Curiosamente, las plantas públicas de tratamiento de purines que construyó la Diputación viven el efecto inverso: venderlas a empresas privadas por un montante global de 4 millones de euros, cifra muy inferior a los 21 millones que costaron. La corporación provincial aprobó el pasado marzo desafectar como bien patrimonial las plantas de Albocàsser, Sant Mateu, Vall d’Alba y Todolella.
Esta última, situada junto a la CV-20 y al barranco de Pastor, la gestiona la UTE Purines Todolella, formada por las empresas Facsa y Fobesa, del Grupo Gimeno. La Generalitat tramita una solicitud de Autorización Ambiental Integrada para reactivar el tratamiento de purines y estiércol. La planta ya fabrica abonos orgánicos.
La noticia volvió a reabrir un debate del que, desde el pasado año, no se deja de hablar en Extremadura. El que tiene que ver, precisamente, con el riesgo de incendios en plantas fotovoltaicas.
COPE ha tenido acceso a los datos que demuestran que, efectivamente, se trata de una problemática al alza, sobre todo desde 2024. Basta con poner los datos en perspectiva. Entre 2020 y 2023, "apenas" se registraron 18 incendios en plantas fotovoltaicas. De ellos, uno se convirtió en incendio forestal, obligando a actuar al Plan INFOEX.
Esos datos se multiplican en el último año y medio. En 2024, se registraron 12 incendios de este tipo y, en lo que llevamos de 2025, ya van 23. En total, 35, de los cuales 16 se convirtieron en incendio forestal. Los más peligrosos, en Talaván (2024) y, precisamente, Casas de Don Pedro (2025)
En 2024, se registraron 12 incendios de este tipo y, en lo que llevamos de 2025, ya van 23
Es una situación que choca con el Plan de Prevención de Incendios Forestales en Extremadura, que obliga a las centrales a cumplir con una serie de medidas, con una especie de memoria de prevención. Sobre todo, está relacionado con evitar la presencia de herbáceas en la proyección de las placas y un cortafuegos perimetral, además de desbroces.
Cabe señalar que en años de lluvia, como este 2025, es más complejo controlar el combustible que se genera, también, en las plantas fotovoltaicas, pero, aún así, los datos dicen mucho. Los agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura han realizado 150 inspecciones. En 48 ocasiones, casi un tercio, se han registrado incidencias. Hay abiertos seis expedientes sancionadores, algunos investigados por el SEPRONA por si hubiese responsabilidad penal.
La extinción dentro de las plantas corresponde a bomberos urbanos (SEPEI, CEPEI). Fuera de ellas, es competencia del INFOEX. Desde la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural se viene insistiendo en la necesidad de contar con una Memoria de Prevención vigente.
