Las palas se fabricarán en la planta de GE Vernova en Les Coves de Vinromà (Castellón)
CIP señala que las asociaciones ecologistas critican el proyecto del Maestrazgo sin fundamento
El proyecto Clúster del Maestrazgo, el que será el mayor parque eólico de España, con una potencia de 744 MW, propiedad del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), se encuentra paralizado a causa de los ecologistas.
El proyecto, que ya cuenta con la Autorización Administrativa de Construcción aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 23 de julio de 2024, se encuentra pendiente únicamente de los últimos permisos y de la licencia de obras para arrancar. Sin embargo, en las últimas semanas el avance del proyecto se ha visto condicionado por la suspensión del trámite de expropiación de terrenos en Castellón, decisión adoptada por la Subdelegación del Gobierno en respuesta a una avalancha de recursos administrativos presentados por asociaciones contrarias al parque eólico.
Recursos administrativos
CIP ha atribuido estos recursos a una estrategia para “bloquear” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), acusando a los opositores de “carencia de base jurídica y rigor técnico”. Según declara el fondo danés a El Periódico de la Energía, el elevado número de recursos ha impedido que la Administración responda en plazo, ralentizando el procedimiento. “Esto no significa que el proyecto esté judicializado, confiamos en que el Ministerio resuelva los recursos en las próximas semanas y podamos iniciar cuanto antes la construcción” matizan desde CIP.
Sin embargo, las plataformas ciudadanas y ecologistas sostienen lo contrario. La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, junto con colectivos como Teruel Existe, la Fundación Quebrantahuesos y la Plataforma No a la MAT, aseguran que el Clúster Maestrazgo sí se encuentra judicializado, tanto en la vía contencioso-administrativa, mediante demandas interpuestas ante el Tribunal Supremo, como en la vía penal, a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía.
Estas agrupaciones insisten en que los recursos de alzada forman parte de los mecanismos legales que la ciudadanía tiene para defenderse frente a proyectos que considera dañinos para el territorio. “No se trata de artimañas, sino de legalidad. Lo que CIP califica de maniobras dilatorias es en realidad el ejercicio del derecho de oposición previsto en el Estado de Derecho”, afirman desde la plataforma.
Producción y beneficios
La instalación generará 2.000 GWh anuales, suficientes para abastecer a 555.000 hogares en España. Según datos de CIP, la energía limpia producida permitirá evitar la emisión de 271.000 toneladas de CO2 cada año, impulsando de manera decisiva los objetivos de descarbonización recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Tal y como ha declarado el fondo a este medio, el diseño, construcción y futura explotación del parque se han concebido bajo el principio de prevención ambiental marcado por la normativa europea, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de sostenibilidad.
Un estudio elaborado por PwC calcula que el proyecto generará un impacto económico (VAB) superior a 1.100 millones de euros en España durante su vida útil. Se prevé la creación de más de 3.900 empleos a tiempo completo cada año y una contribución de 440 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales, de los que 120 millones irán destinados a tributos locales. Dichos recursos permitirán mejorar servicios públicos e infraestructuras en los municipios del área de influencia, un argumento que CIP presenta como uno de los grandes beneficios del proyecto para el territorio.
Asimismo, el parque supondrá un impulso decisivo a la industria eólica española, ya que gran parte de sus componentes y servicios serán suministrados por empresas locales. Las palas se fabricarán en la planta de GE Vernova en Les Coves de Vinromà (Castellón), las torres en factorías de Albacete, Burgos y Galicia, y los autotransformadores de gran capacidad en la fábrica de Hitachi Energy en Córdoba.
Pese a la controversia, CIP mantiene su hoja de ruta y trabaja para iniciar las obras “en breve”, convencida de que el proyecto marcará un hito en la industria renovable española y contribuirá de forma decisiva al cumplimiento de los compromisos climáticos de España.
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