DIRECTO: El último capítulo de la trama Gürtel: la 'pieza principal' del caso llega a la Audiencia Nacional 16 años después
- Correa y otras 25 personas serán juzgadas por presunto fraude y blanqueo del dinero que obtuvieron de forma ilícita
- Para ello, habrían desplegado un entramado societario en diferentes paraísos fiscales
El caso Gürtel vuelve a los tribunales para poner fin a su último capítulo. El juicio de la conocida como 'pieza principal' arranca este lunes en la Audiencia Nacional para determinar si el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y una veintena de investigados ocultaron y blanquearon los beneficios obtenidos a través de las acciones delictivas que llevaron a cabo mediante la red de corrupción.
Los 26 investigados se sentarán entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre en el banquillo por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, como fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental o asociación ilícita.
El juicio será el colofón a una macrocausa que ha llevado a investigar durante 16 años a más de un centenar de funcionarios, empresarios, trabajadores y dirigentes del PP en hasta 13 piezas distintas. Una extensa red de corrupción que sacudió la política y que, además, dejó un episodio inédito en la historia: la primera declaración como testigo de un presidente del Gobierno en activo, Mariano Rajoy.
Un entramado societario en el extranjero
La clave para la línea judicial que se aborda a partir de este lunes se trataría del entramado societario que Correa habría desplegado en diferentes paraísos fiscales, como las Antillas Holandesas o la Isla de Nevis, además de cuentas bancarias en Suiza, Mónaco, Panamá, Estados Unidos o la Isla de Man (mar de Irlanda).
Su finalidad no sería otra que evitar la declaración de bienes y patrimonio en España y ocultar el origen ilícito de los fondos. Más de 30 millones de euros que Correa había obtenido por su labor de intermediario en la concesión de adjudicaciones irregulares y por la actividad de sus empresas de eventos y viajes.
Estos ingresos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, puesto que el empresario no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999, lo que supondría un fraude de más de 24 millones de euros.
Por otro lado, el juez que ordenó la apertura del juicio oral, José de la Mata, vio también un posible delito de falsedad en documento mercantil porque se emitieron facturas para obtener cobros, si bien su contenido "reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado".
Además, la Audiencia Nacional determinó que varias de esas empresas en el extranjero aparecían como accionista de otras entidades españolas para "ocultar el verdadero titular de la riqueza y repatriar el dinero a España" utilizando métodos como ampliaciones de capital o préstamos participativos para dar "apariencia de licitud al dinero".
Los protagonistas de la 'pieza principal'
Por tanto, el foco estará puesto de nuevo en Francisco Correa o 'Don Vito Corleone', el protagonista de la trama. Sobre él ya pesa una condena de hasta 51 años de cárcel por la primera época de la trama, aunque tiene un límite máximo de 18 años, de los que ya ha cumplido diez en prisión.
No obstante, hace dos años la Audiencia Nacional le concedió el tercer grado por su "positiva" evolución, ya que ha transmitido un "importante sentido de la responsabilidad". De hecho, Correa ha colaborado con la justicia de manera constante y ha reconocido los delitos por los que ha sido juzgado. Asimismo, permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil.
Es por ello que el juicio estará marcado por los previsibles acuerdos de conformidad a cambio de atenuantes en las condenas.
Junto a él se sentará su número dos y exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, que también habría ocultado una parte de sus recursos económicos. Al igual que Correa, fue condenado en 2018 (37 años y medio de prisión) y cuenta con el tercer grado. Está previsto que alcance un acuerdo con la Fiscalía.
La Audiencia Nacional también ha acordado sentar en el banquillo a sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, considerados cerebros de esta pieza de la Gürtel; así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda.
En el caso de los dos asesores, el juez determinó que "su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación". "Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon", dijo en el auto de apertura de juicio oral.
También se repiten nombres ya conocidos por las otras piezas separadas: la entonces administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; los empleados Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado; y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas a la Gürtel, Inmaculada Mostaza.
Quien no estará es el juez De la Mata. Tras décadas investigando tramas de corrupción de gran calado como los papeles de Bárcenas o el caso Pujol, se despidió de la Audiencia Nacional en 2024 para ejercer como vicepresidente de la Agencia de la UE para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust.
El caso que sacudió la política: de la denuncia a la moción de censura
La investigación del entramado comenzó en 2007 a raíz de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía un exconcejal del PP de Majadahonda, José Luis Peña, que trabajó para Correa. Entregó 18 horas de grabaciones que sirvieron para que los investigadores pudieran ir destapando poco a poco un entramado de comisiones y sobornos a funcionarios a cambio de contratos.
La red, con Correa, Crespo y el empresario Álvaro Pérez El Bigotes a la cabeza, se dedicó a manipular concursos públicos entre los años 1999 y 2009 para lucrarse gracias a precios desproporcionados, partidas duplicadas o gastos inexistentes. Un 'modus operandi' en el que participaron en mayor o menor medida personas vinculadas al PP, como el extesorero del partido, Luis Bárcenas, o alcaldes y consejeros de la Comunidad de Madrid y Valencia.
Pero el caso no salió a la luz hasta 2009, cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de cinco personas: Correa, Crespo y los alcaldes de tres municipios madrileños -Arturo González Panero, Ginés López y Jesús Sepúlveda-, todos ellos del PP. Desde ese momento, la causa se convirtió en un gigante judicial que obligaría a abrir decenas de piezas separadas por su complejidad y amplitud.
Una de ellas fue la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008, que también llevó a la imputación del expresident Francisco Camps por recibir supuestos regalos a cambio de adjudicaciones irregulares. No obstante, la Audiencia Nacional acabó absolviéndole de los delitos en 2024 al no existir indicios contra él.
Pero lo que supuso un antes y un después para el Partido Popular fue la investigación de una 'caja B', con la que también se habría financiado ilegalmente la sede del partido en la calle Génova.
La Audiencia Nacional consideró en 2018 "plenamente acreditada" la contabilidad paralela y sentenció al partido a pagar 245.000 euros de multa como persona jurídica por haberse lucrado de las comisiones y los regalos de la Gürtel, como viajes, fiestas o celebraciones. Bárcenas, por su parte, fue condenado por falsedad contable y fraude fiscal.
Posteriormente, otra sentencia sobre las obras de la sede 'popular' habló de una contabilidad paralela manejada por el tesorero, pero no dio validez total al conjunto de unos papeles de Bárcenas con "discordancias y errores".
De este modo, la Gürtel desató un terremoto político que tuvo como última consecuencia la estabilidad del Gobierno de Rajoy. Acorralado por la corrupción y con su credibilidad bajo mínimos, el presidente tuvo que afrontar la moción de censura impulsada por el PSOE.
El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez logró recabar la mayoría absoluta con el apoyo de Unidas Podemos, Compromís, Nueva Canarias y los nacionalistas vascos y catalanes, y puso fin a la legislatura del PP.
En el plano judicial, el caso también le costó la carrera a Baltasar Garzón, que fue condenado a 11 años de inhabilitación por autorizar escuchas en prisión entre detenidos y abogados. En 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena, y pidió para él una "reparación efectiva".
En cuanto a Peñas, el denunciante que ayudó a tirar de la manta, fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión. "Yo intenté explicar a los tribunales lo que había pasado, que yo estuve muy cerca de Gürtel, junto a Gürtel, pero nunca fui Gürtel", contó el año pasado en RNE tras recibir el indulto del Gobierno de Sánchez. Pese a su sentencia, aseguró que no dudaría en denunciar de nuevo: "Mil veces volvería a hacer lo que hice".
rtve
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