32 CASOS AISLADOS (de moment)

 

Actualización: 32 causas judiciales cercan al PP de Feijóo y de Ayuso

Vigésima actualización del monográfico: el PP de Feijóo y Ayuso, en el banquillo

Los Genoveses

18/06/2025 - 12:07

  
 

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. EP/Archivo.

Lentamente, pero sin tregua, continúan avanzando algunas de las causas judiciales más relevantes vinculadas al PP. De las seleccionadas en esta vigésima actualización se encuentran en diferentes fases procesales 32 causas judiciales.

Desde la última entrega (06.01.25) resulta especialmente significativo el incremento del número de causas relacionadas con el PP de Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En buena medida, tras un breve paréntesis temporal, los Casos Gürtel, Púnica y Lezo están siendo sustituidos por otros nuevos que han nacido y se han ejecutado durante los últimos 6 años.

Esta tendencia al alza tiene que ver probablemente con el impulso que han recibido la puesta en marcha de prácticas ilícitas que sus predecesores perpetraron a lo largo de varios años y, muy en particular, durante los gobiernos presididos por Esperanza Aguirre e Ignacio González (2004-2015) 

Además, con Isabel Díaz Ayuso al frente de la CM desde 2019 y como presidenta del PP en Madrid desde 2022 se da la circunstancia de que Alberto González Amador, su actual pareja, está procesado por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil e investigado en una PS por otros dos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal. Sus reacciones a la situación penal de su pareja afirmando que hay una operación de Estado contra ella reflejan, a su vez, hasta qué punto una cuestión de fraude fiscal y de delitos de corrupción la ha transformado en un supuesto ataque a su gestión como presidenta de la CM.

En esta misma línea de defensa se encuentran, según Ayuso, los dos procedimientos penales que se siguen en los juzgados de Madrid y Leganés por la aplicación de los protocolos que se llevaron a la práctica en las residencias de mayores durante el COVID y que, por el momento afectan, a 3 altos responsable de su gobierno.

Por lo que se refiere a otras causas territoriales mención especial merece las actuaciones que en relación con los 227 fallecidos en la provincia de Valencia por la Dana del 29 de octubre del pasado año se llevan a cabo por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja (Valencia). Por el momento, están siendo investigados Salomé Pradas Ten (ex consejera de Interior de la Generalitat Valenciana) y Emilio Argüeso Torres (ex secretario autonómico de seguridad y emergencias). El presidente de la Generalidad Carlos Mazón ha rechazado, tal como le ha ofrecido la jueza, declarar como testigo acogiéndose a su condición de aforado ante el TSJCV que, de momento, impide conocer que hizo durante las horas que estuvo desaparecido en los peores momentos de la Dana. 

En cuanto a la denominada “policía patriótica” se mantiene el calendario judicial y parlamentario. Por un lado, se está a la espera que en mayo del próximo año comience el juicio para los procesados por el Caso Kitchen que sentará en el banquillo al equipo político y policial del Ministerio del Interior durante el gobierno de Rajoy y por otro, continúa progresando la querella que Podemos presentó contra la misma cúpula del Ministerio del Interior y que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. A estos dos procedimientos hay que añadir que en el Congreso continúan los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la “Operación Cataluña” que hasta la fecha han obligado a comparecer, entre otros, a Mariano Rajoy Brey, ex presidente del Gobierno (2011-2018), Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior (2011-2016), Soraya Sáenz de Santamaria, ex vicepresidenta del Gobierno (2011-2018) y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP (2008-2018). A estas comparecencias hay que añadir un buen número de personas que fueron investigadas por esta misma policía patriótica, por ejemplo, Xavier Trías, ex alcalde Barcelona, Oriol Junqueras Vies, ex Vicerpresidente de la Generalidad y secretario general de ERC y Artur Mas i Gavarró, ex Presidente Generalidad de Cataluña.

Por último, se mantienen vivas varias causas relacionadas con Gürtel, Púnica y Lezo que se están investigando en la Audiencia Nacional que acabaran sentando en el banquillo a un buen número de responsables públicos de diversas administraciones territoriales vinculadas con el PP. Su ritmo dependerá de la capacidad logística y medios que vaya disponiendo las 4 secciones penales que forman la AN.

 Antecedentes situación judicial PP. Resumen resumido

- El PP es el único Partido de ámbito nacional condenado en tres ocasiones a pagar por delitos relacionados con la corrupción (573.360,44€). En concreto, dos veces por lucrarse de una trama corrupta y una vez como responsable civil subsidiario.

1. Por sentencia Audiencia Nacional en la “PS 1ª Época 1999-2005” (Gürtel) y ratificada por el Tribunal Supremo, es condenado a pagar por los actos llevados a cabo en Majadahonda (133.628,48€) y por los de Pozuelo de Alarcón (111.864,32€) al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución.
2. Por sentencia Audiencia Nacional en la “PS Boadilla” (Gürtel) y ratificada por el Tribunal Supremo es condenado a pagar como responsable a título lucrativo la cantidad de 204.198,64€ que el Grupo Correa gastó en beneficio del mismo con los fondos ilícitos obtenidos con la actividad delictiva durante las precampañas y campañas municipales de los años 2003 y 2007.
3. Por sentencia Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo “PS UDEF BLA 22510/13” (Gürtel) reforma sede Génova 13 es condenado como responsable civil subsidiario por una cuantía de 123.669€

- El PP es el único Partido de ámbito nacional que ha sido condenado por los tribunales por mantener activa una Caja B que habría venido funcionando durante 20 años (1990-2010).

- Además, constatado la existencia de diversas Cajas B regionales en la C. Madrid, C. A. Baleares y C. Valenciana

- El PP es el único Partido de ámbito nacional que se ha visto obligado a que declararan como testigos en el Caso Gürtel la práctica totalidad de sus dirigentes entre 1989-2018: Aznar, Rajoy, Cospedal, Arenas, Cascos, Rato, etc. Tanto el MF como el Tribunal han puesto “en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”

- El PP es el único Partido de ámbito nacional que ha apoyado a un gobierno presidido por su presidente nacional, Mariano Rajoyque tiene en la actualidad en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior por utilizar de forma ilegal efectivos, medios y recursos de ese ministerio con la finalidad de favorecer intereses del PP encaminados a anular pruebas inculpatorias para este mismo partido. 

-El PP es el único Partido de ámbito nacional que tiene a un ex presidente del Gobierno, M. Rajoy, investigado por la justicia andorrana por “delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, de chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y de creación de documento falso por parte de un funcionario” (CRI Andorra. Mayo 2022).

-El PP es el único Partido de ámbito nacional que tiene a un secretario de Estado de Seguridad y varios mandos policiales investigados por utilizar recursos de la policía para investigar a dirigentes de Podemos

- El PP es el único Partido que tiene en los tribunales como investigados a altos cargos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid por el fallecimiento de 227 personas durante la Dana y 7291 ancianos en las residencias durante el Covid. 

-El PP es el único Partido de ámbito nacional que por sus vinculaciones con determinados miembros de la judicatura ha obligado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a recusar a 4 de sus magistrados que iban a formar parte de los tribunales encargados de juzgar varias PS de los Casos Gürtel y Lezo

1. Concepción Espejel. En la actualidad magistrada del TC.
2. Enrique López. En la actualidad adscrito a la Sala Apelaciones AN.
3. Juan Pablo González. En la actualidad presidente Audiencia Provincial Madrid.
4. Joaquín Delgado. Continúa en comisión de servicio en la Audiencia Nacional.

25 investigados, procesados y/o condenados

De las decenas de cargos públicos del PP vinculados a la corrupción que han pasado o tienen previsto pasar por los tribunales aquí os va una selecta selección. Son protagonistas absolutos a la hora de repasar los delitos que figuran en el Código Penal relacionados con la corrupción y adyacentes. Algunos ya han sido condenados a varios años de cárcel y otros muchos correrán la misma suerte.

1. Eduardo Zaplana. Ex presidente de la Generalidad y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Aznar. Condenado por el Caso Erial
2. Rodrigo Rato. Ex vicepresidente y ex ministro de Economía con Aznar. Condenado por las Tarjetas Black y por varios delitos fiscales. 
3. Jaume Matas. Ex ministro de Medio Ambiente con Aznar y ex Pte. de Baleares. Condenado en varias PS del Caso Palma Arena. 
4. Ana Mato. Ex ministra de Sanidad con Rajoy. Condenada en firme por la 1ª Época del Caso Gürtel como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia.
5. Pedro Antonio Sánchez. Ex Pte. Región de Murcia. Condenado por el Caso Auditorio y procesado por el Caso Guardería.
6. Jorge Fernández Díaz. Ex ministro del Interior con Rajoy. En el banquillo por PS7 Kitchen.
7. Francisco Martínez. Ex SE de Seguridad con Rajoy. En el banquillo por PS7 Kitchen e investigado en la Operación Borrasca
8. Ramón Luis Valcárcel. Ex presidente del Gobierno regional de Murcia (1995-2014). En el banquillo por el Caso Desaladora. Procesado.
9. Ignacio González González. Ex Pte. CM. Procesado por el Caso Lezo: PS Emissao, PS Campo de Golf Canal y PS Tren de Móstoles-Navalcarnero.
10. Salomé Pradas Ten. Ex consejera de Interior de la Generalitat Valenciana. Caso Dana. Investigada. 
11. Ana Belén Millán Arroyo. Ex alcaldesa de Arroyomolinos, Vicesecretaria de Organización PPM y vicepresidenta 1ª de la Asamblea de Madrid. Investigada.
12. Judhit Piquet Flores. Alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid). Investigada.
13. David Erguido Cano. Ex senador territorial por la CM. Procesado Caso Púnica,
14. Francisco Granados Lerena. Ex SG PP Madrid. Ex Vicepresidente y ex consejero de la CM. Procesado en Púnica por PS Financiación irregular del PP de Madrid.
15. Beltrán Gutiérrez Moliner. Ex Gerente del PP de Madrid. Procesado en Púnica por PS Financiación irregular del PP de Madrid.
16. Borja Sarasola Jaúdenes. Ex Consejero CM.  Procesado en Púnica por PS Financiación irregular del PP de Madrid.
17. Juan Bravo Rivera.  Ex Consejero CM. Procesado Caso Lezo
18. Pedro Calvo Poch. Ex Consejero CM. Procesado Caso Lezo. 
19. Arturo Canalda González. Expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña. Procesado Caso Lezo.  
20. Carlos Mur de Viu. Ex DG de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante COVID. Investigado por los protocolos residencias de mayores.
21. Francisco Javier Martínez Peromingo. Responsable Protocolos CM durante COVID. Investigado por los protocolos residencias de mayores.
22. Antonio Burgueño Carbonell. Asesor Díaz Ayuso primeros días COVID. Investigado por los protocolos residencias de mayores.
23. Daniel Ortiz Espejo. Ex alcalde de Móstoles (Madrid) y ex diputado Asamblea de Madrid. Procesado por Caso Púnica (PS6).
24. Pedro Ramón Gómez de la Serna. Ex diputado del PP. Pago comisiones Argelia. Procesado.
25. Gustavo de Arístegui y San Román. Ex diputado y ex embajador de España en la India. Pago comisiones Argelia. Procesado. 

Hasta aquí los hechos. Próxima actualización en diciembre de 2025.

elPlural

¿Puede ser Alberto Núñez Feijóo partícipe a título lucrativo de un asesinato franquista?

 

• Santiago Botas Blanco y Cristina Prego García son, además de los protagonistas de una de esas historias de enriquecimiento durante la Guerra Civil, los abuelos de Eva María de Cárdenas Botas, la esposa de Feijóo y una de las herederas de la fortuna familiar que se nutrió de una manera tan trágica. ¿Cómo era? ¿Partícipe a título lucrativo?

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  El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo interviene durante el pleno del Congreso de los Diputados. Mariscal / EFE

Antonio Maestre

12 de julio de 2025 21:23 h

Actualizado el 13/07/2025 10:22 h

Les voy a contar una historia sin trazar paralelismos de ningún tipo con ningún otro caso. Una más de la Guerra Civil y de cómo se fraguaron algunas fortunas en el franquismo, como muchas otras de las que hubo pero que por cuestiones del destino acabó favoreciendo al que aspira a ocupar la presidencia del gobierno. La Voz de Galicia publicó en el año 2003 un relato recogido en un libro del juez José Luis Aulet Barros sobre las boticas en Galicia que iba a tener trascendencia años después en la familia de Alberto Núñez Feijóo. Se trataba de la trágica historia de una botica de Pontedeume y los farmacéuticos del pueblo. Uno de izquierdas, otro de derechas.

Santiago Botas Blanco era un famoso terrateniente y farmacéutico de Pontedeume. Su historia en el negocio, con ventajas, comenzó en el año 1937, una fecha que siempre llama la atención en aquellos lugares donde el golpe de Estado triunfó rápido y que en otros sitios comienza en 1939. Algunos tenemos ya el olfato afinado al ver cuándo empiezan a hacer fortuna algunas familias solo con ver el año de fundación de sus negocios. Pocas veces juega la casualidad y la mayoría la filiación política. Esta es una historia de caciques locales en Galicia. De la represión franquista. De asesinatos y de familias afines al régimen que hicieron fortuna con esos crímenes. Una historia que habría incluido sin dudar en Franquismo S.A.

En Pontedeume, el farmacéutico Antonio Díaz Zamorano fue arrestado por los fascistas porque su yerno realizaba tertulias izquierdistas en el local y la farmacia llegó a ser la oficina del Frente Popular. Después de un juicio sumarísimo fue asesinado por Antonio López Deus, “El peón”, un marino mercante falangista que acabó trabajando para los nazis y que se encargaba de los paseos en la zona. Fueron asesinados también Leonardo Díaz Rosado y Rodrigo Álvarez Pardo, sin que quedara vivo ningún heredero del legítimo dueño de la botica. Ya estaba vacante el negocio. Aquella farmacia acabó de forma interina en manos de Santiago Botas Blanco por decisión del consistorio fascista del momento.

¿Por qué en manos de Santiago Botas Blanco? Porque estaba casado con Cristina Prego y los Prego eran los dueños de otra botica en Pontedeume. La botica de los Zamorano siempre se llamó “la de los pobres” porque siempre que podía ayudaba a los más necesitados, algo que no gustaba demasiado a los conservadores de la familia Prego, los de la botica “de arriba”. Una competencia empresarial que tuvo mucho que ver en el devenir funesto de los Zamorano. Los Botas Blanco y los Prego García eran dos de las familias más importantes del poder durante el franquismo. Santiago Botas Blanco era un eminente miembro de Falange en Pontedeume, Román Prego García fue voluntario falangista y Gaspar Prego García el juez instructor de la zona, nombrado en diciembre de 1936 tras el triunfo del golpe de Estado. Toda esta información mucho más ampliada la pueden encontrar en el trabajo del historiador local David Castro Pérez y en la información recogida en la revista Cátedra de Pontedeume. Pero no se quedó en eso, Santiago Botas Blanco fue nombrado en octubre de 1936 por el Gobernador Civil como uno de los miembros del Comité Civil de Defensa de los fascistas junto al jefe de las milicias y al delegado militar.

¿Y qué tiene que ver todo esto con Alberto Núñez Feijóo? ¿Dónde está la relación y la vinculación con la frase del partícipe a título lucrativo que el líder del PP arrojó sobre Pedro Sánchez acerca de los negocios de su familia política? Santiago Botas Blanco y Cristina Prego García son, además de los protagonistas de una de esas historias de enriquecimiento durante la Guerra Civil, los abuelos de Eva María de Cárdenas Botas, la esposa de Alberto Núñez Feijóo y una de las herederas de la fortuna familiar que se nutrió de una manera tan trágica. ¿Cómo era? ¿Partícipe a título lucrativo? Algo así sonó estos días en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo vive cuando van a Galicia, por cuestiones lógicas de parentesco, en una casa en Moaña con Eva María Cárdenas Botas por la que aún litigan con el Estado para quedarse con parte del dominio público y tener acceso a la playa de forma privada. Les parece que se han quedado con poco todavía. Lo dicho. Una simple historia. Ahora ya pueden jugar todos a las familias políticas.

eldiario.es

BOMBAZO, INVESTIGAN A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ POR AMENAZAS A PERIODISTAS

13 de jul. 2025

Noticia de ultima hora. La Unión Europea, de la mano de un informe sobre la calidad informativa de los países miembros, de la Comisión de Medios y Liberta de Prensa, ha vuelto a señalar al asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez , por sus amenazas a la prensa

INFORME DE TRANSPARENCIA MEDIÁTICA: Un informe de Bruselas señala a Miguel Ángel Rodríguez por “amenazar” a periodistas

 

El documento se hace eco de las campañas de acoso del jefe de gabinete de Ayuso con profesionales de medios progresistas

elplural.com

10/07/2025 - 12:35

  
 

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. EP

Los medios de comunicación en España sufren una tremenda crisis de transparencia. Así lo detalla el informe elaborado por Media Pluralism Monitor (MPM), referencia en la Unión Europea en el campo del a monitorización de medios en los Estados Miembros. El estudio deja a España en un mal lugar, con un nivel de opacidad del 85%. Sin embargo, lo llamativo es que en el texto señalan a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como ejemplo de acoso a profesionales de la información, aludiendo al hostigamiento que sufrieron varias periodistas de eldiario.es por parte de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Además de las agresiones físicas, figuras políticas y sus equipos participaron en campañas de desprestigio y profirieron amenazas online; en particular, Miguel Ángel Rodríguez amenazó públicamente a un periodistas de eldiario.es”. Con estas palabras, el informe de Media Pluralism Monitor señala las prácticas del jefe de Gabinete de Ayuso, aunque también hace alusión al “acoso” de actores privados, como el líder de Desokupa, Daniel Esteve, a quien le atribuyen “insultos y amenazas” públicas a un periodista de La Sexta a través de redes sociales.

Un señalamiento que no cae en saco roto. En la oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ironizan con la situación. El PSOE-M se hace eco del informe con la mención a Rodríguez. “¿Sabéis a quién llama la atención el Informe de Transparencia Mediática que sirve de referencia a Bruselas?”, se preguntan retóricamente en sus redes sociales, apuntando a las “campañas de desprestigio y amenazas” públicas de MAR y profundizando en la defensa de la derecha por “la prensa libre”. “Te tienes que reír”, resumen los socialistas madrileños.

Un informe que deja mal a España

Situaciones como las de MAR no son ajenas en el día a día de la profesión periodística. De hecho, como se menciona anteriormente, se hace alusión también a las prácticas matonistas del líder de Desokupa. Escenas que, a la postre, empujan a España al fondo de la clasificación en el ámbito de transparencia mediática. De hecho, empata con Hungría en este sentido, calificando de “opaco” al sistema mediático español. Es decir, en “riesgo muy alto”.

Señalamiento que también se reparten los dueños de los medios de comunicación del país, a quienes reprochan una falta de diversidad real, aludiendo también a las empresas que los controlan. Y es que este medidor determina las facilidades o dificultades para conocer quiénes son los verdaderos propietarios de los medios españoles, con un baremo que va desde el cero (transparencia total), hasta la opacidad absoluta (100%).

En esta escala, la nota que saca España es un preocupante 85%. Un porcentaje que comparte con Hungría, gobernada por el ultraderechista Viktor Orban, y que tan sólo deja a sendos estados por detrás de Chipre, con un 91%. Es más, el valor de España ha caído en picado en tan sólo un año, pasando del tercer al segundo puesto en esta clasificación de opacidad al perder seis puntos porcentuales.

Así, el informe advierte al ecosistema de medios españoles de las limitaciones del sector audiovisual, además de las “participaciones significativas” de propietarios. Sin embargo, no se llega hasta la cúspide de la pirámide. En definitiva, el MPM, financiado por la Unión Europea y bajo la tutela del Centre for Media Pluralism and Media del Centro Robert Schuman para Estudios Avanzados, es una herramienta diseñada para identificar los potenciales problemas para el pluralismo en la maraña de medios de comunicación tanto en Estados miembros como en los candidatos para ingresar en la comunidad.

elPlural

España empeora en transparencia mediática en Europa y ya empata con Hungría

 

•  La opacidad mediática española sigue en el nivel de “riesgo muy alto”, la más elevada, según el Media Pluralism Monitor que sirve de referencia a Bruselas
•  La falta la diversidad real entre los propietarios y empresas que controlan los medios de comunicación también supone “un riesgo alto”
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La identidad de los que mueven los hilos detras de los medios en España sigue en la sombra. infoLibre

Fernando Varela

9 de julio de 2025 06:00h

La transparencia sobre la propiedad de los medios en España ha empeorado en el último año. Lejos de mejorar –como ocurriría si los medios estuviesen dando cumplimiento a lo que exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios y que, en este apartado, está en vigor desde febrero–, el indicador que mide hasta qué punto es posible conocer quiénes son los verdaderos propietarios de los medios de comunicación en un país, tanto directa como indirectamente, deja a España en muy mal lugar.

En este apartado seguimos en una situación de “muy alto riesgo” que, según el Media Pluralism Monitor (MPM), el informe de referencia en la Unión Europea que monitoriza la situación de los medios en los países miembros, ya alcanza el 85% en una escala de 0 a 100 que evalúa desde la transparencia total (cero) hasta la opacidad absoluta (cien).

Es el mismo porcentaje que tiene Hungría, gobernada por el ultraderechista Viktor Orbán, y solo está por detrás de Chipre (91%). España ha empeorado seis puntos porcentuales en solo un año y ha pasado del tercer al segundo puesto en esta clasificación de opacidad, un componente clave del pluralismo, porque sin transparencia no puede haber una vigilancia democrática efectiva ni confianza del público en los medios.

Este informe advierte que la poca información existente sigue limitada al sector audiovisual y solo refleja las “participaciones significativas” de propietarios, pero no los propietarios finales de los medios, lo que pone bajo sospecha el verdadero alcance de los planes del Gobierno para implementar un registro general de medios.

El MPM, financiado por la Unión Europea y obra del Centre for Media Pluralism and Media del Centro Robert Schuman para Estudios Avanzados, es una herramienta diseñada con el objetivo de identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros y en países candidatos a ingresar en la Unión Europea.

Y es tan relevante que la Comisión Europea lo toma como referencia para evaluar la situación de los medios en los países miembros en su informe anual sobre el Estado de derecho, que precisamente fue hecho público este martes. En él, Bruselas subraya también que “la transparencia de propiedad de medios sigue siendo un área de preocupación” en España, pendiente de la adopción de la nueva legislación derivada de las normas europeas sobre libertad de medios y servicios digitales. “El déficit de transparencia que existe en todos los medios no audiovisuales continuará hasta que se establezca el nuevo registro. Por lo tanto, continúa registrando un nivel de riesgo muy alto”.

Riesgo “muy alto” para la pluralidad

El informe de Bruselas también se hace eco de otros indicadores del Media Pluralism Monitor, entre ellos el que advierte que el riesgo para la pluralidad se mantiene en España “muy alto (91%)”. Este indicador hace referencia a la diversidad real de propietarios y empresas que controlan los medios de comunicación en un país. Es decir, cuántos y qué tan distintos son los agentes económicos que poseen y gestionan medios informativos relevantes (televisión, radio, prensa, online).

Es un indicador que evalúa si el sistema mediático está dominado por un pequeño número de empresas (riesgo de concentración) o si, por el contrario, existe un ecosistema plural con múltiples operadores independientes compitiendo en condiciones razonables.

La situación de RTVE, cuya regulación fue reformada por las fuerzas que apoyan al Gobierno para que su máximo responsable ya no tenga que ser elegido por consenso, también es objeto de atención. El documento alude a la “preocupación” existente en torno a “la falta de independencia y uso de medios de servicio público regionales para propósitos políticos”, en referencia a las radiotelevisiones autonómicas.

El MPM de este año asegura, a este respecto, que se “han intensificado los temores de interferencia política y comprometido la independencia editorial” de los medios públicos. Y denuncia con toda claridad dónde está el problema: “España sigue siendo el único país de la UE sin un consejo audiovisual nacional, limitando la supervisión efectiva de la influencia política y el pluralismo mediático”.

“El marco legal para publicidad estatal permanece sin cambios”, subraya la Comisión en el informe sobre el Estado de derecho, a pesar de que ha aumentado el número de campañas publicitarias. El proyecto de ley que debe reformar la legislación sobre publicidad institucional para hacerla más transparente aún no ha sido adoptado y, bajo la ley actual, “la falta de información sobre beneficiarios finales de publicidad institucional hace difícil evaluar” su “impacto en el mercado de medios”.

“Se observa una tendencia ascendente en el número de campañas institucionales nacionales y su costo. El Plan de Publicidad Institucional y Comunicación 2025 prevé 161,2 millones de euros para 146 campañas institucionales, un aumento del 16% sobre el plan 2024 y la cantidad más alta desde 2008”, señala el informe.

Sin progresos

Sigue sin haber progresos, advierte la Comisión, “en la recomendación de fortalecer el acceso a la información, pendiente de adopción de nueva legislación”. “El marco legal sobre acceso a documentos aún no ha sido cambiado”, aunque el Gobierno “se ha comprometido a adoptar el proyecto de ley sobre información clasificada, así como una nueva ley sobre Administración abierta para expandir las obligaciones de transparencia”.

A pesar de los pasos previstos a través de propuestas legislativas en curso, “los periodistas continúan enfrentando desafíos crecientes respecto a condiciones laborales y seguridad”. Desde la publicación del Informe sobre el Estado de derecho 2024, “se han registrado seis nuevas alertas para España en la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, relacionadas con ataques a la seguridad física e integridad, acoso e intimidación de periodistas, y otros actos que tienen efectos escalofriantes en la libertad de medios”.

El informe “espera que el proyecto de ley sobre el secreto profesional del periodismo sea adoptado por el Gobierno en breve” y denuncia que “la propuesta de octubre de 2024 para enmendar la Ley de Seguridad Ciudadana”, conocida como ley mordaza, “continúa siendo discutida en el Parlamento”.

España es el tercer país más opaco de la UE sobre la propiedad de los medios después de Chipre y Hungría

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El Media Pluralism Monitor echa en falta que España siga sin adoptar medidas para corregir las leyes de difamación, que no esté protegiendo a los medios de las demandas abusivas –tal y como exige desde 2024 Bruselas–, o la ausencia de una estrategia nacional contra la desinformación.

El informe valora el anunciado Plan de Acción para la Democracia, dirigido a revisar partes del Código Penal para alinearse mejor con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, pero lamenta que las medidas específicas aún no hayan sido detalladas ni debatidas en el Parlamento. Lo mismo sucede, subraya el informe, con el anunciado registro sobre la propiedad de los medios y la obligada transparencia de la publicidad institucional, que siguen sin implementarse.

“No existe un requisito legal que obligue a los medios a divulgar intereses económicos o políticos, complicando la detección de posible influencia política o conflictos de intereses”, lamenta el MPM. Y sigue sin haber “regulaciones específicas que prevengan el control político directo o indirecto sobre medios privados, especialmente a través de publicidad institucional y procesos de licencias de televisión”.

infoLibre

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Por flamenquin