamen del CJC ponía en duda la manera de conformar "un auténtico modelo de participación", por lo que, a su juicio, el órgano consultivo venía a advertir "con elegancia, de la inquietante posibilidad de que el director hiciese uso excesivo de criterios de selección subjetivos o sesgados". Además, el director de la Avaf recalca las escasas aportaciones de estas organizaciones en los procedimientos
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