VALÈNCIA. Hablar del despliegue de las renovables en la Comunitat Valenciana en los últimos años es hacerlo de una tramitación lenta y compleja, con proyectos que han ido saliendo a cuentagotas. Tanto es así que la región se ha posicionado a la cola en España de potencia instalada, pese a contar con unas condiciones climáticas óptimas para ser una de las zonas punteras a nivel nacional por la radiación solar. Una situación derivada del bloqueo administrativo en la evaluación de proyectos que ha llevado, incluso, a ahuyentar a la inversión. No obstante, ese panorama ha cambiado en el último año con la autorización de nuevos parques fotovoltaicos y la puesta en servicio de otros tantos en una especie de 'rally' por acelerar la transición energética de la Comunitat Valenciana.
Las cifras son contundentes. Mientras en el último lustro la media de potencia instalada en la región ha sido de 30 MW al año, en lo que llevamos de 2025 ya se han activado 100 MW, lo que supone multiplicar por tres esa ratio. Pero, no solo eso, sino que, además, se ha autorizado la construcción de 40 parques fotovoltaicos que suman otros 400 MW que se pondrán en funcionamiento en los próximos meses, enchufando nueva energía verde a la región, según datos de Red Eléctrica y la patronal Avaesen.
Este nuevo panorama anima al sector, que se muestra "moderadamente optimista". "La maquinaria administrativa está en marcha, pero la Comunitat tiene aún muchas espinas que quitarse. No obstante, este dinamismo hace que se empiece a ver todo con otros ojos", destacan desde Avaesen que, sin embargo, reclaman a la Generalitat más personal para desatascar de forma más rápida los proyectos que aún siguen pendientes de revisión.
De acuerdo con los datos de Red Eléctrica consultados por este diario, mientras que en septiembre del pasado año 2024 había una potencia instalada de 512 MW, doce meses después se eleva a 602 MW, es decir, 90 MW más, aunque desde Avaesen apuntan que la cifra se eleva a 100 MW, según las cifras que manejan. En cualquier caso, lo que está claro es que el aumento de potencia instalada en la región es la mayor registrada en un ejercicio en los últimos cinco años.
Parque fotovoltaico de Audax Renovables. -
Foto: AUDAX
En concreto, en 2018 había en la autonomía valenciana 360 MW instalados, mientras que un año después tan solo se construyeron 5 MW más hasta los 365 MW, mientras que en 2020 ninguno. Ya en 2021 se dio cierto impulso con plantas que sumaron una potencia de 43 MW más hasta llegar a los 408 MW; en 2022 se llegó a los 427 MW; en 2023 a los 459 MW; en 2024 a 512 MW y a fecha de septiembre de 2025 la cifra se sitúa en 602 MW, según los datos de Red Eléctrica.
Un panorama que el sector achaca a los cambios introducidos en la normativa autonómica para acelerar las renovables, simplificar trámites y evitar duplicidades en la tramitación. De hecho, desde Avaesen señalan que además del acelerón en potencia instalada, este 2025 se han autorizado 40 plantas que totalizan otros 400 MW. Se trata de proyectos que ya cuentan con el visto bueno administrativo para iniciar la construcción. Generalmente son instalaciones de tamaño pequeño y mediano de entre 5 MW y 20 MW, por lo que muchas empezaran a levantarse en los próximos meses.
Por tanto, el sector cree que el salto cualitativo empezará a vislumbrarse a partir del próximo año con la entrada en funcionamiento de parte de estos proyectos. En cualquier caso, recuerdan a la Generalitat su compromiso de ampliar el personal en unas 30 personas para evaluar los proyectos, una promesa que todavía no se ha hecho efectiva y que ayudaría a rebajar la carga de trabajo que sigue pendiente y que puede llegar a los centenares de expedientes todavía pendientes de revisión. Sus estimaciones apuntan a unos 3.000 MW distribuidos en diferentes parques que siguen todavía en tramitación.
La Comunitat, lejos de su descarbonización
Con todo, se ven avances en el camino hacia la descarbonización de la Comunitat Valenciana, que se fijó como objetivo alcanzar los 10.000 MW en 2030, 6.000 MW en energía solar y 4.000 MW, eólicos. No obstante, a cierre de 2024, la región solo cumplía con el 8% de ese objetivo fotovoltaico y en un 31% el eólico, por lo que necesitaría más de 250 años para llegar a ese hito al ritmo que iba. De ahí que se haya dado un empuje.
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De hecho, en 2024, la Comunitat Valenciana generó 15.157 GWh, el 23% de fuentes renovables y un 64% de no renovables. La tecnología mayoritaria fue la nuclear, el 52,3%; seguida del ciclo combinado, el 19% del total; la eólica, 13,7%; la cogeneración, 6,2%; la solar fotovoltaica, 4,4%; la hidraúlica, 3,5%; y la solar térmica, que copa tan solo el 0,6% del total de la electricidad generada en la autonomía. En términos globales, la Comunitat Valenciana solo aporta un 3% de la producción renovable nacional, pese a su peso demográfico, tamaño y consumo eléctrico.
Hace solo unos meses, la Generalitat Valenciana presentaba su hoja de ruta para que la región alcance la soberanía energética en 2035, cinco años más tarde de lo previsto a la vista de los números actuales. Una estrategia basada en 14 pilares a desarrollar como la agilización en la puesta en funcionamiento de parques fotovoltaicos y eólicos, el impulso al biogás y al almacenamiento energético o la promoción del vehículo eléctrico, entre otros.
Ahora, el sector reclama también la ampliación de la red, después de los datos que reflejan su saturación. Y es que, según el mapa de capacidad de consumo publicado por los gestores de red de distribución, el 83,4% de los nudos en España están saturados, pero en el caso valenciano la situación es todavía más crítica: el 85% de los puntos de la red ya no tienen capacidad disponible.
En la provincia de Valencia el porcentaje escala al 87% y en Castellón, el 100% de la red está colapsada, sin posibilidad de admitir ni un megavatio más. Por tanto, o se amplía la capacidad o dificilmente los nuevos proyectos podrán acometerse. De ahí que ahora el foco esté en pedir un refuerzo de la red para continuar con la actual transición energética.
No disponía finalmente de los terrenos donde se iba a ubicar, además de contar con informe desfavorable de Carreteras, lo que a la postre fue definitivo, a pesar de contar con otros permisos favorables
Panel de una planta fotovoltaica en la provincia -
Foto: PLAZA
Pablo Serrano Publicado: 13/10/2025 ·
06:00
ELCHE. Aunque son más los proyectos fotovoltaicos aprobados y con licencia municipal en el Camp d'Elx, hay algunas iniciativas que fracasan. Las menos, eso sí. Una de ellas es la que promovía la empresa SG Iberia 2026 SL, filial de SG Iberia, de la que dio cuenta este diario en 2023, que está promoviendo decenas de estas iniciativas. En este caso, 'PSFV Altabix', que era una pequeña planta de 1,75 MW en la parte rural de Altabix (al norte de la A-70, entre Bonavista y la Urbanización de Buenos Aires). La compañía ha comunicado oficialmente su desistimiento de la planta porque entre otras cuestiones, no disponía finalmente de los terrenos donde se iba a ubicar, además de contar con informe desfavorable de Carreteras, entre otros.
Ahora el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante ha aceptado la renuncia y ha ordenado el archivo definitivo del expediente, poniendo fin a una tramitación iniciada en noviembre de 2022. El proyecto contemplaba conectarse a la red de distribución de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes enlazando con otras líneas hasta llegar a la subestación de Saladas, también en el término municipal. Iba a construirse con 3.792 módulos fotovoltaicos en una parcela de 7,21 hectáreas, aunque lo que se circunscribe a la planta no llegará a una hectárea (0,91), lo que suponía una ocupación del 12% del terreno.
Aunque la misma se había acogido al Decreto-ley de 2020 de simplificación administrativa para energías renovables, la propuesta no logró superar el procedimiento de información pública, con un trámite entre 2023 y 2025 recogiendo informes sectoriales. Finalmente, el 4 de agosto de 2025, la promotora presentó su desistimiento formal.
Motivos del desistimiento
Entre los motivos que la han llevado a abandonar el proyecto está la falta de acuerdos de servidumbre con propietarios de los terrenos necesarios para el trazado de la línea de evacuación, la imposibilidad de sustituir un apoyo eléctrico existente en el punto de transición aéreo-subterráneo, así como la resolución de un informe desfavorable y vinculante de la Demarcación de Carreteras del Estado (emitido en abril de 2025), que rechazó el cruce subterráneo de la línea bajo la autovía A-70, por razones de seguridad estructural.
Por otra parte, también había incompatibilidad para compartir infraestructuras de evacuación con otros proyectos solares próximos, al pertenecer las líneas de conexión a distintas titularidades. Y finalmente, la compañía habla de falta de tiempo hábil para tramitar una Declaración de Utilidad Pública antes del vencimiento, en julio de 2026, de los permisos de acceso y conexión concedidos.
No obstante, durante su tramitación, el proyecto obtuvo informes favorables con condiciones por parte de los departamentos de Medio Natural, Paisaje y Política Territorial, que no detectaron incompatibilidades ambientales ni territoriales relevantes. Pero el dictamen desfavorable de Carreteras resultó determinante para el abandono.
Otros proyectos que han quedado cancelados
La resolución publicada por la Generalitat indica que el expediente queda cerrado sin posibilidad de reactivación, y la firma renuncia al plan de garantías depositado. Con ello, se descarta la implantación de esta planta fotovoltaica en Altabix, que formaba parte del conjunto de pequeños proyectos solares promovidos en los últimos años en el Camp d'Elx, muchos de ellos destinados a evacuar energía hacia la subestación de Saladas.
Estas son las principales mentiras y manipulaciones del presidente Carlos Mazón en su entrevista a OK Diario sobre la DANA que devastó la Comunitat Valenciana, verificadas con datos oficiales de AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y testimonios judiciales.
Mintió sobre la gravedad del temporal
Mazón dijo que “las noticias que teníamos eran lo esperable en una gota fría normal” y que “nadie avisó del tamaño de la gota fría”.
Falso. La AEMET activó el aviso rojo a las 7:36 de la mañana, el nivel máximo de riesgo, con previsión de lluvias torrenciales superiores a 180 litros/m² en 12 horas.
A las 12:20 hubo una alerta hidrológica de la CHJ por la crecida del barranco del Poyo, lo que obligaba a la Generalitat a desplegar equipos de seguimiento.
Mazón, pese a eso, se fue a comer al Ventorro, mientras Utiel estaba inundado y ya se habían solicitado refuerzos de la UME.
Mintió sobre los avisos de la AEMET
Afirmó que en los últimos diez años hubo “30 alertas rojas, 30 gotas frías”.
Falso. La AEMET ha documentado solo 11 episodios con aviso rojo entre 2015 y 2024, y no todos fueron “gotas frías”.
En cada episodio puede haber varios avisos por zonas y tiempos, pero no equivalen a 30 temporales distintos.
Es decir, Mazón multiplicó por tres los datos reales para banalizar el aviso rojo del 29 de octubre.
Mintió sobre los supuestos fallos de predicción
Intentó responsabilizar a la AEMET de no prever la magnitud del temporal.
Falso. Los avisos rojos no indican una hora de fin del fenómeno, sino el límite de revisión del aviso, que puede prorrogarse.
La agencia actualiza en tiempo real según la evolución meteorológica. La Generalitat estaba informada en todo momento y no podía alegar desconocimiento.
Mintió sobre la falta de avisos del barranco del Poyo
Afirmó que la CHJ no avisó de la crecida del barranco.
Falso. La CHJ envió 16 correos entre las 16:00 y las 19:00 alertando de la superación de umbrales de riesgo.
A las 18:45 llegó un correo avisando de crecida grave, y a las 17:15 el jefe de climatología de la AEMET ya había advertido en el Cecopi de lluvias torrenciales en la cabecera del barranco.
Todo está acreditado en la investigación judicial en Catarraja.
Mintió sobre la actuación de la Generalitat
Aseguró que “no tenía que estar en ningún órgano de coordinación” y que “estaban puntualmente informados”.
Falso. El Plan de Inundaciones autonómico establece que la Generalitat es responsable de coordinar la vigilancia de los barrancos mediante bomberos forestales y brigadistas.
Según una testigo de Emergencias, la víspera de la DANA la Generalitat denegó recursos para vigilar los caudales, pese a las alertas hidrológicas activas.
Mintió sobre las sanciones por limpiar barrancos
Dijo que la CHJ multa a los ayuntamientos por limpiar los barrancos, y que la Generalitat ha abierto una partida para pagar esas sanciones.
Falso. La CHJ niega haber sancionado a ningún ayuntamiento o particular en los últimos diez años por esas tareas.
Explica que la limpieza requiere autorización técnica para no dañar los cauces ni aumentar el riesgo de inundaciones.
Además, la vegetación en los cauces ayuda a laminar las avenidas (retrasar y distribuir el flujo de agua) y evitar riadas más violentas.
Mintió sobre la responsabilidad estatal
Acusó al Gobierno central de no informar correctamente.
Falso. La jueza que investiga la DANA ya descartó la existencia de un “apagón informativo”.
La cadena de avisos está documentada: AEMET y CHJ alertaron con antelación y de forma continuada, mientras la Generalitat falló en su respuesta y coordinación.
Mazón intentó desviar la atención con siete falsedades principales. La cronología oficial muestra que sabía que había alerta roja, recibió todos los avisos y decidió mantener su agenda personal mientras se inundaban municipios enteros.
Mintió sobre los datos, mintió sobre los avisos y mintió sobre las sanciones.
Su relato es tan inverosímil como su gestión: una DANA política que también arrasó la credibilidad del Consell.
A la tercera... la Generalitat confirma que Mazón no acudirá a los actos de la Fiesta Nacional por la DANA Alice
El president de la Generalitat Valenciana ha decidido no acudir a Madrid tras las críticas de hace casi un años por estar en El Ventorro y las de finales de septiembre en plena alerta roja, cuando estuvo en un acto del PP en Murcia.
6 de octubre de 2025 · Congreso de los Diputados · Sala Campoamor · Madrid
MANIFIESTO ¿TRANSICIÓN ECOLÓGICA O ESPECULACIÓN ENERGÉTICA? MANIFIESTO de ALIENTE (Alianza Energía y Territorio), con el apoyo de la Fundación Savia y del Observatorio de la Sostenibilidad, en las III Jornadas de “Escucha a la Ciencia y al Territorio: ¿Transición ecológica o especulación energé ca?. Renovables Sí, pero no Así” realizadas en el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Madrid, 6 de octubre de 2025.
Ante la proliferación de macroproyectos eólicos, fotovoltaicos, líneas de alta tensión, de biogás y ahora de centros de datos sin planificación territorial y dominados por la especulación f inanciera, nuestros pueblos se están convir endo en territorios de sacrificio. ALIENTE presenta este decálogo de principios y buenas prác cas para una planificación inteligente del medio rural y del despliegue energé co, que sitúe la ciudadanía en el centro, minimice los impactos ambientales y paisajís cos, promueva la igualdad entre territorios y acabe con la pobreza energé ca. Estas propuestas no miran solo al futuro: también exigen revisar, detener y rever r, restaurando los territorios de los proyectos que ya hoy destruyen el territorio y degradan el paisaje. La expansión de las energías renovables representa una oportunidad histórica para producir electricidad de forma distribuida, ges onar la demanda, descarbonizar la economía, generar empleo rural, fijar población y reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía. Sin embargo, el modelo actual está fracasando. En lugar de impulsar un cambio justo, está reproduciendo desigualdades, provocando un impacto ambiental insostenible y perpetuando un sistema obsoleto. La concentración de proyectos en determinadas zonas, la ausencia de planificación y la falta de evaluaciones rigurosas —que ignoran los efectos acumula vos de varios proyectos cercanos— agravan los daños sobre el territorio y las comunidades locales. Es urgente evaluar las polí cas públicas y hacer un seguimiento real de los impactos que la implantación de renovables (eólica, solar o biogás) y otros proyectos asociados —como los centros de datos o el hidrógeno— están generando en el ámbito local. Además, el dinero público, incluidos los fondos europeos, se está desviando hacia proyectos inviables o especula vos, cuando se podría inver r en el medio rural y en servicios básicos que condicionan su prosperidad y bienestar: centros de salud, escuelas, conec vidad, impulso a la agricultura y ganadería sostenibles, autoconsumo y comunidades energé cas, etc. Solo así, poniendo la vida y el territorio en el centro, podremos avanzar hacia una transición energé ca justa, par cipa va y real. Por todo ello, ALIENTE presenta este decálogo de principios como una hoja de ruta para transformar el actual modelo energé co en uno verdaderamente sostenible, democrá co y al servicio de las personas y los territorios.
III JORNADA DE ESCUCHA A LA CIENCIA Y AL TERRITORIO www.aliente.org1. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN NUESTRO PAÍS DEBE BASARSE EN EL AUTOCONSUMO Y EN LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS.
El modelo debe corresponder a un esquema energé co descentralizado y renovable: uso de tejados en zonas industriales, comerciales, parkings, tejados comunitarios, etc., y permi r la instalación de generadores solares de autoconsumo de hasta 3,5 KW en fachadas, balcones y jardines. Los españoles deben poder elegir y ser los dueños de su propio consumo. Debe darse preferencia y apoyo a las comunidades energé cas, que son un instrumento de abastecimiento, de desarrollo y creación de empleo en el mundo rural. Una comunidad energé ca, al menos, en cada pueblo de España. Los ayuntamientos pondrán sus propios edificios, polidepor vos e infraestructuras públicas para que los municipios puedan autoabastecerse de la energía eléctrica que necesiten. Las comunidades energé cas contribuirán a solucionar el grave problema de la pobreza energé ca. Recordemos que Alemania, California o Australia ya enen instalados en estas superficies respec vamente 67 GW, 44 GW y 23 GW. Por ello exigimos:
FOMENTAR LA INSTALACIÓN MASIVA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN TEJADOS PRIVADOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FACHADAS, PARA AUTOCONSUMO, EN TODO EL PAÍS.
PERMITIR LA INSTALACIÓN HASTA 3,5 KW A TODOS LOS CIUDADANOS CON SIMPLIFICACION ABSOLUTA PERMISOS Y PROCEDIMIENTOS. DE
OBLIGAR A LAS COMERCIALIZADORAS A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES PARA POTENCIAR LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS
2. HAY QUE PONER AL CIUDADANO EN EL CENTRO. Para lograr una polí ca energé ca realmente democrá ca, con par cipación ciudadana y que ponga al ciudadano en el centro, hay que fomentar la energía comunitaria e impulsar las coopera vas de consumo de energía sin ánimo de lucro, que producen y comercializan energía de origen renovable. Los beneficios del sistema de renovables no pueden ir otra vez a los de siempre. Con decisiones tomadas desde arriba, sin par cipación ciudadana, a sabiendas de que no generarían empleo, ni fijarían población, no se ha conseguido que los beneficios de la implantación de renovables lleguen a capas más amplias de población y sobre todo a las más desfavorecidas. Al contrario que otros países europeos, en los que se han priorizado las instalaciones en los tejados para beneficiar directamente a la población. Hasta ahora la implantación de las energías renovables en España se ha basado casi exclusivamente en gigantescas plantas industriales promovidas por grandes empresas y fondos de inversión, con opacidad y de espaldas a la mayoría de la población, sobre suelo rús co, no porque sea la mejor opción para el medioambiente o para nuestro país, sino porque simplemente les resulta más rentable. Especialmente sangrante es el abuso de la figura de “u lidad pública” que permite arrebatar la erra a sus legí mos propietarios, con el respaldo del Estado, para un uso claramente privado. Por ello exigimos:
ESTABLECER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES.
LOGRAR QUE LOS BENEFICIOS DE LAS RENOVABLES RECAIGAN SOBRE LA POBLACIÓN Y NO SOBRE LAS GRANDES EMPRESAS. REGULAR EL ABUSO DE LA FIGURA DE UTILIDAD PÚBLICA, QUE DA III JORNADA DE ESCUCHA A LA CIENCIA Y AL TERRITORIO www.aliente.orgPODER EXPROPIATORIO DE FACTO A PROYECTOS DE INTERÉS ESTRICTAMENTE PRIVADO.
3. LOS MEGAPROYECTOS SÓLO EN TERRENOS HUMANIZADOS. Aquellos megaproyectos que se demuestren estrictamente necesarios, incluyendo líneas eléctricas, deberán estricta planificación ubicarse, y tras ordenación una del territorio en cada una de las CCAA, en terrenos degradados/humanizados, nunca en terrenos agrarios, ni forestales, ni áreas de interés medioambiental, ecológico y/o biodiversidad, ni en zonas que funcionen como corredores que conectan ecosistemas. Hay estudios que demuestran que hay más de trescientas mil hectáreas disponibles en infraestructuras y terrenos degradados en nuestro país que podrían albergar estas instalaciones sin dañar ecosistemas y paisajes de interés. Ya hay demasiados proyectos renovables ocupando terreno agrario, monte bajo, masas forestales, Red Natura 2000, espacios protegidos y zonas de alta biodiversidad. Se esma que en 2025 ya hay 65.000 hectáreas ocupadas por macroparques fotovoltaicos. Simultáneamente, y según la propia Asociación Empresarial Eólica, el país cuenta ya con 1.345 parques eólicos (más de 22.000 aerogeneradores), repar dos en 857 municipios, es decir, uno de cada 10 municipios ya ene aerogeneradores. Por otra parte, se están extendiendo las plantas de biogás, asociadas a vertederos y macrogranjas, implantadas sin los controles exigibles. Por ello exigimos:
ESTABLECER UNA MORATORIA DE MACROPARQUES DE ENERGÍA SOLAR, FOTOVOLTAICA, BIOGÁS Y CENTROS DE DATOS HASTA QUE SE HAGAN ANÁLISIS DETALLADOS Y SINÉRGICOS DE LOS PROYECTOS Y DE SUS AFECCIONES A LOS RECURSOS NATURALES (AGUA INCLUIDA), BIODIVERSIDAD, PAISAJE Y MODO DE VIDA RURAL.
REVISAR, Y EN SU CASO ELIMINAR, LAS PLANTAS YA EXISTENTES Y LOS NUEVOS PROYECTOS QUE ESTEN OCASIONANDO UN GRAVE IMPACTO AMBIENTAL O SOCIAL O GENERANDO UNA GRAVE ALARMA SOCIAL
4. LA ESPAÑA RURAL NO ES TERRITORIO DE SACRIFICIO.
Debe reducirse la grave desigualdad que se está produciendo en el espacio ocupado y que se está manifestando en la gran concentración de proyectos en determinadas comunidades autónomas y municipios, conformados en territorios de sacrifico a colonizar, mientras en otras regiones, comunidades autónomas y, paradójicamente, núcleos urbanos, apenas hay desarrollo de estos macroproyectos, quedando libres de sus nega vos impactos ambientales y paisajís cos. Por ello exigimos:
ACTIVAR MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL JUSTA DE LOS PROYECTOS YA EXISTENTES Y DE LOS NUEVOS.
GARANTIZAR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA LA DEL TERRITORIO AFECTADO Y EN TEORÍA CALIFICADO SOLO TEMPORALMENTE PARA USO INDUSTRIAL.
5. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA NECESITA SOBRIEDAD, SOLIDARIDAD Y DEMOCRACIA.
La transición energética necesita sobriedad, solidaridad y democracia enmarcadas en un escenario de decrecimiento, al estar en un planeta finito. Sobriedad: la transición energé ca debe ahondar en el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía. Solidaridad: la transición energé ca debe contribuir a solucionar la pobreza energé ca, y también a disminuir las III JORNADA DE ESCUCHA A LA CIENCIA Y AL TERRITORIO www.aliente.orgdesigualdades entre territorios, y no a exacerbarlas, como ocurre ahora. Decrecimiento: no se puede aumentar indefinidamente la demanda y la oferta de energía con los importantes consumos de materiales requeridos y los impactos ambientales producidos. El reto es que los ciudadanos decidan libremente qué modelo energé co quieren, a través de asambleas ciudadanas delibera vas que garan cen una par cipación real y vinculante. Un estudio reciente ha demostrado que estas asambleas, ya aplicadas en varios países europeos, son el instrumento más eficaz para lograr un desarrollo justo y democrá co de polí cas de suficiencia energé ca, más ambiciosas y equita vas que las contempladas en los actuales PNIEC. Además, la Resolución 2545 (2024) del Consejo de Europa insta a los Estados a incluir la par cipación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y reconoce que un entorno sano forma parte esencial de los derechos humanos. Solo mediante procesos par cipa vos de este po podremos avanzar hacia una transición basada en el ahorro, la eficiencia, la reducción de desigualdades territoriales y la erradicación de la pobreza energé ca, asumiendo el decrecimiento, ya que no es posible crecer indefinidamente en un planeta finito. Por ello exigimos:
FOMENTAR MEDIDAS CONCRETAS DE AUMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE GESTIÓN DE LA DEMANDA.
ESTABLECER MEDIDAS DE DECRECIMIENTO EN TODO EL SISTEMA ENERGÉTICO: NO SE PUEDE CRECER INDEFINIDAMENTE EN UN MUNDO FINITO.
6. PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LA BIODIVERSIDAD DEBE SER UNA PRIORIDAD ABSOLUTA.
Es necesaria la protección real y total de la Red Natura 2000, de los espacios protegidos, de las zonas con planes de protección de fauna amenazada, de las áreas de aves esteparias y aves rapaces (zonas de alta biodiversidad). Se deben eliminar paula namente los macroparques fotovoltaicos y eólicos situados en zonas de Red Natura y los que presentan especial impacto sobre las poblaciones locales, sobre la biodiversidad y que han originado una gran alarma en la población. Se debe impulsar la restauración y la ampliación de sumideros de CO2 naturales (bosques, monte bajo, suelos ricos en nutrientes, humedales). Hay que promover los usos tradicionales de la ganadería extensiva, de la agricultura regenera va y ecológica, impulsando el consumo de productos de proximidad. Es imprescindible que la Administración realice una autén ca supervisión y control de los planes de vigilancia de las instalaciones en funcionamiento y de sus afecciones. En el caso de los polígonos eólicos, se debe seguir el mismo protocolo y metodología (incluyendo el uso de perros detectores) para detectar la mortalidad de especies en todas las comunidades autónomas del país para poder comparar, establecer bases de datos y tomar decisiones en el futuro. Estos procedimientos a seguir deben estar consensuados cien ficamente y adaptados para la detección y protección de aves y quirópteros. Finalmente, resulta absolutamente imprescindible la inclusión de la protección al paisaje como criterio fundamental a la hora de permi r nuevos desarrollos o parques. Por ello exigimos:
ANALIZAR DETALLADAMENTE LAS INSTALACIONES YA EXISTENTES, DESMANTELAR LAS QUE TIENEN MAYOR IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y NO AUTORIZAR NINGÚN PROYECTO CON ELEVADO IMPACTO O QUE CAUSE ELEVADA ALARMA SOCIAL
GARANTIZAR QUE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS FINALES Y LA RESTAURACIÓN III JORNADA DE ESCUCHA A LA CIENCIA Y AL TERRITORIO www.aliente.orgDE LOS EMPLAZAMIENTOS A SUS CONDICIONES INICIALES RECAE EN ESTAS INDUSTRIAS Y NO EN EL SECTOR PÚBLICO: CON LA LEGISLACIÓN ACTUAL NO ESTÁ ASEGURADO EL DESMONTAJE Y EL RECICLADO DE PLACAS Y DE MOLINOS.
7. ACABEMOS CON LAS BURBUJAS ESPECULATIVAS. El actual despliegue de las renovables ha sido una gran burbuja especula va de la que se desconoce cómo va a finalizar, entre otras razones por los bajos precios y las escasas garan as pedidas a las empresas y a los fondos de inversión. Por ello se insta a observar las siguientes consideraciones. El hidrógeno verde no es la panacea, ene usos limitados y su exportación es una entelequia. Sin dinero público no ene recorrido por su alto coste. No podemos sus tuir la energía que procedía de los combus bles fósiles por infinitos paneles solares y gigantescos aerogeneradores que, junto a las cada vez más numerosas líneas de alta tensión, acabarán con nuestro paisaje y con la biodiversidad. No hay minerales ni recursos naturales que puedan sustentar esta alocada y desordenada transición energé ca. No queremos ni podemos ser un país líder en exportación de energía eléctrica y/o hidrógeno verde a costa de nuestros territorios y nuestra biodiversidad. La creación de centros de datos para aumentar la demanda, solo para dar salida a la burbuja de producción de energía renovable que no se sabe dónde emplear, no ene ningún sen do. La aparición de cientos de proyectos de biogás es otra burbuja especula va; además, en muchas ocasiones están ligados a macrogranjas, que enen profundos impactos sobre el territorio, sin que para su implantación se valoren sus efectos a largo plazo ni su necesidad real. Por ello exigimos:
ANALIZAR RIGUROSAMENTE LOS NUEVOS PROYECTOS Y SUS AFECCIONES AL TERRITORIO, NO ALIMENTANDO NUEVAS BURBUJAS ESPECULATIVAS. DADOS LOS BAJOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD Y LOS CADA VEZ MAYORES VERTIDOS DE ELECTRICIDAD SIN APROVECHAMIENTO, NO SE JUSTIFICA EL IMPULSO DE UNA INDUSTRIA INSOSTENIBLE Y QUE NO CREA EMPLEO LOCAL.
TRASPONER LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS ELABORADOS POR EL MITECO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL EN LEGISLACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO QUE COMPROMETA CON SU APLICACIÓN A LAS EMPRESAS IMPLICADAS. 8. DEMOS MÁS PESO A LA CIENCIA Y MENOS A LA ESPECULACIÓN. Que sean los trabajos cien ficos los que dictaminen los territorios donde se pueden implantar las renovables y determinen las afecciones que produce este desordenado despliegue de renovables en nuestro país. Se necesitan más trabajos cien ficos que muestren las afecciones a los hábitats de nuestra fauna y f lora; se necesitan inves gaciones que comparen las zonas ocupadas por renovables con criterios cien ficos mostrando las variaciones en biodiversidad antes y después del cambio de uso de los terrenos (estudios BACI, Before- A er Control Impact) y se recomienda con urgencia incluir el uso de modelos de dinámica poblacional de las especies silvestres potencialmente afectadas para evaluar los impactos de las tasas más elevadas de mortalidad a causa de las instalaciones a las poblaciones de dichas especies. Esta información debería ser u lizada para desmontar instalaciones industriales eólicas, fotovoltaicas y líneas eléctricas que han producido importantes impactos ambientales. Por ello exigimos:
REVISAR LOS PROYECTOS NUEVOS Y LOS YA EXISTENTES POR ENTIDADES CIENTÍFICAS, COMO EL CSIC O LAS III JORNADA DE ESCUCHA A LA CIENCIA Y AL TERRITORIO www.aliente.orgUNIVERSIDADES PÚBLICAS, PARA COMPROBAR SU IDONEIDAD AMBIENTAL, PAISAJÍSTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL. APLICAR EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE AL QUE ESPAÑA SE ADHIRIÓ EN 2007, YA QUE NI LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NI LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LO HAN HECHO, PARA QUE SE TENGA EN CUENTA A LA HORA DE VALORAR UNA AFECCIÓN HASTA AHORA INVISIBLE PARA CASI TODAS LAS ADMINISTRACIONES. 9. NUESTRO BIEN MÁS PRECIADO ES EL AGUA. No podemos seguir supeditando el desarrollo de nuestro país a proyectos que esquilman nuestros acuíferos, secan nuestros ríos y arroyos, vacían nuestros pantanos y afectan a nuestros humedales. Si el cambio climá co va a ocasionar una menor disponibilidad de agua, hay que tomar medidas ya: dejar de impulsar proyectos de hidrógeno verde que consumen grandes can dades de aguas depuradas; dejar de impulsar grandes centros de datos; dejar de impulsar macro granjas y grandes plantas de biogás; dejar de impulsar más regadíos y proteger los recursos de aguas subterráneas (acuíferos). Es imprescindible un mejor y mayor control por parte de las confederaciones hidrográficas y la exigencia de que en los proyectos haya un estudio del consumo real de agua de las instalaciones. Por ello exigimos:
REALIZAR PLANES DE AUMENTO DE EFICIENCIA, MEJORA DE CALIDAD Y DE AHORRO DEL AGUA EN UN ESCENARIO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.
10. PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Como dicta la Unión Europea, hagamos una planificación y zonificación para el despliegue renovable. Actualmente, en la prác ca, todo el país es suscep ble de ser invadido por macroproyectos: basta con dictar medidas mi gantes, correctoras y compensatorias de dudosa efec vidad (la alta mortalidad de especies de avifauna o quirópteros, por ejemplo, avala la falta de eficacia de estas medidas). Por otro lado, uno de los principios fundamentales de la evaluación de impacto ambiental es la prevención, que establece que es preferible prevenir o minimizar los impactos ambientales nega vos desde el principio, en lugar de tratar de repararlos una vez que han ocurrido. En este sen do, consideramos que las medidas propuestas en los estudios de impacto ambiental no cumplen con este principio, ya que se centran más en la mi gación y la compensación que en la prevención de los impactos ambientales. Por ello exigimos:
LIMITAR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE RENOVABLES, DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS, COMO DE PLANTAS DE BIOGÁS (CON SUS OLORES, TRAFICO ASOCIADO, ETC.) Y CENTROS DE DATOS (CONSUMO DE AGUA, ENERGÍA) ETC. REALIZAR UNA EVALUACIÓN SINÉRGICA DE PROYECTOS, NO UNO A UNO, Y DE TODAS LAS AFECCIONES AL MEDIO RURAL.
PUBLICAR DE FORMA OBLIGATORIA Y TRANSPARENTE LOS CONTRATOS FIRMADOS POR LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y LAS COMPAÑÍAS Y RECOGER EN INFORMES PÚBLICOS LOS EFECTOS GENERADOS EN FIJACIÓN DE POBLACIÓN, REPARTO DE BENEFICIOS CON LAS COMUNIDADES LOCALES, CREACIÓN DE EMPLEO, IMPACTOS SOBRE ECOSISTEMAS Y RESTAURACIÓN DE TERRITORIOS.
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