La proliferación de estas granjas fotovoltaicas provoca enfado e incomprensión entre los habitantes.
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ARTE
dimecres, 11 de juny del 2025
ANDALUCES CONTRA LOS PARQUES SOLARES (video)
dimarts, 10 de juny del 2025
L'ARRIBADA DELS RESIDENTS DEL CEEM D´ALBOCÀSSER COL·LAPSA LA RESIDÈNCIA DE BURRINA
La diputada vila-realenca ha lamentat que a Mazón i Camarero “els importen ben poc el benestar dels usuaris” perquè, tal com insisteix, “són coneixedors de la situació de la residència i l’únic que han fet per a rebaixar tensions ha sigut derivar a les seues instal·lacions a tots els residents del centre d’internament d’Albocàsser, agreujant encaramés la situació de col·lapse”.
El PSPV de Borriana alerta que el Consell "abandona a la seua sort" els usuaris de la residència
La diputada Silvia Gómez critica que el PP coneix la falta de personal des de fa setmanes "però no fa res"
Publicado: 09/06/2025 ·
16:10
CASTELLÓ. El PSPV-PSOE de Castelló alerta que l’ofensiva del PP de Mazón i Camarero contra les residències públiques continua estenent-se com una taca d’oli per tota la província. A la deixadesa de funcions i de finançament en la Vall d’Uixó, on ha hagut d’intervindre l’Ajuntament per a garantir que cap usuari fora derivat fora de la localitat, o el tancament del centre de persones malaltes d’Albocàsser, ara la polèmica arriba a Borriana.
Per a la coportaveu de Serveis Socials a les Corts, Silvia Gómez, “és intolerable l’abandonament que denuncia la direcció, que es queixa que la Generalitat del PP és coneixedora del problema de falta de personal des de fa setmanes però no fa res per a evitar que hi haja resident que es queden confinats a les seues habitacions, sense activitats lúdiques ni eixides amb familiars”.
La diputada vila-realenca ha lamentat que a Mazón i Camarero “els importen ben poc el benestar dels usuaris” perquè, tal com insisteix, “són coneixedors de la situació de la residència i l’únic que han fet per a rebaixar tensions ha sigut derivar a les seues instal·lacions a tots els residents del centre d’internament d’Albocàsser, agreujant encara més la situació de col·lapse”.
"Situació límit"
Gómez ha subratllat que el personal es troba en una situació límit, desbordat per la càrrega de treball, la qual cosa afecta de manera directa la cura i l’atenció dels residents. “Les retallades de PP pactades amb Vox se paguen cares i em dol que siga la gent major i les persones més vulnerables les que ho patisquen”. “La dreta i l’extrema dreta estan desmantellant els serveis socials públics peça a peça, i ho fa sense diàleg, sense transparència i sense oferir alternatives a les famílies ni als treballadors”, ha denunciat.
Paral·lelament, el grup municipal socialista de Borriana i exigeix a la Generalitat una solució urgent per a la residència i una solució estructural que garantisca la cobertura del personal necessari perquè el centre funcione amb normalitat. “Els serveis socials no poden ser tractats com una càrrega econòmica. Són un dret i una prioritat per a qualsevol administració pública compromesa amb les persones”, ha conclòs la portaveu Maria Josep Safont.
castellonPlaza
EPOWER SOLAR RENEWABLE: PROJECTA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA A LES COVES DE VINROMÀ I UNA ALTRA A BENICARLÓ (amb el decret motoserra de Mazón pot instal.lar el que vulgue)
La empresa ha iniciado recientemente los trámites para otra instalación en Les Coves con otro millón de inversión
Nuevo proyecto de la zaragozana Epower Solar en Castellón: impulsa otra planta en Benicarló por 1,2 millones
Lorena Ortega
Publicado: 10/06/2025 ·06:00
CASTELLÓ. La empresa Epower Solar Renewable, con sede en Zaragoza, impulsa un nuevo proyecto fotovoltaico en la provincia de Castellón. La firma de renovables inició hace dos semanas el proceso de información pública para construir una planta en el término municipal de Les Coves de Vinromà, con una inversión de algo más de un millón de euros. Ahora, se lanza con un nuevo proyecto, de similares características, en el término municipal de Benicarló, con una inversión de 1,2 millones. En ambos casos se trata de instalaciones de pequeñas dimensiones (de 1,6 y 2 MW, respectivamente).
De esta forma, una nueva compañía de energía fotovoltaica irrumpe en la provincia de Castellón para impulsar plantas solares. El nuevo proyecto, con el nombre 'Benicarló I', está pensado con una potencia de 2 MW mediante la instalación de 5.600 módulos fotovoltaicos. La planta se emplazará en varias parcelas de Benicarló ubicadas a unos dos kilómetros al Este de Cálig.
Como en el caso de Les Coves, Epower Solar también inició los trámites previos en el año 2020. Así, en enero de ese año, la firma zaragozana depositó un aval de 140.000 euros para la correspondiente tramitación de la solicitud de acceso a la red de distribución. Seis meses después, obtuvo el visto bueno de I-DE Redes Eléctricas al punto de conexión y, por tanto, a la viavilidad técnica de la planta en cuanto a evuacuación de la energía.
La planta de Benicarló también tendrá un tamaño similar a la proyectada en Les Coves y ocupará 3,7 hectáreas.
Estos dos primeros proyectos de la empresa zaragozana se suman a otros impulsados en el resto de la Comunitat Valenciana. Uno de ellos acabó siendo objeto, recientemente, de carpetazo después de que en la tramitación por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas se detectaran "contradicciones" y "discrepancias" que imposibilitaron "determinar la voluntad de Epower Solar, al existir solicitudes contradictorias presentadas por dos apoderados". Se trata de la planta llamada Aquila MT, proyectada en Utiel. Industria dio por desistido este procedimiento el pasado mes de marzo.
Tampoco salió adelante la planta fotovoltaica que proyectaba en Requena con el nombre de Don Pedro II, en esta caso, al recibir un informe desfavorable al no considerarse adecuada su ubicación.
Sí ha salido adelante la planta Phinos I en Pinoso, Alicante. El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante acaba de otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de esta planta, que cuenta con una inversión de 1,6 millones.
castellonPlaza
MORIR D'ÈXIT: FABRICAR PANELS SOLARS TAMBÉ RESULTA ANTIECONÒMIC
Los 10 principales fabricantes de módulos solares del mundo enviaron 500 GW en 2024 pero arrojaron unas pérdidas de 4.000 millones de dólares
Jinko Solar, JA Solar y LONGi ocupan el podio según la clasificación mundial de fabricantes de paneles de Wood Mackenzie
Los 10 principales fabricantes de módulos solares fotovoltaicos (FV) del mundo enviaron un récord de 500 gigavatios (GW) de módulos en 2024, casi duplicando el volumen del año anterior, según el nuevo informe "Clasificación Global de Fabricantes de Módulos Solares 2025" de Wood Mackenzie. A pesar de este aumento en los envíos, las principales empresas informaron colectivamente pérdidas de 4.000 millones de dólares debido a una disminución significativa de los ingresos.
“En muchos sentidos, 2024 fue un año de supervivencia a gran escala para la industria”, afirmó Yana Hryshko, directora de la cadena de suministro solar global de Wood Mackenzie. “Los precios agresivos, la intensa competencia y la continua inversión de capital afectaron considerablemente los márgenes, ya que las empresas buscaban el liderazgo a largo plazo en cuota de mercado y tecnología”.
Clasificación de los 10 principales fabricantes de módulos solares fotovoltaicos en 2024
Nota: Las empresas con puntuaciones de 0,4 o menos entre sí recibieron la misma clasificación. La clasificación está limitada a los fabricantes de energía solar de silicio cristalino y, por lo tanto, no incluye a First Solar.
Los principales actores mantienen una sólida producción en medio de la presión del mercado
La clasificación basada en puntuaciones de Wood Mackenzie evaluó a más de 40 fabricantes líderes de módulos en 10 países. Estas empresas representaron el 62% de la capacidad de producción global y el 89 % de los envíos globales de módulos en 2024, lo que pone de relieve la concentración de las empresas con mejor desempeño de la industria.
A pesar de la dinámica desafiante del mercado, los 10 principales fabricantes mantuvieron una sólida tasa de utilización promedio del 69%, lo que refleja operaciones eficientes y una demanda constante de sus productos. Este desempeño subraya la resiliencia y competitividad de los fabricantes líderes en entornos de precios competitivos.
La expansión geográfica es clave para afrontar los desafíos comerciales
Según el informe de Wood Mackenzie, China sigue dominando el panorama de fabricación de módulos solares en términos de escala, pero los nuevos competidores de India, Corea del Sur y Vietnam están cerrando rápidamente la brecha a medida que la producción global se vuelve más diversa geográficamente.
Las clasificaciones de este año introducen un nuevo criterio para evaluar la capacidad de los fabricantes para sortear las crecientes tensiones comerciales y las barreras de mercado específicas de cada país. Siete de los 10 principales fabricantes operan actualmente plantas de producción en tres o más países, entre ellos Camboya, India, Malasia, México y Vietnam. De cara al futuro, se espera que varias de las 20 principales empresas se expandan a Egipto, Omán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.
“Establecer la producción en varios países permite a los fabricantes sortear aranceles, requisitos de contenido local y barreras a la importación”, añadió Hryshko. “Es una medida estratégica para mantener la competitividad en un panorama global cada vez más fragmentado”.
La integración vertical avanza
Las últimas clasificaciones de Wood Mackenzie también destacan una creciente tendencia hacia la integración vertical completa entre las principales cadenas de suministro de energía solar. Si bien la integración de celdas es ya estándar entre los principales productores de módulos, varias empresas están acelerando las inversiones en la fabricación de obleas para obtener un control integral de la producción.
“Las empresas más ambiciosas están incursionando en la producción de obleas”, añadió Hryshko. “Esta estrategia permite un control más estricto de los costos, la calidad y el cumplimiento normativo, especialmente en un entorno comercial complejo. Como resultado, se espera que disminuya la dependencia de proveedores externos de obleas y células, lo que transformará el panorama del suministro en los próximos años”.
“Los módulos de tipo N dominan a medida que se acelera la transición tecnológica
La transición de la industria a tecnologías de celdas de próxima generación cobró impulso en 2024. Los módulos de tipo N representaron la mayoría de los envíos de varios fabricantes de primer nivel. Jinko Solar, el principal transportista mundial, informó que más del 87 % de sus envíos de 2024 fueron de tipo N.
Sin embargo, TOPCon se mantuvo como la tecnología avanzada líder, con eficiencias de conversión promedio superiores al 24 %. Las tecnologías de heterojunción (HJT) y contacto posterior también registraron importantes avances, con índices de eficiencia que alcanzaron el 24% y el 25%, respectivamente.
Perspectivas: diversificación, innovación y resiliencia estratégica
Dado que los precios de los módulos solares fotovoltaicos siguen bajo presión, los fabricantes deberán equilibrar la reducción de costos con la inversión continua en tecnología y la expansión geográfica. El futuro de la industria dependerá de la expansión continua hacia Oriente Medio y África, el aumento de la eficiencia en diversas tecnologías, la creciente consolidación mediante la integración vertical y la evolución de las estrategias para adaptarse a las políticas comerciales y las regulaciones del mercado local.
“A pesar de las dificultades financieras, la industria de fabricación de energía solar se está reposicionando rápidamente para el próximo ciclo de crecimiento global”, concluyó Hryshko. “El liderazgo tecnológico, el control de la cadena de suministro y la agilidad geográfica definirán a los ganadores en los próximos años”.
elperiodicodelaenergia
dilluns, 9 de juny del 2025
La investigación judicial revela la receta de Ayuso para las residencias en pandemia: un geriatra de Quirón, un asesor sin contrato y un cónclave secreto
Ayuso, en una rueda de prensa en pandemia junto al entonces consejero de Sanidad y el asesor externo Antonio Burgueño
La cara A de la gestión de la pandemia de Isabel Díaz Ayuso en Madrid fue todo un éxito. Tanto, que la presidenta que apostó por “cañas y libertad” mientras otras comunidades autónomas cerraban el comercio y los bares logró una mayoría para el PP en 2021. La receta que se vendió era mantener la vida y no exagerar con medidas que limitaban el turismo o las ganancias hosteleras, además de un paquete ambicioso de medidas que fue presentado el 12 de marzo. En el caso de los mayores que vivían en residencias –más vulnerables al virus por edad, enfermedades previas, convivencia estrecha– la receta fue “medicalizar” los centros de mayores, como anunció la presidenta en una entrevista en Telecinco los primeros días de pandemia y difundieron las notas de prensa redactadas en la Puerta del Sol, sede del gobierno autonómico. “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”, dejaron por escrito. Los familiares y la sociedad lo creyeron.
La cara B está emergiendo cinco años después de que fallecieran casi 10.000 mayores en dos meses, un récord en España. Un total de 7.291 de ellos lo hicieron sin ser trasladados a hospitales y sin que se hubieran medicalizado las residencias, como se había asegurado. Tampoco se cumplió el anuncio de que la privada se pondría al servicio de todos los ciudadanos, entre otros anuncios que quedaron en el tintero.
En todo este tiempo, la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso o su consejero de Sanidad entonces –Enrique García Escudero, hoy senador– no han dado información sobre por qué no se enviaron sanitarios a los centros, por qué no se usó Ifema o la privada para los mayores, por qué se les impidió ir a hospitales o por qué solo los que tenían seguro privado fueron trasladados. Todo ello, denuncian las asociaciones de familiares, es el cóctel que propició no solo que murieran, sino que murieran en malas condiciones, víctimas de una discriminación en la atención sanitaria, el delito recogido en el artículo 511 del Código Penal que están investigando un juzgado de Madrid y otro de Leganés.
De las personas que fueron testigos de cómo se gestó realmente el plan o que intervinieron políticamente en aquellos meses dramáticos, solo el entonces consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, –el encargado de las residencias de mayores–, que era de Ciudadanos, denunció que se estaba abandonando a los más vulnerables y se mostró contrario a los protocolos, como recoge su libro Morirán de forma indigna y correos que envió a Sanidad. Tras semanas de enfrentamientos, fue apartado de decisiones clave y acabó dimitiendo en octubre de 2020. Díaz Ayuso, que no ha admitido errores en su gestión, no ha pedido perdón y señala a las asociaciones de familiares como arietes politizados, sigue catalogándolo como persona “desleal” a su gobierno. La última vez, esta semana en Telemadrid. También una epidemióloga de Sanidad alertó por carta de que las residencias iban a ser una catástrofe sin que le hicieran caso. De los médicos que se iban a enviar no hay rastro.
Esa cara B ha ido apareciendo también en testimonios de familiares o en la comisión de investigación que se celebró en la Asamblea de Madrid –y que cerró abruptamente el PP en cuanto tuvo los votos necesarios–. Pero ahora también en las declaraciones, como testigos o investigados, de altos cargos de Ayuso o personas que fueron de su confianza y que por primera vez apuntan hacia arriba y dan detalles de cómo se trabajó en los momentos más esenciales de la catástrofe sanitaria.
El gurú de Ayuso
El último que ha revelado cuál fue la realidad señalando hacia la cúspide ha sido Antonio Burgueño. Como él mismo dijo en su declaración en la comisión de investigación, la presidenta lo llamó el 10 de marzo para pedirle ayuda. Este exdirector general de Hospitales e ideólogo de la privatización sanitaria de Madrid con Esperanza Aguirre contó el martes ante la jueza de instrucción que le citaron a una reunión clave en la que se decidió la estrategia del coronavirus en Madrid.
Fue el 11 de marzo de 2020, en la sede del Gobierno y estaban la presidenta Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el consejero de Sanidad y el de Hacienda. Allí se le nombró informalmente “mando único” de toda la Sanidad, aunque eso no llegó a suceder porque el 15 de marzo quedó fuera de toda decisión. Ni se le contrató ni se le pagó. Al día siguiente a la reunión, este médico de profesión entregó un documento con 270 medidas que Ayuso asumió en su totalidad y presentó el 12 de marzo a la opinión pública. Entre ellas, 15 medidas para las residencias, incluyendo la medicalización.
Pero no se puso en marcha, como el propio Burgueño admitió en su comparecencia en la Asamblea: “No se dio la orden. Es lamentable [que fallezca una persona] sin que lo haya visto un médico”. “Todos los días debería ir un enfermero. Hay que mantener un enfermo con flujo de oxígeno constante y con otras medidas”, defendió en febrero de 2021 ante los diputados regionales. También contó entonces que creó un grupo de expertos, 13 o 14 especialistas, y que dichos médicos se presentaron a la presidenta el día 14 o 15 de marzo. En la nota de prensa oficial se les cita como parte de un “comité de coordinación” del que ha trascendido poco.
Ese cónclave secreto en la Puerta del Sol con Ayuso, al que Reyero no estuvo invitado aunque sí un responsable de Hacienda que no tenía que ver en temas sanitarios sin que haya trascendido el porqué, es clave porque implica de manera más directa a los más altos responsables de la Comunidad. Hasta ahora han pasado por los juzgados técnicos, altos cargos, directores de residencias o geriatras, pero no consejeros ni, mucho menos, Díaz Ayuso, que siempre ha enmarcado la gestión en un escalafón técnico que hizo todo bien. La declaración de Burgueño como testigo fue parada a los pocos minutos, ya que al contar la reunión y su implicación en ella, la jueza de Leganés entendió que podría acabar siendo citado como investigado y suspendió la sesión para proteger su derecho a la defensa. También tiene pendiente declarar como testigo en otro juzgado de Madrid que investiga si hubo discriminación sanitaria.
Pero en sede judicial se están conociendo otros detalles desconcertantes sobre las pocas personas que decidieron el plan de contingencia más importante de Madrid. Precisamente la declaración como testigo ante la justicia de otro exalto cargo de Ayuso ha revelado que, después de ese cónclave con sus personas de confianza, se optó por redactar unos protocolos que limitaran la derivación de mayores con problemas de dependencia –cognitiva, física o las dos– a los hospitales, condenando a una población de 50.000 mayores a no tener atención sanitaria ni en centros hospitalarios ni en sus residencias.
Fue Carlos Mur, excoordinador sociosanitario con Ayuso en pandemia, quien contó que él firmó esos protocolos –hubo varias versiones– pero no fue quien los redactó. Apuntó como ideólogo a Francisco Javier Peromingo, alguien que no pertenecía orgánicamente a la Consejería de Sanidad ni era un alto cargo del consejero. Peromingo era entonces coordinador sociosanitario de Quirón en los hospitales Rey Juan Carlos, Infanta Elena, General Villalba y Fundación Jiménez Díaz, como muestra su propio currículum. Por qué un geriatra que trabajaba coordinando para un gigante sanitario privado acabó redactando y decidiendo el destino de todos los mayores de residencias de Madrid es algo que tampoco ha sido aclarado. Si se le contrató y pagó para ese trabajo o quién lo supervisó, tampoco.
Un geriatra de Quirón
Este geriatra, al que Ayuso fichó en mayo de 2020 –dos meses después de haber participado en los protocolos– para sustituir a Mur y que ahora ha vuelto a trabajar para la concertada en la Fundación Jiménez Díaz, defendió en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea su labor, admitió haber participado en los borradores de los protocolos y justificó el trabajo de los llamados “geriatras de enlace”, que fueron quienes aplicaron los frenos a la derivación de los mayores. Tanto Peromingo como Mur, que no han contestado a la petición de información de elDiario.es, tienen pendiente declarar en un juzgado de instrucción de Madrid como testigos. No así el consejero de Sanidad, que de momento ha quedado fuera del perímetro de las investigaciones judiciales (es aforado, como Isabel Díaz Ayuso).
La declaración de otro testigo este martes, el presidente del grupo sanitario privado HM, ha aflorado también otra mentira de aquel plan que se presentó como histórico para luchar contra la pandemia. Ayuso aseguró que la sanidad privada y la pública se integraban en un “mando único”, algo que no sucedió: como dijo este directivo en la sala, se pusieron todas las camas a disposición de la Comunidad, pero casi nadie fue derivado y no se supo más de ese mando único. Solo enviaron a sus hospitales 34 pacientes sin seguro privado desde las residencias, a pesar de que tenían espacio suficiente para atender a más personas.
Aunque de momento son dos juzgados los que han abierto causa por la posible discriminación sanitaria, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron ese mismo delito: “Algunos están aún pendientes de que decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados”, ha señalado el equipo legal que defiende a las familias.
elDiario
El peligro desconocido de las placas solares: por qué pueden generar grandes incendios
El auge de las instalaciones fotovoltaicas incrementa la posibilidad de incendios: la seguridad, el mantenimiento y la gestión del entorno son esenciales para evitar desastres
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EC EXCLUSIVO
En julio de 2024, hace casi un año, la localidad cacereña de Talaván se sobresaltó ante un importante incendio forestal. Las llamas devoraron rápidamente una zona de pastizales y obligaron a movilizar 95 efectivos, incluyendo medios aéreos y maquinaria pesada. Llegó a activarse el nivel 1 de peligrosidad por el riesgo que suponía para personas e inmuebles y el balance final fue de casi 900 hectáreas calcinadas. Sin embargo, la peculiaridad de este fuego estuvo en su origen: se inició en una planta fotovoltaica.
elConfidencial
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