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diumenge, 14 de setembre del 2025
GOVERN DEL BOTÀNIC: ES COMPLEIXEN 10 ANYS DE LA TRANSFORMACIÓ DE L´INÚTIL "AEROPUERTO PARA PEATONES DEL ABUELO" EN UN AEROPORT INTERNACIONAL
El aeropuerto de Castellón cumple diez años de vuelos regulares con 1,5 millones de viajeros
Ha acogido en la última década 25 rutas regulares que han enlazado con 22 destinos de 11 países europeos
Publicado: 14/09/2025 ·
13:13
CASTELLÓ. El aeropuerto de Castellón cumple este lunes, 15 de septiembre, el décimo aniversario del inicio de los vuelos regulares, que han posibilitado la llegada y salida de más de un millón y medio de pasajeros. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha manifestado que el balance de este periodo "es satisfactorio, ya que se han logrado avances sustanciales y un crecimiento continuo", según un comunicado de la Generalitat.
Martínez Mus ha señalado que la instalación "se ha consolidado como puerta de entrada a la provincia de Castellón, erigiéndose en aliado del sector turístico al conectar con nuevos mercados emisores". Asimismo, ha dicho, "ha favorecido la internacionalización del tejido productivo y la movilidad de los castellonenses". Respecto al tráfico comercial, el conseller ha recordado que el aeropuerto opera este año el mayor número de vuelos de su trayectoria y prevé superar, por primera vez, la barrera de los 300.000 pasajeros.
Además, ha destacado la apuesta por la diversificación, a través de la llegada de compañías de la industria aeronáutica, y la apuesta por el sector aeroespacial y la innovación, con iniciativas como la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea. Martínez Mus ha resaltado el impacto y retorno positivo de la infraestructura en la provincia, y ha citado un informe del IVIE que refleja que por cada euro invertido por el aeropuerto se generan más de cuatro euros de renta en el territorio.
"Polo de crecimiento"
"En definitiva, el aeropuerto se está consolidando como un polo de crecimiento que va a ir a más con el respaldo de la Generalitat", ha afirmado el conseller, quien ha apuntado que estos logros "dan la razón a los que defendimos desde el principio la necesidad e importancia de la infraestructura, frente a aquellos que la cuestionaron y criticaron". El primer vuelo regular de este aeropuerto lo operó la aerolínea Ryanair el 15 de septiembre de 2015, correspondiente a la ruta de Londres, una conexión con la capital británica que sigue vigente y es la más veterana del aeropuerto.
Este aeropuerto ha acogido en la última década 25 rutas regulares que han enlazado con 22 destinos de 11 países europeos. Estas líneas regulares han supuesto más de 10.500 operaciones y han generado más de un millón y medio de pasajeros, según la Generalitat. La instalación opera en este 2025 el mayor número de vuelos de su trayectoria, correspondientes a 14 rutas regulares, y en los ocho primeros meses del año se han contabilizado 221.704 usuarios.
castellonPlaza
La emisión por parte de RTVE de unas imágenes del Cecopi con su sonido inaudito, grabadas la tarde del 29 de octubre por À Punt, ha abierto un interesante debate en el mundo periodístico que merece una reflexión en lugar de tanta bilis como se ve en las redes sociales.
El ‘mudo’ de À Punt en el Cecopi
Para quien no conozca el asunto, aquí están los hechos:
–À Punt grabó la tarde de la Dana lo que se conoce como imágenes recurso o, en el argot periodístico, un ‘mudo’. En total, seis minutos.
–La televisión pública valenciana ha utilizado esas imágenes como fondo de informaciones sobre la Dana pero nunca ha emitido el sonido, aunque la cámara sí lo recogió.
–Ciudadanos, personado en la causa de la Dana, solicitó el 5 de septiembre a la jueza instructora que requiriera a À Punt el audio de esa grabación. El día 8, la jueza rechazó la petición al considerar que "entraría dentro del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente".
–Dos días después, RTVE emitió parte de las imágenes con el sonido.
Vaya por delante que lo que hizo RTVE es lo que habría hecho un servidor –pero ofreciendo los seis minutos– y creo que cualquier medio de comunicación que hubiese tenido acceso a las imágenes y al audio.
La controversia está en qué deberían haber hecho los profesionales de À Punt, atrapados por el conflicto entre la ética profesional y el conocimiento de una prueba que puede ser relevante para la causa.
Un conflicto que me recuerda al de Yo confieso (1953), la película de Alfred Hitchcock en la que Montgomery Cliff encarna a un sacerdote al que un asesino le confiesa un crimen del que luego es acusado el propio sacerdote. Obligado al secreto de confesión, el cura se arriesga a ser condenado antes que delatar al verdadero asesino.
Para quien no sea periodista o no sepa lo que es la ética y la deontología profesional –o le importe un pimiento–, la situación quizás no sea fácil de entender.
Un ‘mudo’ es un acuerdo de los profesionales de la información, en este caso los camarógrafos y los responsables del medio donde trabaja, con las personas que autorizan tomar esas imágenes. Se graba la imagen pero no el sonido. Y si la cámara registra el sonido, en ningún caso se emite ese sonido.
Los ‘mudos’ se hacen, por ejemplo, antes del inicio de un juicio, en las entrevistas en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y otro mandatario o en el primer Consejo de Ministros de una legislatura. Se permiten para que las televisiones tengan imágenes con las que acompañar noticias de hechos que se producen a puerta cerrada. Las imágenes se toman durante varios minutos y, para que haya movimiento, los protagonistas hacen de figurantes, a veces gesticulan y hablan entre ellos, generalmente de cosas intrascendentes. Saben que les están grabando pero confían en que no les están escuchando.
El Cecopi autorizó la entrada de À Punt para hacer un ‘mudo’ poco antes de las siete de la tarde del 29-O y se dejó grabar mientras trabajaba, al contrario de lo que es lo normal, que es hacer el 'mudo' antes de empezar. Al salir los periodistas de la sala, una responsable de prensa de la Generalitat les recordó que el sonido no se podía emitir.
El libro de estilo de la Cadena Ser, publicado en 2017 con el título En antena. Libro de estilo del periodismo oral (Taurus), recoge en su punto 1.59 lo siguiente: "En los denominados ‘mudos’ (imágenes complementarias tomadas para ilustrar una información), no se podrán oír las palabras de quienes han sido grabados si ellos no tenían conocimiento de que tales expresiones estaban siendo registradas. Estas imágenes se archivarán tras haberles borrado el sonido, a fin de evitar accidentes posteriores".
Según me comentaba el otro día un exdirectivo de RTVE, en la década de los noventa se tomó en la televisión pública estatal la decisión de borrar el sonido de los ‘mudos’ para, como dice el manual de la Ser, evitar "accidentes".
Accidentes como el que le ocurrió a la Agencia Efe en 2007 cuando distribuyó unas imágenes de una entrevista que Federico Jiménez Losantos le había hecho a Mariano Rajoy en la Cope sin darse cuenta de que no había borrado el sonido de unas palabras de Rajoy sobre Zapatero dichas fuera de la entrevista y en tono coloquial. Lo que era un ‘mudo’ se convirtió en noticia en varias televisiones, lo que llevó al presidente de Efe, Álex Grijelmo, a admitir el error y disculparse ante Rajoy.
Alguien puede pensar que, con 229 fallecidos, hablar de ética periodística es una frivolidad, pero no lo es. Si aceptamos que una televisión puede emitir el sonido que ha grabado en un ‘mudo’ cuando considere que es relevante, acabamos con la confianza, con los ‘mudos’ y con lo que queda del periodismo.
Por lo tanto, los profesionales de À Punt y los responsables de la cadena hicieron lo que tocaba desde el punto de vista de la deontología profesional, como lo hicieron el día de la Dana con un trabajo ejemplar. Fue su reacción airada contra RTVE lo que no tuvo sentido. Ellos habrían hecho lo mismo de haber sido al revés.
Además, la difusión del sonido del ‘mudo’ por parte de À Punt no era necesaria para que esa prueba, que existe, llegara al juzgado de Catarroja que instruye la Dana. La podía haber solicitado la jueza, cosa que rechazó expresamente dos días antes de que RTVE emitiera las imágenes y que ahora sí ha pedido.
Un audio que, por otro lado, no sabemos qué importancia puede tener en la causa penal, más allá de confirmar que Salomé Pradas participó en la elaboración del mensaje Es-Alert a las siete en punto de la tarde, hora y once minutos antes de lanzarse. Porque no hemos visto los seis minutos enteros del ‘mudo’ ni conocemos qué declaró exactamente la exconsellera ante la jueza el pasado 11 de abril, puesto que solo contamos con un resumen de su comparecencia.
Por cierto, ¿dónde estaba Mazón a esa hora?
castellonPlaza
El gasto escolar desgrava: así son las deducciones en la Comunitat Valencian
Publicado: 13/09/2025 ·
09:49
MADRID (EFE/VP). La vuelta al cole supondrá un gasto medio de 500 euros por alumno, según estiman las organizaciones de consumidores, aunque en algunos casos podría superar esta barrera, pero la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recuerda que son gastos que desgravan en el IRPF.
Deducciones en las comunidades de régimen común que varían según las bases de tributación individual y los ingresos, pero que van desde los gastos en libros de textos y guarderías hasta los vinculados a actividades extraescolares, cursos de inglés, transporte o ayuda doméstica.
Este es el informe que ha elaborado AEDAF y que recoge todas las deducciones aplicables en las comunidades autónomas de régimen común. En el caso de la Comunitat Valenciana, las deducciones son del 15 % en los gastos de guardería y educación infantil, hasta un máximo de 270 euros. Mientras que, para el material escolar, tendrán la posibilidad de deducirse 110 euros por cada hijo y en caso de contratar a una persona para ayudar en el hogar, la familia puede desgravarse el 50 % de las cuotas de Seguridad Social.
castellonPlaza
CASO AISLADO DE LA PRESUNTA TRAMA EÓLICA (unos 75 millones de € en mordidas)
Las claves de la trama eólica: el macrojuicio del mayor caso de corrupción de Castilla y León echa a andar
Este lunes 15 de septiembre empieza el mayor juicio de corrupción que ha vivido Castilla y León hasta el momento: la trama eólica, que presuntamente duró 15 años y que supuso mordidas que se repartieron entre empresarios y ex altos cargos del gobierno autonómico durante la etapa del 'popular' Juan Vicente Herrera. En los dos primeros días solo se abordarán cuestiones previas y posibles acuerdos de conformidad y el juicio se desarrollará en más de 40 sesiones hasta el 28 de enero de 2026.
A pesar de que la instrucción concluyó hace dos años, el juicio arranca ahora porque dos de los tres magistrados tuvieron que abstenerse en el caso porque habían trabajado en la investigación judicial cuando estaba en el Juzgado de Instrucción y fue necesario nombrar a otros dos jueces 'de refuerzo' que no hubieran participado en las primeras fases de la investigación. Algunos particulares, Fiscalía, el Abogado del Estado y Ecologistas en Acción integran a la acusación en esta trama, que generó perjuicios millonarios.
En noviembre de 2021, el instructor decretó la apertura de juicio oral contra los 16 acusados, cuyas peticiones de penas sumaban 138 años de cárcel y más de 600 millones de euros de multas. Este juicio se desarrollará solo unos meses antes de que Castilla y León celebre sus próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026, en las que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, buscará la mayoría absoluta que aún no ha conseguido.
¿Qué se juzga?
La Justicia analizará las supuestas mordidas que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta de Castilla y León entre 2000 y 2015 y que están cifradas en unos 75 millones de euros. Es el mayor caso de corrupción de la comunidad autónoma, que se destapó por el informe que elaboró un inspector de la Agencia Tributaria: detectó el fraude de los impuestos de sociedades de varias empresas que obtuvieron comisiones millonarias tras aliarse con compañías eléctricas para promover parques. Este inspector solicitó auxilio en dos ocasiones a sus superiores, algo que ignoró la Hacienda autonómica. El caso llegó a la Fiscalía Anticorrupción, lo que impulsó la investigación. Toda la instrucción, que duró cuatro años, quedó plasmada en 11.000 folios y otras piezas separadas.
La Junta de Castilla y León entendió que las energías renovables, concretamente, las eólicas, facilitaban la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, por lo que se decidió favorecer la entrada de empresas promotoras de parques eólicos en Castilla y León, lo que acabó condicionando a las compañías inversoras y generó supuestas irregularidades en las autorizaciones. Presuntamente, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y el exvicepresidente autonómico y exconsejero de Economía, Tomás Villanueva —que murió súbitamente en 2017—, exigían ceder o permitir la participación de empresas locales a varios promotores de parques eólicos que iban a obtener la autorización bajo la amenaza de no obtenerla.
¿Quiénes están investigados?
Tras la instrucción que investigó a una veintena de personas, el juez de instrucción encausó a 17 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. En el juicio participarán 15 de las 17 iniciales después de que Marc Nadelar —fue administrador de empresas relacionadas con otros imputados— fuera excluido por razones de salud y de que falleciera el exdirector de Energía y Minas Manuel Ordóñez.
Rafael Delgado: el principal encausado es el exviceconsejero de Economía—a quien Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa solo por este caso—, que en enero fue condenado a dos años y seis meses de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos en la trama de corrupción Perla Negra. Rafael Delgado fue el número 2 del fallecido Tomás Villanueva, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exconsejero de Economía en la etapa de Juan Vicente Herrera.
Alberto Esgueva: empresario, es uno de los principales presuntos beneficiados de la trama. Entre los años 2003 y 2006 fue consejero delegado de ADE Internacional Excal —oficina de internacionalización de la Junta de Castilla y León hoy extinta— y se libró de pagar veinte millones de euros a Hacienda por un error burocrático. Fue absuelto del juicio Perla Negra después de que PSOE y Fiscalía retiraran las acusaciones. Realizó una inversión de poco más de 24.000 euros y sin hacer nada más que vender sus participaciones obtuvo beneficios por valor de 51 millones de euros, algo que él mismo atribuyó a la “suerte” por elegir a Iberdrola como “partner”.
También están otros dos empresarios que participaron en el caso Perla Negra (un edificio de la Consejería de Economía construido en la primera década de los 2000), cuyo sobrecoste supuso 70 millones al erario público y la compra de los terrenos de Portillo para un polígono industrial que nunca se edificó: Germán Martín Giraldo, fue condenado por un delito de violación de secretos a 11 meses de prisión y Francisco Esgueva, 7 meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones de euros.
Además, están imputados el abogado y supuesto testaferro de Rafael Delgado, Jesús Rodríguez Recio; los empresarios César Hernández y Carlos Galdón; y la esposa de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno. En esa misma lista están Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, y Rafael Icaza, de Ibercyl. También están investigados los hermanos de la empresa Collosa Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente; Pedro Barriuso, de Biovent; y Andrés Martín de Paz, director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica.
También hay ocho empresas investigadas y la propia Junta de Castilla y León, que figuran como responsables civiles en el proceso, y otras dos que se investigan como partícipes a título lucrativo. En el juicio comparecerán 84 testigos y 19 peritos.
¿Qué penas se piden?
Fiscalía pide 42 años y una multa de 239 millones de euros para Rafael Delgado, supuesto cabecilla de la trama. Le siguen los empresarios y hermanos Alberto y Francisco Esgueva, que se enfrentan a 12 años de cárcel y a unas multas de 68 y 14,5 millones, respectivamente. El presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, se enfrenta a una petición de 10,5 años de prisión y más de 25 millones de multa, mientras que César Hernández, podría ser condenado a 7 años y al pago de casi 1,9 millones.
En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, se expone a una multa de ocho millones. También se pidieron 4 años de cárcel y 215.000 euros para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva.
Además, Fiscalía Anticorrupción pedía cuatro años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nadelar, de Solar Land Word SL, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta que ha fallecido, se pidieron diez años de inhabilitación.
¿Cuál es el calendario?
El juicio del Procedimiento Abreviado 19/2024 tendrá lugar a las 10:00 horas en la Sala de Vistas 1 de la Audiencia Provincial de Valladolid los siguientes días: en septiembre, está previsto celebrar las cuestiones previas los días 15 y 16 de septiembre, cuando se podrán firmar algunos acuerdos de conformidad. El juicio se dilatará hasta enero, repartido de la siguiente manera: 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20 y 21 de octubre; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de noviembre; 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16 y 17 de diciembre; 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de enero.
Está previsto que comparezcan los testigos y peritos propuestos por las acusaciones y las defensas y, después, en principio a partir del 10 de diciembre, declararán los 15 acusados. Posteriormente, se desarrollarán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.
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