Renovables con polémica

 

Ofensiva jurídica contra la expropiación y tala de olivares tradicionales por las multinacionales fotovoltaicas

Los afectados se movilizan en toda España para evitar que sigan arrancándose árboles de gran valor agrícola para implantar parques solares

Los grandes parques fotovoltaicos son objeto de controversia / Agencias

Joan Lluís Ferrer

13 AGO 2025 10:30

Actualizada 13 AGO 2025 10:32

 confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El PeriódicEl despliegue de grandes parques fotovoltaicos no afecta solo a terrenos áridos y sin valor agrícola, sino que también están expropiándose a sus legítimos dueños grandes extensiones de olivares tradicionales que 

 

 El despliegue de grandes parques fotovoltaicos no afecta solo a terrenos áridos y sin valor agrícola, sino que también están expropiándose a sus legítimos dueños grandes extensiones de olivares tradicionales que son literalmente arrancados para que las multinacionales del sector los sustituyan por miles de placas solares. Se trata de un problema que ha puesto en pie de guerra a numerosas localidades de Andalucía y otras comunidades autónomas, donde los dueños de estas plantaciones observan impotentes cómo las leyes actuales favorecen a estas multinacionales, que directamente se quedan con sus terrenos gracias a la ayuda de la Administración.

Ahora, colectivos de afectados han impulsado una iniciativa pionera para plantar cara en el terreno judicial a lo que consideran “un abuso intolerable”, que les priva de sus propiedades sin posibilidad de defenderse. Es la primera macrocausa jurídica de ámbito nacional para frenar este proceso.

Solo en el municipio de Lopera (Jaén), hay previstos cuatro proyectos que prevén la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios

“Esta causa va a comenzar con los proyectos de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, donde se están arrancando miles de olivos tradicionales para sustituirlos por placas de hierro y cristal, pero la vamos a escalar a todos los territorios de España donde haya previstas o construidas macroplantas solares en tierras de cultivo”, afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

Uno de los olivares afectados por los macroproyectos de Jaén / SOS Rural

Solo en el municipio de Lopera, hay previstos cuatro proyectos fotovoltaicos que prevén la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios.

“Frenar la expansión caótica y especulativa”

Esta entidad, junto a la Asociación Ecología y Libertad, han emprendido las primeras acciones legales contra los proyectos fotovoltaicos —promovidos por la empresa Greenalia— en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo, en Jaén. El objetivo es “frenar la expansión caótica y especulativa de proyectos fotovoltaicos en tierras agrícolas de alto valor productivo”, señala un comunicado de estas entidades.

Las primeras acciones judiciales, que se acaban de ejecutar y que se han financiado con las donaciones económicas de los ciudadanos, consisten en las revisiones de oficio (procedimientos administrativos) contra los proyectos de la Campiña Norte. Así, se ha presentado ante el Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales de las siete instalaciones fotovoltaicas y de las dos instalaciones de la infraestructura común de evacuación que comparten todas ellas.

Protesta contar los proyectos denunciados / SOS Rural

Además, se ha registrado, en este caso ante la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones ambientales unificadas —tramitación ambiental— de esas mismas instalaciones.

“Fraccionamiento” ilegal de macroproyectos

Esta solicitud se basa en el hecho de que, según los denunciantes, dichos trámites “adolecen de vicios que los hacen nulos de pleno derecho”, explica Corbalán. Por ejemplo, aseguran que “existe un fraccionamiento ilegal de un megaproyecto —de 310 MW de potencia instalada y 560,15 ha— en varios diferentes, todos ellos con una potencia instalada de menos de 50 MW. Se busca así evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)”. Al fraccionarlo, se esquiva su control, aseguran.

Denuncian artimañas de los promotores para eludir el control de la Administración, fraccionando megaproyectos en varios más pequeños

“De igual modo, existe un fraccionamiento artificial e ilegal de proyectos con carácter ambiental, con el que el promotor busca evitar una evaluación ambiental conjunta y tramitada por el procedimiento ordinario”, añaden.

Información a las autoridades políticas

Además, se ha avisado a los ayuntamientos afectados de las consecuencias que para ellos puede conllevar seguir adelante con estos proyectos. “Hemos solicitado a los consistorios que, a la vista de la nulidad de pleno derecho de todas las autorizaciones, procedan a suspender la tramitación de las licencias en sus respectivos municipios”, resalta Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.

Millares de olivos están amenzados / Agencias

En cuanto a las autoridades autonómicas, se ha informado de que el supuesto amparo por las autorizaciones sectoriales y ambientales, cuya revisión se ha instado, puede constituir un ilícito penal contra el medio ambiente, por lo que se les ha pedido suspenderlas.

“Si los políticos no ponen remedio a la expansión caótica de la energía fotovoltaica, y vemos que no lo hacen, vamos a llegar hasta el final con las acciones legales para que sienten precedente, para que creen jurisprudencia, de manera que sea el juez quien determine que este avance descontrolado y especulativo no puede seguir así”, sentencia Corbalán.

Estas entidades mantienen activa una recogida de firmas digital para pedir que se frene la tala de los olivos centenarios de Lopera, que de momento ya ha logrado casi 135.000 rúbricas. Se puede firmar en este enlace.

elperiodico.com

SONRIE YA LLEGÓ EL CAMBIO (a pitjor)

 

Cómo hemos cambiado: siete diferencias entre la Agencia Antifraude del Botànic y la impulsada por PP-Vox

• Beut, director de la Avaf, junto Mazón y Llanos Massó. 
• Foto: EP/Jorge Gil

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• Ximo Aguar | Pablo Plaza

Publicado: 12/08/2025 ·

06:00

Actualizado: 12/08/2025 · 10:44

VALÈNCIA. En noviembre de 2016, un año después de que el socialista Ximo Puig se convirtiera en presidente de la Generalitat gracias al pacto del Botánico firmado con Compromís y Podemos, Les Corts aprobaban la Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, un texto que, apoyado por todos los partidos de la cámara autonómica excepto el PP, suponía el pistoletazo de salida para la creación del organismo. Unos meses después, en mayo de 2017, el alto funcionario Joan Llinares, hasta ese momento gerente de recursos del Ayuntamiento de Barcelona, era designado por Les Corts para convertirse en el primer director del ente, puesto en el que permaneció siete años.

La Agencia, que se impulsó a propuesta de Podemos en el marco del pacto del Botánico, incomodó en más de una ocasión al Consell y al Ayuntamiento de València y, de hecho, no era extraño escuchar críticas entre dientes y alguna incluso más clara y elevada por parte de altos cargos, que a menudo consideraban que el organismo beneficiaba en ocasiones a la oposición al investigar casos o situaciones que podían desgastar a la izquierda gobernante.

Un año después de las elecciones autonómicas de 2023, y tras el pacto entre el PP y Vox para presidir la Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón al frente, Llinares fue sustituido por el inspector de Hacienda Eduardo Beut. Una sucesión, acordada entre populares y voxistas, que fue acompañada también del cambio de la ley fundadora. Tras este primer aniversario, pueden constatarse una serie de diferencias en la manera de concebir la Agencia y en su forma de actuar.

-Cambio en las mayorías para la elección del director. El PP impulsó en Les Corts la Ley 3/2024 para la modificación de la Ley 11/2016 que creaba la Avaf donde, entre otras cuestiones, eliminaba la obligatoriedad de disponer de tres quintos de los votos para designar al responsable de la agencia, una posibilidad que se había estudiado por parte del Botànic pero no llegó a aplicarse. Así, el párrafo rezaba lo siguiente: "El director o directora será elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría de tres quintas partes. Si no obtiene la mayoría requerida, se harán nuevas propuestas por el mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes". La nueva redacción aprobada por PP y Vox quedó de la siguiente manera: "El director o directora será elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría de tres quintas partes. Si no obtiene la mayoría requerida se realizará una nueva votación en la sesión plenaria ordinaria siguiente; en este caso resultará elegida la candidatura que obtenga la mayoría absoluta". De esta manera, la aritmética actual en la cámara permitía a PP y Vox tener los votos suficientes para nombrar a su candidato (Beut, en este caso), sin necesidad de alcanzar ningún consenso con la oposición, dado que numéricamente no era necesario. El propio director de la Avaf, en un reciente artículo de opinión colgado en la web de la institución, defendía sobre esta cuestión que este sistema de elección "ya fue propuesto en 2022 por el equipo directivo anterior para evitar bloqueos parlamentarios y fortalecer la estabilidad institucional". Además, señala que se trata "del mismo sistema vigente en la Oficina Antifraude de Cataluña y en la Agencia Antifraude de Andalucía, instituciones que no han recibido críticas por parte de quienes ahora se rasgan las vestiduras en la Comunidad Valenciana". 

• El exdirector de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNER

-Supresión del jefe de prensa. A diferencia de la anterior etapa, la nueva dirección decidió amortizar la plaza de libre designación para un responsable de comunicación, por lo que a día de hoy no existe esa figura en la agencia. Una circunstancia que choca en los tiempos actuales, donde se antoja necesario para la transparencia y la difusión de cualquier entidad la labor de un profesional que atienda a los medios, especialmente cuando se producen noticias relacionadas con la agencia o se publica desde algunos medios, como ha ocurrido recientemente, el contenido de informes importantes o sensibles como el que afectaba al excomisionado José María Ángel, sobre la posible falsificación del título universitario que constaba en su expediente de la Diputación de Valencia, que conllevó su dimisión.

-Distinto modo de actuar en las investigaciones. Precisamente al hilo de este informe, una de las quejas de Ángel y del PSPV-PSOE respecto a este caso, es que la Avaf, tal y como publicó eldiario.es, ni notifició ni llamó al comisionado para escuchar sus explicaciones, algo que resulta preceptivo según figura en el artículo 10 de la Ley 11/2016. En la otra orilla, por acudir a un caso sobre otro cargo público, en junio de 2021 la Avaf entonces dirigida por Llinares sí notificó al líder provincial del PP y alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, ahora además presidente de la Diputación de Valencia, la investigación abierta sobre al incumplimiento de su dedicación exclusiva en el consistorio al ser gerente de su empresa simultáneamente donde percibía rendimientos económicos. 

-Reducción de la información en las resoluciones. Otra diferencia respecto a la etapa anterior, es la limitación de los contenidos que se ofrecen sobre las mismas en el momento de su publicación. Según la instrucción firmada por Beut en noviembre, las funcionarios debían ceñirse a proporcionar los datos más esenciales pero sin profundizar en la administración demandada, ni incorporar las alegaciones de los afectados por las pesquisas, ni las conclusiones o propuestas de sanción a los investigados... toda una serie de pautas que dificultan saber quién ha hecho qué y por tanto, la magnitud de la infracción que se ha cometido.

-¿Investigaciones prioritarias?. En el caso del socialista José María Ángel, llama la atención la celeridad con la que se atendió la denuncia anónima sobre el excomisionado se produjo el pasado 9 de abril y tan sólo cuatro días hábiles después, el 15 de abril, Beut ya autoriza a los técnicos de la agencia a personarse tanto en la Diputación de Valencia como en la Facultad de Geografía de la UV para recabar información. Al día siguiente -el 16 de abril, Miércoles Santo- los funcionarios acuden a la institución provincial a realizar la inspección en la que obtienen la famosa fotocopia de un título universitario aparentemente falsificado y el 29 de abril lo hacen en la universidad. Finalmente, el 7 de mayo ya se emite un informe de verosimilitud en el que se apreciaban “presumiblemente constitutivos de delito” y se activaba la remisión del informe a la Diputación de Valencia. Una celeridad encomiable que no se ha apreciado en otros casos denunciados por particulares o partidos de la oposición.

• Eduardo Beut, director de la Avaf. Foto: EP/Jorge Gil

-Desmarque de la Fiscalía. En el artículo 5 de la ley 11/2016, donde se habla de la delimitación de funciones y colaboración de la Avaf, se incluía el siguiente párrafo: ".... además proporcionar el apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida. La agencia solicitará a la fiscalía información periódica respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones iniciadas a instancia suya". Un texto que se modificó en la ley de Acompañamiento vía enmienda de Vox aceptada por el PP en junio de este año y que simplemente suprimía todo ese párrafo, eliminando así la colaboración del organismo con la Fiscalía.

-Del Código Ético al Consejo de Participación. Desde su llegada, Beut mostró su intención de analizar la manera de trabajar de sus predecesores y también de desmarcarse de la etapa anterior. Más allá de los ceses de de altos cargos, acometió la supresión del Código Ético del organismo, del que dependía la existencia del Comité de Ética, señalando que la Avaf se adheriría al que se estaba elaborando desde Les Corts Valencianes. No obstante, desde la cámara desmintieron estar trabajando en ello, por lo que finalmente Beut se comprometió a la creación de un nuevo código, que aprobó ocho meses después. El director de la Avaf, en su comparecencia en Les Corts de febrero, se defendió de las críticas por las destituciones, recordando que eran puestos de libre designación, y puntualizó que Llinares "tardó casi cinco años en disponer de un código ético".

Por otro lado, también se suprimió el Consejo de Participación Ciudadana de la Avaf en junio, algo por lo que protestaron diversas entidades en un comunicado firmado por Transparency International España, World Compliance Association, la Fundación Hay Derecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA, el Observatori Ciutadà contra la corrupció, Acción Cívica y la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció. Sobre este aspecto, el propio Beut en su mencionado artículo colgado en la web de la institución, aludía a un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el que se recordaba que la Ley 11/2016 de la Avaf "no preveía ningún órgano de participación cuya estructura, naturaleza, funciones y composición hubieran tenido que ser valoradas por el legislador", por lo que la dirección de la agencia "elige de qué modo y quién está capacitado para ejercer la participación". Sobre esto, Beut insiste en  que el dictamen del CJC ponía en duda la manera de conformar "un auténtico modelo de participación", por lo que, a su juicio, el órgano consultivo venía a advertir "con elegancia, de la inquietante posibilidad de que el director hiciese uso excesivo de criterios de selección subjetivos o sesgados". Además, el director de la Avaf recalca las escasas aportaciones de estas organizaciones en los procedimientos

valenciaPlaza

EL CALORET :Aemet preveu que els propers dissabte, diumenge i dilluns siguin els dies més càlids de l'estiu i marquin rècords des del 1950

 

EN LLISTA DESESPERA

 A una vecina de Càlig le diagnostican un tumor renal en abril y aún no la han operado: «Falta personal»

Tras presentar una queja, le han dicho que «la dotación de sesiones quirúrgicas actual está siendo notablemente insuficiente»

Fina Marza ha recibido una carta en la que le explican que no la han operado aún por falta de recursos humanos. / MEDITERRÁNEO

Mònica Mira

Castellón13 AGO 2025 6:00

En el mes de abril, a Fina Marza Llorens, vecina de Càlig, le detectaron un tumor renal, para ser más exactos, un carcinoma de células claras. Desde el Hospital de Vinaròs, donde confirmaron el primer diagnóstico, derivaron su historia al General de Castellón. Después de varias consultas, el 4 de junio firmó los papeles de consentimiento y le dijeron que «en un mes o mes y medio me operarían». A día de hoy, sigue a la espera.

Desde que fue consciente de su diagnóstico hasta la fecha, Fina dice haberse sentido «muy poco acompañada», ha echado en falta un seguimiento periódico. Entiende que «habrá otras casos peores y más graves que el mío, pero según me han dicho, hasta que no abran, no pueden descartar que no sea un cáncer agresivo, y el tiempo pasa».

Aunque lo peor de todo este proceso, por detrás claro está de recibir el diagnóstico, fue cuando, tras presentar una queja ante Sanidad por el retraso, recibió una carta del gerente del departamento de Salud de Castellón, que le provocó la necesidad de exponer y denunciar una situación que considera muy grave por sus implicaciones para toda la población.

En el texto, después de explicarle que la programación de las cirugías «sigue unas prioridades en función de criterios de gravedad y riesgo oncológico», le indica que «la solución a los problemas de la lista de espera quirúrgica no está en nuestras manos, teniendo en cuenta la dotación actual de recursos humanos y estructurales».

«La dotación de sesiones quirúrgicas actual está siendo notablemente insuficiente para poder intervenir los procedimientos oncológicos pendientes»

Extracto de la carta recibida por Fina Marzá

En la carta se incide en la «insuficiente asignación de sesiones quirúrgicas» del servicio de urología, que se suma a la reducción «en general» que caracteriza a los meses de julio, agosto y septiembre, y añade que «la dotación de sesiones quirúrgicas actual está siendo notablemente insuficiente para poder intervenir los procedimientos oncológicos pendientes».

Para acabar, lamentan la demora, que «con los actuales recursos humanos y de dotaciones de quirófano no es fácil mejorar».

Mientras tanto, Marza se ha gastado más de 1.000 euros en la sanidad privada, porque desde que supo que tiene cáncer (su madre falleció de esa enfermedad), le resultaba muy complicado vivir la espera con normalidad. Asegura que en el tercer TAC realizado recientemente en un hospital privado, le aseguraron que «el tumor ha crecido varios milímetros y tenía los ganglios inflamados».

Fina no puede evitar pensar que está en una carrera contra el reloj en la que le piden que tenga paciencia y espere. Reconoce que ha llenado esa espera de gestiones. Además de las pruebas en centros privados, la llamada más reciente que ha realizado ha sido al IVO (Hospital Oncológico de València), donde la han citado tras recibir la autorización del Hospital de Vinaròs para atender su caso, «pero no sé si me va a tocar pagar algo o no». En la Sanidad Pública, su próxima cita es el 26 de agosto con el anestesista.

Con 48 años, pide «un poco de humanidad», por el impacto emocional, psicológico y físico que supone el diagnóstico del cáncer y porque tampoco le dan garantías de que el suyo sea un caso menor. Le han explicado que una vez en la mesa del quirófano, podrán decidir si necesita una extracción parcial o total del riñón afectado.

«Si no tienen medios, que los pongan. Que tengan un poco de humanidad»

Fina Marzá

— Paciente de oncología

Está tan preocupada como indignada, y exige que «si no tienen medios, que los pongan». En cuanto a las razones que la han llevado a hacer público su caso, asegura que «si todos nos callamos, las cosas no van a cambiar» y defiende que las listas de espera, desesperan a cualquiera que necesite una operación, «y con un cáncer, se hacen interminables». Incide en que no está señalando a los médicos, sino al sistema sanitario.

Cuenta que le detectaron el tumor por casualidad, mientras acompañaba a su padre ingresado por un derrame cerebral, por el que acabó falleciendo. Mientras lo acompañaba en el hospital se sintió indispuesta y tuvo que acudir a urgencias con un cuadro de vómitos por una infección bacteriana. El médico que la atendió detectó unos valores inusuales en sus análisis y así empezó todo.

Ahora sabe, por la última prueba que ella misma se ha pagado, que su tumor «tiene una evolución de crecimiento», tal y como reza el informe del TAC más reciente. Y con esas, se ve legitimada para denunciar públicamente la situación. «Si al abrir ven que se ha extendido, ¿entonces qué haremos?, ¿nos lamentaremos?», concluye.

elperiodicoMediterraneo

A las placas solares no les gustan las olas de calor

 

La paradoja de las plantas fotovoltaicas: en récord de generación pero limitadas por las olas de calor

El exceso de calor sobrecalienta las placas, contribuye a ensuciar el ambiente por fenómenos como la calima y reduce hasta en un 20% la generación

Mikel Segovia@mikelsegoviac

13 / 08 / 25 - 00: 05

A las placas solares no les gustan las olas de calor. A las compañías que producen energía con ellas, tampoco. Estos días las temperaturas extremas que asolan el país no son precisamente el escenario más favorable para alcanzar sus máximas cotas de eficacia para la generación eléctrica. Pese a que los datos de producción fotovoltaica de los pasados meses de junio y julio registraron cifras récord, lo podrían haber sido aún más sin los episodios de calor extremo que están marcando este verano.

En las más de 63.000 instalaciones fotovoltaicas que están dispersas por nuestro país miran cada día con recelo al cielo. Confían en que el sol haga su función pero temen que el calor lo limite. En realidad, lo que requieren no son grados centígrados sino radiación, rayos de luz, no calor. El sobrecalentamiento de las placas solares limita la producción de su sistema.

En las olas de calor, los 25 grados centígrados que se consideran idóneos en términos generales para alcanzar las mayores cotas de eficacia, quedan muy lejos de lo que marcan los termómetros. La generación de energía a partir del sol se puede realizar a través de dos vías: las placas fotovoltaicas, que son capaces de convertir la luz en electricidad y las placas solares térmicas, que emplean el calor como principal fuente. Es precisamente ese equilibrio entre calor y luz el que se complica en periodos de temperaturas extremas como los que se viven en España estos días.

Fuentes del sector aseguran que en verano se produce más energía, pero fundamentalmente porque “hay más horas de luz solar, no tanto por el calor”. Añaden que también influye de modo importante que se produzca una radiación solar más directa y constante. Pero la eficacia de las placas solares de una planta fotovoltaica puede ser incluso mayor en periodos como la primavera o incluso el otoño, “hay días de frío en los que se puede alcanzar un alto rendimiento”.

Capacidad limitada al 80%

Los factores, además del calor son muchos. La radiación solar directa que incida en las placas, la orientación e inclinación de los paneles, sus condiciones de limpieza o el diseño y antigüedad de los paneles de los paneles también condicionan la capacidad de generar energía de las placas fotovoltaicas. Es el indicador de rendimiento de una instalación, el Performance Ratio (PR), el que muestra cuál es el máximo de eficacia que puede alcanzar una placa valorando variables como la temperatura, las pérdidas del cableado, la suciedad de las placas o la contaminación ambiental. De este modo, el PR puede ser menor en verano que en invierno, en función de cada una de las circunstancias que influyen en la generación eléctrica.   

Los estudios determinan que en general, el sobrecalentamiento de las placas perjudica su capacidad de generación. Así, una placa que esté a más de 40 grados centígrados puede llegar a reducir su capacidad hasta en un 20% y operar sólo al 80% de capacidad máxima.

Además del calor, la producción energética solar depende de variables como su orientación e inclinación o de la existencia de otros factores propios de periodos calurosos como el actual: la calima. En las zonas más próximas al sur peninsular, la calima procedente del Sáhara y el polvo en suspensión que arrastra se convierte en muchos casos en una barrera para la correcta penetración de la radiación en las placas. Sólo por este motivo que ensucia las placas solares se estima que la productividad energética se puede reducir hasta entre un 1% y un 3%.

A esa suciedad se suma en muchos casos el llamado ‘smog’ o contaminación ambiental provocada por la falta de lluvias en entornos principalmente urbanos y en los que la penetración de la radiación se puede ver limitada. Mantener limpias las placas, así como lo más refrigeradas posibles para evitar un exceso de sobrecalentamiento, se convierten en una prioridad en este tipo de instalaciones en estos periodos estivales y en particular durante los ciclos de calor extremo.

25ºC, la temperatura ideal

En la horquilla térmica en la que se estima que puede llegar a producir una polaca fotovoltaica oscila entre los 40 grados bajo cero y los 85 grados sobre cero en la superficie de la placa. Sin embargo, en ese amplio abanico térmico la productividad está muy condicionada. Se calcula que si los 25 ºC son la temperatura optima, cada grado por encima reduce hasta un 0,4% su rendimiento. De este modo, una placa media podría llegar a perder una eficiencia del 8% -en el caso de una placa media- y un 6% -en una de alta gama- al alcanzarse los 40 grados de temperatura.

La energía fotovoltaica es esencial en el actual contexto energético español. Actualmente es la tercera fuente energética empleada, representando el 17% del total del ‘mix energético’ nacional. En 2024 superó por primera vez a los ciclos combinados –gas- en el aporte energético global. La fotovoltaica se sitúa así sólo por detrás de la energía eólica, que encabeza el ‘mix’ con un 23%, y la energía nuclear, con un 19% el año pasado.

La incidencia que la realidad climática tiene en estas fuentes renovables de generación puede llegar a ser esencial para la composición de la generación energética global. Las fuentes renovables representaron el año pasado el 56% del total. La energía fotovoltaica está llamada a ir ganando peso en los próximos años, donde la ampliación de parque fotovoltaicos será una realidad. Los incrementos anuales en la capacidad instalada en fotovoltaica rondan los últimos años el 20% de crecimiento.

El impacto es especialmente significativo en algunas de las provincias que estos días más están sufriendo el impacto de las olas de calor. Los incendios que arrasan en las últimas horas amplias zonas de Zamora lo hacen en una provincia donde la instalación de plantas fotovoltaicas se ha multiplicado por ocho entre 2022 y 2023 hasta alcanzar las 49.000 hectáreas. Teruel, Cuenca, Albacete, Badajoz, Palencia o Ciudad Real son otras de las provincias donde la penetración fotovoltaica tiene mayor impacto. Según la Unión Española de Empresas Fotovoltaicas (UNEF) actualmente en España la potencia instalada ronda los 32.500 MW.

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