divendres, 18 de juliol del 2025

Rafa, el empleado de imprenta que afeó a Mazón su gestión de la dana: “Hablé con él por solidaridad con las víctimas”

 

Rafael Carceller dialoga con Carlos Mazón.

Carlos Navarro Castelló

València —
16 de julio de 2025 22:06 h


Rafael Carceller tiene 67 años y trabaja en el departamento comercial de una empresa ubicada en el polígono industrial de Alaquàs. Vecino de Torrent, el pasado 14 de julio se convirtió en el protagonista involuntario de la visita del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, a la reunión que mantuvo con diversos empresarios de la zona para interesarse por su situación e intercambiar impresiones.

Cuando Carceller vio llegar a Mazón no dudó en acercarse a hablar con él sobre todo lo sucedido el pasado 29 de octubre (ver vídeo), día en que la dana dejó 228 fallecidos en la provincia de Valencia. La conversación fue captada por las cámaras de Televisión Española (TVE) y de Europa Press y no tardaron en viralizarse en las redes sociales por la espontaneidad y claridad de sus expresiones hacia el presidente, tales como “¡no estabas en tu sitio coño, no estabas!”, “hubo una falta de previsión que te cagas” o “que el Cecopi se haga a las 17.30 horas Carlos, ¡no me jodas!”.

https://draft.blogger.com/u/2/blog/post/edit/2461603291990448822/7741387874048527571

Dos días después del encuentro y con más serenidad, Carceller ha explicado a elDiario.es las circunstancias del encuentro: “Lo primero que quiero dejar claro es que no milito en Compromís ni en ningún otro partido. Soy un ciudadano más, con conciencia crítica, con mi ideología y que sufrió muy de cerca todo lo que pasó aquel día de la dana. Precisamente por eso, cuando vi al presidente acercarse no pude evitar acercarme. Al principio solo le iba a gritar Mazón dimisión, pero luego sentí la necesidad de decirle todo lo que hicieron mal por solidaridad con todas las personas que han perdido a seres queridos”.

Según explica, estaba tomando café en el local donde desayuna a diario, que está justo en el bajo del edificio en el que el jefe del Consell iba a mantener la reunión. Entonces vio llegar varias cámaras primero y después le vio a él llegar acompañado de sus asesores: “Como vieron que mi actitud era correcta, no me pusieron pegas. Me acerqué, me presenté y me puse a hablar con él. Fue una conversación normal, al principio estaba un poco nervioso, aún le habría dicho más cosas porque ese día no les tocaba morir a todas esas personas y murieron por una negligencia, porque llegaron tarde a todo, avisaron tarde. Y un asesor suyo aún me dijo que aun habiendo mandado el mensaje antes, hubiera muerto gente igual, porque muchas veces no se hace caso de las recomendaciones. El pajarito aún me dijo eso. Y yo le contesté que igualmente, como administración su obligación era avisar”.

Carceller recuerda que, como le dijo a Mazón, su hija que tiene una librería en Paiporta que se llevó la riada, “no murió de milagro porque su madre y yo le pedimos que no fuera por la tarde, porque a las 14.00 horas ya estábamos viendo todo lo que estaba lloviendo por arriba y sabíamos que luego todo eso tiene que bajar”. Sin embargo, no puede evitar emocionarse al recordar que el padre de su jefa “estuvo cinco o seis días desaparecido hasta que apareció muerto; iba en el coche y se lo llevó la riada en Paiporta”.

Sobre la propuesta del presidente de llamarle un día para darle más explicaciones, Carceller considera que no es él a quien tiene que llamar, sino a “las asociaciones de víctimas, a las familias que han perdido a sus seres queridos, tiene que llamarlas y después dimitir e irse a su casa con todo su equipo”. Y es que, para este vecino de Torrent, “un puente se puede reconstruir y no pasa nada, incluso genera empleo, pero las vidas humanas no se pueden recuperar y por eso Mazón, si fuera un político honrado ya hubiera dimitido, pero es que si fuera una persona honrada, hubiera dimitido mucho antes”.

Carceller lamenta también la nula política de prevención que han tenido en referencia al desmantelamiento, de la mano de Vox, de herramientas como la Unidad Valenciana de Emergencias: “La prevención es como los seguros, aunque cueste dinero hay que tenerlos, ojalá nunca haya que usarlos pero hay que tenerlos y estos lo han quitado todo, lo mismo que quieren hacer con la inmigración. Por eso le dije que se acercara y viera cuántas personas migrantes había trabajando en las naves y en el campo, que son la mayoría”.

Por último, lamenta que ahora “esos de Manos Limpias y algunos del PP se están metiendo con la jueza que lo único que quiere es saber lo que pasó, eso es de juzgado de guardia, lo que tienen que hacer es dejarle trabajar como lo está haciendo hasta ahora”. Por último, expresa “su solidaridad con todas las víctimas y con sus familias, quien se equivocó que asuma su responsabilidad y que no vuelva a suceder algo así”.

eldiario.es

La investigación a Montoro incluye correos de maniobras de Hacienda para salvar al PP y atacar a Podemos

 

  • El jefe de gabinete del ministro abordó con el entonces titular de Hacienda la respuesta que había que dar al juez Ruz para que no pudiera acusar al PP de delito fiscal en el caso de la caja B; también le informó de los pasos para acorralar a Monedero

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en el Congreso

Pedro Águeda

17 de julio de 2025 22:18 h

118

El levantamiento del secreto de sumario en la causa contra Cristóbal Montoro permitirá conocer los indicios que alberga acerca de una guerra sucia practicada desde el Ministerio de Hacienda contra los mismos adversarios políticos a los que el Gobierno de Mariano Rajoy atacó con las herramientas del Ministerio del Interior. Los correos incautados por un juez de Tarragona a Equipo Económico, la consultoría fundada por Montoro, incluyen indicios de que Hacienda intercedió a favor del Partido Popular en el caso más grave de corrupción que ha afectado a la formación, el de su caja B, y también otros contra sus enemigos habituales, caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

El mes de marzo de 2015 negros nubarrones se cernían sobre el Partido Popular, entonces en el Gobierno. El magistrado Pablo Ruz avanzaba hacia el final de la instrucción del caso de su financiación irregular, el caso de los ‘papeles de Bárcenas’, y había solicitado a Hacienda un informe que podía resultar clave sobre la responsabilidad del partido en el pago de las reformas de su sede central con dinero negro.

Entre los correos en poder del juez de Tarragona que investiga a Montoro hay varios mensajes en los que los colaboradores del ministro le informan de las posibles respuestas al magistrado y cuál de ellas exoneraría al Partido Popular de haber cometido un delito fiscal. Finalmente, Hacienda optaría por esta vía para responder al magistrado.

El 11 de marzo de 2015, el jefe de Gabinete de Montoro escribe a su jefe: “La AEAT parte de unos ingresos de 1 millón de euros (…). Si se le aplicasen los gastos deducibles (900.000), la base imponible quedaría en 100.000. La cuota defraudada, una vez reducida en retenciones, queda alrededor de 30.000. No es delito”. El jefe de Gabinete de Montoro era Felipe Martínez Rico, ahora imputado junto al exministro por beneficiar a las empresas gasísticas con cambios legislativos a cambio de dinero. En su correo da otras opciones al ministro que finalmente no se presentaron al juez y que sí incriminaban al Partido Popular.

Estos correos fueron revelados por El Periódico en abril de 2023, cuando todavía pesaba el secreto del sumario y en medio de una guerra interna en el seno de Anticorrupción. Ese enfrentamiento lo libraban el jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón, y la fiscal del caso, Carmen García Cerdá. Esta última quería ampliar la investigación del juzgado de Tarragona de Equipo Económico, Hacienda y las gasísticas a posibles revelaciones de secretos cometidas por Montoro y sus colaboradores, que habrían utilizado los datos confidenciales de la Agencia Tributaria de forma arbitraria.

Ante los obstáculos presentados por Luzón, la fiscal del caso recurrió al instrumento excepcional de que fuera la junta de fiscales de Anticorrupción, con todos sus miembros, quien analizara las opciones. Se impuso el criterio de Luzón, según el cual no había delito de revelación de secretos porque el ministro tenía la potestad de estar informado y que añadía que tenía que haberse producido un daño no acreditado. La mayoría de los fiscales Anticorrupción se alinearon con su jefe y solo cuatro de ellos, entre ellos la fiscal de los casos Gürtel y caja B, Concepción Sabadell, se pusieron del lado de la fiscal del caso. Resultado: 19 votos contra 5.

La fiscal intentó buscar la fórmula, a través de los Mossos d’Esquadra, para que el fiscal de Tarragona estudiara los correos, pero fue descubierta y se le abrió un expediente por no respetar las órdenes de su superior cuya sanción fue recientemente refrendada por el Tribunal Supremo, imponiéndole una multa de 1.000 euros.

En el caso de la caja B del PP, el fiscal Anticorrupción del caso, Antonio Romeral –actual número dos de Luzón– se posicionó en contra de atribuir un delito fiscal al Partido Popular, siguiendo el criterio de la Agencia Tributaria, cuyo director de entonces también está imputado en el caso del juzgado de Tarragona por beneficiar a las gasísticas. Finalmente, el juez Pablo Ruz acusó del delito fiscal al PP y la Audiencia Nacional primero, y el Tribunal Supremo después, condenaron por ese concepto al partido en concepto de responsable civil subsidiario.

El enfrentamiento en Anticorrupción y las informaciones de El Periódico constituían la punta del iceberg de un caso que permanecía en su mayoría en secreto. Esas discrepancias entre los investigadores se extienden también a las fuerzas policiales, según fuentes del caso. La Unidad Central Operativa se sumó a las pesquisas en 2021 y ha elaborado desde entonces dos informes que no presentan indicios contra los investigados de Equipo Económico y el Gobierno de Rajoy, frente a otros atestados de los Mossos que sí sostienen las acusaciones.

Por todo ello, el auto del juez Rubén Rus Vela conocido este miércoles ha supuesto una enorme sorpresa. El juez imputa siete delitos, varios de ellos de corrupción, al exministro Montoro y a nueve de sus colaboradores. En total son 28 personas físicas imputadas, entre ellas los presuntos corruptores de las sociedades gasísticas. Fuentes del caso hablan de 17 tomos de sumario que serán puestos a disposición de las partes personadas en los próximos días. Resta conocer si las piezas separadas abiertas por el juez están relacionadas con los ataques desde el Ministerio de Hacienda a adversarios del PP y el ministro Montoro.

“Van a elaborar una ficha de Monedero”

Los correos electrónicos que aparecen en el extenso sumario de Tarragona ofrecen también indicios de cómo el ministro Montoro era puesto al día de las actuaciones contra rivales políticos. Es el caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El profesor de la Complutense se había salvado de una imputación por fraude fiscal al haber abonado una cantidad que le reclamaba la Agencia Tributaria antes de que se le notificara la inspección y después de que la publicación de filtraciones advirtieran al profesor de Ciencias Políticas del riesgo de que derivara en una investigación judicial.

El desenlace de estos hechos no pareció que satisficiera a los responsables del Ministerio de Hacienda del PP. “Ministro, para tu información. Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar. De momento, van a elaborar una ficha, y te la mandamos antes de dar traslado a MEYSS [Ministerio de Empleo y Seguridad Social]”, escribe el jefe de Gabinete de Montoro a una dirección de correo en la que aparece el segundo apellido del ministro.

En ese correo electrónico, que también publicó en su momento El Periódico, el jefe de Gabinete de Montoro entrega datos fiscales del adversario político al ministro y añade: “Debemos elaborar una ficha de información con trascendencia tributaria (FITT) y enviarla a la Inspección de Trabajo para que los dé de alta (a los pobres becarios) en el régimen general con los que se practicaría liquidación en la Seguridad Social”.

Juan Carlos Monedero está pendiente de conocer si podrá actuar como acusación en el proceso, algo que su defensa espera conocer con el levantamiento del secreto de sumario. Su petición de personarse se remonta a noviembre de 2023.

El intento por salvar al PP del caso de la caja B, saboteando la instrucción judicial, y de frenar las aspiraciones de Podemos por llegar al Gobierno en 2016 constituyen dos de las tres patas de la actuación de la brigada política del Ministerio del Interior, investigadas en la actualidad por la Audiencia Nacional. La confirmación de las maniobras por parte de Hacienda constituirían otra versión de la guerra sucia del PP durante el Gobierno del PP desconocida hasta ahora.

Persecución a enemigos de Montoro

La causa del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona alberga igualmente correos electrónicos que denotarían prácticas de persecución contra otros enemigos de Montoro, algunos compañeros del Partido Popular. Entre estos últimos estarían Rodrigo Rato, cuyo caso en los tribunales arrancó de una investigación de la Agencia Tributaria, y Esperanza Aguirre. Entre los mensajes hay alusiones también al periodista de ABC Javier Chicote, quien habría informado sobre las presuntas actividades delictivas del despacho fundado por Montoro.

eldiario.es

Diana Morant exige la imputación de Vicent Mompó por "mentir y omitir el deber de socorro" durante la DANA

 


La líder del PSPV acusa al presidente de la Diputación de Valencia de mentir ante la jueza o a la ciudadanía y de haber reservado información vital solo para su familia

Diana Morant exige la imputación de Vicent Mompó por "mentir y omitir el deber de socorro" durante la DANA

putació

València

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha anunciado que su partido solicitará formalmente la imputación e investigación judicial de Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, por presunto falso testimonio y omisión del deber de socorro durante la gestión de la DANA que dejó 228 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana.

Son declaraciones de Morant el día en el que Mompó declara como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, tras dos citaciones fallidas. En su comparecencia, el president de la Diputación de Valencia asegura que él no podía saber nada del barranco del Poyo antes de las siete de la tarde, que no habló con Mazón del ES-Alert y que no tiene constancia de que la consellera Pradas participara en la redacción del mensaje.

“El señor Mompó ha mentido o nos mintió a través de los medios de comunicación previo a esta declaración, o le está mintiendo a día de hoy a la jueza”, ha afirmado Morant, quien ha calificado la situación como “un delito o una indecencia política que merece su dimisión inmediata”.

Información privilegiada solo para su familia

Morant ha denunciado que Mompó, el 29 de octubre, llamó a su hermana a las 17:30 horas para advertirle del peligro inminente y pedirle que avisara a su madre y a su mujer. “Un responsable político que tiene información suficiente para saber que su familia corre peligro vital, tiene la responsabilidad de avisar a todas las familias valencianas”, ha subrayado.

La líder socialista ha recordado que la alerta oficial no se emitió hasta las 20:11, y que durante ese intervalo “las poblaciones no hicieron otra cosa más que inundarse una tras otra”.

“Una gestión catastrófica”

Morant ha calificado la actuación de Mompó como una “dejación de funciones” y una “irresponsabilidad muy grave”. Ha señalado que la jueza ha determinado que la alerta enviada fue “tardía e inadecuada” y que ello “ha costado vidas en la Comunitat Valenciana”.

“El resultado de esta catástrofe natural ha sido también una catástrofe política”, ha afirmado, y ha insistido en que “el señor Mompó no merece seguir siendo presidente de la Diputación de Valencia”.

Reproche político y exigencia de dimisión

El PSPV considera que, sea cual sea la versión verdadera —si mintió ante la jueza o en los medios—, Mompó debe dimitir. “Ha mentido a los valencianos, a las víctimas y a sus familias. Eso merece todos los reproches políticos”, ha sentenciado Morant.

Respuesta de Mompó a las acusaciones del PSPV

A su salida del juzgado, Mompó ha atendido a los medios y ha defendido su testimonio, acusando al programa Salvados de haber manipulado su entrevista. Y sobre las acusaciones del PSPV, el presidente de la Diputación ha respondido con dureza: “No voy a hacer caso a lo que diga el PSPV. Durante toda la DANA han estado más pendientes de las fotos que de ayudar”. También ha criticado el uso de filtraciones durante su declaración judicial.

cadenaser

Las lagunas del presidente de la Diputación de Valencia salvan a Mazón y desesperan a la jueza de la dana y al fiscal

 

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, tras su declaración de casi siete horas ante la jueza de la dana.

Lucas Marco

València —
17 de julio de 2025 22:18 h

37

“Sinceramente, no me acuerdo”. La frase, repetida varias veces, supone un certero resumen de la declaración como testigo este jueves en la causa de la dana del presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicente Mompó. Una fuente presente en el interrogatorio tildó la larga testifical del político del PP —de casi siete horas— de “desesperante”. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, espetó al presidente de la institución provincial que algunos pasajes de su relato de los hechos resultaban “difícil de creer”, a tenor de las evidentes contradicciones con la entrevista que concedió al programa 'Salvados' de La Sexta el pasado 8 de diciembre. Cuando le tocó su turno tras la primera ronda de preguntas de la jueza, el fiscal Cristóbal Melgarejo también le reprochó que usara expresiones como “yo diría” o “yo creo” en el contexto de una declaración testifical sobre unos hechos muy concretos. “Aquí lo que queremos es que diga con certeza, esas formas no se pueden tener en consideración; le voy a preguntar por lo que hizo, y que recuerde como si hubiera sucedido hace un minuto”, le requirió el representante del Ministerio Público.

La jueza también mostró su sorpresa por los cambios de versión en relación con una entrevista más cercana en el tiempo al día de autos —el 29 de octubre— que su declaración, celebrada ocho meses y medio después de la dana. La magistrada le planteó: “Había pasado menos tiempo y ahora ha pasado más tiempo, ¿cómo recuerda más ahora que antes?”. La testifical de Mompó, reconstruida por elDiario.es a partir de varias fuentes presentes en la declaración, fue una suerte de rectificación a sí mismo.

En 'Salvados' aseguró que le expresó al president Carlos Mazón sus reticencias sobre la lentitud y la poca operatividad de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y que habló con el jefe del Consell sobre el Es-Alert. Por el contrario, Mompó afirmó en la sala de la Ciudad de la Justicia (en condición de testigo y con la obligación de decir la verdad) que se trataba de una “interpretación interesada”, ya que en ese fragmento de la entrevista arrancaba diciendo: Sinceramente, no me acuerdo“ o ”creo que“. ”Lo que hago [en la entrevista] es suponer“, contestó a preguntas de la jueza.

Tampoco recordaba el contenido de las conversaciones telefónicas que presenció entre la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, y el president Mazón. Sin embargo, sí que destacó que, a pesar de no recordar “nada” sobre el contenido de los diálogos, en ningún caso hablaron sobre el Es-Alert.

“Pregúntele a Jorge Suárez”

La tesis principal del presidente de la Diputación de Valencia fue que del envío de la alerta automática a los móviles solo se habló en el Cecopi a partir de las 19.00 y sin saber nada de la situación en el barranco del Poyo. Toda la reunión se centró de manera monográfica en la delicada situación de la presa de Forata, de la que había alertado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La jueza interrogó a Mompó de manera muy incisiva. Varios testigos habían confirmado previamente a la declaración de Mompó que en la sala de emergencias, anexa al espacio donde se reunía el Cecopi, se empezó a tomar decisiones sobre un posible envío del Es-Alert a partir de las 18.00. Además, los mensajes de WhatsApp internos (publicados por este diario) confirman que así fue. “Resulta difícil de entender que en la sala de emergencias se hablara del Es-Alert y en la sala del Cecopi no. No le digo que mienta, pero es raro”, le dijo la magistrada.

Vicente Mompó adujo que en el Cecopi “son los técnicos los que llevan la batuta”. La referencia a los técnicos, en la línea de la declaración de Salomé Pradas, fue constante, especialmente a Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias y uno de los testigos más esperados en la causa de la dana.

“Pregúntele a Jorge Suárez quien dio la orden directa. (...) Tendrá que ser Suárez el que le conteste”, dijo Mompó a la abogada que representa a la acusación popular que ejerce Intersindical. El testigo apuntó a los dos escenarios principales de la gestión de la tragedia: la reunión del Cecopi y la sala anexa de emergencias. “Yo digo lo que se habló en la sala [del Cecopi], no lo que Jorge Suárez habló con sus compañeros y técnicos”, apostilló.

El testigo también relató que la “preocupación” en el seno del Cecopi era que el envío del Es-Alert provocara un “efecto estampida” en la población.

El papel de Argüeso: “No le digo nulo, pero fue muy básico”

El presidente de la institución provincial rebajó el papel de la entonces consellera Salomé Pradas —que ejercía el mando único de la emergencia— y destacó el papel protagónico de los técnicos en el Cecopi del 29 de octubre y en otros que había presenciado.

El letrado de Pradas le preguntó directamente si la exconsellera mantuvo una participación “proactiva o más bien pasiva”. “Me tendría que decir qué es proactiva y qué es pasiva”, respondió Mompó. Aclarados ambos conceptos, dijo: “Es algo muy subjetivo, mi sensación es que la reunión no la lideraba Salomé Pradas, si era más proactiva o menos, no sé”. En todo caso, Mompó declaró que Pradas no se opuso ni retrasó el envío del Es-Alert.

Quien, a su juicio, tuvo un protagonismo muy limitado (a pesar de ser el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias) fue el entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso, el otro imputado en la causa. “El papel de Emilio Argüeso no le digo nulo, pero fue muy básico, al menos allí a viva voz no [intervino]”, afirmó Mompó a preguntas del abogado que ejerce la defensa del investigado.

La magistrada le repreguntó varias veces ante afirmaciones poco claras o que contradecían hechos acreditados. Vicente Mompó criticó que la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, “no avisó” de la situación en Paiporta, de la que había sido alertada a las 19.00 por la entonces alcaldesa de la localidad, Maribel Albalat. “Sí que avisó, se lo dijo a la señora Pradas, ¿lo sabe?”, le preguntó la jueza. A lo que Mompó contestó: “Lo desconozco”.

De hecho, ese aviso de Bernabé a Pradas, según han comfirmado algunos testigos, propició que se interrumpiera la pausa de la reunión del Cecopi y que las agencias que participaban de manera telemática fueran reconectadas. Sin embargo, Mompó no tuvo “esa sensación” de que la reunión se fuera a un fundido a negro para los participantes 'online', entre ellos la delegada del Gobierno, el representante de la Aemet o el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

“Voleu enviar el misstage d'una puta vegada”

Por otro lado, desvinculó a Pradas del envío del mensaje de alerta a los móviles. De la exconsellera, preguntado por el tipo de relación que mantenía con ella, Mompó dijo que era simplemente una “compañera de partido” con la que había coincidido en actos. Con Carlos Mazón aseguró tener una “buena relación”, al ser un “compañero de trabajo, pero no tan intensa como una amistad”. “Mis amigos son de Gavarda”, dijo en referencia a la localidad de la que es alcalde y en la que, a primera hora de la mañana del 29 de octubre, ordenó la suspensión de las clases.

Mompó admitió que la situación en el Cecopi, a partir de las 19.00, “como ciudadano” le “desesperaba”. El testigo detalló que la frase que exclamó en el Cecopi en ese momento de angustia fue: “Voleu enviar el misstage d'una puta vegada” (queréis enviar el mensaje de una puta vez). Tenía la sensación de que se tardaba “más de lo que se debería” en el envío de un mensaje de “tres líneas”. También matizó que le explicaron que se debía validar.

Vicente Mompó dijo que, aproximadamente a primera hora de la tarde, llamó a su hermana para alertarla de que no se desplazara, tras haber visto que se estaban produciendo tornados. “Mi hermana trabaja en Xàtiva y vive en València y se tiene que desplazar por donde [yo] estaba y le quería advertir de que no pasara por donde estoy pasando yo”, afirmó en la sala.

Preguntado por este diario a la salida de la declaración sobre por qué no se extendió el aviso de carácter familiar a toda la población de la provincia, Mompó alegó que la Diputación de Valencia “no emite avisos”, en referencia a que es una competencia del departamento autonómico de Emergencias.

“Se hicieron muchísimas cosas”

La letrada de la Associació Víctimes dana 29 d'octubre 2024 le preguntó por la intervención de Mazón ante los medios de comunicación a partir de las 21.00 (la segunda del president de aquella jornada tras su inoportuna comparecencia a las 11.45). Mompó aparecía, junto con Suárez y Pradas, escoltando a Mazón, quien pidió a la población que se refugiara en altura (unos consejos tildados por la jueza de “inútiles”, a tenor de la hora en que fueron expresados, cuando ya se habían producido fallecimientos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones).

¿Quién le recomendó al president que dijera esos consejos que ni siquiera se incluían en el mensaje del Es-Alert de las 20.11? “Es lo que nos dijeron los técnicos que había que hacer”, explicó el testigo.

El presidente de la Diputación de Valencia también quiso “dejar claro” que el día de la dana “se hicieron muchísimas cosas”. “El inspector jefe [del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset] tenía claro lo que quería hacer, pero tenía que pelear con nuestras ansias de hacer más; una emergencia, nos guste o no nos guste, tiene sus fases. Eso lo decía él. No es que no se hizo nada, eso no es así, según se metían temas se iban hablando”. La catástrofe dejó 228 víctimas mortales (una de ellas embarazada de ocho meses).

eldiario.es