El gris ceniza y los cielos anaranjados han teñido durante el mes de agosto la mitad norte del país. La otra mitad ha asistido de manera telemática a una angustiosa sucesión de imágenes, llantos y comparecencias. El fuego devoró más de 400.000 hectáreas, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea.
Pedro Sánchez protagonizó cuatro de estas intervenciones, todas ellas desde las regiones más afectadas por la peor ola de incendios de los últimos veinte años: Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. El presidente propuso, de hecho, impulsar un gran pacto de Estado contra la emergencia climática; "necesario", según los brigadistas que han hablado con Público, pero prácticamente imposible sin los votos del PP. "No sirve de nada invertir en el negro y abandonar el verde, no tiene sentido", recalcan los expertos consultados por este diario.
Alberto Núñez Feijóo no parece estar por la labor y ha presentado este lunes su receta alternativa, un paquete de 50 medidas expuestas durante la rueda de prensa con la que inauguró el curso electoral. El popular trató de contrarrestar con este anuncio el efecto mediático del pacto de Estado anunciado por Sánchez. El líder gallego, simultáneamente al catálogo de ideas, intentó aumentar la presión que la derecha pretende ejercer sobre el Gobierno central, a pesar de que la responsabilidad en materia de prevención y extinción de los incendios es íntegramente de las autonomías.
Entre el medio centenar de medidas, diez han generado más polémica que el resto. Una de ellas consiste en crear un registro nacional de "pirómanos" y colocarles pulseras de seguimiento. Es una propuesta que no solo despierta dudas por su efectividad, sino que viene ya recogida en el Código Penal. Otra de las medidas busca aprobar "urgentemente" un paquete de ayudas por daños personales o destrucción de enseres de primera necesidad y vivienda habitual, algo que también recoge la actual normativa. Los populares pretenden además reforzar la estructura de la UME, aumentar la plantilla del SEPRONA y "crear un Fondo Forestal Nacional, como herramienta dinamizadora de la política forestal del Estado, imprescindible para la conservación del monte y el patrimonio natural".
Los "pirómanos", una minoría que empaña el debate
Vicente Rodríguez tiene claras las palabras para definir el plan del PP: "Un brindis al sol". El portavoz del sindicato FIRET y coordinador de la plataforma de asociaciones y sindicados de bomberos y bomberas forestales no ve una estrategia nacional en estas medidas, sino una bomba de humo: "Es una bola lanzada para tapar la incompetencia de las diferentes comunidades autónomas, que no han cumplido en prevención desde hace años. En 2015 ya estuvimos en Europa poniendo el problema encima de la mesa", asevera en declaraciones a este medio. El profesional sostiene además que "la amplia mayoría de medidas que propone el documento ya están implementadas en la ley". Génova, sin ir más lejos, plantea dar ayudas a los damnificados, algo que está completado en la Ley de Protección Civil. "No tiene ningún criterio técnico detrás, es para esconder las vergüenzas de las comunidades", insiste. Rodríguez se muestra especialmente crítico con la medida contra las personas que provocan los fuegos y reconoce que representan un porcentaje reducido sobre el total de las causas de los incendios.
Esta es una idea que comparten varias de las fuentes consultadas por Público, que piden además no generar confusión con la terminología. "Los pirómanos son personas enfermas y muchas veces con trastornos. Lo correcto aquí sería hablar de incendiarios y efectivamente no son tantos como se cree", señala Federico Grillo, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. "Las propuestas sobre el papel siempre quedan bien, pero es importante que tengan también sentido común. No podemos pensar solo en los incendiarios, las penas ya son duras para ellos. El problema es que el fuego corre un montón y se extiende por superficies kilométricas, llevándose casas y vidas por delante. Esto no debería ocurrir y es ahí donde los responsables políticos tendrían que actuar, en las tareas de prevención", añade el también profesor.
Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), define el catálogo de los populares como un "cajón de sastre" de "medidas improvisadas sin sustancia" y cree que busca "desviar el foco y dar la sensación de que todo lo que falla tiene que ver con el plano estatal", cuando son fundamentalmente cuestiones que están previstas en los planes autonómicos de emergencias, pero fallaron, apunta, por la "falta de planificación y de personal". Al hacerse públicas las medidas diseñadas por el Partido Popular, fuentes del Gobierno aseguraban además que al menos cuatro de las ideas básicas del plan ya estaban recogidas en diferentes legislaciones como la Ley de Montes, la Estrategia Forestal Española o dos acuerdos temidos y demonizados por la derecha y la extrema derecha: la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
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