El levantamiento del secreto de sumario en la causa contra Cristóbal Montoro permitirá conocer los indicios que alberga acerca de una guerra sucia practicada desde el Ministerio de Hacienda contra los mismos adversarios políticos a los que el Gobierno de Mariano Rajoy atacó con las herramientas del Ministerio del Interior. Los correos incautados por un juez de Tarragona a Equipo Económico, la consultoría fundada por Montoro, incluyen indicios de que Hacienda intercedió a favor del Partido Popular en el caso más grave de corrupción que ha afectado a la formación, el de su caja B, y también otros contra sus enemigos habituales, caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
El mes de marzo de 2015 negros nubarrones se cernían sobre el Partido Popular, entonces en el Gobierno. El magistrado Pablo Ruz avanzaba hacia el final de la instrucción del caso de su financiación irregular, el caso de los ‘papeles de Bárcenas’, y había solicitado a Hacienda un informe que podía resultar clave sobre la responsabilidad del partido en el pago de las reformas de su sede central con dinero negro.
Entre los correos en poder del juez de Tarragona que investiga a Montoro hay varios mensajes en los que los colaboradores del ministro le informan de las posibles respuestas al magistrado y cuál de ellas exoneraría al Partido Popular de haber cometido un delito fiscal. Finalmente, Hacienda optaría por esta vía para responder al magistrado.
El 11 de marzo de 2015, el jefe de Gabinete de Montoro escribe a su jefe: “La AEAT parte de unos ingresos de 1 millón de euros (…). Si se le aplicasen los gastos deducibles (900.000), la base imponible quedaría en 100.000. La cuota defraudada, una vez reducida en retenciones, queda alrededor de 30.000. No es delito”. El jefe de Gabinete de Montoro era Felipe Martínez Rico, ahora imputado junto al exministro por beneficiar a las empresas gasísticas con cambios legislativos a cambio de dinero. En su correo da otras opciones al ministro que finalmente no se presentaron al juez y que sí incriminaban al Partido Popular.
Estos correos fueron revelados por El Periódico en abril de 2023, cuando todavía pesaba el secreto del sumario y en medio de una guerra interna en el seno de Anticorrupción. Ese enfrentamiento lo libraban el jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón, y la fiscal del caso, Carmen García Cerdá. Esta última quería ampliar la investigación del juzgado de Tarragona de Equipo Económico, Hacienda y las gasísticas a posibles revelaciones de secretos cometidas por Montoro y sus colaboradores, que habrían utilizado los datos confidenciales de la Agencia Tributaria de forma arbitraria.
Ante los obstáculos presentados por Luzón, la fiscal del caso recurrió al instrumento excepcional de que fuera la junta de fiscales de Anticorrupción, con todos sus miembros, quien analizara las opciones. Se impuso el criterio de Luzón, según el cual no había delito de revelación de secretos porque el ministro tenía la potestad de estar informado y que añadía que tenía que haberse producido un daño no acreditado. La mayoría de los fiscales Anticorrupción se alinearon con su jefe y solo cuatro de ellos, entre ellos la fiscal de los casos Gürtel y caja B, Concepción Sabadell, se pusieron del lado de la fiscal del caso. Resultado: 19 votos contra 5.
La fiscal intentó buscar la fórmula, a través de los Mossos d’Esquadra, para que el fiscal de Tarragona estudiara los correos, pero fue descubierta y se le abrió un expediente por no respetar las órdenes de su superior cuya sanción fue recientemente refrendada por el Tribunal Supremo, imponiéndole una multa de 1.000 euros.
En el caso de la caja B del PP, el fiscal Anticorrupción del caso, Antonio Romeral –actual número dos de Luzón– se posicionó en contra de atribuir un delito fiscal al Partido Popular, siguiendo el criterio de la Agencia Tributaria, cuyo director de entonces también está imputado en el caso del juzgado de Tarragona por beneficiar a las gasísticas. Finalmente, el juez Pablo Ruz acusó del delito fiscal al PP y la Audiencia Nacional primero, y el Tribunal Supremo después, condenaron por ese concepto al partido en concepto de responsable civil subsidiario.
El enfrentamiento en Anticorrupción y las informaciones de El Periódico constituían la punta del iceberg de un caso que permanecía en su mayoría en secreto. Esas discrepancias entre los investigadores se extienden también a las fuerzas policiales, según fuentes del caso. La Unidad Central Operativa se sumó a las pesquisas en 2021 y ha elaborado desde entonces dos informes que no presentan indicios contra los investigados de Equipo Económico y el Gobierno de Rajoy, frente a otros atestados de los Mossos que sí sostienen las acusaciones.
Por todo ello, el auto del juez Rubén Rus Vela conocido este miércoles ha supuesto una enorme sorpresa. El juez imputa siete delitos, varios de ellos de corrupción, al exministro Montoro y a nueve de sus colaboradores. En total son 28 personas físicas imputadas, entre ellas los presuntos corruptores de las sociedades gasísticas. Fuentes del caso hablan de 17 tomos de sumario que serán puestos a disposición de las partes personadas en los próximos días. Resta conocer si las piezas separadas abiertas por el juez están relacionadas con los ataques desde el Ministerio de Hacienda a adversarios del PP y el ministro Montoro.
“Van a elaborar una ficha de Monedero”
Los correos electrónicos que aparecen en el extenso sumario de Tarragona ofrecen también indicios de cómo el ministro Montoro era puesto al día de las actuaciones contra rivales políticos. Es el caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El profesor de la Complutense se había salvado de una imputación por fraude fiscal al haber abonado una cantidad que le reclamaba la Agencia Tributaria antes de que se le notificara la inspección y después de que la publicación de filtraciones advirtieran al profesor de Ciencias Políticas del riesgo de que derivara en una investigación judicial.
El desenlace de estos hechos no pareció que satisficiera a los responsables del Ministerio de Hacienda del PP. “Ministro, para tu información. Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar. De momento, van a elaborar una ficha, y te la mandamos antes de dar traslado a MEYSS [Ministerio de Empleo y Seguridad Social]”, escribe el jefe de Gabinete de Montoro a una dirección de correo en la que aparece el segundo apellido del ministro.
En ese correo electrónico, que también publicó en su momento El Periódico, el jefe de Gabinete de Montoro entrega datos fiscales del adversario político al ministro y añade: “Debemos elaborar una ficha de información con trascendencia tributaria (FITT) y enviarla a la Inspección de Trabajo para que los dé de alta (a los pobres becarios) en el régimen general con los que se practicaría liquidación en la Seguridad Social”.
Juan Carlos Monedero está pendiente de conocer si podrá actuar como acusación en el proceso, algo que su defensa espera conocer con el levantamiento del secreto de sumario. Su petición de personarse se remonta a noviembre de 2023.
El intento por salvar al PP del caso de la caja B, saboteando la instrucción judicial, y de frenar las aspiraciones de Podemos por llegar al Gobierno en 2016 constituyen dos de las tres patas de la actuación de la brigada política del Ministerio del Interior, investigadas en la actualidad por la Audiencia Nacional. La confirmación de las maniobras por parte de Hacienda constituirían otra versión de la guerra sucia del PP durante el Gobierno del PP desconocida hasta ahora.
Persecución a enemigos de Montoro
La causa del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona alberga igualmente correos electrónicos que denotarían prácticas de persecución contra otros enemigos de Montoro, algunos compañeros del Partido Popular. Entre estos últimos estarían Rodrigo Rato, cuyo caso en los tribunales arrancó de una investigación de la Agencia Tributaria, y Esperanza Aguirre. Entre los mensajes hay alusiones también al periodista de ABC Javier Chicote, quien habría informado sobre las presuntas actividades delictivas del despacho fundado por Montoro.
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